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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos

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Fecha
2022-05-31
Radicado
11001032600020210025000
Número interno
67846
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
Actor
INTEGRA S.A.
Demandado
MEGABUS S.A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos

Lo que dijo la Sala

La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, tal como lo establece el artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas, conforme al artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 y el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza jurídica de la entidad pública y en la autonomía presupuestal que le confiere la ley. El recurso de anulación es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, limitándose el juez a cuestionar la decisión arbitral únicamente por errores in procedendo, sin poder intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo. Para el estudio de fondo del recurso, es necesario que se invoquen y sustenten en debida forma las causales taxativamente previstas en la ley, lo que implica que el juez no puede ampliar su discrecionalidad más allá de estas causales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en virtud de controversias contractuales en las que una entidad pública es parte?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 149 núm. 7
  • Ley 1563 de 2012, art. 46 inc. 3

También resuelve

  • ¿La naturaleza excepcional, restrictiva y extraordinaria del recurso de anulación contra laudo arbitral delimita al juez de lo contencioso administrativo a cuestionar la decisión arbitral únicamente…
  • ¿Para el estudio de fondo del recurso de anulación contra laudo arbitral es necesario que se invoquen y sustenten en debida forma las causales que taxativamente están previstas en la ley?
  • ¿Cuáles son los efectos procesales de la prosperidad de la causal octava de anulación del laudo arbitral?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL CONTRATO DE CONCESIÓN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS CONTRATO ESTATAL CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA ENTIDAD PÚBLICA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD PÚBLICA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO SOCIEDAD POR ACCIONES REGÍMENES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO PERSONERÍA JURÍDICA PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PRESUPUESTAL NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL EFECTOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL ERROR IN PROCEDENDO CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO PRINCIPIO DISPOSITIVO CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DE NULIDAD SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL LÍMITES DE LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS EN EL LAUDO ARBITRAL ERROR EN EL LAUDO ARBITRAL ERROR ARITMÉTICO ALCANCE DEL ERROR ARITMÉTICO CAUSALES DEL ERROR ARITMÉTICO ERROR ARITMÉTICO EN EL LAUDO PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA CORRECCIÓN POR ERROR POR CAMBIO, OMISIÓN O ALTERACIÓN DE PALABRAS EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL CORRECCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL LAUDO ARBITRAL LAUDO ARBITRAL NACIONAL TÉCNICA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL CONTENIDO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA PARTE MOTIVA DE LA PROVIDENCIA PARTE MOTIVADA DE LA SENTENCIA DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL PAGO DE LA CONDENA TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA COMPETENCIA DEL ÁRBITRO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONDENA EN EL LAUDO ARBITRAL EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL PAGO TARDÍO INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO INTERPRETACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL VEREDICTO CONTRADICTORIO VEREDICTO DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL VEREDICTO DEL JUEZ INEXISTENCIA DEL VEREDICTO CONTRADICTORIO PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ ERROR IN IUDICANDO CONCEPTO DE ERROR ARITMÉTICO APLICACIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO REQUISITOS DEL ERROR ARITMÉTICO ELEMENTOS DEL ERROR ARITMÉTICO INEXISTENCIA DE ERROR ARITMÉTICO INEXISTENCIA DEL ERROR ARITMÉTICO EN EL LAUDO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN VALOR DE LA CONDENA CÁLCULO DE LA CONDENA EN CONCRETO LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL FALLO EN CONCIENCIA REQUISITOS DEL FALLO EN CONCIENCIA CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN CONCIENCIA ARBITRAJE EN CONCIENCIA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DESCONOCIMIENTO DE LA PRUEBA MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA DEBER DE OBEDIENCIA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY TARIFA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FÓRMULA PARA LA FIJACIÓN DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE USUARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE FALLO EN DERECHO INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA APLICACIÓN DE LA LEY INTERPRETACIÓN DE LA LEY NORMA VIGENTE INTERÉS MORATORIO DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO IPC ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONGRUENCIA DEL JUEZ EXCEPCIONES DE LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA PRETENSIONES DE LA DEMANDA EXCEPCIÓN DE DEMANDA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL COSA JUZGADA REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL EXCEPCIÓN DE FONDO DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES RIESGO AUTONOMÍA DEL JUEZ FACULTADES DEL ÁRBITRO FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO FALTA DE JURISDICCIÓN CONCEPTO DE JURISDICCIÓN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL FUNCIÓN JURISDICCIONAL FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR PARTICULARES CONCEPTO DE COMPETENCIA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ÁRBITRO FUNCIONES DEL ÁRBITRO PRINCIPIO DE HABILITACIÓN PACTO ARBITRAL CONCEPTO DE PACTO ARBITRAL EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL OBJETO DEL PACTO ARBITRAL REQUISITOS DEL PACTO ARBITRAL CLÁUSULA COMPROMISORIA ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA LÍMITES A LAS FACULTADES DEL ÁRBITRO TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO NORMA DE ORDEN PÚBLICO COMPETENCIA OBJETIVA COMPETENCIA SUBJETIVA FACTOR DE COMPETENCIA INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL AUTONOMÍA DEL PACTO ARBITRAL VALIDEZ DEL PACTO ARBITRAL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 48.864 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CONTRATO DE CONCESIÓN / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / ENTIDAD PÚBLICA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / SOCIEDAD POR ACCIONES / REGÍMENES DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / PERSONERÍA JURÍDICA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PRESUPUESTAL Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en virtud de controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Respuesta al problema jurídico: Si La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, tal como lo establece el artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 . El laudo objeto del recurso resolvió una controversia surgida en el marco de la ejecución del Contrato de Concesión para la Prestación del Servicio dentro del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Área Metropolitana del Centro de Occidente – Operación Troncal y Alimentadora del Sistema de Megabús a partir de la Cuenca DQS, acuerdo negocial suscrito, de una parte, por la sociedad (…) y, de otra parte, por la empresa Megabús S.A., la cual funge como sociedad por acciones entre entidades públicas sujeta al régimen de una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, autorizada mediante Acuerdo Metropolitano (…) de la Junta Metropolitana del Área Metropolitana del Centro Occidente, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, constituida mediante Escritura Pública (…), registrada en la Cámara de Comercio de Pereira, la cual tiene el carácter de titular del Sistema “Megabús”. Con fundamento en lo anterior y, atendiendo la naturaleza jurídica de la convocada, la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente controversia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza y alcance del recurso de anulación de laudo arbitral, ver sentencia de octubre 24 de 1996, Exp. 11632, C.P. Daniel Suárez Hernández, sentencia de mayo 18 de 2000, Exp. 17797, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de agosto 23 de 2001, Exp. 19090, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de junio 20 de 2002, Exp. 19488, C.P. Ricardo Hoyos Duque, sentencia de julio 4 de 2002, Exp. 21217, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia de julio 4 de 2002, Exp. 22012, C.P. Ricardo Hoyos Duque, sentencia de abril 28 de 2005, Exp. 25811, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, sentencia de junio 8 de 2006, Exp. 32398, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de mayo 13 de 2009, Exp. 34525, C.P. Myriam Guerrero de Escobar. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 46 INCISO 3 RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / EFECTOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / ERROR IN PROCEDENDO / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Problema jurídico: ¿La naturaleza excepcional, restrictiva y extraordinaria del recurso de anulación contra laudo arbitral delimita al juez de lo contencioso administrativo a cuestionar la decisión arbitral únicamente por errores in procedendo? Respuesta al problema jurídico: Si El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso; (ii) la finalidad del recurso se orienta a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo (por violación de leyes procesales), que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso; (iii) mediante el recurso extraordinario de anulación no es posible atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, errores in iudicando (por violación de leyes sustantivas), es decir, si el Tribunal obró o no conforme al derecho sustancial (falta de aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o interpretación errónea), ni plantear o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal, puesto que el juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento y, en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar sus decisiones, por no compartir sus razonamientos o criterios; (iv) de manera excepcional, el juez de anulación podrá corregir o adicionar el laudo si prospera la causal de incongruencia, al no haberse decidido sobre cuestiones sometidas al conocimiento de los árbitros o por haberse pronunciado sobre aspectos no sujetos a la decisión de los mismos o por haberse concedido más de lo pedido. