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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020110124201-66856-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se probó que Xavier Francisco Socha Garzón actuó con dolo o culpa grave en los hechos"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-11-01"
radicado: "25000232600020110124201"
numero: "66856"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: se probó que Xavier Francisco Socha Garzón actuó con dolo o culpa grave en los hechos

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-11-01
- **Radicado:** 25000232600020110124201
- **Número interno:** 66856
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPETICION
- **Actor:** POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- **Demandado:** ROBERTO AYALA PEREIRA, GUSTAVO CLAVIJO PIÑEROS, XAVIER FRANCISCO SOCHA GARZON
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020110124201-66856-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020110124201/21AA4978C9BBCD2C462206DDC4ABB1B12A7D9CBFF2A672D188D51044006BE023/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201101242011100103

## Problema jurídico

¿Se probó que Xavier Francisco Socha Garzón actuó con dolo o culpa grave en los hechos en los que ocurrió la muerte de Marta Cecilia Palacio Cifuentes, por la cual el Estado resultó condenado?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Cómo se determina la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de repetición?
- ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la acción de repetición?
- ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 77, 78 y 86 inc. 2
- Decreto 1355 de 1970, arts. 1, 29 y 34
- Decreto 2700 de 1991, arts. 343 y 344

## Extracto

Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2006, el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de Marta Cecilia Palacio Cifuentes, por lo que ordenó pagar a sus familiares perjuicios materiales e inmateriales.

