REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2015-00182-01 (62.242)
Demandante: INTEGRANTES DEL CONSORCIO PAI RUNT
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE TRANSPORTE
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - NULIDAD DE
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
Síntesis del caso: las partes celebraron un contrato de interventoría, durante la ejecución la
entidad contratante multó al contratista y declaró el siniestro de incumplimiento, luego de
terminado el plazo el ministerio no convocó al contratista para liquidar bilateralmente el
contrato y lo hizo a través de acto administrativo, donde no reconoció el precio de todas las
prestaciones ejecutadas e indebidamente incluyó el valor de las multas . El contratista
pretende la nulidad de la liquidación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia de l 18 de julio de 2018 proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 578 a 602 cdno.
ppal.) mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones
expuestas en la parte considerativa de la presente sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, y a favor de la parte
demandada a la suma correspondiente a un millón trescientos cincuenta
y seis mil doscientos treinta y seis pesos m/cte ($1. 356.236).” (fls. 973
vlto. y 974 cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
I. ANTECEDENTES
La demanda
Mediante escrito radicado e l 16 de enero de 2015 (fl. 1 cdno. ppal.), dos de los
integrantes del consorcio PAI RUNT –Applus Norcontrol Colombia Ltda e Interaudit
SAS– presentaron demanda (fls. 22 a 116 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:
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Expediente: 25000-23-26-000-2015-00182-01 (62.242)
Actor: Integrantes del consorcio PAI RUNT
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
“1. Se declare la nulidad de la Resolución no. 9.958 del 8 de octubre de
2012 ‘por la cual se liquida unilateralmente el contrato número 82 de 2007,
de interventoría’, de la Resolución no. 11.495 del 17 de diciembre de 2012
‘por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por el
apoderado de Interaudit SAS, contra la Resolución no. 9.958 del 8 de
octubre de 2012, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato
número 82 de 2007 de interventoría’ y de la Resolución no. 12.542 del 31
de diciembre de 2012 ‘por la cual se resuelve el recurso de reposición
interpuesto por el apoderado de Applus Norcontrol Colombia Ltda, contra
la Resolución no. 9.958 del 8 de octubre de 2012, mediante la cual se
liquida unilateralmente el contrato número 82 de 2007 de interventoría’,
actos administrativos proferidos por la Nación - Ministerio de Transporte.
2. Se declare la responsabilidad contractual de la Nación - Ministerio de
Transporte por el incumplimiento del contrato no. 82 de 2007.
3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la
Nación - Ministerio de Transporte al pago a favor de las sociedades
Applus Norcontrol Colombia Ltda e Interaudit SAS, integrantes de l
consorcio PAI RUNT, la suma equivalente a mil trescientos cincuenta y
seis
millones seiscientos doce mil sesenta y cinco pesos
($1.356.612.065) o la que se demuestre en el proceso, a título de lucro
cesante por concepto de los servicios prestados en ejecución del contrato
no. 82 de 2007 desde enero de 2010 a enero de 2012.
4. Se d eclare que las sociedades Applus Norcontrol Colombia Ltda e
Interaudit SAS, integrantes del consorcio PAI RUNT, no están obligadas
al pago de la suma de novecientos noventa y nueve millones ochocientos
dieciocho mil trescientos ochenta pesos con cincuenta y un centavos
($999.818.380,51) a favor de la Nación - Ministerio de Transporte por
concepto de las multas impuestas mediante las Resoluciones nos. 5.427
del 9 de diciembre de 2010 y 5.641 del 15 de diciembre de 2011, en virtud
de la liquidación del contrato no. 82 de 2007.
5. Se condene en costas a la parte demandada.
6. Se ordene a la parte demandada al cumplimiento de la sentencia, en
los términos de los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7. Se ajuste y actualice la condena según el índice de precios al
consumidor, de conformidad con lo señalado en el artículo 187 de la Ley
1437 de 2011.” (fls. 23 y 24 cdno. ppal.).
