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clave: "consejo_estado:providencia:88001233300020230001102-74260-sentencia"
titulo: "Nulidad insaneable: Sentencia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-05-28"
radicado: "88001233300020230001102"
numero: "74260"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Nulidad insaneable: Sentencia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-05-28
- **Radicado:** 88001233300020230001102
- **Número interno:** 74260
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** Controversias contractuales
- **Actor:** ING ARANGO CIA SAS
- **Demandado:** MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS Y SANTA CATALINA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:88001233300020230001102-74260-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/88001233300020230001102/84D1FE3EE1AF4539CA6757D51991093F29D378B71B956D2ACE997B681CE0B0E3/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=880012333000202300011021100103

## Problema jurídico

¿La participación y voto de la magistrada que manifestó impedimento no aceptado configura una nulidad insaneable conforme al artículo 136 del CGP?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para admitir y resolver el recurso de la aseguradora coadyuvante respecto de pretensiones declarativas de nulidad de actos de terminación del contrato…
- ¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para pronunciarse de fondo frente a las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023 cuando faltan conciliación extrajudicial…
- ¿Debía el contratista acreditar el cumplimiento de las obligaciones de gestión social para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1564 de 2012, arts. 136 y 141 núm. 1

## Extracto

En el recurso de apelación, el Contratista alegó la que, a su juicio, es una nulidad insaneable debido a que la magistrada ponente de la sentencia de primera instancia manifestó un impedimento, por cuanto su cónyuge habría formado parte de la interventoría del contrato objeto del litigio y, pese a ello, continuó conociendo del proceso y votó la sentencia impugnada. La Sala considera que esta situación no configura una nulidad insaneable, en la medida en que no se subsume en ninguna de las causales previstas de manera taxativa en el parágrafo del artículo 136 del CGP. Además, una vez manifestado el impedimento, la sala dual del Tribunal decidió no aceptarlo, por no encontrar configurada la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP, decisión que quedó ejecutoriada y que la Sala no tiene competencia para revisar en esta instancia…

## Síntesis temática

El contratista interpone recurso de apelación alegando una nulidad insaneable dentro del proceso judicial por la manifestación de impedimento de la magistrada ponente cuyo cónyuge habría formado parte de la interventoría del contrato objeto del litigio, situación que no configura nulidad insaneable al no subsumirse en las causales previstas de manera taxativa en el parágrafo del artículo 136 del CGP ni constituir la causal del numeral 1 del artículo 141 del CGP. Asimismo, el juez verifica el cumplimiento de los presupuestos procesales para dictar sentencia al exigir que en las controversias contractuales contra los actos administrativos de terminación del contrato se acredite el agotamiento previo del trámite de conciliación extrajudicial y la indicación de las normas violadas junto con el concepto de su violación, so pena de proferir una sentencia inhibitoria, conforme a las reglas aplicables en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

## Descriptores temáticos

NULIDAD INSANEABLE, SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL, IMPEDIMENTO, DECLARACIÓN DEL IMPEDIMENTO, NEGACIÓN DEL IMPEDIMENTO, NULIDAD PROCESAL, IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD PROCESAL, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL, INEXISTENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, REFORMA DE LA DEMANDA, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, INDEBIDA FORMULACIÓN DE CARGOS, FORMULACIÓN DE CARGOS, COADYUVANTE, ACTIVIDAD DEL COADYUVANTE, FACULTADES DEL COADYUVANTE, LÍMITES A LA ACTIVIDAD DEL COADYUVANTE, COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO, COMPAÑÍA DE SEGUROS, ENTIDAD ASEGURADORA, INTERÉS JURÍDICO DEL APELANTE, FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, OMISIÓN DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, TRÁMITE DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA, SENTENCIA INHIBITORIA POR FALTA DE COMPETENCIA, PROVIDENCIA INHIBITORIA, SENTENCIA INHIBITORIA, DECLARACIÓN INHIBITORIA DEL JUEZ, AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CARGA DE LA PRUEBA, APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA DEL DEUDOR, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CONTRATISTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONTRATO DE OBRA, ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA, FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INFORME DEL INTERVENTOR, INTERVENTORÍA, SUPERVISOR DEL CONTRATO, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, PANDEMIA, FENÓMENO DE LA NATURALEZA, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA PÚBLICA, INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, FALTA DE PRUEBA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR, CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

