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Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-06-25Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020170001400LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA que permite la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento, no ha operado la caducidad y el mismo juez sea competente para conocer de todas? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en única instancia para procesos que involucran la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento y no haya operado la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA. Esta regla especial de competencia por conexidad no viola el principio de la doble instancia y se aplica a casos específicos, como la nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. En un caso particular, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol para determinar si el medio de control de nulidad simple es aplicable, dado que la entidad se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, incluyendo sus reglamentos internos, lo que implica que no son actos administrativos sujetos a control jurisdiccional.síntesis automática
También resuelve:¿Por razón de la solicitud de saneamiento del proceso, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol que se cuestionan en este proceso?¿Ecopetrol se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, lo cual incluye el alcance y validez de sus reglamentos internos?¿El cuestionamiento en contra del manual de contratación no conlleva un estricto juicio de legalidad que deba abordarse a través del medio de control de nulidad simple por no ser un acto…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-07-01Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020250007400LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer en primera instancia una demanda de controversias contractuales, cuya cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes? No
El Consejo de Estado carece de competencia en primera instancia para conocer de demandas de controversias contractuales cuya cuantía corresponda a los tribunales administrativos. El numeral 4 del artículo 152 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, prevé que los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia los asuntos relativos a contratos en los que sea parte una entidad pública cuando la cuantía exceda de quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En consecuencia, se declara la falta de competencia de la corporación y se ordena remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el trámite correspondiente al asunto.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-05-08Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020250001500LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Tribunal Administrativo del Tolima es a quien corresponde la competencia para conocer del presente asunto y proveer sobre su admisibilidad en primera instancia, teniendo en cuenta el lugar donde se ejecutó el convenio interadministrativo, debido a que el objeto de la pretensión de nulidad de la demanda de controversias contractuales versa sobre un otrosí del cual se estima con claridad que el litigio carece de cuantía y, considerando, que en el caso concreto se involucra una entidad del orden nacional? Sí
Las controversias contractuales que carecen de cuantía y en las que interviene una entidad del orden nacional se atribuyen en primera instancia a los tribunales administrativos, por la cláusula residual de competencia del numeral 26 del artículo 152 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, cuando ninguna otra regla especial determina el juez competente. Cuando la pretensión de nulidad recae sobre un otrosí que solo modifica el plazo de un convenio interadministrativo y las garantías que lo amparan, el litigio carece de cuantía. En cuanto a la competencia territorial, esta se define por el lugar donde se ejecutó el convenio, que en el caso concreto fue el municipio demandado. La demanda de nulidad de un otrosí celebrado dentro de un convenio es, por su objeto, una demanda de controversias contractuales conforme al artículo 141 del CPACA. En el caso concreto, el auto declaró la falta de competencia del juzgado y remitió el expediente al tribunal administrativo del departamento donde se ejecutó el convenio. Como consecuencia práctica, la demanda de controversias contractuales sin cuantía que involucre una entidad nacional debe presentarse ante el tribunal del lugar donde se ejecutó el contrato.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2024-02-19Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 25000233600020190057002LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está mal denegado el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que negó la petición de ampliación del plazo para que se rindiera un dictamen pericial? Sí
El auto que niega la práctica de pruebas es apelable, de modo que la negativa de ampliar el plazo para rendir un dictamen pericial, cuando materialmente impide su práctica, admite el recurso y su denegación indebida da lugar a la queja. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 243 del CPACA enumera los autos de primera instancia susceptibles de apelación, y dentro de ellos está el que niega la práctica de pruebas. Segunda, al no conceder un plazo mayor para el dictamen decretado a instancia de la parte actora, el tribunal impidió materialmente su práctica, lo que hace procedente la apelación. Tercera, la decisión sobre la procedencia de la apelación corresponde al juez a quo y no al superior, por lo que no procedía remitir la actuación para que el Consejo de Estado decidiera si la alzada debía concederse. La providencia declara fundado el recurso de queja y avoca el conocimiento de la apelación. La consecuencia práctica es que el juez de primera instancia debe conceder la apelación contra el auto que niega una prueba cuando su decisión impide materialmente la práctica del medio.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión sobre la procedencia del recurso de apelación le corresponde al juez a quo y no al superior?¿No es procedente que el juez de primera instancia remita el recurso de apelación y el recurso de que para considerar su admisión por parte del juez de segunda instancia porque son actuaciones…
