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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la no presentación de la demanda de repetición

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Fecha
2022-01-26
Radicado
85001233100020120014001
Número interno
58026
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
NACION- RAMA JUDICIAL
Demandado
EDGAR SANABRIA GUERRERO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la no presentación de la demanda de repetición

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

En el recurso de apelación se expresa que debido a que la parte demandante ejerció la acción seis meses después del pago, perdió legitimación para hacerlo según lo ordena el artículo 8 de la Ley 678 de 2001… Una lectura adecuada de esa norma permite inferir que la no presentación de la demanda de repetición dentro de los seis meses siguientes al pago total de la condena no implica que la entidad pública pierda legitimación para demandar en acción de repetición, sino, que habilita para que otras autoridades públicas lo hagan, entre ellas el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y del Derecho, de suerte que no hay lugar a dicho cargo de la apelación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no pierde legitimación para demandar en acción de repetición por no presentar la demanda dentro de los seis meses siguientes al pago total de la condena, sino que esta omisión habilita a otras autoridades públicas, como el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, para ejercer dicha acción. Esta interpretación se basa en la lectura adecuada del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, que establece los plazos y requisitos para la acción de repetición, sin implicar la pérdida de legitimación del contratista. La regla reitera la jurisprudencia existente y permite que otras entidades interpongan la acción de repetición en caso de incumplimiento por parte del contratista original, manteniendo así la efectividad de la acción en beneficio del Estado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La no presentación de la demanda de repetición dentro de los seis meses siguientes al pago total de la condena no implica que la entidad pública pierda legitimación para demandar en acción de repetición, sino, que habilita para que otras autoridades públicas lo hagan?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 8

También resuelve

  • ¿Para que proceda la acción de repetición, deben cumplirse o configurarse ciertos presupuestos, el primero de ellos, es que exista una condena al Estado por motivo de reparación de un daño…
  • ¿Para dar aplicación a la presunción del numeral 1 de la Ley 678 de 2001, la cual hace referencia a la violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho…
  • ¿La versión libre no se trata de un medio de prueba de obligatoria declaración y como derecho que es del investigado, este puede optar por guardar silencio y es de estricto cumplimiento solamente…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Acción de repetición contra el agente

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Titulación de la relatoría 14.390 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO DE APELACIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / ENTIDAD PÚBLICA / MINISTERIO PÚBLICO / MINISTERIO DE JUSTICIA Problema jurídico: ¿La no presentación de la demanda de repetición dentro de los seis meses siguientes al pago total de la condena no implica que la entidad pública pierda legitimación para demandar en acción de repetición, sino, que habilita para que otras autoridades públicas lo hagan? Respuesta al problema jurídico: Si En el recurso de apelación se expresa que debido a que la parte demandante ejerció la acción seis meses después del pago, perdió legitimación para hacerlo según lo ordena el artículo 8 de la Ley 678 de 2001 (…) Una lectura adecuada de esa norma permite inferir que la no presentación de la demanda de repetición dentro de los seis meses siguientes al pago total de la condena no implica que la entidad pública pierda legitimación para demandar en acción de repetición, sino, que habilita para que otras autoridades públicas lo hagan, entre ellas el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y del Derecho, de suerte que no hay lugar a dicho cargo de la apelación. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8 ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA / DOLO / CULPA GRAVE / AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Para que proceda la acción de repetición, deben cumplirse o configurarse ciertos presupuestos, el primero de ellos, es que exista una condena al Estado por motivo de reparación de un daño antijurídico causado a un particular, segundo, que se tenga por hecho que ya se efectuó un pago efectivo a la víctima del daño y tercero, la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular, (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984, LEY 678 DE 2001 ACCIÓN DE REPETICIÓN / ENTIDAD PÚBLICA / FUNCIONARIO PÚBLICO / CULPA GRAVE / PROCESO DISCIPLINARIO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / SERVIDOR PÚBLICO / AGENTE DEL ESTADO / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / VERSIÓN LIBRE / DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / DEFICIENCIA PROBATORIA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / PLIEGO DE CARGOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO / RECURSO DE REPOSICIÓN / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿Para dar aplicación a la presunción del numeral 1 de la Ley 678 de 2001, la cual hace referencia a la violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, es necesario demostrar el supuesto de hecho que esta contiene, consistente en el carácter inexcusable del comportamiento del demandado en la acción de repetición, en la medida de que no cualquier error podría comprometer la responsabilidad del agente estatal sino solo aquel cometido mediante total o crasa negligencia, es decir, la fuerza de la presunción, depende del convencimiento que se infunda en el juez del hecho conocido, solo de esa manera puede inferirse que el funcionario obró de manera gravemente culposa? Respuesta al problema jurídico: Si En la demanda se aludió a la presunción contempla el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 relativa la vulneración manifiesta e inexcusable de las normas de derecho y, como argumentó la entidad pública precisó que el funcionario obró con culpa grave por cuanto en el proceso disciplinario llevado a cabo en contra del secretario (…) desconoció los artículo 90 y 92 de la Ley 732 de 2002 que refieren a los derechos de los investigados, cuyo propósito es garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del servidor objeto de investigación, garantía que en este caso fue desconocida. (…) [E]n principio, podría ser aplicable dicha presunción que alivianaría la carga probatoria necesaria para determinar la responsabilidad patrimonial del agente estatal de no ser porque, contrario a lo expresado por la primera instancia, esta Sala no encuentra debidamente probado el supuesto de hecho consistente en (…) [la vulneración manifiesta e inexcusable de las normas de derecho] (…) [E]s del caso resaltar que, aparte de las pruebas referentes a la existencia de una conciliación y el pago de la obligación económica en ella contenida, el único documento que se aportó con la demanda con el propósito de demostrar que (…) desconoció de manera inexcusable normas de derecho fue la decisión del (…) de la Procuraduría General de la Nación (…) que declaró de oficio la nulidad de la actuación disciplinaria adelantada contra el secretario del Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz (…) el señor (…) por el hecho de encontrar que el proceso llevado a cabo por el titular de dicho despacho judicial había violado los derechos de defensa y debido proceso del investigado.(…) Para la Sala la decisión (…) referida no arroja el convencimiento suficiente para dar por probado el supuesto de hecho alegado en la demandada consistente en el desconocimiento inexcusable y manifiesto de las normas de derecho que permitan aplicar la presunción de culpa grave. Si bien la Procuraduría General de la Nación (…) señaló en esa decisión que el juez omitió los requisitos para dar apertura a la investigación, no citó al investigado a versión libre y propuso cargos diferentes a la queja presentada por los usuarios, no hay forma de corroborar si en realidad esas falencias se presentaron en el caso particular y si son constitutivas de una (…) [violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho] en los términos del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La Sala destaca que la presunción reseñada en la demanda contiene un elemento determinante para que pueda ser aplicada, el cual no es otro que el carácter (…) [inexcusable] de la conducta del funcionario contra quien se repite.(…) Queda claro entonces que para dar aplicación a la presunción a la que refiere el numeral 1 de la Ley 678 de 2001 es necesario demostrar el supuesto de hecho que esta contiene, consistente en el carácter inexcusable del comportamiento del demandado en la acción de repetición en la medida de que no cualquier error podría comprometer la responsabilidad del agente estatal sino solo aquel cometido mediante (…) [total o crasa negligencia]. En el caso analizado el referido expediente administrativo disciplinario no se aportó al proceso de repetición ni fue solicitado su traslado como prueba, elemento que era importante dado que la Procuraduría General de la Nación al decretar la nulidad de la actuación disciplinaria no mencionó o ni realizó juicio alguno sobre el comportamiento del funcionario judicial y la sola alusión al desconocimiento normativo procesal no es suficiente para predicar la existencia de un comportamiento inexcusable. Además, si lo que pretende la parte actora es enrostrarle a la persona demandada el desconocimiento del debido proceso, la presunción adecuada para ello es la del numeral 3 de la Ley 678 de 2001 que sí refiere puntualmente a la (…) [omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable] pero esta no fue alegada en el presente