NULIDAD INSANEABLE / SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL / IMPEDIMENTO / DECLARACIÓN DEL IMPEDIMENTO / NEGACIÓN DEL IMPEDIMENTO / NULIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL
Problema jurídico:
¿La participación y voto de la magistrada que manifestó impedimento no aceptado configura una nulidad insaneable conforme al artículo 136 del CGP?
Respuesta al problema jurídico: No
En el recurso de apelación, el Contratista alegó la que, a su juicio, es una nulidad insaneable debido a que la magistrada ponente de la sentencia de primera instancia manifestó un impedimento, por cuanto su cónyuge habría formado parte de la interventoría del contrato objeto del litigio y, pese a ello, continuó conociendo del proceso y votó la sentencia impugnada. La Sala considera que esta situación no configura una nulidad insaneable, en la medida en que no se subsume en ninguna de las causales previstas de manera taxativa en el parágrafo del artículo 136 del CGP. Además, una vez manifestado el impedimento, la sala dual del Tribunal decidió no aceptarlo, por no encontrar configurada la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP, decisión que quedó ejecutoriada y que la Sala no tiene competencia para revisar en esta instancia
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 136, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141 NUMERAL 1
PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REFORMA DE LA DEMANDA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / INDEBIDA FORMULACIÓN DE CARGOS / FORMULACIÓN DE CARGOS / COADYUVANTE / ACTIVIDAD DEL COADYUVANTE / FACULTADES DEL COADYUVANTE / LÍMITES A LA ACTIVIDAD DEL COADYUVANTE / COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / COMPAÑÍA DE SEGUROS / ENTIDAD ASEGURADORA / INTERÉS JURÍDICO DEL APELANTE / FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN POR FALTA DE LEGITIMACIÓN
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para admitir y resolver el recurso de la aseguradora coadyuvante respecto de pretensiones declarativas de nulidad de actos de terminación del contrato con base en interés jurídico directo?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con el artículo 328 del CGP, la competencia de la Sala está delimitada por los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio y de la verificación de los presupuestos para dictar sentencia de mérito sobre las pretensiones. En este caso, el Contratista y Seguros del Estado S.A. impugnaron el fallo. La aseguradora fue vinculada al proceso por el a quo como “tercero con interés directo”, aunque las normas procesales no prevén su citación oficiosa, a diferencia de lo que ocurre con personas que ostentan la condición de litisconsortes necesarios (CGP, art. 61). (...). La compañía de seguros no formuló pretensiones propias, sino que coadyuvó las pretensiones del Contratista. (...) El coadyuvante puede realizar los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, como la interposición de recursos, siempre que no se opongan a los de esta ni impliquen disposición del derecho en litigio. Por esa razón, como ha señalado la Subsección, quien no presenta la demanda ni formula una pretensión propia de nulidad contra el acto administrativo emitido con ocasión del contrato, sino que coadyuva la del demandante, no puede presentar cargos de nulidad distintos contra esa decisión. Tampoco está legitimado para apelar si la parte principal a la que coadyuva no impugna las decisiones que la desfavorezcan (...) Tanto el Contratista como Seguros del Estado S.A. impugnaron la decisión de negar las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023, mediante las cuales se terminó unilateralmente el contrato (pretensiones 4ª y 5ª). Este acto procesal de la aseguradora no se opone a la actuación de la parte a la que coadyuvó. Sin embargo, Seguros del Estado S.A. no tenía interés jurídico directo frente a este grupo de