Titulación de la relatoría 26.524 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO / ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Procede la prelación de fallo en procesos de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sección Tercera de esta Corporación, en sesión del 5 de mayo de 20052, dispuso que las acciones de repetición tendrían prelación de fallo, razón por la cual esta Subsección se encuentra habilitada para resolver la controversia de manera anticipada.
PRESUPUESTO PROCESAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer asuntos de acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por el señor José Eudel Parra Rodríguez contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, el 6 de mayo de 2020, habida cuenta de que, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 del CCA y el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los procesos de repetición se tramitarán ante el juez o Tribunal que haya conocido del proceso antecedente, con independencia de la cuantía y, en segunda instancia, ante su superior jerárquico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129
PRESUPUESTO PROCESAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La norma aplicable de caducidad, para la época en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a este proceso, era el numeral 9 del artículo 136 del CCA, cuyo contenido era el siguiente: 9. La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-832 de 20016, declaró exequible de forma condicionada el texto transcrito, bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, plazo que empezaría a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordena el pago. A su vez, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 dispuso que la repetición caducaba “al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha de pago total efectuado por la entidad pública (…)”, como esta norma reiteró el contenido normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-394 de 20027, precisó que lo señalado en la providencia C-832 de 2001, le resultaba aplicable a la anterior disposición normativa, por cuanto se trataba del mismo contenido material. Así las cosas, lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha del pago o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin, lo que ocurra primero. En el sub lite, la condena que sirve de causa a las pretensiones de repetición debía cumplirse en los términos previstos por los artículos 176 y 177 del CCA, lo que indica que el Ejército Nacional tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir de la ejecutoria del fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Meta, el 29 de septiembre de 2009, lo cual ocurrió el 2 de diciembre de 2009 (fl. 141 del c.4). Está probado que el pago total de la condena impuesta se efectuó el 25 de noviembre de 2010 (fl. 77 del c.1), esto es, antes del vencimiento del plazo de 18 meses referido, razón por la cual, en este caso, el término para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr el 26 de noviembre de 2010 y se extendió hasta el 26 de noviembre de 2012. Ahora, teniendo en cuenta que la demanda se radicó el 20 de abril de 2012 (fl. 15 del c.1), se concluye que la acción de repetición se ejerció dentro de la oportunidad prevista en la ley
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 176, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la legitimación en la causa en la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Nación- Ministerio de Defensa -Ejército Nacional está legitimado en la causa por activa, en los términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público8 directamente perjudicada con el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Meta, en sede de reparación directa. De otra parte, la Sala advierte que, entre otros, el señor José Eudel Parra Rodríguez se encuentra legitimado en la causa por pasiva, toda vez que en la demanda se le imputó el daño objeto de la controversia, por cuanto se dijo que con su actuar gravemente culposo dio lugar al pago por el que se repite; no obstante, se aclarara que, en vista de que está por determinarse el sentido de la sentencia - denegatoria o condenatoria-, el referido aspecto no se estudiará ab initio, sino al analizar de fondo el asunto
VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA / NORMATIVIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCESO PENAL / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO / INDAGATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA / INFORME DE LA INVESTIGACIÓN / DOCUMENTO PÚBLICO / COPIA DEL EXPEDIENTE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala precisa que, según lo dispuesto en el artículo 185 del CPC, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del CCA, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. (...) Así las cosas, la Sala valorará, sin restricción alguna, las pruebas documentales que obran en la actuación penal, dado que su traslado fue solicitado por la parte actora, la partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis. Asimismo, se tendrán en cuenta únicamente las declaraciones que se recibieron en el proceso penal de la jurisdicción penal especial y que fueron incorporadas al proceso de reparación directa, pues estas fueron practicadas con la audiencia de la parte contra la que se aducen, de ahí que cumpla con los requisitos exigidos para tal fin. En cuanto a las indagatorias rendidas por la parte demandada en el mencionado proceso penal, sin el apremio del juramento, debe precisarse que se valorarán de conformidad con la jurisprudencia de esta Subsección y en conjunto con las demás pruebas que reposen en el expediente. La necesidad de la valoración se justifica para el análisis integral del caso, ya que permite contrastar una serie de eventos respecto del hecho dañoso que dio lugar a la condena por la que se repite. La jurisprudencia ha dicho que, cuando el traslado de los elementos de convicción recopilados en otro proceso es solicitado por cuenta o con la anuencia de ambas partes, pueden ser valorados en el proceso posterior, aun cuando hayan sido practicados sin su citación o intervención en el asunto del cual se traen y no hayan sido ratificados en el proceso al cual se trasladan, pues resultaría contrario a la lealtad procesal que una parte solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, posteriormente, si encuentra que los medios de convicción son contrarios a sus intereses, invoque formalidades legales para oponerse a su valoración. A su vez, se aclara que dentro los referidos documentos obran varios informes rendidos por la parte demandada, en relación con los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2004. Los referidos informes, en los términos de los artículos 251 y 252 del CPC, son documentos públicos y, por ende, se presumen auténticos, pues fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones; además, gozan de la presunción de veracidad, según lo dispuesto en el artículo 264 ibídem, que prevé que estos dan fe de “su otorgamiento (…) y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza”. Por último, la Subsección aclara que obra copia del proceso de reparación directa, toda vez que la parte actora requirió su recaudo en la demanda y el juez de primera instancia accedió a esa petición, de ahí que la Sala valorará esos documentos13, respecto de los cuales, en todo caso, se surtió el traslado a las partes, sin que formularan tacha de falsedad.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la aplicación de la presunción de culpa grave en la acción de repetición contemplada en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las presunciones tienen como finalidad tener como cierto o probable un hecho que se infiere a través de un juicio lógico que realiza el legislador o el juez acudiendo a las máximas generales de la experiencia y la sana crítica, de ahí que se considere que tiene por virtud invertir las condiciones generales de la carga de la prueba en favor de quien la invoca. Aquellas, pueden considerarse como de tipo legal (iuris tantum), cuando admiten prueba en contrario, o de derecho (iuris et de iure), cuando se considera definitivamente como cierto el hecho presumido y, por el contrario, no es posible desacreditarlo. (...) Ahora bien, conviene señalar que cuando el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en alguna de las hipótesis consignadas en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001, el legislador previó una serie de presunciones legales como mecanismos procesales enderezados a tornar efectiva la acción de repetición prevista en la Constitución y así hacer eficaz la responsabilidad civil de los servidores públicos por las condenas que su acción u omisión generen. La Sala encuentra que las presunciones estipuladas en el artículo 6 la Ley 678 de 2001 tienen naturaleza de legales y, por tanto, la entidad demandante tiene la carga de probar únicamente los supuestos de hecho a los que aluden dichas normas, puesto que “la parte que niegue el hecho presumido está sujeta a la carga de probar el hecho contrario”. (...) En efecto, en los antecedentes legislativos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil (voluntas legislatoris), se mencionó que el establecimiento de estas presunciones legales tenía por objeto tornar eficaz la acción de repetición e invertir la carga de la prueba, ya que el demandado debe desacreditar el hecho que le da origen a aquella. (...) Asimismo, la Corte Constitucional lo precisó al estudiar la constitucionalidad, entre otro, del artículo 6 la Ley 678 de 2001, pues indicó que, para hacer efectivo el precepto del artículo 90 de la Constitución Política, con el fin de proteger la moralidad y el patrimonio público, se buscó relevar al Estado de la carga de la prueba cuando ejercía la acción de repetición y alegaba en su favor una presunción, como por ejemplo, de culpa grave, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuarla mediante prueba en contrario, ya que aquella no constituye un juicio anticipado que desconozca la presunción de inocencia. (...) Es claro que, en estos casos, no se compromete el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que el agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil21. Así, por tratarse de una presunción legal, esto es, que admite prueba en contrario, la parte demandada tiene abierta la posibilidad para oponerse y acreditar, en esta sede judicial, o bien la inexistencia del hecho que le da base a la presunción o de las circunstancias en las que se configuró aquel, ya que la presunción “no impide que la parte adversaria lleve al proceso otras pruebas con la finalidad de desvirtuar aquella y demostrar que en realidad esos hechos no han ocurrido. Si se consigue este objetivo o, por lo menos, que el juez estime inciertos aquellos hechos, no podrá aplicar la presunción”22. Ahora, su previsión legal no constituye una imputación automática de culpabilidad en cabeza del agente contra el cual se dirige la acción de repetición, ya que si este puede aducir medios de convicción en contrario, ello supone que, para efectos de la acción de repetición, el juez -en estos casos- está en el deber de realizar una nueva evaluación de la conducta del agente. Por esta razón, el simple hecho de que el legislador suponga en estos eventos la responsabilidad civil del agente o ex funcionario estatal, no impide que esta presunción pueda ser destruida con la presentación de pruebas de descargo. La Sala ha sostenido que la previsión del citado artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no entraña que las causales ahí enunciadas sean las únicas respecto de las cuales puede calificarse una conducta como gravemente culposa, puesto que el juez de la acción de repetición podrá deducir otros supuestos de hecho que puedan calificarse como tales al apreciar el caso puesto a su consideración23, pero en relación con estos últimos no podrá aludirse a la aplicación de una presunción y, por tanto, la entidad estatal estará obligada a probar no solamente el supuesto de hecho de aquella sino, también, la conducta de la actuación del funcionario público.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 27, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 66
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / ARMAS DE FUEGO / USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / NO COMBATIENTE / CONFLICTO ARMADO / CONFLICTO ARMADO INTERNO / CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE
Problema jurídico:
¿Se encuentran acreditados los supuestos de hecho que dan lugar a la aplicación de la presunción de culpa grave?
