Titulación de la relatoría 21.686 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA / PROCESO CONCORDATARIO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Problema jurídico:
¿Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra en liquidación obligatoria, deben responder por el incumplimiento de un contrato celebrado por la sociedad y, de no ser así, es procedente el enriquecimiento sin justa causa?
Respuesta al problema jurídico: No
Esta Subsección ya había concluido, al estudiar la responsabilidad de los socios del Ingenio Vegachí por los mismos hechos, que estos no eran responsables subsidiariamente de las obligaciones de la sociedad, porque no se probó que el crédito del demandante hubiera sido reconocido en el trámite de liquidación y que el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para pagarlo. [...] Conforme a las pruebas, el Departamento de Antioquia aceptó cumplir las obligaciones del Ingenio Vegachí –en el acuerdo concordatario– bajo el supuesto de que pudiera vender los activos que le iban a transferir, es decir, su obligación estaba sujeta a condición (art. 1530 CC). Sin embargo, como la Superintendencia de Sociedades declaró el incumplimiento del acuerdo –y decretó la liquidación de la sociedad–, el Departamento de Antioquia restituyó al Ingenio Vegachí los bienes transferidos. Como la declaratoria de incumplimiento implicó la terminación del trámite concordatario y el Departamento de Antioquia devolvió todos los bienes que le fueron transferidos en virtud del acuerdo, esa entidad no tenía la obligación de asumir las acreencias del Ingenio Vegachí. [...] La jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial y que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado su carácter subsidiario . En el ámbito de esta jurisdicción, supondría plantear la controversia de naturaleza extracontractual (reparación directa) y como último recurso a falta de otra acción. Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica, que fue perseguida a través del medio de control de controversias contractuales, no se cumplen los presupuestos para la procedencia del enriquecimiento sin justa.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la inexistencia de responsabilidad solidaria de los socios del Ingenio Vegachí, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de julio de 2020, rad. 50044, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre los requisitos de procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de noviembre de 1936; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de septiembre de 1986, rad. 3785, C. P. Jorge Valencia Arango; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, rad. 14669, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de noviembre de 2004, rad. 25560, C. P. Germán Rodríguez Villamizar, y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1530
PERSONA JURÍDICA / PERSONA NATURAL / PERSONALIDAD JURÍDICA / CAPACIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD / RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / REPRESENTACIÓN JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Persona, sujeto de derechos y personalidad jurídica son conceptos análogos?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 633 CC prevé que la persona jurídica es ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Definición (art. 28 CC) que señala atributos iguales a las de las personas naturales, como sujetos de derechos. Persona, sujeto de derechos y personalidad jurídica son, pues, conceptos análogos (arts. 73 CC y 2079 CC). La persona jurídica es, entonces, un ente abstracto, al que la ley dotó de personalidad. En consonancia, el artículo 98 C. Co prevé que la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. La personalidad moral es, pues, la atribución de derechos y obligaciones a otros sujetos que no son seres humanos . La limitación de la responsabilidad de las personas jurídicas tiene como consecuencia principal la separación de su patrimonio del de sus asociados. Ese privilegio que la ley les otorga está dirigido exclusivamente a que estas puedan cumplir su objeto social dentro de los límites permitidos por el ordenamiento. La separación del patrimonio de las personas jurídicas no es absoluta, pues encuentra sus límites en la prohibición de abuso y en algunos escenarios previstos expresamente por el legislador.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de personalidad moral, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 21 de agosto de 1940.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2079, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 28, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 633, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 73
ABUSO DEL DERECHO / PRINCIPIO DE PROHIBICIÓN DEL ABUSO DEL DERECHO / NOCIÓN DE ABUSO DEL DERECHO / MODALIDADES DE ABUSO DEL DERECHO / CLASES DE ABUSO DEL DERECHO / ALCANCE DEL ABUSO DEL DERECHO / ABUSO DEL DERECHO COMERCIAL
Problema jurídico:
¿El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad, en consideración a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico (art. 8 de la Ley 153 de 1887). El uso de un derecho, dentro de su normalidad objetiva, pero sin un fin lícito o con fin malicioso. Así, el ordenamiento prohíbe que los derechos subjetivos se desvíen del fin para el cual han sido creados y se utilicen como instrumentos para lesionar los derechos de los demás. El abuso del derecho puede manifestarse de manera subjetiva u objetiva. Es subjetiva cuando el agente al ejercer esa prerrogativa tiene la intención de lesionar un interés ajeno o no le asiste un fin serio y legítimo –criterio que exige apreciar la intención de perjudicar al ejercerse el derecho– y objetiva cuando la lesión proviene del exceso o anormalidad en el ejercicio de esa prerrogativa, vista la finalidad para la cual fue reconocida , es decir, a partir, del fin económico o social en un ejercicio anormal del derecho. En definitiva, el abuso del derecho precisa (i) la intención de dañar y (ii) la falta de un fin útil. El ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 830 C. Co positivizó el principio general del abuso del derecho, pues dispuso que quien abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. Esta norma es el fundamento de la prohibición del abuso de la personalidad jurídica. De manera que, si las personas jurídicas son utilizadas para perseguir fines ilegítimos y no hay una norma especial que lo permita, el juez puede prescindir de la persona para identificar el interés de los individuos que la integran, es decir, puede levantar el velo corporativo o desestimar la personalidad jurídica.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el concepto de abuso del derecho, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de noviembre de 2013, rad. 11001-3103-036-2003-00919-01, y Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia del 6 de septiembre de 1935.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 830, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 8
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRETENSIÓN PRINCIPAL / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / CLASES DE ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / CLASES DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / UNIDAD DE OBJETO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La acumulación de pretensiones en contra de un mismo demandado procede, siempre que el juez sea competente para conocerlas todas, que no se excluyan entre sí y que puedan tramitarse por el mismo proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 82 CPC dispone que la acumulación de pretensiones en contra de un mismo demandado procede, siempre que el juez sea competente para conocerlas todas, que no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, y que puedan tramitarse por el mismo proceso. También se pueden formular en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquellas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 82
FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / VALIDEZ DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, de conformidad con el artículo 1602 CC. El contrato, en principio, como ley creada por las partes, solo obliga a quienes forman parte de él –efecto relativo de los contratos–. Por ello, su cumplimiento solo puede ser exigido entre los contratantes y no por terceros, ni a terceros, salvo algunas excepciones (arts. 1506 y 1507 CC).
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1506, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1507, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602
DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279, DECRETO 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 243
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132 CCA [...].
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / NATURALEZA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / OBJETO DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, en este caso por una acción que se imputa a varias entidades públicas (art. 90 CN y art. 86 CCA).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia excepcional de la acción de reparación directa en casos de daños causados por actos administrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2011, rad. 19846, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 17 de junio de 1993, rad. 7303, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; providencia de 8 de marzo de 2007, rad. 16421, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86
VELO CORPORATIVO / LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO
Problema jurídico:
¿El levantamiento del velo corporativo es una figura de aplicación excepcional?
Respuesta al problema jurídico: Si
El levantamiento del velo corporativo permite que pueda perseguirse directamente a los asociados de la persona jurídica. Sin embargo, como es una figura de aplicación excepcional –pues su aplicación generalizada puede dejar sin efectos el principio de limitación de responsabilidad–, para que sea procedente es fundamental que se acredite que la personalidad jurídica se desvió de la finalidad para la cual fue creada y se utilizó como vehículo para encubrir maniobras abusivas, como cuando se utiliza para realizar actividades que le están prohibidas a las personas naturales, se constituyen con el propósito de defraudar a terceros o para eludir el cumplimiento de obligaciones, entre otros.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el levantamiento del velo corporativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 1999, rad. 10641, C. P. Ricardo Hoyos Duque.
TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO
Problema jurídico:
¿Los testimonios sospechosos se pueden desechar de plano?
Respuesta al problema jurídico: No
Como los testigos fueron dependientes de las demandadas, son sospechosos en los términos del artículo 217 CPC. El artículo 218 CPC dispone que el juez apreciará los testimonios sospechosos de acuerdo con las circunstancias de cada caso y que no se pueden desechar de plano, sino que deben ser analizados con mayor rigurosidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración probatoria de la declaración del testigo sospechoso, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, rad. 20262, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 218
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / TIPOS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Problema jurídico:
¿Por regla general, en las sociedades de responsabilidad limitada los socios responden hasta el monto de sus aportes?