## Síntesis temática

La acción de repetición prospera cuando la entidad demuestra cuatro presupuestos: la existencia de una obligación de pagar una suma derivada de una condena, conciliación u otra forma de terminación del conflicto; la calidad de servidor o ex servidor público, o de particular que ejerce funciones públicas, del demandado; el pago efectivo de la suma; y que la conducta del agente, según las normas vigentes al tiempo de los hechos, haya sido dolosa o gravemente culposa. Una razón es que la condena contra la entidad quedó ejecutoriada y el pago quedó acreditado con los documentos que no fueron controvertidos. Otra razón es que los demandados tenían la calidad de servidores de la fuerza pública en la época de los hechos, lo que satisface el segundo presupuesto. En el caso, la Sala encontró demostrada la culpa grave del agente que causó la muerte de una persona, y modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la entidad debe probar cada presupuesto de la repetición, en especial el pago efectivo y la conducta gravemente culposa del agente.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPETICIÓN, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CULPA GRAVE, DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE, PRUEBA DE LA CULPA GRAVE, DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, NORMATIVA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, RECURSO DE APELACIÓN, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, APELANTE ÚNICO, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS, REFORMATIO IN PEJUS, PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS, NEXO DE CAUSALIDAD, PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD, PRUEBA TRASLADADA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA, VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA, VERSIÓN LIBRE, VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE, PRUEBA DE DESCARGO, INEXISTENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA, SENTENCIA PENAL, COSA JUZGADA, CULPABILIDAD, SERVIDOR PÚBLICO, DAÑO CAUSADO POR AGENTE ESTATAL EN SERVICIO, PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN, CULPA, PRUEBA DE LA CULPA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA, CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL
Problema jurídico:
¿Se probó que Xavier Francisco Socha Garzón actuó con dolo o culpa grave en los hechos en los que ocurrió la muerte de Marta Cecilia Palacio Cifuentes, por la cual el Estado resultó condenado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Mediante sentencia del 5 de diciembre de 2006, el Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de Marta Cecilia Palacio Cifuentes, por lo que ordenó pagar a sus familiares perjuicios materiales e inmateriales. Como la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional fue condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio de la acción de repetición en contra del subteniente Xavier Francisco Socha Garzón, del cabo segundo Roberto Ayala Pereira y del agente Gustavo Clavijo Piñeros, con el fin de obtener el reembolso de dicho dinero, pues fueron los servidores públicos que con su actuar gravemente culposo causaron el daño antijurídico por el cual fue condenada. (...) El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el inciso 2 del artículo 86 del C.C.A. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que mediante sentencia del 5 de diciembre de 2006 el Consejo de Estado declaró administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte de Marta Cecilia Palacio Cifuentes y condenó a dicha entidad a pagar perjuicios materiales e inmateriales a los familiares de la víctima. Esta sentencia quedó ejecutoriada el 12 de enero de 2007. (...) El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. (...) Según lo expuesto, está demostrado que Xavier Francisco Socha Garzón, Roberto Ayala Pereira y Gustavo Clavijo Piñeros tenían la calidad de servidores públicos de la Policía Nacional para la época de los hechos, esto es, cuando falleció Marta Cecilia Palacio Cifuentes. (...) Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (...) De conformidad con los anteriores medios de prueba y en tanto la parte demandada no los controvirtió, se evidencia que la entidad demandante acreditó el pago de la condena impuesta por el Consejo de Estado mediante sentencia del 5 de diciembre de 2006 por un valor equivalente a $213.374.096,59. (...) Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. (...) Descendiendo al caso concreto, es importante reiterar que la normatividad aplicable al asunto son los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del C.C.A., que establecieron la posibilidad para las entidades públicas que resulten condenadas a pagar sumas de dinero, de acudir a la vía judicial con el fin de repetir contra el funcionario que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hubiere dado lugar a la condena en contra del Estado. El Consejo de Estado, a partir de lo previsto por el artículo 63 del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia tiene determinado que la “culpa” es la conducta reprochable de quien generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Asimismo, reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio78. Lo anterior, debido a que dichas nociones, si bien son propias del derecho común, deben ser analizadas y armonizadas con la órbita del servidor público, comoquiera que “Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de ‘culpa grave’ y ‘dolo’, la jurisprudencia (…) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (…) se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro”. (…) En términos generales la doctrina autorizada ha sostenido, que el dolo hace referencia a ´la intención dirigida por el Agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño´, mientras que la culpa grave tiene que ver con ´aquella conducta descuidada del Agente estatal´, causadora del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal”79. En