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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 15 de junio de 2022
Radicación número: 25000-23-26-000-2005-02785-01 (43408)
Demandante: Consorcio TM Asociados
Demandados: Municipio de Puerto Salgar
Referencia: controversias contractuales
Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – extinción de los efectos del pacto arbitral.
Síntesis: un contratista presentó una demanda arbitral en contra de una entidad con la cual
había celebrado un contrato. El mismo contratista, luego, presentó una demanda en contra
la misma entidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de lo cual
el Tribunal Arbitral se declaró no competente y declaró la extinción definitiva de los efectos
del pacto arbitral. Posteriormente, un Tribunal Administrativo declaró la nulidad de todo lo
actuado dentro del proceso adelantado por este por falta de jurisdicción y de
competencia, ya que el contrato incluía una cláusula compromisoria.
Decide el despacho el curso del proceso luego de que, mediante el Auto
1022 de 24 de noviembre de 2021, la Corte Constitucional se declarara
“inhibida para re solver sobre el conflicto de jurisdicciones remitido por la
Sección Tercera, Subsección ‘B’, del Consejo de Estado, ante el
incumplimiento del presupuesto subjetivo para la configuración del mismo”1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
1. El 20 de agosto de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró la nulidad del contrato de operación para la prestación del servicio
público domiciliario de aseo, celebrado el 18 de diciembre de 1997, entre el
Consorcio TM Asociados y el Municipio de Puerto Salgar. Además, resolvió
que el municipio de Puerto Salgar debía liquidarlo.
2. El 3 de agosto de 2005, el Consorcio presentó una solicitud ante el
Juzgado Civil del Circuito de La Dorada para que se designaran los árbitros
que conformarían el Tribunal Arbitral que conocería de un proceso en
contra del municipio de Puerto Salgar.
3. El 12 de diciembre de 2005, el Consorcio present ó una acción de
controversias contractuales, cuya pretensión fue la liquidación judicial del
contrato por el valor del servicio prestado al municipio de Puerto Salgar. En
primera instancia, el 23 de noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de
1 Samai, índice 22.
Radicación número: 25000-23-26-000-2005-02785-01 (43408)
Demandante: Consorcio TM Asociados
Demandado: Municipio de Puerto Salgar
Referencia: controversias contractuales
Decisión: dejar sin efectos al Auto de 31 de enero
de 2018
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Cundinamarca declaró judicialmente liquidado el contrato y declaró a las
partes a paz y salvo por todo concepto.
4. El 1 de junio de 2007 2, en la primera audiencia de trámite, el Tribunal
Arbitral –instalado el 13 de abril de 2007 – consideró que el Consorcio había
renunciado tácitamente a la cláusula compromisoria al haber acudido al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que el municipio, por su parte,
al contestar la demanda y no proponer la excepci ón de cláusula
compromisoria, había aceptado tácitamente la renuncia a dicha cláusula.
En virtud de lo anterior, el Tribunal decidió:
“PRIMERO: Dar por terminadas las funciones del Tribunal de Arbitramento el
cual había sido creado para resolver las controversias suscitadas con ocasión
del Contrato de Operación para la prestación del Servicio Público Domiciliario
de Aseo celebrado entre el Municipio de Puerto Salgar y el Consorcio TM
Asociados, el 18 de diciembre del 1997, por las razones antes expresadas.
SEGUNDO: Declarar extinguidos definitivamente los efectos del Pacto Arbitral.
[...]”.
5. Pese a que la convocante repuso dicha decisión, el Tribunal “denegó”
el recurso.
6. Posteriormente, el 12 de enero de 2012, el Consorcio interpuso un recurso
de apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de 23 de noviembre de 20113. En la segunda instancia, el 31
de enero de 20184, este despacho5 señaló que la partes habían incluido en
el contrato una cláusula compromisoria y, por lo tanto, habían decidido
sustraer del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo la solución de las controversias derivadas de este. “La anterior
situación constituía una obligación para quien pretendiera demandar con
fundamento en dicho negocio jurídico [...] En este contexto, el hecho de
haber acudido a la jurisdicción contencioso administrativa para someter a
su conocimiento la pr esente demanda, sin que la accionada hubiera
efectuado manifestación expresa en torno a la existencia de la cláusula
compromisoria, no constituye una renuncia tácita al pacto arbitral”. Así y en
virtud del Auto de unificación del 18 de abril de 2013 de la Sección Tercera
del Consejo de Estado (exp. 17859), el despacho decidió (se trascribe):
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de
la referencia a partir del auto admisorio de la demanda -inclusive-, por falta
de jurisdicción y de competencia de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa para conocer el asunto, p or los motivos expuestos en la parte
motiva.