Respuesta al problema jurídico: Si
El legislador ha previsto algunos escenarios específicos en los que los socios son responsables de las obligaciones de la sociedad. Por regla general, en las sociedades de responsabilidad limitada los socios responden hasta el monto de sus aportes (art. 353 C. Co), es decir, sólo se obligan a hacer sus aportes y no responden con su patrimonio frente a los acreedores o terceros, que sólo pueden dirigirse contra la sociedad. Excepcionalmente, los socios son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo (art. 36 CST), del valor atribuido a los aportes en especie (art. 135 y 354 C. Co), de las operaciones sociales cuando no se ha pagado el total de los aportes que conforman el capital (art. 355 C. Co), del pasivo externo y de los perjuicios causados con la nulidad del contrato por objeto o causa ilícitos (art. 105 C. Co) y de los impuestos de la persona jurídica (art. 794 ET).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad solidaria de los socios en la sociedad de responsabilidad limitada, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de julio de 2018, rad. n.º 2001-00115-01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 105, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 135, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 353, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 354, DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 794, DECRETO LEY 3743 DE 1950 - ARTÍCULO 36
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS / RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA / CASA MATRIZ
Problema jurídico:
¿El legislador previó dos escenarios en los que los socios de la sociedad de responsabilidad limitada son responsables subsidiariamente por las obligaciones de la sociedad?
Respuesta al problema jurídico: Si
El legislador previó dos escenarios en los que los socios son responsables subsidiariamente por las obligaciones de la sociedad: uno en el artículo 207 de la Ley 222 de 1995 y otro en el parágrafo del artículo 148 de esa ley. El artículo 207 de la Ley 222 de 1995 estableció que los socios serían responsables del faltante del pasivo externo, en proporción a los derechos que cada uno tuviera en la sociedad, si los bienes de la liquidación eran insuficientes para cubrir los créditos reconocidos y se demostraba que utilizaron la sociedad para defraudar acreedores. Para su configuración, se requería que el demandante acreditara su condición de acreedor, que los bienes de la liquidación eran insuficientes para cubrir los créditos reconocidos y que los socios utilizaron la sociedad para defraudar terceros. En consonancia, el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 dispuso que cuando el concordato o la liquidación obligatoria de una sociedad fuera producida por causa o con ocasión de las actuaciones de su sociedad matriz o controlante, en virtud de la subordinación y en interés de esta o de sus subordinadas y en contra de la sociedad, la matriz o controlante respondería en forma subsidiaria por las obligaciones de esta. El legislador previó que se presumiría que la sociedad se encontraba en esa situación concursal o de liquidación por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demostraran que ésta fue ocasionada por una causa diferente. A diferencia de lo que ocurre con el artículo 207 de la Ley 222 de 1995, esta acción no está dirigida contra los socios de la sociedad sino contra la matriz. La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de esta norma, resaltó que debían reunirse cuatro presupuestos: (i) que la sociedad estuviera en situación de concordato o liquidación obligatoria, (ii) que la causa de esa situación fueran las actuaciones de la matriz o controlante, (iii) que estas actuaciones fueran en virtud de la subordinación y en interés de la matriz o sus subordinadas y (iv) que las actuaciones fueran contra la sociedad y que, por ello, incidieran en la prenda común de los acreedores y afectaran sus intereses. Este tipo de responsabilidad no es principal sino subsidiaria. La matriz o controlante sólo estará obligada al pago si la subordinada no puede asumir la acreencia y no desvirtúa que sus actuaciones causaron la situación de concordato o liquidación. Para acreditar que la subordinada no pudo cumplir sus obligaciones, el acreedor deberá probar que después del trámite concursal o de liquidación no quedaron bienes para pagar su crédito o que, aunque el trámite aún no ha terminado, los bienes no van a ser suficientes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acción procedente cuando el concordato o la liquidación obligatoria de una sociedad fuera producida por causa o con ocasión de las actuaciones de su sociedad matriz o controlante, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 3 de agosto de 2006, rad. n.º 2001-0364-01. Acerca de la sentencia de la Corte Constitucional que estudió la constitucionalidad del artículo 207 de la Ley 222 de 1995, ver: Corte Constitucional, sentencia C-510 de 1997. Sobre la responsabilidad solidaria de los socios en la sociedad de responsabilidad limitada, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 25 de julio de 2018, rad. n.º 2001-00115-01.
FUENTE FORMAL:
LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 148 PARÁGRAFO 1, LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 207