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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020120056802-61269-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: no está acreditada la responsabilidad contractual por incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 por parte"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-01-24"
radicado: "25000233600020120056802"
numero: "61269"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: no está acreditada la responsabilidad contractual por incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 por parte

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-01-24
- **Radicado:** 25000233600020120056802
- **Número interno:** 61269
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAE - SENA
- **Demandado:** CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., FEDERACION NACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS - FENDIOETROLEO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020120056802-61269-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020120056802/861E329E9A883B22FDD2079ADCEDB6259FE907F8BE3236AF4D37D6E7E5238945/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201200568021100103

## Problema jurídico

¿Está acreditada la responsabilidad contractual por incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 por parte de Fendipetróleo de conformidad con los hechos probados?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿A pesar de la declaratoria de cumplimiento del convenio especial de cooperación, es procedente la liquidación judicial del contrato?
- ¿Aun cuando el contrato sometido a juicio se rige de modo preferente por el derecho privado, la Sala se puede pronunciarse sobre la liquidación judicial siempre y cuando haya sido solicitado por las…
- ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer del asunto, el cual versa sobre la nulidad -relativa- del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 410 de 1971, art. 871
- Ley 1564 de 2012, art. 167
- Ley 84 de 1873, art. 1602

## Extracto

El SENA adelantó la convocatoria n.º DG-0006 de marzo de 2011, para que las empresas aportantes, los gremios, federaciones gremiales o asociaciones representativas de empresas o trabajadores, o centrales obreras o de trabajadores legalmente constituidas presentaran proyectos de formación especializada y/o actualización tecnológica del recurso humano vinculado a las mismas, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo n.º 0017 de 20091. Fendipetróleo participó en la convocatoria y formuló un proyecto, que tuvo por objeto optimizar los procesos operativos de una estación de servicio, mejorando las competencias, productividad y calificación del personal de una estación de servicio, mediante la formación especializada del recurso humano en la herramienta tecnológica Octopus EDS.