pretensiones. (...) La prosperidad o desestimación de estas pretensiones declarativas —a las que no se acumularon pretensiones indemnizatorias o de condena— no afectaba a la aseguradora, pues no determinaba una modificación de su situación jurídica subjetiva. Esto contrasta con el interés que sí tenía frente a la pretensión del Contratista de anular el acto que declaró el incumplimiento, hizo efectiva la cláusula penal y ordenó hacer efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza que emitió. Frente a esta pretensión, sí existía un interés directo, porque el acto determinó la exigibilidad de la prestación asegurada. Por lo tanto, el recurso de Seguros del Estado S.A. debería desestimarse respecto de las pretensiones de nulidad contra las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023. En todo caso, la Sala advierte que no se cumplen dos requisitos para pronunciarse sobre el mérito de las pretensiones formuladas por el Contratista contra los actos administrativos de terminación del contrato: no se agotó el trámite de conciliación extrajudicial ni se indicaron las normas violadas y el concepto de su violación. (...)
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos para dictar sentencia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre el recurso de apelación del coadyuvante, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de diciembre de 2024, exp. 67464, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, párr. 41; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de diciembre de 2024, exp. 67464, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, párr. 45; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 5 de febrero de 2020, exp. 2006-00503, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de marzo de 2011, exp. 2010-00006, C.P. María Noemí Hernández Pinzón.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 61, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17 NUMERAL 1
SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REFORMA DE LA DEMANDA / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / OMISIÓN DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / TRÁMITE DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / FORMULACIÓN DE CARGOS / INDEBIDA FORMULACIÓN DE CARGOS / PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA / SENTENCIA INHIBITORIA POR FALTA DE COMPETENCIA / PROVIDENCIA INHIBITORIA / SENTENCIA INHIBITORIA / DECLARACIÓN INHIBITORIA DEL JUEZ / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para pronunciarse de fondo frente a las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023 cuando faltan conciliación extrajudicial y formulación de cargos de nulidad?
Respuesta al problema jurídico: No
En la demanda inicial, el Contratista no pidió la nulidad de las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023. Estas pretensiones se adicionaron en el escrito de reforma. Sin embargo, no fueron objeto del trámite de conciliación extrajudicial (...) En el auto del 3 de mayo de 2024, el Tribunal declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la pretensión de liquidación judicial del contrato de obra. Sin embargo, sostuvo que el requisito de la conciliación frente a las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 y 253 se había agotado (...) La Sala no comparte este razonamiento. Las Resoluciones 827 y 253, relativas a la terminación unilateral y anticipada del contrato, no tienen los mismos fundamentos que las Resoluciones 349 y 511, sobre la declaratoria de incumplimiento, la imposición de la cláusula penal y la afectación de la garantía única. Estas últimas se sustentaron en el incumplimiento del contrato, particularmente en lo concerniente a la ejecución de la obra y a las obligaciones socioambientales. La terminación unilateral, por su parte, se apoyó en el numeral 1 del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 y en la cláusula 22.2 del