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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe advertirse que el denominado impuesto de guerra no se creó con la Ley 1106 de 2006

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Fecha
2022-03-30
Radicado
76001233100020120021701
Número interno
54463
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
UNION TEMPORAL PUERTO MALLARINO
Demandado
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALIEMCALI

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe advertirse que el denominado impuesto de guerra no se creó con la Ley 1106 de 2006

Lo que dijo la Sala

El objeto de la controversia planteada consiste en la petición de declaratoria de existencia del contrato de obra no. 300-GAA-COC-535-2005 celebrado entre la Unión Temporal Puerto Mallarino y Emcali EICE ESP y, en consecuencia, se declare que existió mayor permanencia en la obra por causas no imputables al contratista, se ejecutaron mayores cantidades de obra, obras adicionales y se descontaron unas tasas y contribuciones que no estuvieron contemplados en los pliegos de condiciones, aspectos todos estos que deben ser reconocidos en la correspondiente acta de liquidación del contrato.… En el presente caso ambas partes interpusieron recursos de apelación, la parte actora en el sentido de insistir en el reconocimiento de los impuestos de guerra y estampillas prodeporte como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede demostrar la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra, ya que la entidad estatal estableció en el contrato que el contratista estaba a cargo de todos los impuestos, tasas o contribuciones que se deban pagar con ocasión del contrato. Además, el impuesto de guerra fue creado antes de la firma del contrato y no se demostró el impacto negativo del aumento del porcentaje de descuento por la contribución de prodeporte en la ecuación financiera del contrato. La Sala determina que para que proceda el reconocimiento del desequilibrio económico, es necesario que la parte actora acredite claramente las circunstancias anteriores a la suscripción del contrato, incluyendo el pliego de condiciones y la oferta económica presentada, para establecer con precisión los impuestos, tasas y contribuciones que se pusieron en conocimiento de los oferentes. Esta sentencia reitera la importancia de la cláusula contractual que establece la obligación del contratista de asumir ciertos impuestos y tasas, y subraya la necesidad de acreditar con claridad y precisión los hechos que dan lugar a la reclamación de un desequilibrio económico en el contrato.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se probó la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos?
  • ¿Cuál es la consecuencia jurídica de las salvedades que se dejan en acto de liquidación del contrato o en los actos modificatorios en la ejecución del contrato estatal?
  • ¿Puede la unión temporal contratista alegar su inconformidad en sede sobre un asunto en el que expresamente renunció a reclamar a lo largo de toda la ejecución del contrato?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Titulación de la relatoría 11.528 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ESTAMPILLA / PAGO DE ESTAMPILLA / IMPUESTO DE GUERRA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Se probó la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra? Respuesta al problema jurídico: Si El objeto de la controversia planteada consiste en la petición de declaratoria de existencia del contrato de obra no. 300-GAA-COC-535-2005 celebrado entre la Unión Temporal Puerto Mallarino y Emcali EICE ESP y, en consecuencia, se declare que existió mayor permanencia en la obra por causas no imputables al contratista, se ejecutaron mayores cantidades de obra, obras adicionales y se descontaron unas tasas y contribuciones que no estuvieron contemplados en los pliegos de condiciones, aspectos todos estos que deben ser reconocidos en la correspondiente acta de liquidación del contrato. (...) En el presente caso ambas partes interpusieron recursos de apelación, la parte actora en el sentido de insistir en el reconocimiento de los impuestos de guerra y estampillas prodeporte como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato; la pérdida generada por motivo de los gastos imprevistos generados como consecuencia de la suscripción del adicional no. 1, las mayores cantidades de