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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena

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Fecha
2022-10-19
Radicado
15001233300020140029901
Número interno
66859
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Demandado
MARIELA SANCHEZ DE BUITRAGO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena

Lo que dijo la Sala

Presentada la demanda de manera oportuna, el objeto de la controversia consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad personal a la señora… quien, en la condición de Fiscal… le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación al señor… por el delito de secuestro, sindicado que finalmente fue absuelto mediante sentencia… proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores, hechos por los cuales la entidad actora afirma fue condenada a indemnizar perjuicios materiales y morales en favor de terceros en acción de reparación directa, cuyo pago pretende recuperar a través del presente medio de control.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Problema jurídico

¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición?
  • ¿Se acreditó uno de los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición consistente en la existencia de una condena judicial contra el Estado?
  • ¿El pago efectivo de la condena por parte de la Fiscalía General de la Nación se acreditó mediante documentos públicos que gozan de plena validez y capacidad probatoria?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO FISCAL ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA CONDENA CONTRA EL ESTADO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TITULARIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EFECTOS DE LA PROSPERIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PAGO DE LA CONDENA DOLO CULPA GRAVE CONDENA JUDICIAL CONDENA POR MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL ACTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CONDENATORIA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA TÍTULO DE TESORERÍA VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN VIGENCIA DE LA NORMA NORMA VIGENTE APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO ALCANCE DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO INDICIO PRUEBA INDICIARIA VALOR PROBATORIO DEL INDICIO SECUESTRO CONDUCTA PUNIBLE TASACIÓN DE LA PENA DETENCIÓN PREVENTIVA NORMATIVA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA PROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA INDICIO GRAVE INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS PROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS RECOLECCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA AUTONOMÍA DEL JUEZ CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS GASTOS DEL PROCESO IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO CURADOR AD LITEM LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS

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No se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición
Titulación de la relatoría 17.254 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / FISCAL / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si Presentada la demanda de manera oportuna, el objeto de la controversia consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad personal a la señora (…) quien, en la condición de Fiscal (…) le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación al señor (…) por el delito de secuestro, sindicado que finalmente fue absuelto mediante sentencia (…) proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores, hechos por los cuales la entidad actora afirma fue condenada a indemnizar perjuicios materiales y morales en favor de terceros en acción de reparación directa, cuyo pago pretende recuperar a través del presente medio de control. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EJERCICIO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TITULARIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / EFECTOS DE LA PROSPERIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA / DOLO / CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 superior prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud, la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984, LEY 678 DE 2001 REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / CONDENA POR MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿Se acreditó uno de los presupuestos para la prosperidad del medio de control de repetición consistente en la existencia de una condena judicial contra el Estado? Respuesta al problema jurídico: Si Para la Sala no hay duda sobre la existencia de una condena judicial impuesta contra la parte actora del proceso de la referencia, consistente en pagar una suma de dinero, pues, se cuenta en el expediente con copia de la sentencia proferida el 25 de mayo de 2011 por el Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B (…) en el proceso de reparación directa (…) que condenó a la Nación - Fiscalía General de la Nación al pago de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes del referido proceso con ocasión de la privación de la libertad sufrida por el señor (…) en el trámite del proceso penal adelantado por la presunta comisión del delito de secuestro. MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL / ACTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CONDENATORIA / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / TÍTULO DE TESORERÍA / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO Problema jurídico: ¿El pago efectivo de la condena por parte de la Fiscalía General de la Nación se acreditó mediante documentos públicos que gozan de plena validez y capacidad probatoria? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con el pago de la condena, esta se soporta en los siguientes documentos: La Resolución (…) expedida por la División Administrativa de la Fiscalía General de la Nación “por la cual se da cumplimiento a una sentencia” (…). Reporte de compromiso presupuestal de gastos de la Fiscalía General de la Nación en el que figura que fue ordenado un pago al señor (…). Comprobante (…) de la División Financiera de la Fiscalía General de la Nación en el que consta que, una vez efectuada la respectiva retención en la fuente, se ordenó un pago en favor del señor (…). Reporte del Banco Davivienda “Consulta Proceso de Pago de Proveedores” (…) que da cuenta que (…) en el “proceso de pago” “sentencias julio” fue transferida a la cuenta de ahorros (…), con resultado “pago exitoso”. Certificación expedida por la Tesorera de la Fiscalía General de la Nación (…). Los anteriores documentos dan cuenta fehaciente de que la suma reconocida fue depositada a nombre del beneficiario, concretamente la certificación expedida por la Tesorería de la Fiscalía General de la Nación se aviene a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 -en cuya vigencia se tramitó el presente asunto- que dispuso que el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla con esas funciones en el que conste que la entidad realizó el pago es prueba suficiente para su acreditación. Lo anterior en concordancia con lo previsto en el artículo 166 ibidem que impuso la prueba del pago como anexo obligatorio de las demandas con pretensiones de repetición, de donde se colige que esa misma prueba, no tachada ni desvirtuada en el curso del proceso, no puede tener un valor diferente a la hora de decidir, en tanto documento público emanado de la autoridad competente para pagar y que se presume auténtico al tenor de lo previsto en el artículo 244 del Código General del Proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, 166, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FUNDAMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VIGENCIA DE LA NORMA / NORMA VIGENTE / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO Problema jurídico: ¿El régimen legal aplicable a la acción de repetición está determinado por la normatividad vigente al momento de los hechos que dieron lugar al daño y como consecuencia, a la condena contra el Estado? Respuesta al problema jurídico: Si Para la determinación del régimen legal aplicable al presente caso debe considerarse que los hechos se refieren a la actuación de la señora (…) quien, en la condición de Fiscal (…) impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva al señor (…) por el delito de secuestro. Como para la fecha de la ocurrencia de esos hechos aún no estaba vigente la Ley 678 de 2001 no es posible aplicar las presunciones allí establecidas conforme al principio de legalidad previsto en el artículo 29 constitucional, pues, las conductas solo pueden juzgarse con base en la ley vigente para el momento en que fueron cometidas, salvo que se trate de la aplicación del principio de favorabilidad que se activa con una norma jurídica posterior con ese carácter. De manera que en obedecimiento de los postulados de los artículos 77 y 78 del Decreto-ley 01 de 1984 las conductas se analizarán al tenor del artículo 63 del Código Civil, pero, teniendo en cuenta las particularidades del caso en armonía con los artículos 6 y 90 de la Constitución Política de 1991 relativos a la responsabilidad de los servidores públicos. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 29, 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, 78, LEY 84 DE 1873 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / FISCAL / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / ALCANCE DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / INDICIO / PRUEBA INDICIARIA / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO / SECUESTRO / CONDUCTA PUNIBLE / TASACIÓN DE LA PENA / DETENCIÓN PREVENTIVA / NORMATIVA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / PROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / INDICIO GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de la fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra la persona sindicada del delito de secuestro? Respuesta al problema jurídico: No [P]rocede la Sala a verificar el comportamiento de la señora (…) de quien no existe duda que, para la fecha de los hechos (…), fungía como servidora pública en la condición de Fiscal (…), fue quien impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor (…) por el delito de secuestro con base