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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista

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Fecha
2022-10-19
Radicado
68001233100020030164001
Número interno
48165
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSORCIO INGEPRIMA
Demandado
INVIAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista

Lo que dijo la Sala

Con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 se derogó el Decreto-Ley 222 de 1983 que otorgaba a las entidades estatales la competencia para declarar incumplimiento de manera unilateral.… El artículo 17 de la Ley 1150 de 16 de julio de 2007 habilitó de nuevo a las entidades públicas para imponer multas que hubieran sido pactadas expresamente.… En la línea de lo dispuesto por el legislador en la norma transcrita, se consagró la facultad de las entidades estatales para incluir y pactar en sus negocios jurídicos la cláusula correspondiente a la posibilidad de imponer multas; sin embargo, la facultad para imponerlas unilateralmente solo se hizo efectiva con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, lo cual ocurrió seis (6) meses después de su promulgación a través del Diario Oficial no. 46.691 de 16 de julio de 2007 de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del mismo cuerpo normativo.… En este caso concreto…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no debe pagar las multas impuestas por la entidad estatal antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, ya que en ese momento la entidad no tenía la competencia para declarar el incumplimiento del contrato y imponer multas unilateralmente. La facultad para imponer multas de manera unilateral solo se estableció con la Ley 1150 de 2007, que entró en vigor seis meses después de su promulgación. En este caso, las resoluciones que impusieron las multas fueron expedidas en 2002, antes de que la ley permitiera a las entidades estatales imponer multas unilateralmente. Aunque inicialmente la Sala había aceptado que la administración tenía competencia para imponer multas unilateralmente, esta posición fue revisada y se concluyó que la administración perdió esa competencia con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y solo la recuperó con la Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, la entidad estatal actuó sin competencia al declarar el incumplimiento del contrato y expedir las multas, lo que implica que dichos actos administrativos deben declararse nulos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista, por falta de competencia del INVIAS para tal efecto, dado que en vigencia de la Ley 80 de 1993, y con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales no tenían la facultad para declarar el incumplimiento del contrato e imponer multas de manera unilateral?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 64
  • Decreto Ley 222 de 1983
  • Ley 1150 de 2007, arts. 17 y 33