## Síntesis temática

La entidad estatal demandante que pretende declarar el incumplimiento o la nulidad de un convenio especial de cooperación asume la carga de probar los hechos que sustentan sus pretensiones, sin que baste la sola celebración de negocios jurídicos paralelos con un tercero desarrollador de una herramienta tecnológica para inferir que las actividades ejecutadas se desviaron hacia su promoción y comercialización. Cuando los informes de interventoría emitidos durante la ejecución contractual acreditan que el cooperante sí realizó las acciones de capacitación y formación especializada del recurso humano acordadas, no se configura responsabilidad civil contractual ni procede acoger las pretensiones indemnizatorias o de afectación de la garantía constituida. Ello obedece a que el régimen contractual se estructura sobre el mutuo consentimiento de las partes, la autonomía privada de la voluntad y el principio pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica, del cual emanan obligaciones recíprocas, la fuerza obligatoria del contrato y el deber de cumplir lo libremente pactado.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONVENIO DE COOPERACIÓN, CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NULIDAD DEL CONTRATO, NULIDAD RELATIVA, NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO, RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ACUERDO DE VOLUNTADES, OBLIGACIONES DEL CONTRATO, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, PROSPERIDAD DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, AUTORIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL, ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL, SENA, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, RESTITUCIONES MUTUAS, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, NEGOCIO JURÍDICO, DERECHO PRIVADO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL, OBJETO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, OBLIGACIONES DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN, RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, NORMATIVA DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, NATURALEZA JURÍDICA DE CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA, RECURSO DE APELACIÓN, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE APELACIÓN, GENERALIDADES DEL RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, NATURALEZA DEL RECURSO DE APELACIÓN, OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, FACULTADES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS, CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES, CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO, NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO DE COOPERACIÓN / CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / NULIDAD RELATIVA / NULIDAD RELATIVA DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACUERDO DE VOLUNTADES / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Está acreditada la responsabilidad contractual por incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 por parte de Fendipetróleo de conformidad con los hechos probados?
Respuesta al problema jurídico: No
El SENA adelantó la convocatoria n.º DG-0006 de marzo de 2011, para que las empresas aportantes, los gremios, federaciones gremiales o asociaciones representativas de empresas o trabajadores, o centrales obreras o de trabajadores legalmente constituidas presentaran proyectos de formación especializada y/o actualización tecnológica del recurso humano vinculado a las mismas, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo n.º 0017 de 20091. Fendipetróleo participó en la convocatoria y formuló un proyecto, que tuvo por objeto optimizar los procesos operativos de una estación de servicio, mejorando las competencias, productividad y calificación del personal de una estación de servicio, mediante la formación especializada del recurso humano en la herramienta tecnológica Octopus EDS. Tras evaluar el proyecto formulado por Fendipetróleo, el SENA avaló su cofinanciación y, en tal virtud, el 1º de julio de 2011 las partes celebraron el convenio especial de cooperación n.º 00109, con el fin de ejecutar el proyecto referido. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, Fendipetróleo constituyó con la aseguradora Chubb Seguros Colombia S.A. y a favor del SENA la garantía estipulada en el contrato. En la demanda el SENA afirma, por un lado, que el convenio es nulo, porque el representante legal de Fendipetróleo no fue autorizado por la junta directiva para suscribirlo y, por el otro, que Fendipetróleo incumplió el acuerdo de voluntades, puntualmente su objeto y la obligación de entregar la contrapartida. Con fundamento en lo anterior, solicita como pretensión principal que se declare la nulidad del convenio, que se liquide, que se ordene el reconocimiento de las indemnizaciones y restituciones a que haya lugar y que se ordene el pago de las costas procesales y, subsidiariamente, que se declare la responsabilidad contractual de Fendipetróleo, que se liquide el convenio, que se ordene el pago de la correspondiente indemnización de perjuicios y que se ordene el pago de las costas procesales. (...) se advierte que Fendipetróleo adelantó actividades de capacitación en diferentes unidades temáticas, tales como: formación especializada en Octupus EDS para la operación de venta en las áreas de servicio, formación especializada en Octupus EDS para la operación de venta en isla y formación especializada en Octupus EDS para la auditoría. Además, se observa que en la gran mayoría de los casos los beneficiarios de la capacitación tuvieron a su disposición datáfonos y computadores y que, igualmente, les fue entregada una cartilla y un CD, lo que permite dar cuenta que sí recibieron instrucción en la herramienta tecnológica Octopus EDS, conclusión que se ve reforzada a partir del resultado de las encuestas que les fueron practicadas a 164 beneficiarios, quienes, frene a la pregunta acerca de si fueron capacitados en optimización de la gestión operativa con la herramienta tecnológica Octopus EDS, de forma unísona respondieron que sí (prueba relevante 6.2.1.2.6.). Ahora bien, a pesar de que la interventoría en el informe de incumplimiento presentado al SENA el 29 de diciembre de 2011 -momento para el cual ya había fenecido el plazo de ejecución del contrato - manifestó que Fendipetróleo pretendió hacer valer sus actividades como una capacitación, “cuando en realidad es la información y promoción de un producto a un grupo de personas que se desempeñan como operarios o administrativos de estaciones de servicio, buscando generar interés para su adquisición” (hecho probado 6.2.1.1.24.), lo cierto que el fundamento principal de su consideración partió del argumento según el cual, para que las actividades realizadas por la demandada se pudieran considerar una capacitación propiamente dicha era menester que las estaciones de servicio “contaran” con la