efecto, para juzgar la responsabilidad patrimonial del agente o ex agente estatal con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil, se exige la prueba de su actuación dolosa y/o gravemente culposa. En este caso, para acreditar dicho supuesto se aportó la providencia que sancionó disciplinariamente a los demandados (hecho probado 8.4.2) y las sentencias proferidas por la justicia penal militar en las que se absolvió del delito de homicidio culposo y prevaricato a Xavier Francisco Socha Garzón (hechos probados 8.4.3 y 8.4.4). Sin embargo, dichas providencias deben tratarse, no como prueba documental propiamente dicha, sino como una decisión adoptada por una autoridad disciplinaria y jurisdiccional que hace tránsito a cosa juzgada, punto en el que se precisa que la ley no sujeta el efecto de cosa juzgada penal de la sentencia a la condición prevista frente a las sentencias proferidas en otros procesos judiciales, en los que se exige la identidad de partes y se concluye que el fallo solo es oponible a quienes participaron en el proceso en el que se dictó, razón por la cual se señala que la cosa juzgada penal no es relativa sino absoluta80. Así las cosas, en lo relativo a la culpabilidad del sindicado, la doctrina81 indica que la sentencia penal hace tránsito a cosa juzgada, partiendo de la regla según la cual si está probada la culpabilidad para sancionar debe entenderse probada la culpa para condenar. No obstante, esa conclusión, que resulta válida para la responsabilidad civil de los particulares82, no puede trasladarse automáticamente a la responsabilidad de los agentes estatales, los cuales responden con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política. En otras palabras, para imponer a los agentes estatales la obligación de restituir lo pagado por el Estado no es suficiente acreditar que obraron con culpa, sino que es necesario demostrar que obraron con dolo o culpa grave. (...) si bien el subteniente Socha Garzón no fue la persona que accionó el arma de dotación oficial contra Marta Cecilia Palacio Cifuentes, está demostrado que con su conducta gravemente culposa incidió en la muerte de aquella, toda vez que desconoció deberes normativos y permitió que unos civiles extraños a la institución policial ejercieran actos violentos sobre civiles. Al respecto, la Sala resalta que la actuación y participación del subteniente Socha Garzón en los hechos en que resultó muerta Marta Cecilia Palacio Cifuentes no fue menor y no se trató de una simple equivocación, pues lejos de ser así, se entiende que fue una negligencia mayúscula que a la postre conllevó a la condena de la Administración, pues estando en un área de vigilancia que no le correspondía, permitió que personas armadas ajenas a la institución policial ejecutaran acciones de fuerza y sometimiento contra civiles, con lo cual contribuyó a crear el escenario para que se perpetrara la muerte de la señora Palacio Cifuentes, lo que de igual forma constituyó una omisión en el deber de protección a los ciudadanos. En ese aspecto, destaca la Sala lo manifestado en líneas anteriores sobre la culpa grave, esto es, que según el artículo 63 del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia se tiene determinado que la “culpa” es la conducta reprochable de quien generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Asimismo, reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario83. Así las cosas, se evidenció que el subteniente Socha no estaba en el área de vigilancia a él asignada, que sospechosamente acordó con dos civiles realizar un allanamiento o registro sin autorización u orden para hacerlo y, además, fue la persona que proporcionó arma de fuego a uno de los civiles que participó en el operativo. Lo anterior, a todas luces resulta contrario a la finalidad de la institución de la Policía Nacional, toda vez que dichas personas no pertenecían al cuerpo armado como los dispone el artículo 34 del Decreto 1355 de 1970. No obstante, como Xavier Francisco Socha Garzón es el único apelante, la Sala no puede desmejorar su situación en virtud del principio de non reformatio in pejus, y por tal motivo se mantendrá la condena en su contra conforme al porcentaje de participación que dispuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En suma, para la Sala no están llamados a prosperar los argumentos de Xavier Francisco Socha Garzón consistentes en que no se demostró su conducta gravemente culposa, pues como quedó expuesto con su actuación abiertamente irregular, que desconoció postulados y deberes normativos frente a su misión institucional en la Policía Nacional, contribuyó a la causación del daño por el cual resultó condenado el Estado. Precisamente, se llega a la anterior conclusión porque quedó probado que si bien Xavier Francisco Socha Garzón no fue la persona que disparó contra Marta Cecilia Socha Garzón, lo cierto es que con su proceder violó flagrantemente los deberes normativos consagrados en los artículos 1°, 29 y 34 del Decreto 1355 de 1970 y artículos 343 y 344 del Decreto 2700 de 1991, lo cual en últimas fue el escenario propicio para que un particular participara en actos que correspondían netamente a la autoridad policial y diera muerte a la señora Socha Garzón. Así las cosas, la Sala procederá a actualizar la condena impuesta contra Xavier Francisco Socha Garzón con fundamento en la fórmula utilizada por esta Corporación para tal fin.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad.:55661
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 77, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 78, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86 INCISO 2, DECRETO 1355 DE 1970 - ARTÍCULO 1, DECRETO 1355 DE 1970 - ARTÍCULO 29, DECRETO 1355 DE 1970 - ARTÍCULO 34, DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 343, DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 344, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo se determina la competencia del Consejo de

