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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el deber de vigilancia a cargo del interventor es una actividad indivisible

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-07-13
Radicado
25000232600020150018201
Número interno
62242
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
INTERAUDIT S.A.S., APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA, CONSORCIO PAI RUNT
Demandado
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el deber de vigilancia a cargo del interventor es una actividad indivisible

Regla de decisión

El deber de vigilancia a cargo del interventor es una actividad indivisible que exige que las intervenciones y recomendaciones sean entendidas de forma integral.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El interventor está obligado a ejercer una vigilancia integral y continua del contrato, de manera que las intervenciones y recomendaciones deben ser evaluadas como un todo indivisible, lo que implica que no se puede discriminar el valor de cada actividad específica si no está previsto en el contrato y no se altera el objeto del mismo. La entidad estatal puede liquidar unilateralmente el contrato si ha cumplido con la convocatoria al contratista para liquidar bilateralmente, y si este no responde o no se llega a un acuerdo, la entidad queda habilitada para liquidar el contrato de manera unilateral dentro del plazo legal. Además, en la liquidación del contrato, las autoridades pueden incorporar todas las deudas y saldos causados durante el contrato, incluyendo multas impuestas, para definir integralmente el estado de cuenta del negocio. En cuanto a las costas, la entidad demandante asume las costas de la segunda instancia cuando el recurso de apelación es resuelto desfavorablemente, incluyendo las agencias en derecho por la intervención del apoderado, independientemente de si este interviene activamente en el proceso o guarda silencio estratégico.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El deber de vigilancia a cargo del interventor es una actividad indivisible que exige que las intervenciones y recomendaciones sean entendidas de forma integral?

Respuesta: Si

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

Se confirmará la sentencia de primera instancia, porque ninguna de las razones de apelación permiten concluir algo distinto a lo expuesto y decidido por el tribunal.… El ministerio enlistó el incumplimiento de veintiún (21) actividades específicas a cargo del interventor, para indicar en el último apartado que todo ello resultaba en el incumplimiento del objeto contractual pues, el deber de vigilancia es una actividad indivisible que exige que las intervenciones y recomendaciones sean entendidas de forma integral, en consecuencia, no es posible discriminar el valor de cada actividad, de un lado, porque las partes no lo previeron en el contrato y, de otro, por cuanto el objeto del contrato tampoco lo permite.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