¿Las propuestas presentadas por los proponentes vencidos cumplían los requisitos del pliego en relación con el sistema de puja para adjudicar el contrato, propio del proceso de selección por subasta inversa escogido por la entidad? No
En un proceso de selección por subasta inversa, la propuesta debe indicar un precio que permita realizar los lances previstos en el pliego, y una oferta de cero pesos no cumple esa condición. De acuerdo con el pliego, era necesario señalar un precio para que pudiera utilizarse esta modalidad de selección, que supone la realización de lances. Los proponentes vencidos no cuestionaron la modalidad escogida por la entidad, y su único argumento consistió en afirmar que el precio de cero pesos era un precio de mercado que debía ser considerado. La Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de adjudicación, porque las propuestas de cero pesos presentadas para el componente de equipos no permitían hacer los lances. Por último, al no prosperar la apelación, los apelantes fueron condenados en costas y agencias en derecho de segunda instancia, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, que se liquidarán en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas en segunda instancia al no haber prosperado el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-04-21Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 20001233300020240023401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado para dirimir los conflictos negativos de competencia suscitados entre los Tribunales Administrativos de distintos distritos judiciales? Sí
El operador judicial resuelve el conflicto negativo de competencia suscitado entre los tribunales administrativos de distintos distritos judiciales respecto del conocimiento de un proceso relativo a un contrato de concesión minera. De conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde a esta Corporación dirimir tales colisiones competenciales. Asimismo, conforme al numeral 3 del artículo 125 del CPACA, el magistrado ponente dicta las providencias interlocutorias y de sustanciación necesarias en el curso de la actuación procesal. Tras analizar la normativa aplicable, el despacho determina que el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 se encuentra vigente al no haber sido derogado expresamente por la Ley 2080 de 2021, por lo cual se declara competente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dado que el contrato estatal objeto de controversia fue celebrado en la ciudad de Bogotá.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal Administrativo del Cesar el encargado de tramitar el medio de control de controversias contractuales, bajo la regla establecida en el numeral 4 del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 15001233100020060295202ACCION CONTRACTUAL
¿Las providencias pueden ser corregidas cuando en ellas se haya incurrido en errores por omisión, cambio de palabras o alteración de estas? Sí
Las providencias pueden ser corregidas cuando en ellas se haya incurrido en errores por omisión, cambio de palabras o alteración de estas, siempre que los mismos se encuentren contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella. En la sentencia se definió claramente que no procedía la condena en costas en esta instancia por cuanto no quedó acreditada en la actuación una conducta temeraria, en los términos en que lo exige el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. En ese sentido, la Sala accede a la solicitud de corrección de la parte resolutiva de la sentencia.
También resuelve:¿Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte?
¿Si las pretensiones prosperan parcialmente, el juez tiene la facultad de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente expresando los fundamentos de su decisión? Sí
El juez tiene la facultad, no el deber, de abstenerse de condenar en costas o condenar parcialmente cuando las pretensiones prosperan parcialmente, siempre que exprese los fundamentos de su decisión, según el artículo 365 del Código General del Proceso. La Sala confirmó que el hecho de que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte automáticamente el asunto en de “interés público”, aclarando que este concepto es muy genérico y no puede aplicarse a todos los procesos judiciales que involucran al Estado. Además, la representación de la parte demandada por apoderado judicial durante el proceso permitió la acreditación de las agencias en derecho, cuyo valor fue fijado dentro del rango establecido por el Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia, se aplicará a la parte demandante conforme a los artículos 188 del Código Procesal Administrativo y 365 numeral 3 y 366 del Código General del Proceso, siendo competencia del tribunal de primera instancia la tasación y liquidación de estas.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho que en los convenios interadministrativos se involucren dineros públicos y entidades estatales no convierte el asunto de “interés público”?¿Cómo la parte demandada estuvo representada por apoderado judicial durante el proceso, las agencias en derecho se acreditaron?¿Se condenará en costas y agencias en derecho de segunda instancia a la parte demandante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001333302920240020701LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para dirimir el conflicto negativo de competencia surgido entre juzgados de distintos distritos judiciales? Sí
De conformidad con lo previsto en el artículo 158 del CPACA, corresponde a este despacho resolver el presente conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga (Santander) y el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín (Antioquia) por corresponder a diferentes distritos judiciales.