SEGUNDO: En firme esta providencia, ENVIAR el expediente al Centro de
Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio
2 Samai, índice 31. F. 166-176.
3 Samai, índice 26. F. 333-350.
4 Samai, índice 26. F. 438-443.
5 A cuyo cargo no se encontraba entonces el ponente de este Auto, sino el Consejero de Estado Danilo Rojas
Betancourth.
Radicación número: 25000-23-26-000-2005-02785-01 (43408)
Demandante: Consorcio TM Asociados
Demandado: Municipio de Puerto Salgar
Referencia: controversias contractuales
Decisión: dejar sin efectos al Auto de 31 de enero
de 2018
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de Bogotá para lo de su cargo y señalar que, para todos los efectos, se tendrá
en cuenta la fecha de presentación de la demanda ante esta Jurisdicción,
es decir, el 12 de diciembre de 2005.
TERCERO: SEÑALAR el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a
partir de la ejecutoria de esta providencia, para que las partes inicien el
trámite de integración del correspondiente Tribunal de Arbitramento”.
7. El 26 de febrero de 2018 6, el municipio de Puerto Salgar pidió que se
enviara el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho y/o al Consejo
Superior de la Judicatura a fin de solucionar un conflicto negativo de
competencia. Lo anterior, en virtud de que el 1 de junio de 2007, el Tribunal
Arbitral de la Cámara de Comercio de La Dorada–Caldas consideró que no
tenía competencia para decidir sobre el litigio y en la providencia de 31 de
enero de 2018, el Consejo de Estado decidió que la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo tampoco tenía competencia para resolverlo.
8. En el Auto de 15 de junio de 2018 7, el Consejo de Estado decidió (se
trascribe):
“PRIMERO: ACCEDER a la solicitud presentada por el municipio de Puerto
Salgar, por los motivos expuestos.
SEGUNDO: REMITIR por la secretaría el expediente a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que dirima el
conflicto negativo de jurisdicción”.
9. Mediante el Auto 1022 de 24 de noviembre de 2021 8, la Corte
Constitucional consideró qu e el caso no cumplía con el presupuesto
subjetivo para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones porque
la controversia no ha bía sido suscitada por dos autoridades que
administraran justicia y pertenecieran a diferentes jurisdicciones.
10. La Corte recordó que el Consejo de Estado había decidido “enviar el
expediente al Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición de
la Cámara de Comercio de Bogotá para lo de su cargo” y señaló que no
había evidencia de “manifestación alguna por parte del tribunal de
arbitramento que, eventualmente, hubieran integrado las partes dentro del
plazo concedido por el Consejo de Estado”. Señaló que no podía tener en
cuenta la decisión del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de La
Dorada, pues la controversia planteada por el Consejo de Estado no fue
fijada en relación con la competencia de ese Tribunal y en la providencia
de 1 de junio de 2007, este decidió dar por terminadas las funciones por las
cuales fue creado. Así las cosas, la Corte resolvió (se trascribe):
“PRIMERO. Declararse INHIBIDA para resolver sobre el conflicto de
jurisdicciones remitido por la Sección Tercera, Subsección ‘B’, del Consejo de
Estado, ante el incumplimiento del presupuesto subjetivo para la
configuración del mismo.
6 Samai, índice 26. F. 444.
7 Con ponencia de la Consejera de Estado Stella Conto Díaz del Castillo. Samai, índice 26. F 446-447.
8 Samai, índice 26.
Radicación número: 25000-23-26-000-2005-02785-01 (43408)
Demandante: Consorcio TM Asociados
Demandado: Municipio de Puerto Salgar
Referencia: controversias contractuales
Decisión: dejar sin efectos al Auto de 31 de enero
de 2018
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SEGUNDO. Por conducto de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-
129 a la Sección Tercera, Subsección ‘B’, del Consejo de Estado, para que
proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisi ón a los
interesados”.
2. CONSIDER
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