Guías del tema

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Liquidación del contrato Multas y cláusula penal Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 6.938 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El deber de vigilancia a cargo del interventor es una actividad indivisible que exige que las intervenciones y recomendaciones sean entendidas de forma integral? Respuesta al problema jurídico: Si Se confirmará la sentencia de primera instancia, porque ninguna de las razones de apelación permiten concluir algo distinto a lo expuesto y decidido por el tribunal. […] [E]l ministerio enlistó el incumplimiento de veintiún (21) actividades específicas a cargo del interventor, para indicar en el último apartado que todo ello resultaba en el incumplimiento del objeto contractual pues, el deber de vigilancia es una actividad indivisible que exige que las intervenciones y recomendaciones sean entendidas de forma integral, en consecuencia, no es posible discriminar el valor de cada actividad, de un lado, porque las partes no lo previeron en el contrato y, de otro, por cuanto el objeto del contrato tampoco lo permite. Además, el ministerio no declaró ningún incumplimiento en la liquidación del contrato, la entidad contratante se limitó a reseñar los actos que previamente habían adoptado esa decisión y frente a los cuales la Sala negó las pretensiones de nulidad, por lo tanto, son obligatorios. […] Se confirmará la sentencia impugnada porque, tal como lo advirtió el tribunal, ninguno de los cargos de nulidad prosperó respecto de la liquidación unilateral acusada. LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Es posible que en la liquidación del contrato, al realizar el cruce de cuentas las autoridades incorporen todas las deudas y saldos que a lo largo del contrato se han causado, como sería el caso de las multas impuestas? Respuesta al problema jurídico: Si [D]ebe precisarse que la ley habilita a las entidades para que efectúen el balance económico de lo ejecutado y definan la situación de los cocontratantes en relación con el estado de sus obligaciones con el fin de que resuelvan definitivamente todo lo relacionado con la economía del contrato, en consecuencia, sí es posible que en el cruce de cuentas las autoridades incorporen todas las deudas y saldos que a lo largo del contrato se han causado –como sería el caso de las multas impuestas–; sostener lo contrario, que no es factible incluir el valor de las multas, impediría hacer o definir integralmente y en debida forma el estado de cuenta del negocio ya que sería imposible definir “quién le debe a quién y cuánto”. Ante un eventual doble cobro del valor de las multas, uno adelantado con fundamento en los actos sancionatorios y, otro, con base en la liquidación unilateral, el ejecutado podría proponer las excepciones previstas en el artículo 442 (numeral 24) del Código General del Proceso (CGP) o, bien pretender la nulidad de los actos proferidos durante el procedimiento de cobro coactivo que dispongan doblemente el recaudo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las reglas para la formulación de excepciones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, rad. 25199, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 442 INCISO 24 PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La entidad demandada estaba habilitada para realizar la liquidación unilateral del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si El impugnante afirma que la entidad no lo convocó en debida forma, porque no hay constancia de entrega de las citaciones para liquidar bilateralmente el contrato y que por lo tanto no era posible que el ministerio lo liquidara de forma unilateral […]. Aunque no hay constancia de entrega de las tres citaciones, lo cierto es que la entidad contratante las envió a la misma dirección y por las respuestas del contratista se entiende que sí las recibió, en consecuencia, el ministerio sí convocó al consorcio para efectuar la liquidación bilateral del contrato, cosa distinta es que esta no se haya dado. Además, en consideración a que el plazo del contrato terminó el 31 de enero de 2012 la liquidación bilateral podía adelantarse hasta el 1º de junio del mismo año, luego de lo cual la entidad quedó habilitada para hacer el cruce de cuentas a través de acto administrativo. CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en los eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, la parte demandante debe asumir las costas de la segunda instancia porque se resolvió desfavorablemente el recurso de apelación; la condena incluirá las agencias en derecho por la intervención del apoderado del ministerio que para esta instancia se fijan en dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria de esta providencia en atención al concepto y los criterios definidos para su causación en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura aplicable al caso en razón de la época de presentación de la demanda. A diferencia de lo indicado por el apelante, las agencias en derecho de la primera instancia estaban plenamente causadas y justificadas como resultado de la intervención del apoderado la entidad demandada en las distintas etapas del proceso, inclusive la condena al pago de agencias en derecho también procede cuando el apoderado de la parte vencedora no interviene en el proceso pues, su estrategia jurídica válida y pertinente, bien puede ser guardar prudente silencio durante el desarrollo del litigio sin que por esa razón pueda negársele el reconocimiento de agencias en derecho a cargo de la parte vencida. Además, el artículo 188 del CPACA no exige que la temeridad o mala fe para que proceda la condena en costas en contra de la parte vencida. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3