en que existía un indicio grave de responsabilidad en su contra y porque de conformidad con el artículo 268 del Código Penal (vigente para la época de los hechos) el delito se secuestro era sancionado con pena de prisión de seis (6) a quince (15) años (…). En cuanto al sustento normativo de los elementos objetivos de la medida de aseguramiento de detención preventiva, no hay duda de que esta estuvo conforme a derecho, dado que el primer requisito para que esta procediera según el artículo 397 del Decreto-ley 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal Vigente para la época de los hechos, exigía que el delito investigado tuviera como cuyo mínimo una pena que fuera o excediera de dos (2) años de prisión. Se destaca entonces que sobre los requisitos objetivos que en el caso concreto sí procedía la medida de aseguramiento, por cuanto el delito investigado era el de secuestro y el artículo 268 del Código Penal establecía para ese punible una pena de prisión de seis (6) a quince (15) años. En lo que respecta a la comprobación del indicio, el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991, norma procesal penal vigente a la fecha de la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, solo exigía un indicio grave de responsabilidad para su decreto. (…) [E]s claro que dicha fiscal contaba con más de un indicio grave de responsabilidad en contra del sindicado (…), lo cual significa que la referida medida cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991. FUENTE FORMAL: DECRETO 100 DE 1980 - ARTÍCULO 268, DECRETO LEY 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 388, 397 NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS / PROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO EN FILA DE PERSONAS / ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / RECOLECCIÓN DE ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / AUTONOMÍA DEL JUEZ Problema jurídico: ¿La servidora pública demandada en repetición contaba con más de un indicio grave de responsabilidad penal para la procedencia de la imposición de la medida de aseguramiento? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n relación con el argumento expuesto en el recurso de apelación por la Fiscalía General de la Nación, según el cual no debe tenerse en cuenta el mencionado reconocimiento en fila de personas (…) porque fue efectuado después de cuatro años de sucedidos los hechos y que, además, según la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (sentencia de 12 de septiembre de 2002) no constituye por sí solo prueba de responsabilidad, debe precisarse que: (i) si bien es cierto que ese reconocimiento se hizo después de cuatro años de sucedidos los hechos, también lo es que durante ese lapso la fiscalía continuó con la recolección de pruebas (testimonios) con el objeto de lograr la identificación de las personas que habrían participado en el secuestro de la señora (…), pues, consta en el expediente penal allegado a esta actuación que fueron recibidas las declaraciones de varios de los residentes y vecinos de la víctima y del lugar de los hechos (…) y, (ii) la referida sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 12 de noviembre de 2002 que trata sobre el reconocimiento en fila es posterior a los hechos aquí debatidos, pues, la providencia cuestionada data del 7 de febrero de 1995, de manera que, salta a la vista de que para el momento de los hechos era materialmente imposible que la aquí demandada la tuviera en cuenta, además, el reconocimiento en fila de personas no fue aplicado como indicio grave de responsabilidad de manera aislada, sino, interpretado en conjunto con la denuncia presentada en su momento por la menor. Adicionalmente, debe destacarse que si bien el Juzgado (…) mediante sentencia absolvió al señor (…), lo hizo en la etapa del juicio luego de analizar en su totalidad el cumulo de pruebas allegadas a dicha etapa procesal. Finalmente, si bien el Consejo de Estado en el proceso de reparación directa declaró la responsabilidad de la entidad demandante y la condenó al pago de los perjuicios (…), lo cierto es que dicha decisión no puede constituir prueba de la culpa grave endilgada a la demandada, por cuanto esta no fue parte de ese proceso, no tuvo la oportunidad de controvertir dichas pruebas y tales conclusiones no atan al juez de la repetición, además, en este proceso no son aplicables las presunciones establecidas en la Ley 678 de 2001, toda vez que los hechos ocurrieron antes de su entrada en vigencia. (…) [N]o hay ningún elemento de prueba que demuestre, idónea y fehacientemente, que la demandada en este proceso de repetición hubiera actuado en su ejercicio funcional con desconocimiento sumamente descuidado, por el contrario, las pruebas demuestran que esta actuó de conformidad con lo establecido en la normatividad legal aplicable al caso que en su momento estaba a su cargo en la condición de fiscal seccional de la Fiscalía General de la Nación. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / GASTOS DEL PROCESO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CURADOR AD LITEM / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Cuál es el criterio de procedencia de la condena en costas en asuntos regidos por el CPACA? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida”, de igual modo el numeral 3 de la citada norma prevé que “[e]n la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”. Para el presente caso se considera parte vencida a la Fiscalía General de la Nación respecto de quien se negarán las pretensiones de la demanda, toda vez que la sentencia apelada será confirmada, de manera que en lo que refiere a los gastos del proceso estos serán liquidados por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá en lo que corresponda a ambas instancias, acorde con el artículo 366 del Código General del Proceso. En el asunto de la referencia, no hay lugar a la fijación de agencias en derecho, por cuanto la demandada fue representada por curador ad-litem. Por su parte, la liquidación de los gastos procesales se realizará por el tribunal de origen siempre que se hubieren causado, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 71.644 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022). Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 15001-23-33-000-2014-00299-01 (66.859) Demandante: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Demandado: MARIELA SÁNCHEZ DE BUITRAGO Medio de control: REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011 Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE Síntesis del caso: la acción se ejerce en contra d e la señora Mariela Sánchez de Buitrago quien, el 7 de febrero de 1995, en ejercicio de sus funciones como Fiscal Treinta Seccional de Miraflores (Boyacá), impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Juan de la Cruz Ávila Galindo por el delito de secuestro con base en los requisitos señalados en los artículos 268 del Código Penal y 388 y 397 del Código de Procedimiento Penal (vigentes a la época de los hechos) ; debido a la medida antes señalada , el sindicado permaneció privado de su libertad desde el 5 de febrero hasta el 19 de octubre de 1995, fecha en la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores le concedió el beneficio de libertad provisional y , posteriormente, el 18 de abril de 1996 lo absolvió; por estos hechos la Fiscalía General de la Nación fue declara da responsable y condenada a pagar la correspondiente indemnización por cuyo monto se repite. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación (fls. 470 a 472 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 12 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión no. 5 (fls. 448 a 466 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de repetición instaurada por la Fiscalía General de la Nación en contra de la señora Mariela Sánchez de Buitrago. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Si existe excedente de gastos procesales, devuélvanse al interesado. Realícense las anotaciones de rigor en el sistema siglo XXI y ARCHÍVESE el expediente dejando las constancias respectivas (fl. 465 vlto. cdno. apelación – mayúsculas fijas y negrillas del original). 2 Expediente No. 15001-23-33-000-2014-00299-01 (66.859) Actor: Fiscalía General de la Nación Repetición - CPACA Apelación de sentencia I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito presentado el 1 2 de enero de 201 4 (fls. 1 a 14 cdno. 1), la Fiscalía General de la Nación presentó demanda de repetición en contra de la señora Mariela Sánchez de Buitrago con las siguientes súplicas: “1. Que se declare responsable al señor (sic) MARIELA SÁNCHEZ DE BUITRAGO de los perjuicios generados a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en relación a la condena impuesta por el HONORABLE Consejo de Estado donde se reconoció dinero al señor JUAN DE LA CRUZ ÁVILA GALINDO, por concepto de la providencia del 25 de mayo de 2011, mediante el cual se revocó la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, 21 de enero de 2001 y en su lugar: “PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios que sufrió la parte actora, como consecuencia de la privación de la libertad del señor Juan de la Cruz Ávila Galindo, en el trámite del proceso penal en el que se investigó la presunta comisión del delito de secuestro simple, y condenó en perjuicios”. 2. Que en consecuencia de la anterior declaración , se condene a la señora MARIELA SÁNCHEZ DE BUITRAGO, a cancelar la suma de QUINIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($515.301.240.oo), debidamente indexada, a favor de la NACIÓN -FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, suma de dinero que pagó esta entidad al señor JUAN DE LA CRUZ ÁVILA GALINDO. TERCERO: Que se ajuste la condena tomando como base el índice de precios al consumidor.” (fls. 1 a 2 a cdno. 1 – mayúsculas fijas y negrillas del original). 2. Hechos Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente: 1) En una investigación penal adelantada por el delito de secuestro, en virtud de una medida de aseguramiento de detención preventiva emitida por la Fiscalía Treinta del Circuito de Miraflores (Boyacá), el señor Juan de la Cruz Ávila Galindo estuvo privado de la libertad desde el 5 de febrero de 1995 hasta el 19 de octubre del mismo año, fecha en la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores 3 Expediente No. 15001-23-33-000-2014-00299-01 (66.859) Actor: Fiscalía General de la Nación Repetición - CPACA Apelación de sentencia (Boyacá) le concedió el beneficio de libertad provisional , previo el pago de una caución para garantizar su comparecencia al proceso. 