caso. Adicionalmente, existen deficiencias probatorias tales como que no se aportó a este proceso la providencia que dio apertura a la investigación en contra de Alirio Carreño para efectos de corroborar lo dicho por esa procuraduría en cuanto que se desconocieron los requisitos del artículo 154 del Código Disciplinario Único, consistentes en que tal decisión debe contener la identidad del posible autor o autores, la relación de pruebas cuya práctica se ordena, de incorporar los antecedentes disciplinarios del investigado y de ordenar informar y comunicar esa decisión. La procuraduría en la decisión (…) no explica con detalle por qué se desconocieron esos elementos, cuando de los antecedentes se deriva que la queja disciplinaria se dirigió contra una persona específica, el posible autor de los hechos que era el secretario del juzgado sobre cuya identidad no había duda pues laboraba en el mismo despacho del aquí demandado, no se conoce si pese a que aparentemente no se ordenó la práctica de pruebas estas no fueron decretadas con posterioridad o, si esa decisión en la práctica fue comunicada al investigado.(…) [A]cerca de haber incluido en el pliego de cargos hechos adicionales a los denunciados en un inicio, la procuraduría no especifica de manera adecuada la razón por la cual ello vulneró el derecho de defensa, no explica, por ejemplo, si el pliego no observó los requisitos contemplados en los artículos 162 y 163 de la Ley 734 de 2002, más aún cuando el inciso final del artículo 165 de ese compendio normativo indica que este puede ser variado (…) pliego de cargos que en este caso, se afirma en los hechos fue contestado por el secretario investigado. [E]l presente proceso tampoco se aportó la decisión del (…) emitida por el entonces juez (…) en el que declaró la suspensión provisional en el cargo (…) para efectos de verificar qué razones se tuvieron en cuenta para tal determinación, pese a que aparte de la nulidad del proceso disciplinario, dicha desvinculación temporal fue la que dio lugar a que la Rama Judicial acordara con el afectado el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. A lo anterior se agrega que contra la decisión de la Procuraduría General de la Nación (…) procedía el recurso de reposición conforme se anunció en ese mismo acto y no se conoce si esta fue recurrida o adquirió firmeza. De igual manera, debe advertirse que esa decisión no decretó la finalización de la investigación administrativa ni el archivo del proceso, solo la nulidad de una actuación que debía traer como consecuencia el reinicio de los trámites anulados, situación que contrasta con lo contemplado en el artículo 157 del Código Disciplinario Único (…) hechos que por ausencia de prueba se desconocen en la presente acción. (…) [E]n el presente caso el hecho que debe conocerse con certeza es el aludido en los cargos de la demanda relativo a (…) [la vulneración manifiesta e inexcusable de las normas de derecho] de que trata el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, para entonces suponer el hecho desconocido que no es otro diferente al obrar con culpa grave del agente estatal. Eso da a entender a la Sala que la fuerza de la presunción que esas normas tratan depende del convencimiento que se infunda en el juez del hecho conocido pues, solo de esa manera puede inferirse la conclusión o consecuencia a la que pretende arrivar la entidad demandante de que el funcionario obró de manera gravemente culposa, pero, como en este caso específico el mencionado supuesto de hecho no lleva la certeza necesaria para predicar que el señor (…) actuó con (…) [la vulneración manifiesta e inexcusable de las normas de derecho], la subsecuente presunción de culpa grave no puede ser aplicada, sin que exista en el proceso más medios de prueba aparte de la referida decisión de la Procuraduría General de la Nación (…) en la que tampoco se realiza un juicio acerca de la conducta del demandado que indique que este obró de manera sumamente negligente y descuidada, de manera que debe revocarse la sentencia apelada para en su lugar negar las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas y sentencia C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, LEY 732 DE 2002 - ARTÍCULO 90 Y 92, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 154, 162,163 Y 157 VERSIÓN LIBRE / DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE / VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / MEDIOS DE PRUEBA / PROCESO DISCIPLINARIO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La versión libre no se trata de un medio de prueba de obligatoria declaración y como derecho que es del investigado, este puede optar por guardar silencio y es de estricto cumplimiento solamente cuando en el proceso el disciplinado así lo solicita? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto] Sobre la omisión de llamar a declarar en versión libre al secretario tampoco está claro de qué forma esa omisión afectó el debido proceso pues, pese a que el numeral 3 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002 refiere a que es un derecho del investigado, esta puede darse (…) [en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del fallo de primera instancia] sin que aquí se advierta que el juez contra quien se repite hubiera fallado sobre el fondo del asunto. (…) [S]obre la versión libre la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha afirmado que no se trata de un medio de prueba de obligatoria declaración por (sic) quien dirige la investigación pues (sic), como derecho que es del investigado, este bien puede optar por guardar silencio y es de estricto cumplimiento solamente cuando en el proceso el disciplinado así lo solicita. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de septiembre de 2016, exp. 73001-23-33-000-2013-00436-01 (1777-14), C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez. FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 92 NUMERAL 3
Texto extraído del PDF oficial 56.780 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022). Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 85001-23-31-000-2012-00140-01 (58.026) Demandante: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Demandado: ÉDGAR SANABRIA GUERRERO Medio de control: REPETICIÓN Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – INEXISTENCIA DE CULPA GRAVE DE FUNCIONARIO JUDICIAL Síntesis del caso: se dirige la demanda contra Édgar Sanabria Guerrero quien, en su condición de Juez Promiscuo del Circuito Paz de Ariporo , declaró la suspensión provisional del entonces secretario de ese despacho judicial dentro de una investigación disciplinaria, actuación que fue anulada y que provocó que posteriormente la Nación – Rama Judicial mediante acuerdo conciliatorio se obligara a l pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir por el funcionario afectado. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor Edgar Sanabria Guerrero contra la sentencia del 19 de mayo de 2016 del Tribunal Administrativo de Casanare (fls. 363 a 368 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso: “PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de caducidad y prescripción de la acción propuestas por el curador ad -litem del señor Édgar Sanabria Guerrero, por las razones expuestas en las consideraciones. SEGUNDO: DECLARAR responsable administrativamente a ÉDGAR SANABRIA GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 19.180.144 de Bogotá, por el pago que tuvo que realizar la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en cumplimiento de la conciliación aprobada por esta Corporación mediante providencia de 24 de noviembre de 2005, expediente 85001233100320050061600. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENA al señor ÉDGAR SANABRIA GUERRERO a pagar a favor de la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($6.732.599), debidamente indexados como se indica en la motivación, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. Expediente 85001-23-31-0003-2012-00140-01(58.026) Actor: Nación – Rama Judicial Repetición Apelación sentencia 2 Ejecutoriado este fallo, el demandado deberá cancelar intereses moratorios sobre el capital actualizado en la forma indicada en el art. 177 del C.C.A. y con base en los porcentajes certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia. CUARTO: NO CONDENAR en costas en la instancia. QUINTO: ORDENAR la devolución de los valores del excedente de lo consignado para gastos proc esales, si los hubiere, dejando las constancias pertinentes…”. (fl. 356. cdno. apelación– mayúsculas y negrillas del original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito presentado el 23 de junio de 2008 (fl. 18 cdno. ppal. no. 1) la Nación - Rama Judicial presentó acción de repetición (fls. 54 a 63 cdno. ppal. no. 1) en contra de Édgar Sanabria Guerrero con las siguientes súplicas: “Primera: Declarar al Doctor ÉDGAR SANABRIA GUERRERO identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.180.144 de Bogotá D.C. quien para la época de los hechos demandados, se desempeñaba en el cargo de Juez Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo Casanare, responsable de los perjuicios ocasionados a la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a raíz del pago que tuvo que efectuar, pues con su conducta gravemente culposa desconoció las normas que rigen el debido proceso. Segunda: Que como consecuencia de la anterior decl aración, se condene al Doctor EDGAR SANABRIA GUERRERO a cancelar la suma de $ 6.732.599 a favor de la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, suma esta que se canceló el día 10 de Junio de 2006. Tercera: Ordenar la actualización del valo r de la condena en los términos indicados por el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Cuarta: Ordenar el cumplimiento de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a la remisión del artículo 179 del Código Contencioso Administrativo. Quinta: Que se condene en costas al demandado”. (fls. 10 y 12 cdno. ppal. no. 1). 