contrato, debido a la inviabilidad de continuar el proyecto conforme al concepto rendido por la Universidad Nacional y a la necesidad del Municipio de atender la calamidad pública derivada del paso del huracán Iota mediante la destinación de sus recursos a esa finalidad (...) Entre la solicitud de conciliación extrajudicial y la demanda no se requiere plena coincidencia textual, pero sí congruencia entre sus respectivos objetos. Esa relación no se predica de las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 y 253, en tanto los documentos del trámite conciliatorio no contienen ninguna mención a la decisión de terminar anticipadamente el contrato. A ello se suma que dichos actos quedaron en firme con la notificación de la Resolución 253, el 29 de mayo de 2023, esto es, con posterioridad al inicio del trámite. En consecuencia, respecto de las pretensiones cuarta y quinta de la reforma de la demanda no se agotó el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 1° del artículo 161 del CPACA. (...) La formulación de los cargos de nulidad —estructurados a partir del señalamiento de las normas infringidas y de su concepto de violación— determina los problemas jurídicos que se deben resolver en la sentencia y, con ello, la congruencia entre esta y la causa petendi de la demanda. En consecuencia, el juez no puede declarar la nulidad de un acto administrativo con fundamento en la infracción de normas no señaladas en la demanda junto con su concepto de violación (...) En la reforma de la demanda, el Contratista adicionó la pretensión de nulidad de estos actos. En el capítulo de “fundamentos jurídicos” reprodujo dos artículos: el 141 del CPACA, sobre el medio de control de controversias contractuales, y el 173 del mismo código, relativo a la reforma de la demanda. Con todo, no indicó las normas violadas por las Resoluciones 827 y 253 ni explicó el concepto de su violación. Tampoco estructuró un cargo de nulidad para desvirtuar la presunción de legalidad de estos actos ni sostuvo que hubieran sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin competencia, en forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones de quien los profirió. Seguros del Estado S.A., que no formuló pretensiones propias, tampoco planteó cargos de nulidad contra estos actos. (...) Pese a la ausencia de cargos de nulidad que delimitaran el control de legalidad, el Tribunal entró a examinar la motivación de las Resoluciones 827 y 253. Concluyó que estas se motivaron adecuadamente (...) Estos argumentos no fueron formulados como cargos de nulidad en la demanda reformada. En ésta no se adujo que la decisión de terminación unilateral hubiera sido falsamente motivada por haberse soportado en un informe carente de validez probatoria. Tampoco que se hubiera expedido con infracción de las normas en que debía fundarse, al haber aplicado la facultad excepcional de terminación unilateral del artículo 17 de la Ley 80 de 1993 sin considerar alternativas menos gravosas para el interés del Contratista. En consecuencia, la Sala no estudiará estos reparos contra la sentencia de primera instancia; en su lugar, como en casos análogos, se inhibirá de estudiar de fondo este grupo de pretensiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 25 de mayo de 2016, exp. 40077, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre la compatibilidad de objetos entre la demanda y la solicitud de conciliación extrajudicial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2025, exp. 65106, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de octubre de 2024, exp. 68747, C.P. María Adriana Marín. Sobre la falta de competencia del juez para pronunciarse sobre cargos no formulados contra el acto administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2025, exp. 71644, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, párrs. 64-65. Sobre la procedencia de fallo inhibitorio por falta del requi