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal

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Se advierte la facultad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto
Titulación de la relatoría 4.124 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / MULTA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / COMPETENCIA PARA IMPONER MULTAS UNILATERALMENTE / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / FALTA DE COMPETENCIA / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos que impusieron multas al contratista, por falta de competencia del INVIAS para tal efecto, dado que en vigencia de la Ley 80 de 1993, y con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales no tenían la facultad para declarar el incumplimiento del contrato e imponer multas de manera unilateral? Respuesta al problema jurídico: Si Con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 se derogó el Decreto-Ley 222 de 1983 que otorgaba a las entidades estatales la competencia para declarar incumplimiento de manera unilateral. (...) El artículo 17 de la Ley 1150 de 16 de julio de 2007 habilitó de nuevo a las entidades públicas para imponer multas que hubieran sido pactadas expresamente. (...) En la línea de lo dispuesto por el legislador en la norma transcrita, se consagró la facultad de las entidades estatales para incluir y pactar en sus negocios jurídicos la cláusula correspondiente a la posibilidad de imponer multas; sin embargo, la facultad para imponerlas unilateralmente solo se hizo efectiva con la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, lo cual ocurrió seis (6) meses después de su promulgación a través del Diario Oficial no. 46.691 de 16 de julio de 2007 de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del mismo cuerpo normativo. (...) En este caso concreto, las resoluciones objeto del juicio de legalidad fueron expedidas en el año 2002, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007 que habilitó de nuevo la facultad para las entidades estatales para imponer multas. (...) Aunque en determinado momento la Sala aceptó la tesis del recurso en el sentido de entender que “[l]a administración [tenía] competencia para imponer unilateralmente, sin necesidad de acudir al juez, las multas pactadas en un contrato estatal, en virtud del carácter ejecutivo que como regla otorga el art. 64 del decreto ley 01 de 1984 a todos los actos administrativos” dicha tesis fue revaluada posteriormente para considerar, como hasta ahora, que desde la expedición de la Ley 80 de 1993 la administración perdió competencia para imponer multas unilateralmente aunque estuvieran pactadas, facultad que solo recobró con la expedición de la Ley 1150 de 2007 que no existía en el momento en el cual se dictaron los actos administrativos demandados. (...) El artículo 64 del Decreto-ley 01 de 1984 no otorga competencia para imponer multas y, únicamente, se limita a señalar el carácter ejecutorio de los actos administrativos, pero no es una norma habilitante de competencia ni impide que se analice en sede judicial su validez. (...) Por consiguiente, debe concluirse que la administración demandada obró sin competencia cuando declaró el incumplimiento del contrato y, por tanto, debe confirmarse el fallo objeto de impugnación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad de las entidades estatales para imponer multas unilateralmente, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, consultar providencias de 4 de junio de 1998, Exp. 13988, C.P. Ricardo Hoyos Duque; y de 20 de octubre de 2005, Exp. 14579, C.P. Germán Rodríguez Villamizar. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 64, DECRETO LEY 222 DE 1983, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 33, LEY 80 DE 1993
Texto extraído del PDF oficial 21.816 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022) Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 68-000-23-31-000-2003-01640-01 (48.165) Demandantes: INTEGRANTES DEL CONSORCIO INGEPRIMA Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVIAS) Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Asunto: IMPOSICIÓN DE MULTAS ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY 1150 DE 2007 Síntesis del caso: entre las partes se suscribió un contrato para la pavimentación de una vía; culminada la ejecución, INV ÍAS impuso una multa al contratista y declaró el incumplimiento; el consorcio contratista demanda la nulidad de los actos que adoptaron las referidas decisiones y, adicionalmente, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato; la sentencia de primera instancia anuló la multa y negó las demás pretensiones; INVÍAS apeló con el fin de que se mantenga la presunción de legalidad de la multa. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 7 de febrero de 2013 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Santander – Subsección de Descongestión resolvió: “PRIMERO. DECLÁRASE LA NULIDAD del articulo 2do de la Resolución No. 003187 del 31 de julio de 2002, así mismo la NULIDAD PARCIAL de la Resolución 005129 del 15 de noviembre del 2002, en cuanto confirma la Resolución No. 003187 del 2002, con relación a la imposición de multa por incumplimiento del contrato. SEGUNDO. ORDÉNASE que en el evento en que el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, haya hecho efectivo el pago de los valores correspondientes a la multa contenida en las Resoluciones No. 003197 y No. 005129 del 2 001, proceda a devolver dichos valores debidamente indexados, conforme al análisis realizado en la parte motiva de la presente providencia. 2 Exp. 68-001-23-31-000-2003-01640-01 (48.165) Demandantes: integrantes del Consorcio Ingeprima Controversias contractuales TERCERO. Las sumas reconocidas derivadas del numeral anterior, deberán ser canceladas en los términos de los artícu los 176, 177 y 178 del C.C.A. CUARTO. DENIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda conforme al análisis contenido en la parte motiva de la presente providencia. QUINTO. No condenar en costas por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.” (mayúsculas sostenidas y negrillas del original – fl. 903 cdno. ppal.). I. ANTECEDENTES 1. La demanda El 23 de julio de 2003, las sociedades MNV Construcciones Ltda y Horacio Mendoza Martínez y C ía, integrantes del Consorcio Ingeprima, promovieron demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales en contra del Instituto Nacional de Vías (fls. 261 – 320 cdno. 1) con las siguientes pretensiones: “1. Que se declaren nulas en su totalidad las Resoluciones No. 003187 de 2.002, proferida por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, por medio de la cual se declara la ocurrencia del riesgo de incumplimiento parcial del contrato 068 de 2.001, celebrado entre el CONSORCIO INGEPRIMA y el INSTITUTO NACIONAL DE V ÍAS INVIAS, se multa al CONSORCIO INGEPRIMA con la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100 MCTE ($5.286.199,80) y se ordena hacer efectiva la garantía única de cumplimiento del contrato No. 068, póliza Nº 9531012 expedida por la Compañía Aseguradora Liberty Seguros S.A., y Nº 005129 del 15 de noviembre de 2.002 de la misma entidad, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto frente a la anterior, confirmándola; y se restablezcan los derechos del demandante en dicho contrato. 