Titulación de la relatoría 22.955 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001 / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN LEGAL / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO
Problema jurídico:
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición, la Ley 678 de 2001 y las presunciones previstas en dicha normativa respecto de la conducta del agente o exagente estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para abordar el análisis de la conducta del agente público en el marco de este proceso de reembolso, ha de tenerse en consideración que, como los hechos que sustentaron la condena en contra del Ministerio de Justicia y del Derecho ocurrieron el veintitrés (23) de junio de dos mil nueve (2009) —cuando el señor (...) [demandado], en su condición de ministro del interior y de justicia, expidió la Resolución número 1844, en la que declaró insubsistente el nombramiento de (...) [tercero] en el cargo de secretario ejecutivo, código 4212, grado 26, del despacho del ministro—; la Ley 678 de 2001 resulta aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto. Por tanto, se aplican las presunciones previstas, en este caso, en el artículo 5° de esa ley, que califican la conducta del agente como dolosa. Estas presunciones son legales, es decir, admiten prueba en contrario y, con ellas, el legislador buscó efectivizar el ejercicio de la acción o medio de control de repetición, en la medida que a la entidad estatal, al formular la respectiva demanda, le corresponde acreditar solamente el supuesto fáctico en el que se fundamenta la presunción que se invoca para que esta opere, y el demandado tiene el deber de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, lo cual quedó, a su vez, plasmado en la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 678 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación de la Ley 678 de 2001, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-374 de 14 de mayo de 2002.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / CONDENA A LA NACIÓN / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Se acreditó la existencia de los tres elementos objetivos de la responsabilidad personal de los agentes del Estado, esto es: existencia de condena, pago y calidad de agente?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con los elementos de la pretensión de repetición frente a los cuales quedó circunscrito el litigio en la audiencia inicial 3.1.1. La calidad de agente o ex agente del Estado del demandado La constancia expedida por la subdirectora de gestión humana del Ministerio del Interior, el dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014) –a la que se aludió en acápite previo de este proveído–, da cuenta que el señor [demandado] desempeñó el cargo de ministro del interior y de justicia desde el veintiséis (26) de junio de dos mil ocho (2008) hasta el seis (6) de agosto de dos mil diez (2010), con lo que se tiene acreditada su condición de ex agente del Estado para la época en que adoptó la decisión administrativa que dio lugar a la condena objeto de la pretensión de reembolso. (...) Existencia de una condena judicial, conciliación, transacción o cualquier otra forma de terminación del conflicto generadora de obligación de pago a cargo de la entidad estatal (...) La existencia de una condena judicial impuesta a la cartera ministerial demandada, como requisito para la prosperidad del medio de control que ocupa en esta oportunidad la atención de la Sala, se encuentra acreditada, pues al proceso se allegó la sentencia proferida por la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el dieciocho (18) de junio de dos mil trece (2013), que declaró la nulidad de la resolución número 1844 del veintitrés (23) de junio de dos mil nueve (2009) y, a título de restablecimiento del derecho, condenó a la Nación – Ministerios del Interior – de Justicia y del Derecho – a reintegrar a [...] al cargo de secretario ejecutivo del despacho del ministro, con el consecuente pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir, desde la fecha de su desvinculación y hasta el momento de su reintegro efectivo. (...) La prueba del pago efectivo realizado por la entidad demandante (...) Los documentos referidos acreditan el pago de la suma efectivamente cancelada por el organismo demandante con ocasión de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sustento de la pretensión de reembolso, porque se trata de documentos públicos que contienen y reflejan la voluntad de la administración de dar cumplimiento a la condena judicial impuesta en su contra, acreditan el nombre del beneficiario, la fuente de la obligación, la entidad bancaria y el número de cuenta del beneficiario, la suma de dinero pagada y la fecha en que se realizó el pago. Además, se presumen auténticos, pues existe certeza de que fueron suscritos por funcionario público en ejercicio de sus funciones
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la acreditación del pago de la condena, ver: Corte Constitucional, Sala Plena, C 374 /02, sentencia del 14 de mayo de 2002
TESTIMONIO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Aunque los testimonios que provienen de personas que tengan vínculos laborales con alguna de las partes resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez, por lo cual deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que obran en el plenario?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los (...) testimonios, aun cuando dan cuenta de las razones de la ciencia de su dicho y muestran un relato claro, espontaneo y coherente, provienen de funcionarios que para la época de los hechos se hallaban vinculados con el ente demandante, condición que puede afectar su imparcialidad y, con ello, su credibilidad, lo que los hace sospechosos de acuerdo con el artículo 211 del Código General del Proceso (CGP). Estas circunstancias que —según la norma ejusdem— deben ser apreciadas por el juez en la sentencia, en cada caso, imponen una valoración más rigurosa de aquellas declaraciones en conjunto con las demás pruebas practicadas, como lo ha considerado la Sala, a lo cual se procede.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración de los testimonios sospechosos, consultar providencias de 27 de abril de 2020, Exp. 29770, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 11 de noviembre de 2020, C.P. 50668, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 211
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / RETIRO DEL SERVICIO DE EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / REMOCIÓN DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / PROCEDENCIA DE LA INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / DESEMPEÑO DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / EMPLEO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / MOTIVACIÓN DE LA DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN / MINISTRO / ACTOS DEL MINISTRO / DISCRECIONALIDAD DEL EMPLEADOR / SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del exministro de justicia y del derecho demandado en repetición a título de dolo, por expedir el acto administrativo mediante el cual se dispuso insubsistente el nombramiento de una persona que desempeñaba un cargo de libre nombramiento y remoción, el cual fue anulado con posterioridad por esta jurisdicción?