Texto extraído del PDF oficial 47.634 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022). Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-26-000-2015-00182-01 (62.242) Demandante: INTEGRANTES DEL CONSORCIO PAI RUNT Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - NULIDAD DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO Síntesis del caso: las partes celebraron un contrato de interventoría, durante la ejecución la entidad contratante multó al contratista y declaró el siniestro de incumplimiento, luego de terminado el plazo el ministerio no convocó al contratista para liquidar bilateralmente el contrato y lo hizo a través de acto administrativo, donde no reconoció el precio de todas las prestaciones ejecutadas e indebidamente incluyó el valor de las multas . El contratista pretende la nulidad de la liquidación. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de l 18 de julio de 2018 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 578 a 602 cdno. ppal.) mediante la cual se dispuso lo siguiente: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente sentencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, y a favor de la parte demandada a la suma correspondiente a un millón trescientos cincuenta y seis mil doscientos treinta y seis pesos m/cte ($1. 356.236).” (fls. 973 vlto. y 974 cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas sostenidas del original). I. ANTECEDENTES La demanda Mediante escrito radicado e l 16 de enero de 2015 (fl. 1 cdno. ppal.), dos de los integrantes del consorcio PAI RUNT –Applus Norcontrol Colombia Ltda e Interaudit SAS– presentaron demanda (fls. 22 a 116 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas: 2 Expediente: 25000-23-26-000-2015-00182-01 (62.242) Actor: Integrantes del consorcio PAI RUNT Controversias contractuales Apelación de sentencia “1. Se declare la nulidad de la Resolución no. 9.958 del 8 de octubre de 2012 ‘por la cual se liquida unilateralmente el contrato número 82 de 2007, de interventoría’, de la Resolución no. 11.495 del 17 de diciembre de 2012 ‘por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de Interaudit SAS, contra la Resolución no. 9.958 del 8 de octubre de 2012, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato número 82 de 2007 de interventoría’ y de la Resolución no. 12.542 del 31 de diciembre de 2012 ‘por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de Applus Norcontrol Colombia Ltda, contra la Resolución no. 9.958 del 8 de octubre de 2012, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato número 82 de 2007 de interventoría’, actos administrativos proferidos por la Nación - Ministerio de Transporte. 2. Se declare la responsabilidad contractual de la Nación - Ministerio de Transporte por el incumplimiento del contrato no. 82 de 2007. 3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la Nación - Ministerio de Transporte al pago a favor de las sociedades Applus Norcontrol Colombia Ltda e Interaudit SAS, integrantes de l consorcio PAI RUNT, la suma equivalente a mil trescientos cincuenta y seis
millones seiscientos doce mil sesenta y cinco pesos ($1.356.612.065) o la que se demuestre en el proceso, a título de lucro cesante por concepto de los servicios prestados en ejecución del contrato no. 82 de 2007 desde enero de 2010 a enero de 2012. 4. Se d eclare que las sociedades Applus Norcontrol Colombia Ltda e Interaudit SAS, integrantes del consorcio PAI RUNT, no están obligadas al pago de la suma de novecientos noventa y nueve millones ochocientos dieciocho mil trescientos ochenta pesos con cincuenta y un centavos ($999.818.380,51) a favor de la Nación - Ministerio de Transporte por concepto de las multas impuestas mediante las Resoluciones nos. 5.427 del 9 de diciembre de 2010 y 5.641 del 15 de diciembre de 2011, en virtud de la liquidación del contrato no. 82 de 2007. 5. Se condene en costas a la parte demandada. 6. Se ordene a la parte demandada al cumplimiento de la sentencia, en los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 7. Se ajuste y actualice la condena según el índice de precios al consumidor, de conformidad con lo señalado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.” (fls. 23 y 24 cdno. ppal.). Hechos Como fundamento fáctico de las pretension es la parte demandante expuso , en síntesis, lo siguiente: 1) El 9 de octubre de 2007, el consorcio PAI RUNT –conformado por Ponce de León y Asociados SA Ingenieros Consultores, Applus Norcontrol Colombia Ltda e Interaudit SAS– y el Ministerio de Transporte suscribieron el contrato número 82 para la interventoría de la concesión número 33 del 7 de junio de 2007 del servicio público del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). 