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clave: "consejo_estado:providencia:66001233300020160067204-70491-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-10-05"
radicado: "66001233300020160067204"
numero: "70491"
ponente: "ALBERTO MONTAÑA PLATA"
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# Consejo de Estado: no debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-10-05
- **Radicado:** 66001233300020160067204
- **Número interno:** 70491
- **Ponente:** ALBERTO MONTAÑA PLATA
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** PROMASIVO S.A.
- **Demandado:** MEGABUS S.A., AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:66001233300020160067204-70491-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/66001233300020160067204/EE163F7CCFD15BA82CABD4114ADADFC6B03832FC56F189B061D71CB3E7134563/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=660012333000201600672041100103

## Regla de decisión

El juez de segunda instancia examina la decisión exclusivamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante.

## Problema jurídico

¿Debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos y no controvierten concretamente las razones por las cuales el a quo desestimó los cargos de nulidad?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

COSA JUZGADA

## Puntos clave

- ¿La alegada ruptura de la ecuación económica del contrato constituye una causa que exonere al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales?
- ¿Pierde la entidad estatal contratante la competencia para declarar la caducidad del contrato cuando el contratista ha demandado previamente ante el juez del contrato el incumplimiento de la entidad…
- ¿Puede el juez de lo contencioso administrativo estudiar el cargo de falta de competencia de la entidad que expidió el acto administrativo demandado…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, art. 306
- Ley 1564 de 2012, arts. 320 y 328

## Extracto

El inciso primero del artículo 320 del Código General del Proceso (en adelante, el CGP) –aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA– establece que el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. En ese mismo sentido, el inciso primero del artículo 328 del CGP dispone que el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

## Síntesis temática

El juez de segunda instancia limita su competencia funcional al examen de la providencia recurrida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante en el escrito de sustentación. En la sentencia proferida, el Consejo de Estado rechaza por genéricos los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión del tribunal que desestimó los cargos de nulidad de actos administrativos contractuales, destacando que el artículo 320 y el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 exigen señalamientos precisos sobre las razones de inconformidad, sin que proceda un análisis oficioso de inconformidades abstractas sobre la ruptura del equilibrio contractual.

## Descriptores temáticos

RECURSO DE APELACIÓN, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, TEORÍA DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CONTRATO DE CONCESIÓN, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL, DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PÉRDIDA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ACTO ADMINISTRATIVO, FALTA DE COMPETENCIA, CAUSALES DE NULIDAD, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTROL JUDICIAL, NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA, PROTECCIÓN DEL INTERÉS GENERAL POR EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, CADUCIDAD DEL CONTRATO, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, COSA JUZGADA, EFECTO ERGA OMNES, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACCIÓN DE NULIDAD, OBLIGATORIEDAD DE LA SENTENCIA, CONTROL DE LEGALIDAD, CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, LEGALIDAD DEL ACTO PROCESAL, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