2) Por estos hechos el señor Juan de la Cruz Ávila Galindo promovió un proceso de reparación directa que culminó con sentencia de segunda instancia el 25 de mayo de 2011 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado (radicación no. 15001-23-31-000-1996-06594-01 (20.761)), mediante la cual se declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación y fue condenada al pago de los perjuicios sufridos por aquel. 3) En cumplimiento de la anterior decisión la entidad expidió la Resolución no. 0281 d el 24 de julio de 201 2 que reconoció y ordenó el pago de la condena impuesta en favor de los demandantes en reparación directa, pago que se materializó el 31 de julio de 2012 por la suma de $515’301.240, según constancia no. PFG-2165 expedida por la Tesorería de la Fiscalía General de la Nación. 3. Fundamentos de la demanda En la demanda se invocó como sustento jurídico lo dispuesto en los artículos 2, 6, 90 y 207 de la Constitución Política, 68 (sic) del Código Contencioso Administrativo, 63 del Código Civil y el Decreto 2700 de 1991. La entidad demandante le atribuye a la demandada haber actuado con culpa grave en condición de Fiscal Treinta Seccional de Miraflores (Boyacá), con sustento en lo siguiente: (i) la medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación impuesta a Juan de la Cruz Ávila fue revocada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores el 18 de octubre de 1995 por considerar que en la etapa instructiva no se recaudó prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, despacho judicial que mediante sentencia del 18 de abril de 1996 finalmente lo absolvió; (ii) según la sentencia de reparación directa, la referida medida de aseguramiento “no estaba ajustada a la normatividad legal vigente” , toda vez que no cumplía a cabalidad con los requisitos exigidos por el artículo 338 del Decreto -ley 2700 de 1991 y, pese a ello fue impuesta “sin verificar en su totalidad el material probatorio recaudado ” (fl. 7 cdno. 1) y, (iii) debido a que “impuso una medida de aseguramiento sin 4 Expediente No. 15001-23-33-000-2014-00299-01 (66.859) Actor: Fiscalía General de la Nación Repetición - CPACA Apelación de sentencia derecho al beneficio de la libertad provisional al señor Juan de la Cruz Ávila Galindo sin respetar el principio de investigación integral” (fl. 11 cdno. 1). 4. Contestación de la demanda La demandada Mariela Sánchez de Buitrago (fls. 344 a 354, cdno. 2) fue representada por curador ad litem 1 quien se opuso a las pretensiones de la demanda, señaló que se atenía a lo que resultare probado en el curso del proceso y propuso como excepciones las que a continuación se relacionan: 1) “Operancia de la caducidad frente al medio de control de repetición por virtud del artículo 94 del CGP”, porque la demanda fue presentada el 12 de mayo de 2014, admitida el 9 de junio de 2014, notificada por estado a la parte actora el día 10 de los mismos mes y año y al curador ad litem el 30 de abril de 2018, es decir, la notificación a la demandada se efectuó por fuera del término del año que el artículo 94 del CGP establece para notificar a la parte demandada, para que se impida que se produzca la caducidad del medio de control ejercido. 2) “Improcedencia del medio de control de repetición por incumplimiento y falta de demostración de los requisitos legales y jurisprudenciales” por cuanto: (i) en la Resolución 0281 de 24 de julio de 2012 expedida por la Dirección Administrativa y en la constancia de pago PFG 2 165 de 25 de julio de 2012 de la División Financiera de la Fiscalía General de la Nación no se individualizaron ni se identificaron las 14 personas que aparecen como beneficiarias de la sentencia condenatoria objeto de la obligación , (ii) no se aportó paz y salvo emitido por los beneficiarios de la condena que ofrezca certeza del pago y, (iii) el acta no. 010 del 11 de febrero de 2014 del Comité de Conciliación de la entidad demandante no cumple los requisitos establecidos por el artículo 26 del Decreto no. 1716 de 2009, toda vez que entre el pago de la condena (31 de julio de 2012) 1 Admitida la demanda el 9 de junio de 2014 (fl. 159 cdno. 1), por auto de 2 de octubre de 2014 (fl. 227 cdno. 2) se dispuso el emplazamiento de la demandada, el edicto fue fijado el 27 de enero de 2015 (fl. 232 cdno. 2), el 1 de febrero de 2015 la entidad cumplió con lo ordenado y allegó la constancia del edicto emplazatorio realizado en el diario El Tiempo (fls. 257 a 258 cdno. 2), por auto de 23 de octubre de 2015 se ordenó la inscripción de la demandada en el registro de personas emplazadas (fls. 267 a 268 cdno. 2), por autos de 2 de noviembre de 2016 y 8 de marzo de 2018 se designó curador ad litem, (fls. 282 y 321 cdno. 2) quien una vez posesionado contestó la demanda (fls. 344 a 354 cdno. 2). 5 Expediente No. 15001-23-33-000-2014-00299-01 (66.859) Actor: Fiscalía Ge

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