Titulación de la relatoría 20.072 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / MODIFICACIÓN DEL ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO / SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / INGRESO DEL EXPEDIENTE AL DESPACHO JUDICIAL / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Los procesos de repetición podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala decide el presente caso en virtud del acta 15 de 6 de mayo de 2005, en la que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los procesos de repetición podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado. (…) El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse de un proceso de doble instancia, debido a la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, dado que la pretensión mayor (…) excede los 500 salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO
Problema jurídico:
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago de la condena cuyo reintegro se pretende?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sub lite, el pago de la condena se efectuó (…), según se desprende de la certificación expedida por el tesorero de la entidad pública y la resolución de liquidación de los perjuicios del proceso antecedente (…). De conformidad con el literal L del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término de caducidad para la pretensión de la demanda de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 10 meses previstos en el artículo 192 ibídem. Al respecto, conviene precisar que la Subsección ha dejado claro que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación -18 meses, artículo 177- si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. Así, la Sala debe poner de presente que la condena objeto del sub examine se profirió dentro de un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-. De igual manera, la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional- debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de ese mismo cuerpo normativo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción de repetición ver auto de 5 de abril de 2017, Exp. 58762, C.P. Hernán Andrade Rincón
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 178, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL: 2 LITERAL: L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿El ejercicio del derecho de acción al interponer la acción de repetición se hizo oportunamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo anteriormente expuesto, en el presente caso es necesario determinar -en principio- cuándo se produjo el pago de la indemnización impuesta por la jurisdicción en la sentencia condenatoria a la entidad pública, el cual no sólo tiene incidencia para acreditar uno de los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición, sino que, a la vez, es un aspecto fundamental para verificar el presupuesto procesal del ejercicio oportuno del derecho de acción. Como se dejó visto, la sentencia que condenó a la Nación - Ministerio de Defensa-Ejército Nacional - cobró ejecutoria (…), por lo cual el plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984- corrió (…), lapso dentro del cual se realizó el pago (…). En ese contexto, en este caso debe concluirse que el término de caducidad debe computarse desde el día siguiente al pago efectuado (…) y, dado que aquella se presentó el 10 de ese mismo mes y año (…), resulta evidente que el ejercicio del derecho de acción fue oportuno.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / EJÉRCITO NACIONAL / PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / SOLDADO PROFESIONAL
Problema jurídico:
¿Recae sobre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional la legitimación en la causa por activa, por ser las personas jurídicas de derecho público directamente perjudicadas con el pago de la condena impuesta en el proceso contencioso administrativo del responsabilidad patrimonial del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional- está legitimado en la causa por activa, en los términos del artículo 8° de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de la suma de dinero decretada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se dirigió en contra de los señores (…), quienes para el momento de los hechos que dieron lugar a la condena patrimonial contra la administración pública, se desempeñaban como soldados profesionales.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 8
MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / TRASLADO DE LA PRUEBA / SOLICITUD DE TRASLADO DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCESO DISCIPLINARIO / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Para la procedencia de la valoración de la prueba trasladada es necesario dar cumplimiento al principio de contradicción de la prueba en virtud del derecho al debido proceso y el derecho de defensa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Previo a continuar con el análisis, debe aclararse que fue allegado al presente proceso el sumario contentivo del proceso disciplinario que se llevó a cabo por los hechos acaecidos (…). Vale destacar que, en este sumario disciplinario, obran algunas decisiones proferidas en el proceso penal, las cuales fueron incorporadas por solicitud del ente de control. De conformidad con lo señalado en el artículo 174 del Código General del Proceso, la Sala valorarán las pruebas practicadas en dicho sumario, puesto que su traslado fue decretado en la audiencia inicial (…) y, una vez arribó al expediente, se les corrió traslado a los sujetos procesales a través de auto de 11 de septiembre de ese mismo año, sin que se presentara objeción y/o contradicción, por lo que aquel es susceptible de ser valorado en el proceso. Así mismo, las declaraciones trasladadas también serán analizadas, dado que la parte en contra de quien se aducen no solicitó su ratificación, en los términos del artículo 222 ibídem.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 222