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

tos alegados por los eventos imprevisibles señalados en la demanda y que el Contratista renunció voluntariamente a reclamar una parte de ellos. En la demanda se reclamó el pago de doce partidas diferentes. (...) El Contratista no tiene, entonces, derecho a las sumas reclamadas por mayores gastos administrativos ni por las horas de uso del minicargador con rodillo y retroexcavadora, el generador de 18 kV y la mezcladora. Esta declaración es válida porque solo mira al interés individual del renunciante (Código Civil, art. 15), no hay prueba de que la entidad hubiera condicionado la firma de la suspensión a dicha renuncia (Ley 80 de 1993, art. 5.3), y pretender el cobro de esos mismos conceptos contraviene los actos propios del Contratista. Además, frente a ninguna de estas partidas se acreditó que los costos se hubieran efectivamente causado, porque no hay prueba de que se hubiera incurrido en gastos administrativos adicionales a los inicialmente previstos, ni de que los equipos hubieran sido utilizados en horas que excedieran su destinación como consecuencia de la reanudación de las actividades (...) Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros pueden ser apreciados por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (CGP, art. 262). Sin embargo, esto no significa que su contenido y valor probatorio deban ser aceptados sin examen crítico; el juez debe valorarlos en conjunto con los demás medios de prueba que obren en el expediente. 131. Las certificaciones aportadas por el demandante no acreditan los sobrecostos reclamados. Sus suscriptores —un arquitecto y dos mecánicos de diésel—, que no fueron llamados como testigos, hicieron estas declaraciones por fuera del proceso, pero en el expediente no reposan elementos que permitan inferir cuál era su vinculación con la ejecución del contrato ni la fuente de su conocimiento sobre los hechos que certifican. Ninguna de las tres certificaciones está respaldada por documentos que acrediten que el Contratista ostentaba la tenencia de los equipos al momento del paso del huracán, ya fuera como activos propios o en arrendamiento. Tampoco se precisaron las circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar en que cada equipo resultó dañado ni se explicó el método de cálculo de los valores de reparación o reposición. En esas condiciones, las tres certificaciones acreditan que sus autores afirman que ocurrieron daños sobre bienes bajo la tenencia del Contratista, pero no constituyen prueba del sobrecosto concreto cuyo reconocimiento se pretende. (...) Finalmente, como parte de la suma reclamada para restablecer el equilibrio económico del contrato, el demandante pidió el pago de $231’274.976 por concepto del saldo pendiente equivalente al 19.02% de la ejecución del contrato, y $159’579.733 por lucro cesante calculado a una tasa del 3% mensual sobre ese capital. Estas partidas no corresponden a sobrecostos derivados de un riesgo imprevisto que hubiera alterado el equilibrio económico del contrato. Se trata de sumas que solo serían exigibles como contraprestación por el cumplimiento de las obligaciones del Contratista si se hubiera acreditado que las intervenciones constructivas se completaron y se adecuaban a las especificaciones pactadas. Sin embargo, como se analizó anteriormente, ese hecho no fue probado. En consecuencia, el Contratista no tiene derecho a exigir el saldo del valor del contrato porque no se acreditó que, habiendo completado los diferentes ítems de obra, la entidad hubiera incurrido en mora de pagar la obligación dineraria correlativa. (...) Por las anteriores razones, la Sala también confirmará la decisión de negar la pretensión sobre el restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el equilibrio económico del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de mayo de 2025, exp. 69317, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 23 de octubre de 2017, exp. 53875, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONTRATISTA / ENTIDAD ASEGURADORA / COMPAÑÍA DE SEGUROS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede condena en costas de segunda instancia contra contratista y aseguradora que interpusieron recurso de apelación con resultado adverso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Costas (...) De conformidad con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia debe pronunciarse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se rigen por las normas del CGP. Las costas comprenden la totalidad de las expensas y gastos causados durante el trámite del proceso, así como las agencias en derecho, conforme al artículo 361 del CGP. Su imposición no exige la verificación de una conducta temeraria, pues, en el régimen vigente, responde a un criterio objetivo. (...) Conforme al numeral 1.º del artículo 365 del CGP, las costas se imponen a “la parte vencida en el proceso” o a “quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. En consecuencia, procede condenar en costas de segunda instancia tanto al Contratista como a Seguros del Estado S.A. Esta última, aunque no es parte en sentido estricto, presentó un recurso de apelación que fue resuelto desfavorablemente. (...) El Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, fija las tarifas de las agencias en derecho y dispone que, en segunda instancia, estas se establezcan entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La determinación de su monto debe atender a la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión desplegada por el apoderado, así como a la cuantía de la pretensión y a las demás circunstancias relevantes, con el fin de que resulten equitativas y razonables. (...) El Municipio actuó en el proceso mediante apoderado judicial y asumió la vigilancia del trámite en esta instancia. Igualmente, presentó pronunciamiento frente a los recursos de apelación dentro del término legal. Con fundamento en estos criterios, la Sala fijará las agencias en derecho a favor de la entidad estatal en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, que deberá ser pagado por partes iguales entre el Contratista y Seguros del Estado S.A.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-05-28. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 88001233300020230001102. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:88001233300020230001102-74260-sentencia).