Respuesta al problema jurídico: No
El señor (…) [demandado], como ministro de justicia y del derecho, expidió la resolución número 1417 de 2009, a través de la cual declaró insubsistente el nombramiento de (…) [la señora demandante en nulidad y restablecimiento] en el cargo de secretario ejecutivo, código 4212, grado 26 del despacho del ministro, motivo por el que esta última presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que culminó con sentencia favorable a sus pretensiones. Como la entidad asumió la condena, pretende que la suma pagada sea reembolsada por el ex funcionario, al que le atribuye un actuar doloso. (…) Corresponde entonces verificar, sí el supuesto fáctico presentado por la demandante se halla configurado, esto es, que la causa para la imposición de la condena ocurrió como consecuencia de la actuación dolosa del demandado (…), al expedir la resolución número 1844 de veintitrés (23) de junio de dos mil nueve (2009) con desviación de poder; aspecto al que se delimitará el análisis de la Sala, comoquiera que, fue este el calificativo conductual atribuido al entonces ministro para la prosperidad del medio de control. (…) Para sustentar el supuesto fáctico de la presunción de dolo, la parte demandante afirmó que el señor (…) otorgó vacaciones y el disfrute de compensatorios a la señora (…), desde el veintitrés (23) de febrero hasta el diecisiete (17) de junio de 2009, hecho que en apoyo de la sentencia condenatoria consideró como un indicio de animadversión para alejar a la entonces trabajadora de las labores propias de su cargo como secretaria ejecutiva, pues así fue expuesto en las consideraciones de aquella determinación. La animadversión por alejar a aquella empleada de sus funciones condujo también a la nulidad del acto administrativo de insubsistencia, hecho indicador que da lugar a configurar la “presunción” de dolo prevista en el numeral 1° del artículo 5° de la Ley 678 de 2001. Este criterio ata al juez de la repetición, porque siguiendo el derrotero trazado por esta Sección del Consejo de Estado, las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del ex servidor público, y el demandado tiene entonces el deber de desvirtuar ese hecho con el fin de eximirse, como se dijo, de responsabilidad. (…) El análisis conjunto de las pruebas (…) permite derruir el supuesto de hecho de la presunción de dolo, que la parte demandante hizo consistir en la animadversión del entonces ministro para alejar a la señora (…) de las funciones propias de su cargo, por la concesión de un derecho y de días de descanso compensatorios. Primero, porque quien autorizó o concedió el disfrute de las vacaciones, o días de descanso compensatorio a la demandante en sede de nulidad, fue la coordinadora del grupo de talento humano de la entidad ministerial, esto es, una persona diferente a quien hoy es demandado en este proceso de reembolso. Segundo, porque aún si se quisiera atribuir esa calificación de la conducta a una actuación del señor ministro, los días de vacaciones para el periodo del veintitrés (23) de febrero al trece (13) de marzo de dos mil nueve (2009), tanto como los días de descanso compensatorio del dieciséis (16) de marzo al veintiséis (26) de mayo, lejos de concebirse como una práctica ajena a las finalidades del servicio público, fueron otorgados pero a solicitud de la trabajadora (…). Tercero, porque (…) [los] testimonios corroboran que los días de vacaciones concedidos de oficio fueron producto de una política de la administración tendiente a sanear el pasivo vacacional de la entidad (…). Inclusive, porque la revocación de la resolución 0654 de 2009, que había concedido el disfrute de un periodo de vacaciones a la entonces funcionaria del Despacho del ministro, fue expedida para garantizar las reglas presupuestales de la entidad, más no a modo de una práctica contraria a finalidades del buen servicio público, pues así se acredita del texto mismo de ese acto administrativo cuya legalidad se presume, por no obrar prueba en el expediente que acredite su anulación. (…) [L]a sola sentencia de condena –en los términos antes expuestos, con los cuales se pretende ahora sustentar la conducta atribuida al demandado– resulta insuficiente para acreditar el supuesto de hecho de la presunción, por desatención de razones del buen servicio en la expedición del acto declarado nulo. Primero, porque el hecho de que la demandante en sede de nulidad atendiera sus deberes y observara buena conducta, según lo ha sostenido la Sección Segunda de esta Corporación, no le otorgaba fuero de estabilidad en el empleo, de modo que no era óbice para que el nominador dejara de ejercer la potestad de libre remoción del cargo o, para que, su ejercicio, implicara por ese solo hecho una conducta contraria al buen servicio público. (…) Segundo, porque en atención a ese mismo derrotero, la trayectoria laboral, así como las importantes y especiales responsabilidades que la trabajadora asumió en el ejercicio del cargo (…) permiten exaltar la trayectoria laboral, profesional y eficiencia, pero, en ningún modo, dan cuenta de otros aspectos, tales como la confianza y la credibilidad que (…) [la señora haya] generado al nominador, cuya ausencia podía sí determinar la disponibilidad de su cargo, puesto que, en línea con lo expresado por la Corte Constitucional (…). Tercero, porque el oficio recibido por la señora (…) el día dieciocho (18) de junio de dos mil nueve (20099, en el que la entonces secretaria general del Ministerio del Interior y de Justicia le informó que