Hechos
Como fundamento fáctico de las pretension es la parte demandante expuso , en
síntesis, lo siguiente:
1) El 9 de octubre de 2007, el consorcio PAI RUNT –conformado por Ponce de León
y Asociados SA Ingenieros Consultores, Applus Norcontrol Colombia Ltda e
Interaudit SAS– y el Ministerio de Transporte suscribieron el contrato número 82
para la interventoría de la concesión número 33 del 7 de junio de 2007 del servicio
público del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
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Expediente: 25000-23-26-000-2015-00182-01 (62.242)
Actor: Integrantes del consorcio PAI RUNT
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2) Mediante la Resolución número 5.427 del 9 de diciembre de 2010 –acto aportado
al expediente–, confirmada por la Resolución número 899 del 30 de marzo de 2011,
el ministerio multó al contratista con $3 27.936.185 y declaró el siniestro de
incumplimiento por $836.571.120, además, a través de la Resolución número 5.641
del 15 de diciembre de 2011 –este segundo acto sancionatorio no fue incorporado
al plenario–, confirmada por la Resolución número 129 del 19 de enero de 2012, la
entidad contratante impuso una segunda multa por $541.740.716 e hizo efectiva la
cláusula penal pecuniaria por $106.368.679.
3) El 16 de diciembre de 2011, las partes acordaron terminar de mutuo ac uerdo el
contrato de interventoría con efectos a partir del 31 de enero de 2012.
4) El 8 de octubre de 2012, a través de la Resolución número 9.958, la entidad
contratante liquidó unilateralmente el contrato , incluyó en el cruce de cuentas el
valor de las multas y no reconoció el valor de lo ejecutado por el contratista entre
enero de 2010 y enero de 2012.
5) El 17 y 31 de diciembre de 2012 , mediante las Resoluciones números 11.495 y
12.542, el ministerio resolvió los recursos de reposición promovidos por Int eraudit
SAS y Applus Norcontrol Colombia Ltda, respectivamente , y confirmó la decisión
recurrida.
Cargos de la demanda
El demandante considera que con los actos acusados se desconocieron los
artículos 29 y 209 de la Constitución Política; 5, 24, 26, 50, 60 de la Ley 80 de 1993
y 11 de la Ley 1150 de 2007, la solicitud de nulidad se sustentó en lo siguiente:
1) “Carencia de los supuestos establecidos en la ley para proceder a la liquidación
unilateral del contrato”, por cuanto, el ministerio transgredió el derecho del debido
proceso dado que no convocó de manera adecuada al contratista para liquidar
bilateralmente el contrato antes de hacerlo de forma unilateral, no se pudieron llevar
a cabo las tres reuniones programadas a pesar de la disposición del consorcio.
2) “Improcedencia de incluir las multas impuestas al contratista en el acto de
liquidación del contrato. Desconocimiento de los motivos determinantes del acto.
Vulneración al debido proceso ”, porque la entidad contratante no podía inclui r el
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Expediente: 25000-23-26-000-2015-00182-01 (62.242)
Actor: Integrantes del consorcio PAI RUNT
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
valor de las multas contenidas en actos autónomos e independientes en la
liquidación ya que estaba en discusión la legalidad de dichos actos ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y se adelantaban procedimientos de
cobro coactivo con fu ndamento en ellos , por lo tanto, constituyó dos títulos
ejecutivos por la misma obligación y ni siquiera adelantó un trámite previo a la
liquidación unilateral.
3) “Improcedencia de la declaratoria tácita de incumplimiento en el acta de
liquidación unilateral del contrato. Enriquecimiento sin justa causa. Incumplimiento
contractual de la entidad”, debido a que el contratante excluyó del cruce de cuentas
el valor de lo ejecutado entre enero de 2010 y enero de 2012 con la excusa de que
durante ese lapso el supervisor no aceptó los informes de ejecución y que el
contratista incumplió el contrato según las resoluciones que lo multaron; sin
embargo, en esas decisiones solo se indicó que el consorcio desatendió diecisiete
(17) de sus noventa y nueve (99) obligaciones.
En lugar de verificar que el contratista sí ejecutó las prestaciones en debida forma,
la entidad contratante declaró en últimas el incumplimiento en la liquidación por no
pagar esas labores y eso no le es permitido, con lo cual alteró el equilibrio financiero
del contrato y defraudó la confianza legítima de que el consorcio recibiría la
contraprestación pactada.
4) “Deviación de poder ”, pues, la falta de pago “ no persiguió con entereza la
protección del interés general y el logro de la ética pública, sino que por el contrario,
convicciones personales y subjetivas de los funcionarios” (fl. 105 cdno. ppal.).
Contestación de la demanda
La Nación - Ministerio de Transporte (fls. 160 a 238 cdno. ppal.) propuso las
excepciones de i) “existencia de la garantía del debido proceso y del derecho de
defensa” por cuanto la entidad contratante respetó las garantías del actor antes de
liquidar unilateralmente el contrat o; ii) “título justo legal” pues, el ministerio ejerció
la potestad de liquidar unilateralmente que le otorga la ley ; iii) “inexistencia del
escenario de liquidación bilateral por mutuo acuerdo” porque el contratista se
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