obra asumidas por el contratista, y la mayor permanencia en la obra; la parte demandada solicitó el reconocimiento de la ineptitud de la demanda vía excepción innominada formulada en la contestación de la demanda, por cuenta de las reclamaciones por mayores cantidades de obra que corresponde a una “actio in rem verso” y no a pretensiones naturales de la acción de controversias contractuales, así como también por el hecho de no acreditar el agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción. (...) Contrario a lo aducido por la parte actora tanto en la demanda como en el recurso de apelación, sí existe prueba idónea y fehaciente de que a cargo del contratista estaba el pago de “todos los impuestos, tasas o contribuciones que se deban pagar con ocasión del presente contrato” (fl. 29 cdno. no. 1 – literal f) de la cláusula sexta alusiva a los gastos y obligaciones a cargo del contratista). Adicionalmente, debe advertirse que el denominado impuesto de guerra no se creó con la Ley 1106 de 2006, sino que con esta se amplió por 4 años más la contribución que había sido creada con la Ley 418 de 1997 y se modificó el hecho generador en el sentido de indicar a partir de esta fecha que la obligación se hacía exigible sobre la celebración o adición en el valor de contratos de obra pública. En relación con el aparente aumento del porcentaje de descuento por la contribución de prodeporte, el actor no acreditó cuál era el porcentaje previsto en la fase precontractual, cuál fue el descontado durante la ejecución del contrato y mucho menos el impacto negativo que supuestamente generó en la ecuación financiera del contrato y en la gravedad que implique el reconocimiento de tal desequilibrio. De otra parte, la parte actora no allegó al proceso prueba alguna que permita establecer con claridad las circunstancias anteriores a la suscripción del contrato, ya que no se aportó el pliego de condiciones así como tampoco la oferta económica presentada por la unión temporal demandante, de manera tal que se pudiera tener claridad y precisión respecto de los impuestos, tasas y contribuciones que se pusieron en conocimiento de los oferentes como elementos esenciales de información para elaborar y presentar sus ofertas. En tales circunstancias, para la Sala es claro que no procede el reconocimiento del desequilibrio económico solicitado por la parte actora, pues conforme lo dispuesto en el artículo 868 del Código de Comercio, los supuestos de hecho sobre los cuales se fundamenta la petición precisamente son la ejecución de actividades ya ocurridas, sin que en modo alguno se refieran a obligaciones de futuro cumplimiento. En ese sentido, en las condiciones en las que lo enmarca la parte actora es imposible arribar a un pronunciamiento al respecto, motivo por el cual este preciso punto de la controversia y objeto de apelación debe resolverse desfavorablemente. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EQUILIBRIO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos? Respuesta al problema jurídico: Si [P]one de presente la Sala que como la entidad contratante es una empresa de servicios públicos de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 los contratos que esta celebre no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aspecto que fue consignado expresamente en la cláusula décima séptima del contrato en el sentido de indicar que dicho negocio jurídico se regía “por las disposiciones comerciales, civiles y laborales que correspondan, por las leyes 142 y 143 de 1994” (fl. 33 cdno. no. 1). En esa perspectiva, la norma aplicable para el caso de un eventual desequilibrio económico del contrato es la prevista en el Código de Comercio. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 142 DE 1994, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 143 DE 1994 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / BUENA FE CONTRACTUAL / BUENA FE / PRINCIPIO DE LEALTAD CONTRACTUAL / ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuál es la consecuencia jurídica de las salvedades que se dejan en acto de liquidación del contrato o en los actos modificatorios en la ejecución del contrato estatal? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n relación con las mayores cantidades de obra y mayor permanencia de obra la Sala pone de presente lo siguiente: Esta Corporación en sentencia de 31 de agosto de 2011 en cuanto al deber de buena fe y correcto comportamiento de las partes en la ejecución de los contratos hizo la siguiente precisión: “No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y reciproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato2 ” (negrillas adicionales). En esa misma dirección la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación en una sentencia más reciente reiteró la prevalencia del deber de lealtad de las partes frente a las reclamaciones que surjan por motivo de la ejecución de los negocios. En síntesis, la tesis reiterada señala3 : “(…) el principio de la buena fe en cuanto tal es una fuente de derecho que cumple la función de integrar o suplir lagunas de todo el ordenamiento jurídico, y el ámbito la contratación pública no es la excepción. Así las cosas, el silencio que guardó la contratista demandante al momento de suscribir los adicionales, respecto de las reclamaciones que había hecho; en contraste con las reclamaciones inmersas en las pretensiones de la demanda, constituye una vulneración al principio de la buena fe objetiva que rige los contratos. (...) Como Corolario la Sala determina que las pretensiones de la demanda están llamadas al fracaso, por cuanto si se le causó un daño al contratista este fue producto de su propia conducta, porque al suscribir varios negocios jurídicos (contratos adicionales), sin salvedades en el momento de firmarlos; aceptó que estos reunían las condiciones necesarias para satisfacer sus pretensiones económicas al no dejar reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico, ya que de no haber sido así, simplemente no los habrían suscrito. Por lo tanto, no puede venir ahora en esta instancia a alegar un restablecimiento de la ecuación contractual y del equilibrio económico por ser extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual” 4 (resalta la Sala). En esa perspectiva, es claro que el comportamiento de las partes durante la ejecución de sus negocios es determinante para la prosperidad de sus pedimentos en el escenario judicial. SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE / BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Problema jurídico: ¿Puede la unión temporal contratista alegar su inconformidad en sede sobre un asunto en el que expresamente renunció a reclamar a lo largo de toda la ejecución del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente asunto, está acreditado que en las cuatro actas de suspensión con sus correspondientes cuatro actas de reinicio las partes pactaron, expresa e inequívocamente, que tales modificaciones en el plazo de ejecución no generaban “reconocimiento de sobrecostos ni pagos adicionales por efectos de mayor permanencia en obra, ni por aumento de valores (…) y en general por cualquier efecto derivado de la misma” (fl. 409 cdno. no. 1). Con fundamento en lo expuesto, en consideración de la autonomía de la voluntad como fuente de las obligaciones prevista en el artículo 1494 del Código Civil es claro para la Sala que no le es dable ahora a la unión temporal contratista alegar su inconformidad sobre un asunto en el que expresamente renunció a reclamar a lo largo de toda la ejecución del contrato, motivo por el que estos puntos de inconformidad tampoco pueden prosperar. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas procesales? Respuesta al problema jurídico: Si Por último, no habrá de condenarse en costas a la actora porque no está probada en la actuación una conducta temeraria, situación cualificada exigida por la regulación procesal contenida al respecto en el artículo 55 de la ley 446 de 1998 para tal decisión.
Texto extraído del PDF oficial 51.717 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022). Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 76001-23-31-000-2012-00217-01 (54.463) Demandante: UNIÓN TEMPORAL PUERTO MALLARINO Demandado: EMCALI EICE ESP Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – DESEQUILIBRIO ECONÓMICO Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA Síntesis del caso: la demanda se circunscribe a la declaratoria de mayor permanencia en la obra por causas no imputables al contratista, mayor cantidad de obra, obras adicionales ejecutadas y cobro de unas tasas y contribuciones que no estuvieron contemplados en los pliegos de condiciones durante la ejecución del contrato de obra no. 300 -GAA-COC-535- 2005 celebrado entre la Unión Temporal Puerto Mallarino y EMCALI EICE ESP. Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por las partes contra la sentencia de 27 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró probada la excepción denominada “manifestación expresa de la voluntad de la actora - renuncia expresa a reclamación - pérdida de competencia judicial ”, declaró responsable a EMCALI EICE ESP por el incumplimiento del contrato y la condenó al pago de las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción, junto con los intereses y negó las demás pretensiones de la demanda (fls. 525 a 552 cdno. ppal.), en los siguientes términos: “PRIMERO. DECLÁRASE probada la excepción denominada por la demandada MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA VOLUNTAD DE LA ACTORA – RENUNCIA EXPRESA A RECLAMACIÓN – PÉRDIDA DE COMPETENCIA JUDICIAL, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. DECLÁRASE responsable a EMCALI EICE ESP por el incumplimiento del contrato de obra no. 300 -GAA-COC-535-2005 por el no pago de la mayor cantidad de obra ejecutada y recibida a satisfacción. TERCERO. CONDÉNASE a EMCALI EICE ESP, como consecuencia de la anterior declaración, a pagar a la UNIÓN TEMPORAL PUERTO MALLARINO, la siguiente suma de dinero QUINIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINC O CENTAVOS M/ ($515.726.454,25), correspondiente al capital ($304.228.246,24) más sus correspondientes intereses ($211.501.208). 2 Expediente no. 76001-23-31-000-2012-00217-01 (54.463) Actor: Unión Temporal Puerto Mallarino Controversias contractuales Apelación de sentencia CUARTO. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. QUINTO. CÚMPLASE la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A. SEXTO. Sin condena en costas.” (fls. 552 ibidem – negrillas y mayúsculas fijas del texto original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito radicado el 4 de mayo de 2011 en la Oficina de Apoyo a los Juzgados Administrativos de Cali la Unión Temporal Puerto Mallarino actuando por intermedio de apoderad o judicial interpuso demanda en ejercicio de l medio de control de controversias contractuales (fls. 280 a 300 cdno. no. 1) con las siguientes pretensiones: “PRIMERO: Que se declare que entre mis poderdantes y las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP – existió el Contrato de Obra No. 300 -GAA-COC-535-2005, cuyo objeto es “Construcción, Suministro y Montaje de Tuberías y Equipos Electromecánicos, Pruebas y Puesta en Marcha del Segundo Desarenador de la Planta de Agua Potable de Puerto Mallarino en la Ciudad de Cali, de acuerdo con el anexo de Precios y Cantidades, así como con la información, las condiciones, especificaciones técn icas y criterios de contratación definidos en los Pliegos de Condiciones”, por valor de $7.035.612.061 y un plazo para la ejecución de 18 meses, de acuerdo con el acervo probatorio que se agrega en el presente escrito. SEGUNDO: Que se declare que existió una mayor permanencia en el sitio de la obra por causas no imputables al contratista por espacio de dieciocho (18) meses, tiempo durante el cual la Unión temporal debió esperar que las Empresas Municipales autorizaran la suspensi ón solicitada, debiendo en todo caso, tener dispuesto su personal operativo, personal administrativo, la oficina, campamento, maquinaria y demás recursos, esperando se viabilizara la autorización por parte de EMCALI para realizar la parada de la planta y realizar el empate final por parte del área operativa de EMCALI. TERCERO: Que se declare que el día 6 de Marzo (sic) de 2009 se suscribió entre las partes ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA, el representante legal de la Unión Temporal, generando inconformid ades, siendo algunas de ellas incorporadas en la NOTA SOBRE RECLAMACIONES respecto al reconocimiento económico por obra no recibida, por mayores cantidades de obra, por obras extras, por ítems aprobados adicionales que no fueron cancelados por tasas e impu estos adicionales cobrados por EMCALI EICE ESP no incluidos en el Pliego de Condiciones y por lo tanto no incluidos en el A.I.U. de la oferta, por tasas e impuestos adicionales surgidos en fecha posterior a la del cierre de la 3 Expediente no. 76001-23-31-000-2012-00217-01 (54.463) Actor: Unión Temporal Puerto Mallarino Controversias contractuales Apelación de sentencia Licitación, por mayor permanencia en obra, entre otros y en consecuencia se han generado para el Contratista sobrecostos del contrato que a la fecha no han sido resueltos por