También resuelve:¿Se configura un conflicto negativo de competencia cuando un despacho judicial remite un expediente a un juzgado distinto de aquel que inicialmente conoció del proceso y posteriormente se lo reenvió?¿Debe aplicarse como regla vigente de competencia territorial en los procesos de repetición la prevista en el numeral 11 del artículo 156 del CPACA…¿Debe atribuirse la competencia para conocer de una demanda de repetición al juez del domicilio del demandado, conforme a lo indicado por la parte actora al momento de subsanar la demanda?
¿Las actas de avance del Convenio y el informe de supervisión demuestran que el Municipio incumplió sus obligaciones contractuales? Sí
El informe de supervisión y las actas de avance de un convenio constituyen pruebas idóneas del incumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante cuando esta participó en las visitas en que se verificaron los incumplimientos y no controvierte las conclusiones de la supervisión ni aporta pruebas que las desvirtúen. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la participación de la entidad en las visitas de verificación le permitía conocer y cuestionar las conclusiones de la supervisión, de modo que su silencio durante el proceso refuerza la prueba del incumplimiento. Segundo, cuando la entidad no presenta medios de prueba que desvirtúen el incumplimiento certificado, no satisface la carga de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y precisa que la entidad deberá cumplir las obligaciones de hacer en el plazo de un año contado desde la ejecutoria de la decisión; en la práctica, cuando la sentencia no fija plazo para cumplir obligaciones de hacer, el juez puede precisarlo a partir de su ejecutoria.síntesis automática
También resuelve:¿Por tratarse de una demanda presentada por una entidad pública, era obligatorio agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial?¿Para que una obligación de hacer sea exigible se requiere que se determine el plazo para la ejecución de la misma?¿La Sala condenará en costas al Municipio como quiera que el recurso de apelación fue resuelto de manera desfavorable para él?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-23Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233300020240034501LEY 1437 REPETICION
¿Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia? Sí
El contratista debe cumplir las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero en un plazo máximo de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, conforme al inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Si la entidad pública no cumple dentro de este plazo, la acción de repetición del contratista puede caducar, afectando su derecho a la reparación directa. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos, según el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Además, el plazo de dos años para ejercer el medio de control de repetición es invariable y de orden público, no pudiendo ser modificado por la entidad pública, lo que garantiza la seguridad jurídica y el interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿El fenómeno de la caducidad se configura cuando vence el término previsto en la ley para acudir ante los jueces a presentar una demanda?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
Cuando un convenio interadministrativo depende de condiciones alternativas para su vigencia, su terminación se produce con el cumplimiento de la condición que se materialice primero, y desde ese momento corre el término pactado para liquidarlo de común acuerdo, cuyo vencimiento fija el inicio del cómputo de la caducidad conforme al aparte v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, si las partes acordaron dos condiciones alternativas, la que se cumpla primero determina la terminación, sin que sea admisible exigir el cumplimiento total de las obligaciones como único hito. Segundo, cuando las partes no realizan la liquidación bilateral dentro del plazo convenido, el interesado dispone de la oportunidad de presentar la demanda hasta el vencimiento del término de caducidad contado desde ese plazo. La providencia confirma la sentencia que declaró probada de oficio la excepción de caducidad; en la práctica, la fecha en que se cumple la primera condición es la que debe verificarse para contar el término de liquidación y, luego, el de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Los sujetos procesales tienen hasta la ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación para pronunciarse sobre el mismo?¿Los convenios interadministrativos se encuentran sujetos a las normas de la Ley 80 de 1993 sobre liquidación de los contratos?¿Procede la condena en costas en contra de quien se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación?