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## Texto del documento

RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
Problema jurídico:
¿Debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos y no controvierten concretamente las razones por las cuales el a quo desestimó los cargos de nulidad?
Respuesta al problema jurídico: No
El inciso primero del artículo 320 del Código General del Proceso (en adelante, el “CGP”) –aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA– establece que el recurso de apelación “tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.” En ese mismo sentido, el inciso primero del artículo 328 del CGP dispone que el juez de segunda instancia debe “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.” Revisado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia, se advierte que dos de los reparos formulados por Promasivo frente a lo decidido por el Tribunal consistieron en que “[e]l fallador de primera instancia profi[rió] la sentencia recurrida en forma equivocada como consecuencia de la falta de aplicación de las normas relativas al uso y [la] aplicación de las potestades excepcionales o cláusulas exorbitantes por parte de las entidades estatales”, y en que “es evidente e innegable la existencia de la ruptura de la ecuación contractual en perjuicio de [Promasivo]”. Dichos reparos no serán analizados dado que son absolutamente genéricos, comoquiera que, por un lado, no refieren concretamente “las normas relativas al uso y [la] aplicación de las potestades excepcionales o cláusulas exorbitantes por parte de las entidades estatales” aparentemente dejadas de aplicar por el Tribunal, así como la incidencia que su aplicación habría tenido en las conclusiones del juez de primera instancia, y, por otro lado, al margen de que “la existencia de la ruptura de la ecuación contractual en perjuicio de [Promasivo]” no fue uno de los fundamentos de las pretensiones de la demanda, lo cierto es que Promasivo no controvirtió puntualmente las razones específicas por las cuales el Tribunal desestimó los argumentos de nulidad de las Resoluciones Nos. 19 y 20 de 2016 relacionados con “los graves incumplimientos contractuales en los que incurrió la demandada durante la ejecución del contrato
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto al recurso de apelación y competencia del juez de segunda instancia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, en sentencia de 10 de octubre de 2024, exp. 70060, C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONTRATO DE CONCESIÓN
Problema jurídico:
¿La alegada ruptura de la ecuación económica del contrato constituye una causa que exonere al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales?
Respuesta al problema jurídico: No
(...) [l]a Sala recuerda, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, que “el desequilibrio económico del contrato (…) no es un eximente de responsabilidad y, en consecuencia, no excusa a las partes del incumplimiento del contrato” (se trascribe): “Por el contrario, tal institución, el desequilibrio, tiene como propósito garantizar la continuada ejecución del contrato, aun cuando el contratista encuentre dificultades de tipo económico.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la improcedencia de invocar el desequilibrio económico del contrato como eximente de responsabilidad o justificación del incumplimiento contractual, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 10 de octubre de 2024, exp. 70060.
COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PÉRDIDA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE COMPETENCIA / CAUSALES DE NULIDAD / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROL JUDICIAL / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA
Problema jurídico:
¿Pierde la entidad estatal contratante la competencia para declarar la caducidad del contrato cuando el contratista ha demandado previamente ante el juez del contrato el incumplimiento de la entidad por los mismos objeto y causa?
Respuesta al problema jurídico: No
La postura recién descrita precave el riesgo de tener decisiones contradictorias, adoptadas por la entidad estatal contratante y el juez del contrato, sobre los mismos objeto y causa. De igual manera, en casos en los que no existe mérito para que la entidad estatal declare unilateralmente el incumplimiento del contratista, evita el desgaste de la administración de justicia que supone estudiar el fondo de actos administrativos que versan sobre asuntos que han sido sometidos previamente a consideración de una autoridad jurisdiccional. Conviene precisar que las únicas demandas presentadas por los contratistas que tienen la virtualidad de sustraer la competencia de las entidades estatales son aquellas cuya admisión les haya sido notificada antes de la firmeza de las respectivas declaratorias de incumplimiento; esto es, antes de finalizada la audiencia a la que hace referencia el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 –según el literal c) de la norma, la “resolución motivada en la que se consign[a] lo ocurrido en desarrollo de la audiencia (…) se ent[iende] notificada en dicho acto público”, y “[l]a decisión sobre el recurso se ent[iende] notificada en la misma audiencia”–. En estos eventos, las entidades estatales contratantes deben tener en cuenta que, si sus contratistas las demandan con base en unos hechos y fundamentos de derecho a partir de los cuales pretenden declarar unilateralmente un incumplimiento del contrato, las demandas son admitidas y esta actuación procesal les es notificada, no pueden posteriormente ejercer la facultad unilateral en cuestión, y, en esa medida, si pretenden obtener la declaratoria de incumplimiento de sus contratistas, así como la efectividad de la cláusula penal o la condena al pago de perjuicios, tienen que demandarlos en reconvención en el mismo proceso o presentar por separado una demanda en contra de ellos. Ahora bien, la anterior regla encuentra una excepción cuando el incumplimiento contractual del contratista es de una entidad suficiente para dar paso a la declaratoria de caducidad del contrato estatal, en atención a las consideraciones de continuidad en