Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (OPERADOR DE ZONA FRANCA) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Sala procede a estudiar el término de caducidad de la acción contractual

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2023-09-29
Radicado
25000233600020120003402
Número interno
57788
Ponente
MARIA ADRIANA MARIN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSULTAR CON PROFESIONALES Y CIA LTDA Y VELNEC S.A
Demandado
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Sala procede a estudiar el término de caducidad de la acción contractual

Lo que dijo la Sala

Aunque la demanda fue presentada en vigencia del CPACA -12 de julio de 2012-, para efectos de verificar la oportunidad de la acción, deberá valorarse el artículo 40 de la Ley 153 de 1887… . En atención a esta situación, la Sala procede a estudiar el término de caducidad de la acción contractual, bajo las normas que regían al momento de la expedición y ejecutoria de los actos de liquidación unilateral.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En las controversias contractuales, la oportunidad de la demanda se verifica conforme a la ley vigente al momento de la iniciación del cómputo del término de caducidad, esto es, la expedición y ejecutoria de los actos de liquidación unilateral, aunque la acción se haya presentado bajo otro régimen procesal. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 obliga a valorar la oportunidad conforme a la norma que regía al momento de la expedición del acto. Segunda, el término de caducidad no se altera por el hecho de que la acción contenciosa se entable en vigencia de otra legislación procesal, pues la ley aplicable se fija por el momento en que inicia el término. La providencia confirma la sentencia de primera instancia, que declaró oportuna la acción de nulidad y restablecimiento. En la práctica, el demandante debe identificar la fecha de expedición y firmeza de los actos de liquidación unilateral y la norma vigente en ese momento antes de determinar si su demanda se presentó en término.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para reclamar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato, la ocurrencia del siniestro, se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y se liquidó unilateralmente el contrato de consultoría?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 136 núm. 10
  • Ley 153 de 1887, art. 40
  • Ley 446 de 1998, art. 44