3 Expediente: 25000-23-26-000-2015-00182-01 (62.242) Actor: Integrantes del consorcio PAI RUNT Controversias contractuales Apelación de sentencia 2) Mediante la Resolución número 5.427 del 9 de diciembre de 2010 –acto aportado al expediente–, confirmada por la Resolución número 899 del 30 de marzo de 2011, el ministerio multó al contratista con $3 27.936.185 y declaró el siniestro de incumplimiento por $836.571.120, además, a través de la Resolución número 5.641 del 15 de diciembre de 2011 –este segundo acto sancionatorio no fue incorporado al plenario–, confirmada por la Resolución número 129 del 19 de enero de 2012, la entidad contratante impuso una segunda multa por $541.740.716 e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria por $106.368.679. 3) El 16 de diciembre de 2011, las partes acordaron terminar de mutuo ac uerdo el contrato de interventoría con efectos a partir del 31 de enero de 2012. 4) El 8 de octubre de 2012, a través de la Resolución número 9.958, la entidad contratante liquidó unilateralmente el contrato , incluyó en el cruce de cuentas el valor de las multas y no reconoció el valor de lo ejecutado por el contratista entre enero de 2010 y enero de 2012. 5) El 17 y 31 de diciembre de 2012 , mediante las Resoluciones números 11.495 y 12.542, el ministerio resolvió los recursos de reposición promovidos por Int eraudit SAS y Applus Norcontrol Colombia Ltda, respectivamente , y confirmó la decisión recurrida. Cargos de la demanda El demandante considera que con los actos acusados se desconocieron los artículos 29 y 209 de la Constitución Política; 5, 24, 26, 50, 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, la solicitud de nulidad se sustentó en lo siguiente: 1) “Carencia de los supuestos establecidos en la ley para proceder a la liquidación unilateral del contrato”, por cuanto, el ministerio transgredió el derecho del debido proceso dado que no convocó de manera adecuada al contratista para liquidar bilateralmente el contrato antes de hacerlo de forma unilateral, no se pudieron llevar a cabo las tres reuniones programadas a pesar de la disposición del consorcio. 2) “Improcedencia de incluir las multas impuestas al contratista en el acto de liquidación del contrato. Desconocimiento de los motivos determinantes del acto. Vulneración al debido proceso ”, porque la entidad contratante no podía inclui r el 4 Expediente: 25000-23-26-000-2015-00182-01 (62.242) Actor: Integrantes del consorcio PAI RUNT Controversias contractuales Apelación de sentencia valor de las multas contenidas en actos autónomos e independientes en la liquidación ya que estaba en discusión la legalidad de dichos actos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y se adelantaban procedimientos de cobro coactivo con fu ndamento en ellos , por lo tanto, constituyó dos títulos ejecutivos por la misma obligación y ni siquiera adelantó un trámite previo a la liquidación unilateral. 3) “Improcedencia de la declaratoria tácita de incumplimiento en el acta de liquidación unilateral del contrato. Enriquecimiento sin justa causa. Incumplimiento contractual de la entidad”, debido a que el contratante excluyó del cruce de cuentas el valor de lo ejecutado entre enero de 2010 y enero de 2012 con la excusa de que durante ese lapso el supervisor no aceptó los informes de ejecución y que el contratista incumplió el contrato según las resoluciones que lo multaron; sin embargo, en esas decisiones solo se indicó que el consorcio desatendió diecisiete (17) de sus noventa y nueve (99) obligaciones. En lugar de verificar que el contratista sí ejecutó las prestaciones en debida forma, la entidad contratante declaró en últimas el incumplimiento en la liquidación por no pagar esas labores y eso no le es permitido, con lo cual alteró el equilibrio financiero del contrato y defraudó la confianza legítima de que el consorcio recibiría la contraprestación pactada. 4) “Deviación de poder ”, pues, la falta de pago “ no persiguió con entereza la protección del interés general y el logro de la ética pública, sino que por el contrario, convicciones personales y subjetivas de los funcionarios” (fl. 105 cdno. ppal.). Contestación de la demanda La Nación - Ministerio de Transporte (fls. 160 a 238 cdno. ppal.) propuso las excepciones de i) “existencia de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa” por cuanto la entidad contratante respetó las garantías del actor antes de liquidar unilateralmente el contrat o; ii) “título justo legal” pues, el ministerio ejerció la potestad de liquidar unilateralmente que le otorga la ley ; iii) “inexistencia del escenario de liquidación bilateral por mutuo acuerdo” porque el contratista se

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201500182011100103