herramienta tecnológica Octupus EDS, aspecto que ya fue descartado por esta Sala (F.J. 6.4.2.1.), todo lo cual conduce a desvirtuar lo afirmado por la interventoría sobre este particular. De otro lado, si bien se aprecia que el 15 de septiembre de 2010 Fendipetróleo y Towertech Américas S.A. celebraron un convenio de cooperación con el objeto de buscar alternativas tecnológicas aplicables a las estaciones de servicio para mejorar el incremento de sus ingresos, realizar un control de toda la operación y que se presente un servicio más eficaz y eficiente al público (hecho probado 6.2.1.1.1) y que el 7 de julio de 2011 las mismas partes suscribieron un contrato de prestación de servicios, con el objeto de que esta última, quien desarrolló la herramienta tecnológica Octupus EDS, ejecutara las acciones de formación especializada del proyecto aprobado por el SENA (hecho probado 6.2.1.1.7.), la celebración de estos negocios jurídicos no resulta ser un elemento que por sí solo permita concluir que las actividades desarrolladas por Fendipetróleo, a través de Towertech Américas S.A., en el marco del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011 se encaminaron a la promoción y comercialización de la herramienta, máxime cuando los informes de interventoría emanados durante la ejecución del contrato, dan cuenta de que en efecto Fendipetróleo, a través de Towertech S.A., sí ejecutó actividades de capacitación. Lo anterior, parte de la base de recordar que el soporte sobre el que se estructura el régimen contractual es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados.126 El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica, constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de conducta descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene libre y voluntariamente. En efecto, la fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales. En este orden de ideas, se concluye que la demandante no cumplió con la carga probatoria que impone el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual le compete a la parte probar los hechos que pretende hacer valer, pues, contrario a lo afirmado en la demanda, las pruebas arrimadas al proceso, particularmente los informes de interventoría, no dan cuenta de que Fendipetróleo en lugar de efectuar acciones tendientes a la formación especializada de los trabajadores de las estaciones de servicio en la herramienta tecnológica Octopus EDS hubiera realizado una promoción y comercialización de la misma. En suma, como no se probó que en efecto Fendipetróleo haya incumplido el objeto del convenio, la Sala negará la pretensión y, en tal sentido, revocará la sentencia de primera instancia. (...) [L]a Sala modificará la sentencia del 25 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que: (i) declaró el incumplimiento del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011; (ii) condenó a Fendipetróleo, a título de indemnización de perjuicios, al pago de $710.804.713; (iii) declaró judicialmente liquidado el convenio en la suma de $710.804.713 a favor del SENA; (iv) condenó a la aseguradora Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. al pago de la condena, hasta el límite del valor asegurado por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo; (v) negó las demás pretensiones de la demanda; y (vi) condenó en costas a las demandadas, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, esto es, al constatar: que Fendipetróleo no incumplió el objeto del convenio y que no existen pruebas en el proceso que permitan definir saldos a favor de las partes.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / PROSPERIDAD DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
Problema jurídico:
¿A pesar de la declaratoria de cumplimiento del convenio especial de cooperación, es procedente la liquidación judicial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En las pretensiones subsidiarias de la demanda la parte actora solicitó, entre otros, liquidar judicialmente el convenio, pretensión a la accedió el Tribunal en la sentencia de primera instancia, ordenando en tal sentido el reconocimiento de la suma de $710.804.713 a favor del SENA. Por su parte, en su recurso de apelación Fendipetróleo, inconforme con la decisión, indicó que el SENA debía reconocerle saldos a su favor. Sobre este particular, cabe resaltar que aun cuando el contrato sometido a juicio se rige de modo preferente por el derecho privado, la Sala estima procedente estudiar las pretensiones relativas a su liquidación judicial, pues así lo solicitó la parte actora en su demanda, aspecto que por demás fue controvertido por Fendipetróleo en la apelación. Lo anterior, sobre la base de que, tratándose del medio de control de controversias contractuales, que es el mecanismo idóneo para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, las partes pueden solicitar que se hagan declaraciones y condenas, entre estas, que se declare judicialmente liquidado el contrato. De conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del convenio, su valor fue de $1.382.703.300, distribuido así: (i) $1.106.162.240 por el SENA; y (ii) $276.540.663 por Fendipetróleo. Por su parte, en la cláusula sexta se estipuló que el SENA desembolsaría un 50% a título de anticipo, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y el otro 50% una vez culminadas las acciones de formación y cumplidas las demás obligaciones pactadas en este convenio, previo concepto de la supervisión o la interventoría (hecho probado 6.2.1.1.4.). Al respecto, en el proceso quedó acreditado que el 12 de julio de 2011 el SENA giró a orden de Fendipetróleo la suma de $553.081.320, correspondiente al 50% de la contrapartida que se comprometió a pagar como anticipo (hecho probado 6.2.1.1.8.). Además, se probó que Fendipetróleo, por su parte, giró la suma de $276.540.660 por concepto de gastos de contrapartida (hecho probado 6.2.1.1.9.). Ahora bien, aunque no está probado que el SENA haya girado el restante 50% de la contrapartida, también lo es que en el presente caso no está acreditado que estuviesen dadas las condiciones para que la entidad pagara esta suma de dinero, porque no consta que Fendipetróleo hubiera efectuado y culminado las acciones de formación respecto de todos los beneficiarios del proyecto -1936- (prueba relevante 6.2.1.2.2.). De hecho, si bien reposan 8 informes de interventoría que dan cuenta del desarrollo de capacitaciones en la herramienta Octopus EDS en algunas estaciones de servicio del país (hechos probados 6.2.1.1.11., 6.2.1.1.12., 6.2.1.1.13., 6.2.1.1.14., 6.2.1.1.15., 6.2.1.1.16. , 6.2.1.1.17., y 6.2.1.1.20.), 27 informes de interventoría correspondientes a la evaluación final de ciertas capacitaciones (prueba relevante 6.2.1.2.5.), algunas listas de asistencia a las capacitaciones dictadas en las diferentes unidades temáticas, en las que se pudo constatar que se efectuó la formación especializada a 107 beneficiarios (prueba relevante