También resuelve

  • ¿Se satisface la carga argumentativa del recurso de apelación con la simple reiteración de las razones expuestas en la demanda, esto es…
  • ¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN REITERACIÓN DE ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Multas y cláusula penal Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Garantía única y efectividad de la póliza Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección A)
Caducidad de la acción: Sentencia
Consejo de Estado 2022-03-18 Sección Tercera (Subsección A)
Caducidad de la acción: Sentencia
Consejo de Estado 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A)
La demanda se instauró de forma extemporánea
Consejo de Estado 2025-05-14 Sección Tercera (Subsección C)
La Sala estudiará este presupuesto procesal de forma separada
Consejo de Estado 2022-03-04 Sección Tercera (Subsección A)
El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción
Consejo de Estado 2021-12-07 Sección Tercera (Subsección A)
La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación
Titulación de la relatoría 17.439 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales incoada para reclamar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato, la ocurrencia del siniestro, se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria y se liquidó unilateralmente el contrato de consultoría? Respuesta al problema jurídico: Si Aunque la demanda fue presentada en vigencia del CPACA -12 de julio de 2012-, para efectos de verificar la oportunidad de la acción, deberá valorarse el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 (...). En atención a esta situación, la Sala procede a estudiar el término de caducidad de la acción contractual, bajo las normas que regían al momento de la expedición y ejecutoria de los actos de liquidación unilateral. En otras palabras, el término de caducidad se contará de acuerdo con la ley vigente al momento de su iniciación, sin que ello se altere por el hecho de que la acción contenciosa se entabló en vigencia de otra legislación procesal, pues en tal evento esa última gobernará todas las cuestiones procesales de rigor, a excepción de la caducidad, en razón a que ese término principió en época anterior a la nueva ley y, por elementales razones de seguridad jurídica y de aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se impone su observancia preferente. En lo relativo al término de caducidad de la acción de controversias contractuales y el momento a partir del cual debe contarse, resultan aplicables las reglas contenidas en el numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., modificado -a su vez- por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 (...). En el asunto que ahora se resuelve por la vía de la apelación, se encuentra que entre la demandante y la demandada se celebró el contrato de consultoría No. TT 115/2008 el 5 de agosto de ese año, por virtud del cual aquella se obligó en favor de esta a la elaboración y legalización ante las autoridades distritales y la Terminal de Transporte S.A. del plan de implantación, los estudios complementarios y suplementarios y los diseños para la construcción, puesta en marcha y operación de la terminal interurbana de pasajeros del norte (...). Mediante la Resolución No. 12 de 15 de marzo de 2010, la Terminal de Transporte S.A. declaró el incumplimiento del objeto contractual, la ocurrencia del siniestro de incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria (...), la cual fue confirmada en todas y cada una de sus partes por la Resolución No. 26 de 31 de mayo de 2010 (...). Mediante la Resolución No. 63 de 26 de octubre de 2010, la Terminal de Transporte S.A. realizó la liquidación unilateral del contrato de consultoría No. TT-115/2008 (...), la cual fue confirmada por la Resolución No. 02 de 26 de enero de 2011 (...). Según lo dispuesto por el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., en aquellos contratos que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, la demanda se deberá presentar a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. En el presente caso, se observa que la Resolución No. 02 de 26 de enero de 2011, que confirmó la liquidación unilateral del contrato, fue notificada por edicto que se fijó entre el 14 y el 25 de febrero de 2011, fecha en la cual quedó debidamente ejecutoriada (...). Dado lo anterior, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a correr a partir del 26 de febrero de 2011 y culminaba el 26 de febrero de 2013 y, como quiera que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 17 de mayo de 2012 (...) y la demanda el 12 de julio de 2012 (...), resulta evidente que lo fue en tiempo. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONSULTORÍA / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / REITERACIÓN DE ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Se satisface la carga argumentativa del recurso de apelación con la simple reiteración de las razones expuestas en la demanda, esto es, cuando no se refuta ninguno de los argumentos en los que se sustentó la decisión del a quo, puesto que no fijó criterios de disenso frente a ellos? Respuesta al problema jurídico: No Entre el Consorcio Terminales Bogotá 2008 y la sociedad Terminal de Transporte S.A., se celebró el contrato de consultoría No. TT-115/2008, cuyo objeto consistía en la elaboración y legalización del plan de implantación, los estudios y diseños para la construcción, puesta en marcha y operación de la Terminal Interurbana de Pasajeros del Norte. Mediante la Resolución No. 12 de 2010 se declaró el incumplimiento del contrato, la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria. Mediante la Resolución No. 63 de 2010 se adoptó la liquidación unilateral del contrato. La parte demandante plantea que estos actos administrativos se profirieron con violación del debido proceso, falsa motivación, violación directa de la ley, violación de los principios de buena fe y planeación, además de que se presentó un desequilibrio económico por la modificación del objeto contractual. (...) Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada. (...) Esta Subsección consideró que la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente (...). En ese orden de ideas, la Sala reitera lo señalado por esta Subsección en oportunidad anterior, en el sentido de que, al advertirse la ausencia de sustentación suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sea simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al superior jerárquico no le queda una opción diferente que la de confirmar el proveído apelado. De cara al caso concreto, la Sala advierte que, si bien la parte actora sustentó formalmente su recurso de apelación, lo cierto es que materialmente las pretensiones y argumentos en él esgrimidos de ninguna manera refutan o controvierten los argumentos expuestos por el a quo en la decisión objeto de alzada. n efecto, la parte actora se limitó a transcribir en el escrito de apelación el contenido de la demanda, por lo que era necesario que el recurrente precisara los errores o equivocaciones en los que, en su criterio, incurrió el Tribunal y que merecen ser corregidos por esta Corporación, carga argumentativa que, obviamente, no se suple con la reproducción de la demanda, pues resulta claro que la sentencia de primera instancia ya decidió los argumentos expuestos en esta. De lo anterior surge, claramente, que el escrito presentado no es en realidad un recurso de apelación, sino la reproducción del contenido estricto de la demanda, la cual, por demás, resulta confusa en relación con lo pretendido; en este sentido, técnicamente no se observa la presentación de inconformidad alguna en contra de los argumentos expuestos en el fallo de primera instancia, lo cual permite afirmar, por supuesto, que la sustentación del recurso en realidad no existe, así el escrito que lo contiene haya sido denominado de esa manera por el apoderado del consorcio demandante y presentado dentro del término dispuesto para ello. (...) Lo anterior da cuenta de que no hubo una debida y adecuada sustentación del recurso de apelación, en tanto no se presentó ningún cuestionamiento específico dirigido a atacar los argumentos con base en los cuales el Tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda, pues es claro que la reiteración en el recurso de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, no le permite a la Sala establecer cuáles fueron los yerros o censuras del recurrente frente a la decisión cuestionada. Se advierte que, si bien la apelación interpuesta por la parte actora fue concedida por el Tribunal a quo y posteriormente admitida por esta Corporación, ello no impide que al momento de dictar sentencia se evalúen los argumentos del respectivo recurso para señalar si en realidad hubo o no una debida sustentación, cuestión que así ha determinado esta Subsección en diferentes oportunidades. Así las cosas, y al no haberse presentado un escrito contentivo, en efecto, de una real sustentación del recurso, pues lo que se presentó fue una simple reproducción de la demanda, lo que surge es, por una parte, que el que se presentó no puede ser tenido como tal y, por otra, que el recurrente no expresó cuáles eran las razones de su inconformidad con el fallo de primera instancia, motivo por el cual la Sala no puede efectuar ningún juicio de valor sobre la decisión objeto de apelación. El recurrente no cumplió el deber establecido en el artículo 320 del CGP, según el cual se deben presentar “reparos concretos” en el recurso, a fin de que el juez de segunda instancia los estudie. A tono con las razones hasta aquí expuestas, no siendo posible extractar del escrito del recurso de apelación una razón o motivo de inconformidad con la sentencia recurrida, y dado que la Sala no está llamada a suplir esta carga que corresponde de manera exclusiva al recurrente, debido a la repetición de lo planteado en la primera instancia, forzoso resulta concluir que los fundamentos de la sentencia impugnada quedaron incólumes, libres de cualquier censura o confrontación y, por tanto, se impone confirmar la providencia recurrida por carencia de objeto de la alzada. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la carga procesal de sustentar el recurso de apelación, consultar providencias de 9 de abril de 2014, Exp. 27550, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 14 de mayo de 2014, Exp. 31469, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 14 de octubre de 2015, Exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 10 de noviembre de 2017, Exp. 54675, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 10 de noviembre de 2017, Exp. 51212, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); de 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín; de 24 de septiembre de 2020, Exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la posibilidad del juez de segunda instancia de evaluar los argumentos del recurso para determinar la debida sustentación, aunque se haya admitido por el a quo el respectivo recurso, consultar providencias de 1 de febrero de 2018, Exp. 49741, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 12 de diciembre de 2019, Exp. 53901, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino los supuestos decantados por la norma. Así, el artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibídem establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma. De tal manera, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales -si las hubiere-. En ese sentido, se observa que: Se trata de un proceso de controversias contractuales, cuya pretensión equivalía a la suma de $522’730.740, asunto en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia, porque no se accedió a lo pretendido con el recurso de apelación. Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa que, además del seguimiento propio que amerita un caso como el presente, la Sociedad Terminal de Transporte S.A. presentó de manera oportuna los alegatos de conclusión. En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho (...). Así las cosas, se fijan las agencias en derecho en la segunda instancia en el 1% de $522’730.740, es decir, la suma de $5´227.307, en favor de la Sociedad Terminal de Transporte S.A. La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandante. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 2, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 4, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201200034021100103