¿Procede la cláusula penal de forma proporcional al cumplimiento del contrato? Sí
El contratista incumple el contrato cuando no ejecuta la obra en su totalidad, por lo que la cláusula penal es aplicable de forma proporcional al grado de cumplimiento, tal como lo determinó el tribunal en primera instancia. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en fuerza mayor que justifique la exención del contratista de su responsabilidad contractual. Además, el dictamen pericial presentado por la aseguradora no cumple con los requisitos legales para ser valorado, ya que no se acompañaron los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del perito ni los que le sirven de fundamento. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir con los requisitos legales para la valoración de los dictámenes periciales y subraya la importancia de la proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal en casos de incumplimiento parcial.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?¿En los contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales comenzará a contar a partir de los dos meses siguientes al vencimiento del…¿El dictamen aportado por la Aseguradora cumple con los requisitos establecidos el artículo 226 del CGP?
¿El municipio incumplió la obligación de pago estipulada en el contrato de obra? Sí
Con base en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, que establece que a través del medio de control de controversias contractuales cualquiera de las partes de un contrato estatal puede pedir que se declare, entre otras cosas, su incumplimiento, se determina que el medio invocado por el demandante fue el adecuado, pues el conflicto tiene origen en la desatención en la que habría incurrido el Municipio respecto de las obligaciones de pago que asumió en el contrato de obra 002 MG de 2014, así como los perjuicios que se habrían derivado de esa inobservancia.
También resuelve:¿Procede la condena en costas de ambas instancias al Municipio demandado, ya que fue la parte vencida en el proceso?
¿La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial implica un cambio en el régimen jurídico del contrato estatal inicialmente celebrado? No
La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial no altera el régimen jurídico del contrato estatal ni sus prerrogativas. La regla se apoya en el artículo 896 del Código de Comercio, que dispone que la cesión comprende las acciones, privilegios y beneficios propios de la naturaleza y condiciones del contrato, de modo que las prerrogativas pactadas y las propias de los contratos estatales se transfieren al cesionario. Además, las partes reconocieron ese efecto al momento de pactar la cesión, y el cesionario es una entidad pública descentralizada del orden departamental, por lo que el régimen sustancial del contrato no muta con la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido sigue sometido a las reglas que lo gobernaban antes de la cesión, y el cambio de titular no modifica las prerrogativas que tenía la administración.síntesis automática
También resuelve:¿La Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., puede ejercer válidamente las prerrogativas unilaterales del contrato estatal que le fueron cedidas?¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10 del CCA para determinar la caducidad de la acción en un contrato estatal de ejecución sucesiva liquidado unilateralmente por la administración?¿Puede un contrato de transacción tener efectos jurídicos respecto de pretensiones no incluidas expresamente en su contenido, como los perjuicios derivados del incumplimiento contractual…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 68001233300020240007201LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó el elemento objetivo para la procedencia del medio de control de repetición -la existencia de una condena u obligación de carácter indemnizatorio en contra del Estado- y, en consecuencia, no resulta procedente el rechazo de la demanda? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de repetición cuando se acredite la existencia de una condena u obligación de carácter indemnizatorio en contra del Estado, y en este caso, la Sala revocó la decisión de primera instancia que rechazó la demanda, al determinar que las pretensiones del contratista estaban encaminadas al pago de intereses moratorios y la devolución de una supuesta doble erogación causada por la conducta gravemente culposa de los funcionarios estatales, lo que hace susceptible al asunto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Sala consideró que la entidad demandante buscaba obtener el reembolso de los intereses moratorios y la devolución de la doble erogación, situaciones que implican una condena u obligación indemnizatoria en contra del Estado, y que por lo tanto, el caso es susceptible de control judicial a través del medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Al caso objeto de estudio le resultan aplicables las normas procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación?¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra un auto de primera instancia proferido por un tribunal administrativo?¿En todos los casos en que existe una orden de pago o condena judicial se configuraría una afectación patrimonial al Estado?