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN LEGAL / PRESUNCIÓN DE DOLO / PRESUNCIÓN DE CULPA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / DEBERES DEL DEMANDANTE / FACULTADES DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿La carga de la prueba en la acción de repetición recae sobre la entidad pública que fue declarada responsable patrimonialmente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Conviene precisar que los hechos por los cuales se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional- en el proceso antecedente ocurrieron (…), cuando ya estaba en vigencia la Ley 678 de 2001; no obstante, la entidad pública no invocó ninguno de los presupuestos contentivos de las presunciones contemplados en los artículos 5° y 6° ibídem, al punto de que no es posible, atendiendo a una lectura integral y sustancial del escrito, corroborar un supuesto de los ahí contenidos. La situación antes descrita no impide que la Sala evalúe la conducta de los demandados; sin embargo, vale precisar que la entidad pública ostenta una carga probatoria mayor, en punto a demostrar con suficiencia todos los aspectos fácticos y jurídicos de la supuesta actuación dolosa de los soldados profesionales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el análisis de la conducta de los servidores públicos, ver sentencia de 29 de mayo de 2014, Exp. 40755, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero y sentencia de 28 de marzo de 2019, Exp. 58751, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
ACCIÓN DE REPETICIÓN / DECISIÓN DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / CRITERIO SUBJETIVO DE IMPUTACIÓN / PROCESO DISCIPLINARIO / EFECTO DEL PROCESO PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA JUDICIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo implica automáticamente la responsabilidad del agente o ex agente estatal que eventualmente hubiere dado lugar a la misma?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para la Subsección es pertinente mencionar que no es requisito para la prosperidad o no de la repetición que exista una condena en un proceso penal o disciplinario, dado que al juez en este proceso no lo atan las decisiones proferidas en otras especialidades, pues es evidente que cada una de ellas tiene finalidades distintas y, aunque tienen similitudes, lo cierto es que no pueden equiparse las conductas para efectos de concluir una suerte de responsabilidad automática en sede de repetición, sino que serán criterios no vinculantes que se tendrán en cuenta conforme lo probado en cada caso concreto. En otras palabras, dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al ejercicio de la acción de repetición, la condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y totalmente diferente al de la referencia no implica automáticamente la responsabilidad del agente o ex agente estatal que eventualmente hubiere dado lugar a la misma o que hubiere participado en los hechos correspondientes, pues la conducta que se le endilga a este debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el respectivo proceso de repetición.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la autonomía judicial ver sentencia de 22 de octubre de 2021, Exp. 62110, C.P. María Adriana Marín, sentencias del 11 de febrero de 2009, Exp. 33450, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y sentencia del 22 de julio de 2009, Exp. 22779, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / DECISIÓN DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUEZ / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / EFECTO DEL PROCESO PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El juez se encuentra limitado frente a la valoración probatoria que se haya realizado en otro proceso judicial, dado que en sede de repetición el objeto de la prueba es acreditar que la conducta determinante del daño antijurídico es imputable al agente, a título de dolo o culpa grave?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cualquier caso, tal como lo precisó la SU-354 de 2020, el operador judicial se encuentra limitado frente a la valoración probatoria que se haya realizado en otro proceso judicial, dado que en sede de repetición se debía probar plenamente “la atribución de la conducta determinante del daño antijurídico al agente, a título de dolo o culpa grave”. Dicha situación, para efectos de garantizar el derecho al debido proceso de los demandados, significaba que “está prohibida la posibilidad de extrapolar las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado contenidas en la providencia condenatoria a la administración”. En efecto, de la providencia antes mencionada no pueden extrapolarse las conclusiones del operador judicial a este sumario, habida cuenta de la imposibilidad de valorar material probatorio de forma indirecta, en los términos decantados por la sentencia SU-354 de 2020. Máxime si se tiene en cuenta que allá fue valorada una supuesta confesión de uno de los soldados, la cual no se encuentra en este expediente y que, en todo caso, no se tiene certeza de que haya sido estimada o no en el fallo condenatorio de primera instancia penal.
INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / PROCESO DISCIPLINARIO / PROCESO PENAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACTUACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / PRUEBA DEL DOLO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿La sentencia judicial que condena al Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, pues al tratarse de un proceso contencioso y declarativo de responsabilidad, debe acreditarse plenamente la existencia de los elementos que constituyen la culpa grave o el dolo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Es claro para la Sala, de conformidad con el material probatorio arrimado al proceso, que los supuestos fácticos y jurídicos que le darían base a la estimar la conducta dolosa no están completamente acreditados, ya que, en relación con la actuación, supuestamente desplegada por los demandados, solo obran en el expediente la sentencia del proceso de reparación directa y el proceso disciplinario, mediante el cual no es posible establecer aquellas circunstancias, habida cuenta de que culminó en una fase preliminar por prescripción de la acción. Esta Corporación en varias oportunidades ha señalado que la sentencia judicial que condena al Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, pues al tratarse de un proceso contencioso y declarativo de responsabilidad, debe acreditarse plenamente la existencia de los elementos que constituyen la culpa grave o el dolo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la insuficiencia de la prueba para acreditar la culpa gravo o el dolo del agente del Estado, ver sentencia de 22 de julio de 2009, Exp. 27779, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / AUSENCIA DEL DOLO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE
Problema jurídico:
¿Recae sobre el demandante la carga de probar el actuar doloso o gravemente culposo del funcionario contra el que se repite?
Respuesta al problema jurídico: Si
A juicio de la Sala, el solo hecho de que en el fallo condenatorio que dio lugar a la presente controversia se hubiere concluido con la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Ejército Nacional-, no es razón suficiente para atribuirle responsabilidad al demandado, a título de dolo. Si así fuera, bastaría con la constatación de los requisitos objetivos (existencia de condena, prueba del pago y condición de agente o ex agente estatal) para predicar, sin excepciones, la responsabilidad patrimonial del demandado. En efecto, las consideraciones antes planteadas sirven de base para desestimar las imputaciones realizadas, toda vez que no es posible dar por demostrado la conducta supuestamente desplegada por los demandados, habida cuenta del exiguo material probatorio que se allegó al expediente. (…) A todo lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. De ahí que la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le impone esta norma legal, toda vez que -se reitera-, no allegó al proceso pruebas suficientes para determinar la conducta desplegada por los demandados.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES / SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO / ESTADO SOCIAL DE DERECHO / FINALIDAD DEL ESTADO / INTERÉS PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Está la acción de repetición motivada por un interés público, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
Dado que la impugnación se dirigió a cuestionar la imposición de la condena en costas y no el monto de las expensas o agencias en derecho, las cuales, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 366 del Código General del Proceso, solo pueden controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, la Sala considera que la procedencia de la condena sí es susceptible de ser discutida a través del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia y, por ende, ser estudiada en la providencia que desata la apelación. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil; no obstante, aquella no procederá si en el proceso se ventila un asunto de “interés público”. Ahora bien, de conformidad con la sentencia C-832 de 2001, el proceso de repetición, al estar encaminado a la protección del patrimonio público, cuya finalidad es la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, es uno de aquellos que ventila un interés público. Por esta razón, la condena impuesta en primera instancia resulta improcedente y, por tanto, se procederá a su revocatoria para lo cual se modificará el ordinal correspondiente de la parte resolutiva del mencionado fallo. En igual sentido, se pronunciará la Sala respecto de la segunda instancia, dado que no hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en este proceso, pese a que se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la condena en costas ver sentencia del 2 de julio de 2021, Exp. 65018, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia de 12 de agosto de 2019, Exp. 63519, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 3 de octubre de 2019, Exp. 49865, C.P. María Adriana Marín y sentencia del 10 de septiembre de 2020, Exp. 64790, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL: 5