Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: es necesario precisar el alcance del numeral 6.6 del manual de interventoría versión 4.0 del IDU
Lo que dijo la Sala
La demanda se dirigió a la obtener, en forma principal, la declaración de incumplimiento del IDU y Transmilenio SA de un contrato de consultoría por el hecho de no haber pagado algunas actividades que, según afirma el consorcio contratista, fueron pactadas a precio unitarios, los cuales quedaron pendientes de ser fijados durante la ejecución contractual; en forma subsidiaria, pidió la declaración de enriquecimiento sin causa por haberse beneficiado de esas prestaciones sin remunerarlas.
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Síntesis síntesis automática
El contratista no puede exigir el pago de actividades adicionales que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución del contrato, ya que no hubo acuerdo de voluntades entre las partes para incorporar estos ítems al negocio jurídico con un precio definido. La Sala confirmó que los trabajos no incluidos en el contrato inicial ni en los modificatorios correspondientes son adicionales y, por lo tanto, no pueden ser exigidos como parte del contrato original. Esta decisión reitera la necesidad de un acuerdo explícito entre las partes para incluir nuevos ítems y establecer su contraprestación, lo que implica que el contratista no puede realizar ejecuciones materiales sin un acuerdo previo sobre su remuneración, evitando así reclamos por incumplimiento contractual basados en trabajos no pactados.
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Problema jurídico
¿El IDU y Transmilenio SA incumplieron el contrato de consultoría por no haber pagado algunas actividades que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución contractual?
Respuesta: No
También resuelve
- ¿La ley fija límites objetivos para la contabilización de la caducidad, los cuales son de orden público y, por consiguiente, de perentoria observancia?
- ¿Las consecuencias en materia de los costos y gastos que genere el proceso se le asignaron a la parte vencida?
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Titulación de la relatoría 11.593 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PAGO / CONTRATISTA / PRECIO UNITARIO / FIJACIÓN DEL PRECIO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / PLIEGO DE CONDICIONES / FORMA DE PAGO / PAGO DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL A PRECIO GLOBAL / RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL CONTRATO / INTERVENTORÍA / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO / FIRMA DEL CONTRATO / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / NEGOCIO JURÍDICO / INEXISTENCIA DE MALA FE / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA
Problema jurídico:
¿El IDU y Transmilenio SA incumplieron el contrato de consultoría por no haber pagado algunas actividades que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
La demanda se dirigió a la obtener, en forma principal, la declaración de incumplimiento del IDU y Transmilenio SA de un contrato de consultoría por el hecho de no haber pagado algunas actividades que, según afirma el consorcio contratista, fueron pactadas a precio unitarios, los cuales quedaron pendientes de ser fijados durante la ejecución contractual; en forma subsidiaria, pidió la declaración de enriquecimiento sin causa por haberse beneficiado de esas prestaciones sin remunerarlas. El tribunal de primera instancia denegó las súplicas principales de la demanda por estimar que lo reclamado corresponde a trabajos adicionales para cuyo reconocimiento era indispensable la suscripción de los correspondientes acuerdos modificatorios del contrato y, las subsidiarias, porque las obligaciones supuestamente incumplidas derivaron de la ejecución de un contrato estatal y no se cumplen los presupuestos para la prosperidad de la actio in rem verso. [...] La Sala confirmará la sentencia apelada, porque los ítems en relación con los cuales no hubo acuerdo entre las partes sobre su alcance y remuneración son adicionales al contrato y no fueron incluidos en este a través de los modificatorios correspondientes; se mantendrá la decisión de denegar las pretensiones subsidiarias porque la parte demandante no manifestó reparos concretos respecto de la decisión que las negó. [...] En el numeral 9,2 del pliego de condiciones, “forma de pago” se determinó que el contrato se remuneraría a precio global fijo para los estudios y diseños y, a precios unitarios para los “ensayos de laboratorio”. La propuesta económica del consorcio demandante [...] es equivalente a las cifras del presupuesto oficial [...]. Las partes no discuten y, por el contrario, aceptan que los ítems objeto de debate no se incluyeron en la fijación de precios unitarios y, por consiguiente, no tenían un valor previamente fijado. [...] En el recurso de apelación se discute que los ítems cuyo precio no se pactó no eran adicionales porque estaban ligados al objeto contractual; contrario a ese entendimiento, la Sala estima que son adicionales, toda vez que no hubo acuerdo sobre la necesidad de ejecutarlos y la contraprestación [...]. Ahora bien, es necesario precisar el alcance del numeral 6.6 del manual de interventoría versión 4.0 del IDU, que era el vigente en la época de suscripción del contrato y, por ende, fue el aceptado por el contratista cuando firmó el contrato y permitió su incorporación como parte de esta; cuestión distinta es que la facultad de la entidad para modificar, ajustar o variar sus procedimientos internos, pero, ello no implica aceptación por la contraparte de aquellos aspectos relacionados con sus específicos derechos y obligaciones. [...] La Sala destaca que el procedimiento del numeral 6.6 antes citado tenía por objeto, precisamente, por tratarse de un reglamento de interventoría y supervisión, disponer las reglas específicas que atenderían el supervisor y el interventor del contrato para efecto de fijar los precios de ítems no previstos e imponía el análisis de precios por parte del interventor, su eventual objeción o no por parte del supervisor del IDU y culminaba con un acta de fijación de precios. En ese ámbito de comprensión, existía un trámite de fijación de precios de ítems no previstos por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, previo e indispensable para la eventual modificación del contrato pero, no constituía ni suplía la voluntad de la administración; correspondía al interventor constatar que los ítems reclamados eran nuevos, analizar los precios y someterlos al supervisor