2. Hechos 1) El 19 de abril de 2004 el señor Édgar Sanabria Guerrero en la condición de Juez Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo (Casanare) inició una investigación disciplinaria en contra de Luis Alirio Carreño Sánchez quien se desempeñaba como secretario en ese despacho judicial, luego de evacuar algunas pruebas, mediante providencia del 25 de Expediente 85001-23-31-0003-2012-00140-01(58.026) Actor: Nación – Rama Judicial Repetición Apelación sentencia 3 octubre de 2004 tomó la decisión de suspender provisionalmente a ese empelado y profirió en su contra pliego de cargos que el investigado contestó. 2) El 2 de noviembre de 2004 el señor Luis Alirio Carreño Sánchez solicitó ante la Procuraduría General de la Nación - Regional de Casanare que hiciera uso de su poder disciplinario preferente y asumiera la competencia de aquella investigación. 3) El 24 de enero de 2005 la mencionada procuraduría asumió el conocimiento del caso y declaró la nulidad de toda la actuación surtida hasta esa fecha por considerar que se contrariaron los artículos 90, 92, 143 y 154 del Código Disciplinario Único, se vulneraron el debido proceso y el derecho de contradicción del investigado. 4) Debido a ello el señor Luis Alirio Carreño Sánchez solicitó ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Tunja el pago de los salarios y prestaciones dejad os de percibir mientras permaneció suspendido del cargo de secretario, lo que dio lugar a que el 1º de septiembre de 2005 el servidor afectado y la Nación - Rama Judicial llegaran a un acuerdo conciliatorio ante el Procurador 53 Judicial Administrativo de Casanare por la suma de $6.732.599 que, fue posteriormente pagada por la entidad ahora demandante. 3. Fundamentos de la demanda En la demanda se invocó como sustento jurídico l o dispuesto en los artículos 90 de la Constitución Política, 71, 72 y 73 de la Ley 270 de 1996, 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo y 48 numeral 36 de la Ley 734 de 2002. Expresó que el comportamiento del demandado encuadra ba en la presunción del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 relativa a la vulneración manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, por cuanto en el proceso disciplinario llevado a cabo en contra del secretario Luis Alirio Carreño desconoció los artículo 90 y 92 de la Ley 734 de 2002 referentes a los derechos de los investigados, cuyo propósito es garantizar el debido proceso y el derecho de defensa que en este caso fueron desconocidas. Manifestó que ese desconocimiento normativo se evidenciaba a partir de la decisión de la Procuraduría General de la Nación – Regional Casanare del 24 de enero de 2005 que anuló todo el trámite adelantado hasta ese momento , incluida la orden de sus pensión Expediente 85001-23-31-0003-2012-00140-01(58.026) Actor: Nación – Rama Judicial Repetición Apelación sentencia 4 provisional que dio lugar a que la entidad se obligara a reintegrar lo dejado de percibir por dicho funcionario. 4. Contestación de la demandada El 2 de mayo de 2004 el curador ad litem 1 de Édgar Sanabria Guerrero contestó la demanda (fls. 307 a 311 cdno. ppal. 2) con oposición a todas las pretensiones por cuanto: 1) No se advierte de las pruebas aportadas que exista “ imputación alguna” contra el demandando de la cual se derive que haya sido declarado responsable a título de dolo o culpa grave. 2) Se configura la caducidad de la acción debido a que el pago de la condena se hizo efectivo el 10 de julio de 2006 y, pese a que la demanda fue presentada el 23 de junio de 2008 y admitida en auto del 19 de febrero de 2009, solo se logró la notif icación del demandado el 21 de abril de 2014, es decir, 5 años después. 3) Hay lugar a la “prescripción de la acción” en el entendido “que el término genérico en materia contenciosa administrativa es de cinco (5) años y ante la conducta omisiva del actor opera este fenómeno” y, si bien es cierto que l a presentación de la demanda interrumpe el término de prescripción , esto solo ocurre cuando la notificación de la admisión de la demanda se surte dentro del año siguiente a su emisión según el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. 5. La sentencia de primera instancia El 19 de mayo de 2016 el Tribunal Administrativo de Casanare negó la excepción de caducidad, declaró patrimonialmente responsable a Édgar Sanabria Guerrero y lo condenó a pagar la suma de $6.732.599 (fls. 345 a 356 cdno. apelación) con sustento en lo siguiente: 1) No hay caducidad por cuanto el pago se realizó el 10 de julio de 2006 y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes el 23 de junio de 2008. 1 Conforme a las constancias de las publicaciones del edicto emplazatorio correspondiente (fls. 272 y 281, cdno. ppal 2 ), el a quo mediante auto de 3 de abril de 2014 designó curador ad litem, quien una vez posesionado contestó la demanda y fue posesionado el 21 de abril de 2014 (fl. 303 cdno. ppal. 2). Expediente 85001-23-31-0003-2012-00140-01(58.026) Actor: Nación – Rama Judicial Repetición Apelación sentencia 5 2) No está probada la excepción de “prescripción de la acción” porque la tardanza en la notificación de la admisión de la demanda obedeció a factores tales como el debate que se dio en el proceso sobre la competencia por el factor territorial, a las medi

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012331000201200140011100103