Respuesta al problema jurídico: Si
la Sala concluye que en el expediente se encuentran acreditados los supuestos de hecho que dan lugar a la aplicación de la presunción de culpa grave contenida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, consistente en la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, en razón de que, a pesar de la complejidad de la situación fáctica que dio origen al daño por el cual se repite, las pruebas allegadas al plenario y la propia declaración del señor José Eudel Parra Rodríguez permiten colegir que aquel accionó su arma de dotación oficial de manera imprudente y, además, sin que esta constituyera el último recurso para lograr el objetivo deseado, esto es, la detención de los lesionados. (...) Así pues, se tiene por acreditado que el servidor estatal, al igual que sus compañeros, fueron los únicos que accionaron sus armas al advertir la presencia de cuatro hombres que caminaban por el sector en el que se había informado que existía un retén ilegal, sitio en el que de hecho no encontraron nada y, en todo caso, los lesionados portaban poco dinero para inferir que estaban cometiendo la conducta ilícita sospechada. (...) Respecto de las normas que fueron desconocidas de forma manifiesta e inexcusable por parte de los demandados, esta Corporación trae a colación lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política relativo a la obligación de las autoridades públicas de proteger a las personas residentes en Colombia, especialmente, en lo correspondiente al derecho a la vida y el artículo 6 ibídem contentivo del principio de legalidad y la responsabilidad que recae sobre los servidores públicos por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. En lo concerniente al tópico específico del ataque a civiles no combatientes en el marco de un conflicto armado interno, la Ley 171 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, en su artículo 13, (...) En el asunto examinado, el recurrente, por su negligencia e imprudencia atacó a dos personas, sin razón alguna, pues estas eran ajenas al conflicto armado que se vivía en esa zona del país, así como al retén ilícito del que se tuvo conocimiento, por manera que, al producir las lesiones de las víctimas, desconoció las disposiciones normativas nacionales e internacionales relacionadas con la protección de personas no involucrados en las hostilidades de la guerra. De igual forma, resulta claro que el accionado no tuvo en cuenta que el empleo de su arma era la última alternativa a utilizar, dado que contaba con otras medidas eficaces para lograr la detención de los particulares, si se tiene en cuenta que aquellos no portaban armas y la granada que encontraron cerca del lugar “estaba oxidada y vieja” y nunca amenazaron con accionarla, tanto así que la testigo presencial de los hechos afirmó que, una vez llegó el “carro” del Ejército Nacional, se produjeron los disparos, lo que indica que no hubo acciones previas al uso de los fusiles. Así las cosas, para la Subsección es claro que el demandado con su accionar ignoró múltiples prescriptivas que tienen como objeto la protección de la vida e integridad de la población civil y echó de menos todo tipo de previsiones relacionadas con el buen manejo de elementos de extremo peligro como su arma de dotación oficial, conducta con la cual generó la obligación para el Estado de responder patrimonialmente por esos hechos. (...) la Sala puede concluir que es plenamente identificable la conducta del ex agente estatal, puesto que disparó en repetidas oportunidades su arma de dotación contra los señores Julián Pastor Serna Quintero y Carlos Alberto García Londoño y en términos causales contribuyó a la producción del daño por el que se aquí se repite, esto es, las lesiones por ellos padecidas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las pautas para el empleo de armas letales por parte de los Estados suscriptores del Pacto de San José, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 1 de septiembre de 2016, expediente 56761, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, LEY 171 DE 1994, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / USO RESTRINGIDO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿En qué casos un miembro de la fuerza armada puede hacer uso del arma de dotación oficial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se insiste que el uso de las armas por parte de los miembros de la Fuerza Pública, en el cumplimiento de sus funciones, debe ser el último recurso, esto es, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño, porque que lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas. Además, de que su uso como mecanismo de defensa deberá hacerse de manera moderada y proporcional a la gravedad de la amenaza, la cual, se repite, en este caso, brilló por su ausencia.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL CURADOR AD LITEM / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Qué función tiene el curador ad litem en elación con desvirtuar la presunción de culpa grave en la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l curador ad litem que representó al señor Álvarez Guarín no adoptó una estrategia de defensa dirigida a desvirtuar las pruebas o a impedir la aplicación de la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. Entonces, dado que se cumplió el requisito subjetivo para la prosperidad de la pretensión de repetición, se confirmará la sentencia apelada
LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuando se constata que la conducta desplegada por el demandado es gravemente culposa, amerita una reducción de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala aclara que, aunque este aspecto no fue objeto de apelación, está intrínsecamente ligado a la responsabilidad que acaba de analizarse32, por manera que, en este punto, reitera la tesis de la Subsección, según la cual cuando se constata que la conducta desplegada por el demandado es gravemente culposa, como aquí ocurre, amerita una reducción de la condena, por lo que pasa a explicarse: La Ley 678 de 2001 habilitó al juez de la repetición para que tenga en cuenta el tipo de conducta que despliega el agente estatal, para efectos de fijar el valor de la condena patrimonial, toda vez que en su artículo 14 estableció que la autoridad judicial “cuantificará el monto de la condena atendiendo a [la] (…) culpa grave o dolo”, por lo que deberá ser un factor para tener en cuenta para la estimación de esta, por las razones que pasan a exponerse. El dolo requiere que el juez de la repetición constate que el servicio del Estado fue transgredido de manera consciente y voluntaria, es decir, con conocimiento de la irregularidad del comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas que ello implica. Por el contrario, la culpa grave presenta una ausencia de aspecto volitivo en la actuación desplegada, pues, a pesar de que esta pueda llegar a ser consciente, el funcionario no busca o quiere realizar un hecho ajeno a las finalidades del servicio prestado. Lo anterior es consecuente con las definiciones de culpa grave y dolo contenidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, toda vez que se menciona que la actuación dolosa implica el “querer” el resultado dañoso, mientras que dentro de la redacción de la culpa grave se omite el aspecto volitivo. Ahora, es claro que el contenido de las definiciones tanto de dolo como de culpa grave, en los términos de la Ley 678 de 2001, como sustento de las imputaciones que se realizan a los funcionarios públicos, se aparta de los conceptos de otras especialidades, como la penal o la civil. Por esta razón, no existe motivo alguno para llenar, desde una perspectiva analógica, las definiciones de dolo y culpa grave, pues la norma especial las estableció de forma integral y expresa. Bajo ese contexto, para la Sala resulta desproporcionado pretender que las conductas dolosas y gravemente culposas tengan la misma consecuencia patrimonial en este tipo de procesos, cuando es clara la distinción efectuada por la Ley 678 de 2001, en cuanto al análisis que del aspecto volitivo de la conducta que despliega el funcionario estatal se debe realizar en el fallo judicial, todo con el ánimo de establecer su “grado de participación en la producción del daño”, tal como lo exige el artículo 14 ibídem. Así, para la Subsección resulta importante establecer que una condena patrimonial en sede de repetición cuyo sustento se halla en una conducta que se considere gravemente culposa, no puede tener la misma consecuencia que una desplegada de manera dolosa. Es decir, la conducta gravemente culposa estipulada en la Ley 678 de 2001 no puede asimilarse al dolo, ya que en la primera se advierte una ausencia del aspecto volitivo, esto es, del “querer” desplegar la conducta ajena al servicio. Por lo dicho, resulta coherente con los conceptos de la Ley 678 de 2001 y, en concreto, con la potestad que tiene el juez de graduar la responsabilidad de los demandados en repetición atendiendo a la “culpa grave o el dolo” -artículo 14 ibídem-, que las actuaciones de los funcionarios públicos que sean desplegadas con el ánimo, esto es, queriendo perjudicar el servicio del Estado, la condena sea en el equivalente al 100% de lo pagado por la parte demandante en el proceso antecedente, como consecuencia de dicha actuación; sin embargo, si el detrimento patrimonial de la entidad demandante tuvo como génesis una culpa grave del funcionario, la condena deberá reducirse proporcionalmente, pues resulta claro que, en estos casos, aquel no «quería» realizar el hecho ajeno a la finalidad del servicio. En este punto, se recuerda que el análisis que se realizó en el caso concreto sobre la responsabilidad por la condena que pagó el Ejército Nacional en el proceso de reparación directa antecedente fue efectuado a la luz de una conducta gravemente culposa. En ese sentido, se explicó que este tipo de conducta omitía el aspecto volitivo consistente en el “querer” realizar el hecho que es ajeno a las finalidades del servicio, pues este concepto se asimilaría al dolo, de conformidad con la Ley 678 de 2001, por tanto, debido a la modalidad de la conducta, esto es, culposa, se estima procedente que el reembolso se efectúe por el 70% de la condena.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 14
COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55