EMCALI EICE ESP, reservándose el derecho de presentar reclamaciones objeto de controversia. CUARTO: Que se declare que el 23 de Noviembre se celebró Audiencia de Conciliación ante la Procuraduría 18, en la cual se aporta el Acta No. 015-2010 del Comité de Conciliación y defensa judicial de EMCALI, del 18 de Noviembre de 2010, decidieron conciliar parcialmente l as pretensiones del convocante, reconociendo la suma de $503.210.565, los cuales se encuentran respaldados con el Certificado de Disponibilidad No. 2010 05671 del 22 de Noviembre de 2010 (Anexo No. 14). Condenas PRIMERO: Que en virtud de las declaraciones anteriores, se condene a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI – EMCALI EICE ESP, representada por la Doctora INGRID OSPINA REALPE (Encargada) o quien haga sus veces, a pagar al actor el valor de los perjuicios materiales ocasionados con el incumplimiento generado con ocasión del contrato de obra, de cuya existencia se impetra en declaración jurisdiccional. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados causados a mis poderdante (sic) por los valores dejados de cancelar con ocasión de la ejecución del contrat o de obra suscrito entre la Unión Temporal Puerto Mallarino y EMCALI EICE ESP, la mayor permanencia en el sitio de la obra, anteriormente nombrados y extendiendo la pretensión, al daño en perjuicios materiales. PERJUICIOS MATERIALES Estos deben fijarse, teniendo en cuenta el momento desde el acta de liquidación final de obra, momento en el cual las partes declaran los valores que se deben, debiendo quedar a Paz y Salvo, que para este caso en particular se han agotado todas las instanc ias, tales como la reclamación administrativa ante EMCALI, la solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 18 Judicial, logrando la conciliación parcial, quedando pendiente por cancelar las sumas de dinero que se indican en el Anexo No. 12, la cual se estima en la suma de Mil quinientos ochenta y tres millones novecientos dieciséis mil ciento sesenta y cinco pesos mcte ($1.583.916.165,00) TOTAL: $1.583.916.165 .” (fls. 292 a 294 cdno. no. 1 – negrillas, subrayado y mayúsculas sostenidas del original). 2. Hechos Como fundamento fáctico, la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: 1) Las Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESPE, luego de culminar el proceso de licitación pública no. GAA -COC-141-2004, adjudicó el proceso a la 4 Expediente no. 76001-23-31-000-2012-00217-01 (54.463) Actor: Unión Temporal Puerto Mallarino Controversias contractuales Apelación de sentencia Unión Temporal Puerto Mallarino para desarrollar el objeto consistente en la “Construcción, Suministro y Montaje de Tuberías y Equipos Electromecánicos, Pruebas y Puesta en Marcha del Segundo Desarenador de la Planta de Agua Potable de Puerto Mallarino en la Ciudad de Cali, de acuerdo con el Anexo de Precios y Cantidades, así como la información, las condiciones, especificaciones técnicas y criterios de contratación definidos en los Pliegos de Condiciones” (fl. 281 cdno. no. 1). 2) El 31 de enero de 2006 las partes suscribieron el acta de inicio del contrato, especificando como fecha de inicio el 1º de febrero siguiente. 3) Según lo pactado en la cláusula vigésima cuarta del contrato de obra no. 300 - GAA-COC-535-2005, para el inicio del contrato se requería no solo la suscripción del acta de inicio sino también la aprobación de las garantías, pago del impuesto de timbre y pago de las publicaciones del contrato. 3) Con posterioridad a la suscripción del contrato EMCALI informó al contratista que además se requer ía el pago del impuesto de estampilla procultura, prodeporte e impuesto de guerra, costos que no fueron previstos en el pliego de condiciones. 4) El 27 de julio de 2007 las partes suscribieron el contrato adicional no. 1 para lo cual el contratista debía cancelar por concepto de impuestos un total de l 12% del valor adicional, costos que fueron comunicados con posterioridad a la suscripción del contrato y generaron un desequilibrio económico en contra de la unión temporal contratista. 5) El 20 de diciembre de 2008 las partes suscribieron el acta de terminación de la obra, documento en el que se consignó que el contratista culminó con las obligaciones estipuladas en el contrato. 6) El 6 de marzo de 2009 se suscribió entre las partes el acta de liquidació

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000201200217011100103