¿El IDU y Transmilenio SA incumplieron el contrato de consultoría por no haber pagado algunas actividades que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución contractual? No
El contratista no puede exigir el pago de actividades adicionales que quedaron pendientes de ser fijadas durante la ejecución del contrato, ya que no hubo acuerdo de voluntades entre las partes para incorporar estos ítems al negocio jurídico con un precio definido. La Sala confirmó que los trabajos no incluidos en el contrato inicial ni en los modificatorios correspondientes son adicionales y, por lo tanto, no pueden ser exigidos como parte del contrato original. Esta decisión reitera la necesidad de un acuerdo explícito entre las partes para incluir nuevos ítems y establecer su contraprestación, lo que implica que el contratista no puede realizar ejecuciones materiales sin un acuerdo previo sobre su remuneración, evitando así reclamos por incumplimiento contractual basados en trabajos no pactados.síntesis automática
También resuelve:¿La ley fija límites objetivos para la contabilización de la caducidad, los cuales son de orden público y, por consiguiente, de perentoria observancia?¿Las consecuencias en materia de los costos y gastos que genere el proceso se le asignaron a la parte vencida?
PRINCIPAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿La consecuencia de que el juzgador de la segunda instancia constate una falta de sustentación del recurso de apelación es la confirmación de la providencia impugnada? Sí
En la apelación, la falta de sustentación del recurso, cuando es de carácter material suficiente o adecuada, conduce a confirmar la providencia impugnada, porque el juez de segunda instancia queda sin elementos para revisar la sentencia. La regla se apoya en tres razones. La primera es el principio de congruencia, que limita la revisión a lo que el apelante expone. La segunda son los fines del recurso, que exigen un mínimo de rogatividad y objetividad en su interpretación. La tercera es que esa exigencia debe aplicarse sin caer en un excesivo ritualismo, de modo que lo relevante es la falta de sustentación material y no la simple omisión formal. La providencia confirma la sentencia de primera instancia con base en esta regla, reiterando la jurisprudencia sobre la exigencia de sustentación. En la práctica, el apelante debe precisar en el escrito de apelación los argumentos concretos contra cada punto de la decisión, porque una sustentación materialmente insuficiente conduce a la confirmación del fallo, sin que el juez deba suplir las razones que el recurrente no expuso.síntesis automática
También resuelve:¿La ley impone que en la apelación se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable?¿La impugnación propuesta contra la sentencia proferida por el Tribunal que negó las pretensiones de la demanda estuvo debidamente sustentada?¿Más allá de una exposición de motivos de inconformidad elaborada a partir de los argumentos planteados por el Tribunal, el recurrente se limitó a replicar los argumentos desarrollados en el escrito…
¿La actuación desplegada por la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional y, en particular, por las empresas que la componen, dentro del proceso penal por el supuesto delito de acceso o prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones, en contra del actor, le ocasionó un daño a la parte actora que pueda catalogarse como antijurídico? No
El contratista no puede obtener reparación directa por daños antijurídicos derivados de la actuación de la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional en un proceso penal, ya que no acredita el daño cierto, presente o futuro, ni su relación causal con la acción de la entidad, además de no probar adecuadamente la afectación de garantías procesales o la pérdida de oportunidades comerciales. La Sala confirma la sentencia que rechaza la demanda por falta de pruebas, lo que implica que el contratista debe demostrar con claridad y certeza el daño y su origen para obtener indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad le corresponden en…¿El término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años?¿Los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica?
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve:¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales…¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera…¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?