Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: el artículo 896 del Código de Comercio dispone que la cesión del contrato comprende la de todas las acciones
Lo que dijo la Sala
La cesión de la posición contractual del Departamento de Cundinamarca en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no varió ni podía mutar el régimen del contrato ni las prerrogativas propias de este, tal como lo reconocieron las partes al momento de pactarla… . En ese contexto, el artículo 896 del Código de Comercio dispone que la cesión del contrato comprende la de todas las acciones, “privilegios y beneficios propios de la naturaleza y condiciones del contrato”, esto es, conlleva la transferencia de las prerrogativas derivadas del negocio,… .
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Síntesis síntesis automática
La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial no altera el régimen jurídico del contrato estatal ni sus prerrogativas. La regla se apoya en el artículo 896 del Código de Comercio, que dispone que la cesión comprende las acciones, privilegios y beneficios propios de la naturaleza y condiciones del contrato, de modo que las prerrogativas pactadas y las propias de los contratos estatales se transfieren al cesionario. Además, las partes reconocieron ese efecto al momento de pactar la cesión, y el cesionario es una entidad pública descentralizada del orden departamental, por lo que el régimen sustancial del contrato no muta con la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido sigue sometido a las reglas que lo gobernaban antes de la cesión, y el cambio de titular no modifica las prerrogativas que tenía la administración.
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Problema jurídico
¿La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial implica un cambio en el régimen jurídico del contrato estatal inicialmente celebrado?
Respuesta: No
Fundamentos
- Decreto 410 de 1971, art. 896
- Ley 142 de 1994, art. 31
También resuelve
- ¿La Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., puede ejercer válidamente las prerrogativas unilaterales del contrato estatal que le fueron cedidas?
- ¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10 del CCA para determinar la caducidad de la acción en un contrato estatal de ejecución sucesiva liquidado unilateralmente por la administración?
- ¿Puede un contrato de transacción tener efectos jurídicos respecto de pretensiones no incluidas expresamente en su contenido, como los perjuicios derivados del incumplimiento contractual…
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Titulación de la relatoría 10.875 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CESIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL TEMPORAL / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CÓDIGO DE COMERCIO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / ENTIDAD DESCENTRALIZADA
Problema jurídico:
¿La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial implica un cambio en el régimen jurídico del contrato estatal inicialmente celebrado?
Respuesta al problema jurídico: No
La cesión de la posición contractual del Departamento de Cundinamarca en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no varió ni podía mutar el régimen del contrato ni las prerrogativas propias de este, tal como lo reconocieron las partes al momento de pactarla (…). En ese contexto, el artículo 896 del Código de Comercio dispone que la cesión del contrato comprende la de todas las acciones, “privilegios y beneficios propios de la naturaleza y condiciones del contrato”, esto es, conlleva la transferencia de las prerrogativas derivadas del negocio, (…). De acuerdo con lo expuesto, todas las prerrogativas pactadas en el contrato y aquellas propias de los contratos estatales se entienden cedidas en favor de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, entidad pública descentralizada por servicios del orden departamental y, por ende, el régimen sustancial que gobierna el contrato materia de la litis no mutó ni se transformó con ocasión de la cesión, es más, no podía suceder ello por el solo hecho de la figura de la cesión realizada. En ese orden de ideas, se tiene, por una parte, el régimen del contrato no es de derecho privado porque no fue celebrado por una empresa de servicios públicos domiciliarios y, en tal virtud, no es aplicable a este caso el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y, por otra, la cesión lleva ínsita la totalidad de privilegios y prerrogativas propios de la naturaleza del contrato y aquellas que expresamente se pactaron; aceptar lo contrario implicaría entender que el régimen del contrato varió producto de la cesión, lo cual es contrario a la ley.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 896, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31
CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL / FINALIDAD DEL ESTADO / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CESIÓN DEL CONTRATO / PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS / DERECHO PRIVADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿La Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., puede ejercer válidamente las prerrogativas unilaterales del contrato estatal que le fueron cedidas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las prerrogativas unilaterales propias del estatuto de contratación son reconocidas por la ley en razón de la naturaleza del contrato y sus finalidades inescindiblemente atadas al cumplimiento de los fines del Estado; adicionalmente, las facultades unilaterales pactadas expresamente también se transfieren producto de la cesión por tratarse de las condiciones acordadas por los extremos contratantes en ejercicio de su autonomía, coadyuvado por el hecho especialmente relevante de que el acto de cesión se hizo en favor de una persona jurídica pública que, en los términos del artículo 2, numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993 es igualmente entidad estatal. De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 son “entidades estatales” todas aquellas, sin importar su denominación, en las que exista participación pública mayoritaria, en todos los órdenes y niveles, por lo cual no es posible afirmar que la naturaleza jurídica de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, empresa oficial descentralizada del orden departamental, resulte incompatible con el ejercicio de las prerrogativas que le fueron cedidas; cosa distinta es que a los contratos que esta celebre directamente se les aplica el derecho privado por expresa disposición legal. Por consiguiente, se impone concluir que el contrato al que se refieren los hechos de la demanda y sobre el cual versa esta controversia se rige integralmente por el estatuto general de contratación pública (…).