2. Consecuencialmente, que se declare que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS con la imposición de una multa al CONSORCIO INGEPRIMA y exigibilidad de la garantía única de cumplimiento del contrato Nº 068 de 2.001 a través de la Resolución Nº 03187 de 2.002 y la Nº 05129 del 15 de noviembre de 2.002, causó un daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales al 3 Exp. 68-001-23-31-000-2003-01640-01 (48.165) Demandantes: integrantes del Consorcio Ingeprima Controversias contractuales CONSORCIO INGEPRIMA. 3. Que, consecuencialmente, se condene al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS a paga r al CONSORCIO INGEPRIMA, el daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales causado (sic) con las Resoluciones Nº 03187 de 2.002 y la Nº 05129 del 15 de noviembre de 2.002, cuya cuantía será determinada en el curso de este proceso. 4. Que las sumas q ue se determinen en relación al numeral anterior, sean actualizadas tomando como base el índice oficial de incremento de precios al consumidor, certificado por el DANE, desde la fecha en que se causaron, hasta el momento de la ejecutoria de la sentencia. 5. Que se reconozca que en la ejecución del contrato No. 068 de 2.001, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y el CONSORCIO INGEPRIMA se presentó un desequilibrio económico. 5.1 Que el DESEQUILIBRIO ECONÓMICO del contrato No. 068 de 2.001 no ha s ido cubierto, ni solucionado por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU. 5.2 Que en virtud del DESEQUILIBRIO ECONÓMICO del Contrato No. 068 de 2.001, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS adeuda al CONSORCIO INGEPRIMA por los siguientes conceptos: a) Po r los mayores costos por uso de máquinas y equipos (rendimiento) la suma de (…) ($299.013.157,96). b) Mayor permanencia en obra la suma de (…) ($600.190.914,19). c) Por los mayores costos en que tuvo que incurrir el contratista por transporte de materiales la suma de (…) ($88.364.160). d) Que las sumas que se determinen con relación a los numerales anteriores, sean actualizadas tomando como base el índice oficial de incremento de precios al consumidor, certificado por el DANE, desde la fecha en que se ca usaron, hasta el momento de ejecutoria de la sentencia.” (fls. 296 – 297 cdno. 1 – mayúsculas fijas y negrillas del original). 2. Hechos Como fundamento fáctico de las súplicas se expuso, en síntesis, lo siguiente: 1) El 12 de marzo de 2001, el Consorcio Ingeprima (integrado por las sociedades MNV Construcciones Ltda y Horacio Mendoza Martínez y Cía Ltda) suscribieron el contrato número 068 cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de un 4 Exp. 68-001-23-31-000-2003-01640-01 (48.165) Demandantes: integrantes del Consorcio Ingeprima Controversias contractuales tramo de la Transversal del Carare, sector Vélez – Landázuri en el Departamento de Santander. 2) Se presentaron demoras en la ejecución del contrato producto de la no entrega oportuna de los diseños, la presencia de grupos armados ilegales, falta de entrega de un predio para la disposición de materiales de excavación y derrumbes, errores en los diseños que debieron ser corregidos por la interventoría, paralización total de las obras por la intervención de grupos de autodefensas, fue necesario variar la fuente de materiales inicialmente prevista y se pactaron prórrogas del plazo por los referidos hechos, no imputables al contratista. 3) El 11 de septiembre de 2011, ya vencido el plazo contractual, INVÍAS profirió la Resolución número 03187 de 11 de septiembre de 2002 por la cual declaró ocurrido el riesgo de incumplimiento parcial e impuso una multa, decisión que confirmó mediante la Resolución número 05129 de 15 de noviembre de 2002 por la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el contratista. 4) El acto administrativo demandado le causó perjuicios económicos al consorcio y le impidió celebrar nuevos contratos para el mantenimiento de vías porque uno de los factores de calificación que se incluyen normalmente en los pliegos de condiciones tienen que ver con el hecho de no haber sido multado previamente; también alegó que se debe restablecer el equilibrio económico que se vio alterado por circunstancias no imputables al contratista. 3. Cargos En apoyo de las pretensiones de nulidad el demandante formuló los siguientes cargos: 5 Exp. 68-001-23-31-000-2003-01640-01 (48.165) Demandantes: integrantes del Consorcio Ingeprima Controversias contractuales 1) Falsa moti vación, debido a que no subsistía ningún incumplimiento en el momento en el cual fueron impuestas las multas. 2) Violación de la ley, por cuanto la Ley 80 de 1993 otorga un carácter eminentemente conminatorio a las multas y el contrato ya estaba terminado cuando fue impuesta aquella cuya nulidad se pretende. 4. Contestación de la demanda El Instituto Nacional de Vías (fls. 15 - 29 cdno. 4) se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente: 1) La decisión contenida en la Resolución número 03187 de 31 de julio de 2002 no fue tomada en la fecha de su expedición sino que, es producto de reiterados incumplimientos del contratista que se presentaron durante la ejecución del contrato; desde el mes de febrero del mismo año la entidad lo conminó, sin éxito, a cumplir con sus obligaciones, sin embargo, el incumplimiento en los plazos de los trabajos fue persistente y obligó a ampliar el tiempo de la ejecución. 2) Si bien se presentaron algunos inconvenientes durante la ejecución, el contratista estaba obligado a familiarizarse debidamente con los detalles y condiciones de la ejecución y el incumplimiento de ese deber impide reclamaciones posteriores. 3) Las decisiones demandadas se fundamentaron en la documentación técnica del contrato, los informes de interventoría, el programa de trabajo e inversiones y en las actas de reuniones adelantadas entre las partes. 4) La pretensión de restablecimiento del equilibrio económico está indebidamente acumulada porque no depende de la validez del acto de imposición de una multa. 6 Exp. 68-001-23-31-000-2003-01640-01 (48.165) Demandantes: integrantes del

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012331000200301640011100103