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

RE / VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE / PRUEBA DE DESCARGO / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Las diligencias de descargo y versión libre sin juramento pueden ser valoradas como prueba trasladada?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as diligencias de descargo y versión libre obrantes en la actuación disciplinaria no fueron rendidas bajo la gravedad del juramento, situación que impide al juez reconocerle a este tipo de medios una capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en los artículos 227 y 229 del Código de Procedimiento Civil.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 227, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229
SENTENCIA PENAL / COSA JUZGADA / CULPABILIDAD / SERVIDOR PÚBLICO / DAÑO CAUSADO POR AGENTE ESTATAL EN SERVICIO / ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CULPA / PRUEBA DE LA CULPA / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La teoría de que en lo relativo a la culpabilidad del sindicado, la doctrina indica que la sentencia penal hace tránsito a cosa juzgada, partiendo de la regla según la cual si está probada la culpabilidad para sancionar debe entenderse probada la culpa para condenar puede trasladarse automáticamente a la responsabilidad de los agentes estatales, los cuales responden con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política?
Respuesta al problema jurídico: No
El Consejo de Estado, a partir de lo previsto por el artículo 63 del Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia tiene determinado que la “culpa” es la conducta reprochable de quien generó un daño antijurídico, no querido por él, pero que se desencadena por omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado, al no prever los efectos nocivos de su acto o, cuando habiéndolos previsto, confió imprudentemente en poder evitarlos. Asimismo, reviste el carácter de “culpa grave” aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su patrimonio. Lo anterior, debido a que dichas nociones, si bien son propias del derecho común, deben ser analizadas y armonizadas con la órbita del servidor público, comoquiera que “Al no haberse precisado o definido legalmente, de manera específica para efectos de la acción de repetición, los conceptos de ‘culpa grave’ y ‘dolo’, la jurisprudencia (…) acudió inicialmente a la noción recogida y desarrollada por el ordenamiento civil, en cuyo artículo 63 (…) se distingue entre la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, para efectos de señalar que culpa o negligencia grave es el descuido en que ni siquiera incurrirían las personas negligentes o de poca prudencia en el manejo de sus propios negocios. Así mismo, el aludido artículo 63 precisa que en materia civil esa culpa se equipara al dolo que, a su vez, se concibe como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o a la propiedad de otro”. (…) En términos generales la doctrina autorizada ha sostenido, que el dolo hace referencia a ´la intención dirigida por el Agente del Estado a realizar la actividad generadora del daño´, mientras que la culpa grave tiene que ver con ´aquella conducta descuidada del Agente estatal´, causadora del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal”. En efecto, para juzgar la responsabilidad patrimonial del agente o ex agente estatal con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil, se exige la prueba de su actuación dolosa y/o gravemente culposa. En este caso, para acreditar dicho supuesto se aportó la providencia que sancionó disciplinariamente a los demandados (hecho probado 8.4.2) y las sentencias proferidas por la justicia penal militar en las que se absolvió del delito de homicidio culposo y prevaricato a Xavier Francisco Socha Garzón (hechos probados 8.4.3 y 8.4.4). Sin embargo, dichas providencias deben tratarse, no como prueba documental propiamente dicha, sino como una decisión adoptada por una autoridad disciplinaria y jurisdiccional que hace tránsito a cosa juzgada, punto en el que se precisa que la ley no sujeta el efecto de cosa juzgada penal de la sentencia a la condición prevista frente a las sentencias proferidas en otros procesos judiciales, en los que se exige la identidad de partes y se concluye que el fallo solo es oponible a quienes participaron en el proceso en el que se dictó, razón por la cual se señala que la cosa juzgada penal no es relativa sino absoluta. Así las cosas, en lo relativo a la culpabilidad del sindicado, la doctrina indica que la sentencia penal hace tránsito a cosa juzgada, partiendo de la regla según la cual si está probada la culpabilidad para sancionar debe entenderse probada la culpa para condenar. No obstante, esa conclusión, que resulta válida para la responsabilidad civil de los particulares, no puede trasladarse automáticamente a la responsabilidad de los agentes estatales, los cuales responden con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política. En otras palabras, para imponer a los agentes estatales la obligación de restituir lo pagado por el Estado no es suficiente acreditar que obraron con culpa, sino que es necesario demostrar que obraron con dolo o culpa grave.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la actualización de la condena?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] Sala procederá a actualizar la condena impuesta contra Xavier Francisco Socha Garzón con fundamento en la fórmula utilizada por esta Corporación para tal fin. (…) En este orden de ideas, teniendo en cuenta que Xavier Francisco Socha Garzón fue el agente que con su conducta gravemente culposa dio lugar a la condena que debió pagar la Nación - Policía Nacional, la Sala lo condenará a pagar a esa entidad la suma de ciento tres millones setecientos treinta y cuatro mil ciento dieciocho pesos ($103.734.118).
ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia cuando prosperan las pretensiones de la acción de repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que ésta proceda.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-11-01. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 25000232600020110124201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020110124201-66856-sentencia).