NOTA DE RELATORÍA:
En pronunciamiento del 25 de mayo de 2023 la Sala sostuvo que el régimen sustancial aplicable al contrato era el derecho privado, sin embargo, en sentencia del 19 de agosto de 2025 la Sala corrigió dicha postura para sostener que la cesión no varió el régimen sustancial del contrato estatal, que no podía modificarse por el hecho de la cesión, cuando a través de este se ejecutaban recursos públicos del Departamento de Cundinamarca. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 25 de mayo de 2023, exp. 60.777, MP Alberto Montaña Plata; y, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de agosto de 2025, exp. 68.815 MP Fredy Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10 del CCA para determinar la caducidad de la acción en un contrato estatal de ejecución sucesiva liquidado unilateralmente por la administración?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 136 numeral 10 del CCA es la norma aplicable para la contabilización de la caducidad de la acción en este preciso asunto, por ser la disposición normativa vigente al momento del inicio del cómputo correspondiente, (…). El contrato SOP-A 250 de 2007 fue de ejecución sucesiva y se liquidó unilateralmente por parte de la contratante mediante Resolución número 164 de 28 de junio de 2011 y ss, decisión que fue proferida dentro de los dos (2) años siguiente al vencimiento de los términos legales para liquidarlo, (…). En ese contexto, el contrato terminó el 23 de marzo de 2009, tal como se indicó en forma expresa al momento de la suscripción de la prórroga número 3 y fue liquidado unilateralmente el 28 de junio de 2011, por ende, la demanda promovida el 19 de septiembre de 2013 fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
HECHO MODIFICATIVO DEL DERECHO SUSTANCIAL / CONTRATO DE TRANSACCIÓN / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PROCESO EJECUTIVO / PROCESO DECLARATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INTERVENTORÍA / ACTO ADMINISTRATIVO / DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Puede un contrato de transacción tener efectos jurídicos respecto de pretensiones no incluidas expresamente en su contenido, como los perjuicios derivados del incumplimiento contractual, cuando no se declara paz y salvo definitivo sobre tales conceptos?
Respuesta al problema jurídico: No
En los términos del artículo 281 del Código General del Proceso, en la sentencia debe tenerse en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial en debate cuando aparece debidamente probado, fue alegado por la parte interesada en forma oportuna o la ley permita considerarlo de oficio; la Sala decretó de oficio la incorporación del contrato de transacción aportado con la apelación documento que no fue tachado ni controvertido en la oportunidad correspondiente. (…) Analizado en su integridad el acuerdo transaccional de 17 de agosto de 2017 se verifica que este no incluyó los valores que se reclaman en el presente proceso; de la lectura integral del documento se concluye que este tuvo con finalidad poner fin al proceso ejecutivo en el cual EPC perseguía el pago de la suma de $750.203.417 que se determinaron en su favor en la liquidación unilateral del contrato; (…). El mencionado cruce de cuentas no implicó un paz y salvo definitivo entre las partes en relación con los derechos y deberes del contrato porque no se hizo constar tal circunstancia en el acta. (…). En ese contexto, es evidente que lo reclamado en el proceso de ejecución correspondió a los valores del anticipo que debían devolverse por el contratista por haber sido pagados en exceso de lo efectivamente ejecutado; aunque este demandó la nulidad del acto de liquidación unilateral, desistió luego de la demanda con lo cual quedó en firme dicho acto administrativo. En otro sentido, lo reclamado en este proceso judicial corresponde a (i) los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista por el abandono de las obras, (ii) el valor de la interventoría que debió pagarse para su terminación y (iii) el valor de la cláusula penal por incumplimiento del contrato por parte del contratista. Ninguna de estas sumas fue incluida en la liquidación unilateral del contrato ni hace parte de los $750.23.417 como saldo en favor de la empresa que se incluyeron en el acta de liquidación unilateral, correspondientes al monto no ejecutado del anticipo. Adicionalmente, tiene en cuenta la Sala que el contrato de transacción no se hizo referencia a que dicho acuerdo tuviera incidencia en el presente proceso sino, única y exclusivamente, respecto de las sumas discutidas en el proceso ejecutivo antes mencionado, correspondientes a las incluidas en la liquidación unilateral del contrato y el paz y salvo allí dispuesto fue únicamente respecto de las “obligaciones que se deriven de la presente transacción” lo cual excluye el valor de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, los cuales no fueron materia del acuerdo transaccional el cual se limitó al pago de los saldos en favor de la empresa una vez descontado del anticipo el valor de lo ejecutado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281
CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN PRIMERA INSTANCIA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Debe imponerse condena en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 188 del CPACA se condenará en costas de segunda instancia a la parte a quien se le despacha desfavorablemente el recurso, esto es, a la demandada, las cuales serán tasadas en forma concentrada en el tribunal de primera instancia en los términos del numeral 4 del artículo 365 del CGP. Se mantiene la decisión de primera instancia que no condenó en costas de primera instancia porque ese punto no fue objeto de apelación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4