quien podía objetarlo o no; sin embargo, la “no objeción” no puede considerarse equivalente al acuerdo sobre precios el cual estaba reservado a las partes y, por lo tanto, debía ser suscrito por estas a través de los respectivos representantes autorizados para obligarlas. En los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, la inclusión de nuevos ítems como parte del contrato no se perfeccionaba sin acuerdo escrito sobre aquellos que serían efectivamente contratados y la contraprestación, pues, con independencia de su conexión con el objeto contratado, no quedaron expresamente pactados en el contrato inicial ni hubo acuerdo de las partes en cuanto al precio unitario correspondiente, en consecuencia, tal como lo determinó el tribunal, eran adicionales. En consecuencia, es claro (i) que el IDU no tenía la posibilidad, por vía reglamentaria, para modificar o dar alcance a las normas legales que rigen la contratación pública y, (ii) todo aquello sobre lo cual no hubo acuerdo en relación con el alcance y la contraprestación pactada no estaba incluido en el contrato y, por consiguiente, se trataba de adicionales que requerían un acuerdo de voluntades entre los contratantes. [...] Verificado el material probatorio allegado al expediente se encuentra que no existió acuerdo de voluntades entre las partes que hubiera incorporado al negocio jurídico los ítems que no fueron incluidos en el contrato, por lo cual se confirmará la sentencia apelada según se explica a continuación, toda vez que no se suscribieron los modificatorios contractuales necesarios para incorporar al negocio jurídico, con valor definido, los ítems cuyo pago reclama el contratista. [...] En ese contexto, (i) no es cierto que el orden en el cual el tribunal asumió el análisis del caso tuviera incidencia en el resultado del proceso porque en ausencia del acuerdo de voluntades de las partes no le era dable al contratista realizar ejecuciones materiales para luego exigir su remuneración a título de incumplimiento contractual, (ii) se requería una modificación contractual para incluir trabajos o ítems cuyo precio no fue acordado por las partes, (iii) aunque se fijó una suma de dinero estimada para remunerar los trabajos pactados a precios unitarios, era necesario acuerdo previo sobre su alcance y remuneración, (iv) no había un precio unitario previamente pactado y definido que permita remunerar lo pretendido por la parte apelante, (v) el concepto de la interventoría sobre la necesidad de ejecutar ítems no tenía la virtualidad de sustituir la voluntad de la contratante y generar que aspecto nos contratados quedaran incluidos en el objeto contractual, (vi) aunque se surtió -en mayor o menor medida- el procedimiento previsto para la fijación de nuevos precios estos nunca llegaron a acordarse entre las partes y, por ende, eran ajenos a lo expresa e inequívocamente acordado entre las partes, (vii) no podían ser ejecutados antes de ser válidamente convenidos de modo tal que la la ausencia de acuerdo sobre estos no revela mala fe de la parte contratante, (viii) circunstancias que relevan a la Sala del deber de pronunciarse en relación con la real ejecución o no de estos trabajos. Por su parte, en el recurso de apelación no se insistió en el reclamo derivado del supuesto enriquecimiento sin causa y, por el contrario, este se sustentó en el hecho de ser los ítems reclamados parte del contrato, lo cual está desvirtuado porque, en lo relacionado con la parte del contrato que sería remunerada a precios unitarios, solo hubo pacto expreso en relación con los ítems incluidos en la oferta, según el anexo 8 cuya imagen se incluye en esta providencia. Por lo expuesto, la Sala confirma la sentencia apelada, adversa a las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41
TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ORDEN PÚBLICO / TÉRMINO PERENTORIO
Problema jurídico:
¿La ley fija límites objetivos para la contabilización de la caducidad, los cuales son de orden público y, por consiguiente, de perentoria observancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 164 del CPACA prevé, en forma expresa e inequívoca, el referente objetivo para determinar el inicio del término de caducidad en los asuntos contractuales, el cual corresponde, en aquellos que deben ser liquidados, a la época de la liquidación o al vencimiento del plazo para realizarla, según el caso [...]. [...] De conformidad con lo expuesto, la oportunidad para demandar no puede quedar sujeta a la libre disposición de las partes y, por el contrario, la ley fija límites objetivos para su contabilización, los cuales son de orden público y, por consiguiente, de perentoria observancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDUCTA DE LAS PARTES / APODERADO / REPRESENTACIÓN JUDICIAL / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA / GASTOS DEL PROCESO / LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA
Problema jurídico:
¿Las consecuencias en materia de los costos y gastos que genere el proceso se le asignaron a la parte vencida?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se mantiene la decisión de primera instancia por la cual se negó la condena en costas porque no fue apelada por la parte desfavorecida con esta y no podría agravarse ese punto de la sentencia en contra del apelante único. Sin embargo, se impone condena en costas de esta instancia a cargo de la parte apelante y en favor de las demandadas las cuales serán liquidadas en forma concentrada en el tribunal de primera instancia. A juicio de la Sala, la reforma introducida por el artículo 188 del CPACA fijó un criterio puramente objetivo para este efecto: la parte vencida asume las costas del proceso; en ese contexto, la conducta de las partes resulta irrelevante para este propósito; adicionalmente, es claro que quienes fueron convocados como demandados al trámite lo hicieron a través de apoderado, lo cual demuestra que al menos debieron asumir el costo de su representación judicial. Sobre este punto, es preciso destacar que la Sala no comparte el criterio del tribunal de primera instancia según el cual la imposición de costas equivale a exigirle al demandante “que solo acuda al juez si tiene plena certeza de ganar el proceso” [...] por el contrario, no existe limitante en relación con la posibilidad de comparecer en juicio, cosa distinta son las consecuencias en materia de los costos y gastos que genere el proceso sobre los cuales el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, los asignó a la parte vencida.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188