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

eto de apelación por las demandadas, particularmente acerca de las pretensiones subsidiarias de la demanda, relativas al incumplimiento del objeto del convenio especial de cooperación n.º 00109 del 1º de julio de 2011 y su liquidación judicial. En lo que respecta al incumplimiento del acuerdo de voluntades por el no pago de la contrapartida a cargo de Fendipetróleo, es menester señalar que en los recursos de alzada no se formuló ningún reparo y, por tanto, este aspecto será objeto de pronunciamiento alguno. Finalmente, en lo que corresponde a las pretensiones principales de la demanda, es decir, aquellas concernientes a la nulidad -relativa- del convenio, tampoco habrá de pronunciarse en esta instancia, porque en los recursos de apelación no se discrepó lo decidido por el Tribunal sobre este particular, sumado al hecho de que el SENA no apeló la sentencia. Bajo esta óptica y de cara a los cargos que serán objeto de decisión en esta instancia, se establecerán cuáles son los hechos probados en el proceso. De igual manera, se relacionarán las pruebas adicionales relevantes para resolver el caso sub judice.
NOTA DE RELATORÍA:
La aplicación del Código General del Proceso en el caso concreto se fundamenta en lo resuelto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto del 5 de junio de 2014, mediante el cual se unificó la jurisprudencia para señalar que el Código General del Proceso en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo entró a regir a partir del 1º de enero de 2014 y que “en los eventos de remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que las normas aplicables serán las dispuestas en la nueva legislación procesal”, sin perjuicio del régimen de transición previsto en el artículo 624 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014. Rad.:49299. Por otro lado en Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060. “En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’. En relación con que el recurso de apelación se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente, cita Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas, a saber: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la parte demandante, por concepto de agencias en derecho, pues los recursos de apelación interpuestos por las demandadas le fueron resueltos de forma desfavorable, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. Al efecto, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 ibídem, en concordancia con el artículo 6 del Acuerdo No. 1887 del 26 de junio 2003, “por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual tratándose de procesos que se surten en segunda instancia ante lo contencioso administrativo la tarifa de agencias en derecho será de hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia en el 0.5% de $600.000.000, que corresponden a la suma de $3.000.000 y que se consideran causadas y comprobadas en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la parte vencedora.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-01-24. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 25000233600020120056802. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020120056802-61269-sentencia).