a partir de esa fecha, apoyaría a la Dirección de Política de Lucha contra las Drogas y Actividades Relacionadas, desempeñando funciones propias de su cargo de secretario ejecutivo, código 4212, grado 26 del Despacho del ministro, tan solo da cuenta de una asignación de funciones en otra dependencia, sin que del contenido de ese solo oficio, o de los testimonios (…), se pudiera desprender alguna actitud contraria a los fines del servicio público desplegada por el entonces ministro, por la adopción de esa determinación, que lleve a presumir el dolo en él nominador. (…) Cuarto, porque, en ese orden, si se acudiera al testimonio (…) – rendido en el contencioso de nulidad–, y a la atestación que (…) [tercero] ofreció en este expediente de repetición, lo cierto es que la primera, además de referir el cúmulo de calidades profesionales de su entonces compañera de trabajo, aludió a la ausencia de animadversión del entonces ministro que hubiera conducido a la salida (…), e hiciera suponer la existencia de un fin distinto al ejercicio de la facultad discrecional del nominador al expedir el acto de insubsistencia y, la segunda, incluso, dijo desconocer el motivo del encargo mientras (…) [la señora] estuvo disfrutando de sus vacaciones y compensatorios. (…) Quinto, por cuanto, aunque la demandante allegó copia del acto administrativo de insubsistencia, esa resolución denota que el señor (…) [demandado], en su condición de ministro del interior y de justicia, actuó en uso de las facultades conferidas en el artículo 1° del Decreto Ley 1679 de 1991, el Decreto Reglamentario 1950 de 1973 y el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, esto es, con base facultad discrecional que tiene el gobierno de nombrar y remover libremente a una empleada (…). De ahí que, las pruebas arrimadas a este expediente no resulten suficientes para demostrar el supuesto de hecho al que hace alusión la presunción de dolo respecto de la conducta atribuida al señor (…), por desviación de poder; por lo que en estricta aplicación del mandato impuesto por el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), según el cual, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, la Sala, procederá a negar la pretensión de reembolso formulada por el extremo demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de las sentencias proferidas en el proceso contencioso, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 34816, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de mayo del 2014, Exp. 40755, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 29 de abril de 2019, Exp. 50695, C.P. Guillermo Sánchez Luque. Acerca del retiro del servicio de empleados de libre nombramiento y remoción, consultar providencia de 28 de octubre de 2021, Exp. 2016- 01773-01, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter; y de la Corte Constitucional, C-553 de 2010.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 1679 DE 1991 - ARTÍCULO 1, DECRETO REGLAMENTARIO 1950 DE 1973, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 41
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas a la entidad estatal demandante en el medio de control de repetición cuando resulta vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispone: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo (CCA) exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171), mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público” (artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se discutan derechos subjetivos— tienen otros atributos, como lo son la legitimación universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el demandante sea un ente estatal se ventile un interés público. Así, al no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas, “salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una de las partes, que el precepto legal no prevé. Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter patrimonial”, por el cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella”. Si bien, de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público, este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso. La repetición, como “acción civil de carácter patrimonial” con “fines retributivo y preventivo”, supone un ejercicio razonable del derecho de acción, circunscribiéndolo a los eventos en que el organismo estatal reproche un comportamiento doloso o gravemente culposo del servidor acusado por infringir sus deberes funcionales o por la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, a partir de una comprobación certera de las circunstancias de hecho que sustentan la pretensión de reembolso. En ese orden, el artículo 361 del Código General del Proceso (CGP) prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera o única instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante, comoquiera que sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que se fijan agencias en derecho por el 1% del valor total de las pretensiones negadas, de conformidad con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
NOTA DE RELATORÍA:
bre la naturaleza jurídica y características de las acciones públicas, consultar providencias de 11 de noviembre de 1925, C.P. José A. Valverde R; de 7 de diciembre de 1993, Exp. AC-1276; de 13 de junio de 2000, Exp. AC 10252; de 13 de agosto de 2002, Exp. 11001-03-15-000-2001-0127-01(REV-0127), C.P. Roberto Medina López; de 27 de abril de 2004, Exp. 11001-03-15-000-2003-00311-01(S-311).
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 3