la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado que guían el ejercicio de esta y de las demás cláusulas excepcionales al derecho común de que tratan los artículos 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. Además de que la demanda del proceso arbitral al que Promasivo convocó a Megabús S.A. con el propósito de obtener la declaratoria de incumplimiento contractual de la sociedad pública demandada en relación con los mismos objeto y causa que finalmente sustentaron la declaratoria de caducidad del contrato fue admitida y notificada a la entidad estatal el 1 de marzo de 2016 –esto es, con posterioridad a la expedición y notificación de las Resoluciones Nos. 19 y 20 de 9 de febrero 2016–, comoquiera que la decisión en este proceso impugnada consistió en la declaratoria de caducidad del contrato de concesión No. 1 de 2004, la Sala concluye que Megabús S.A. sí tenía competencia para expedir los actos administrativos demandados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la pérdida de competencia de la entidad estatal contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento del contratista, con ocasión del sometimiento previo de la controversia al juez del contrato, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de junio de 2024, exp. 70381, C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez. Adicionalmente, el mismo criterio fue desarrollado por la Subsección B mediante auto de 27 de febrero de 2026, exp. 73035, C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / PÉRDIDA DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PROTECCIÓN DEL INTERÉS GENERAL POR EJERCICIO DE LA PROFESIÓN / CADUCIDAD DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / INVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Puede el juez de lo contencioso administrativo estudiar el cargo de falta de competencia de la entidad que expidió el acto administrativo demandado, aunque dicho cargo no se haya formulado en la demanda y se haya alegado por primera vez en una etapa posterior del proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el escrito de apelación, Promasivo insistió en la “pérdida de competencia de Megabús S.A. para declarar la caducidad” por el hecho de que “[l]os actos administrativos demandados fueron expedidos cuando la entidad [estatal] se encontraba notificada de la convocatoria a un tribunal de arbitra[je]”. Al respecto, se pone de presente que este no fue un argumento de nulidad de las Resoluciones Nos. 19 y 20 de 2016 planteado por Promasivo desde el inicio del proceso, y que la concesionaria lo mencionó por primera vez al pronunciarse sobre la oposición del Amco a las pretensiones de la demanda, y luego insistió en él en los alegatos de conclusión que presentó en primera instancia. Lo anterior no impide a la Sala abordar su estudio –el cual, erróneamente, fue omitido por el Tribunal con sustento en que la alegada falta de competencia ya había sido analizada en el proceso identificado con el número de radicación 66001-23-33-000-2016-00548-00/01 (acumulado con el proceso identificado con el número de radicación 66001-23-33-000-2018-00173-00)– pues, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corporación, la incompetencia es un vicio de invalidez de los actos administrativos que puede ser declarado inclusive de oficio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la incompetencia como vicio de invalidez de los actos administrativos susceptible de ser examinado de oficio por el juez, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, exp. 13414.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 122
COSA JUZGADA / EFECTO ERGA OMNES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE NULIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO / OBLIGATORIEDAD DE LA SENTENCIA / CONTROL DE LEGALIDAD / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LEGALIDAD DEL ACTO PROCESAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo produce efectos de cosa juzgada erga omnes que impiden volver a discutir la validez de dicho acto en procesos posteriores?
Respuesta al problema jurídico: Si
Finalmente, en lo que tiene que ver con la extensión de los efectos de lo decidido en el proceso identificado con el número de radicación 66001-23-33-000-2016-00548-00/01 (acumulado con el proceso identificado con el número de radicación 66001-23-33-000-2018-00173-00) –a lo que Promasivo se refirió confusamente como “la falta de aplicación del fenómeno jurídico de la cosa juzgada”–, proceso en el marco del cual se accedió parcialmente, en el sentido de anular el ordinal quinto de la Resolución No. 19 de 2016 y la Resolución No. 20 del mismo año –en cuanto confirmó dicho ordinal–, a las pretensiones formuladas por SI 99 S.A. en contra de Megabús S.A. dirigidas a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 19 y 20 de 2016, este fue un punto expresamente tratado en la Sentencia de 22 de agosto de 2023. Lo anterior, en armonía con lo dispuesto en la primera parte del inciso primero del artículo 189 del CPACA, al tenor del cual (se trascribe): “La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.” (…) No obstante lo anterior, en la parte resolutiva de la Sentencia de 22 de agosto de 2023, el Tribunal no dispuso nada sobre la cosa juzgada y sus efectos en este proceso, motivo por el cual la Sala adicionará la providencia impugnada, exclusivamente en el sentido de declarar probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada en relación con la invalidez del ordinal quinto de la Resolución No. 19 de 2016 y de la Resolución No. 20 del mismo año –en cuanto confirmó dicho ordinal–, y de abstenerse de pronunciarse sobre el particular, así como sobre la pretensión segunda de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la cosa juzgada erga omnes de las sentencias de nulidad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 20 de mayo de 2022, exp. 66001-23-33-000-2016-00548-01 (66207), acumulado exp. 66001-23-33-000-2018-00173-00, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-10-05. C.P. ALBERTO MONTAÑA PLATA. Rad. 66001233300020160067204. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:66001233300020160067204-70491-sentencia).