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las características del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral ver sentencia del 18 de enero de 2019, Exp. 62476, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia de 23 de abril de 2018, Exp. 59731, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia del 19 de julio de 2017, Exp. 59067, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia de 31 de agosto de 2015, Exp. 53585, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz y sentencia del 9 de abril de 2018, Exp. 59270, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PRINCIPIO DISPOSITIVO / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DE NULIDAD / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / LÍMITES DE LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ Problema jurídico: ¿Para el estudio de fondo del recurso de anulación contra laudo arbitral es necesario que se invoquen y sustenten en debida forma las causales que taxativamente están previstas en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si Los poderes del juez del recurso de anulación están limitados por el llamado “principio dispositivo”, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue y ello, obviamente, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra; por tanto, no le es permitido interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir la causal invocada y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del correspondiente recurso extraordinario de anulación y, (vi) dado el carácter restrictivo que caracteriza el recurso, su procedencia está condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente, las causales que de manera taxativa se encuentran previstas por la ley para ese efecto; consecuentemente, el juez de la anulación debe rechazar de plano el recurso cuando las causales que se invoquen o propongan no correspondan a alguna de las señaladas en la ley. NOTA DE RELATORÍA: En relación con los poderes del juez del recurso de anulación ver sentencia de 16 de junio de 1994, Exp. 6751, C.P. Juan de Dios Montes, sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 38379, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 32871, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, y sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 38379, C.P. Hernán Andrade Rincón. CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS EN EL LAUDO ARBITRAL / ERROR EN EL LAUDO ARBITRAL / ERROR ARITMÉTICO / ALCANCE DEL ERROR ARITMÉTICO / CAUSALES DEL ERROR ARITMÉTICO / ERROR ARITMÉTICO EN EL LAUDO / PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA / CORRECCIÓN POR ERROR POR CAMBIO, OMISIÓN O ALTERACIÓN DE PALABRAS EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL / EFECTOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CORRECCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / LAUDO ARBITRAL / LAUDO ARBITRAL NACIONAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / TÉCNICA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Cuáles son los efectos procesales de la prosperidad de la causal octava de anulación del laudo arbitral? Respuesta al problema jurídico: Si La causal contenida en el numeral 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 -que estaba prevista en términos similares en el numeral 7º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998-, se configura con cualquiera de los siguientes supuestos fácticos: (i) disposiciones contradictorias; (ii) errores aritméticos y, (iii) yerros por omisión, alteración o cambio de palabras en el laudo. Para que la causal de anulación sea procedente, el Estatuto Arbitral estableció dos requisitos: (i) que la contradicción, el error matemático o el cambio de palabras estén contenidos en la parte resolutiva del laudo o incidieran directamente en ella y, (ii) que las irregularidades se hayan alegado ante el tribunal arbitral dentro de la oportunidad legal para solicitar su aclaración y/o corrección. (…) En todo caso, en el evento que prospere esta causal de anulación no da lugar a la invalidación del laudo sino a su corrección, pues así lo prevé el inciso primero del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, que determina que “cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará”. (…) En lo que concierne a las disposiciones contradictorias, la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que estas tienen que ver con decisiones que se contraponen o excluyen entre sí y, por lo tanto, impiden su cumplimiento o ejecución. (…) El error aritmético, por su lado, es aquel en el que se incurre al realizar alguna de las cuatro operaciones aritméticas, es decir, se trata de un error en el cálculo de la operación. En ese orden, los errores aritméticos no abarcan aspectos conceptuales que el juez, con base en la ley y las pruebas del proceso, defina para efectuar los cálculos pues ello implicaría estudiar nuevamente el fondo del asunto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causal octava de anulación del laudo arbitral, ver sentencias del 4 de julio de 2002, Exp. 22195, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, sentencia del 7 de junio de 2007, Exp. 32986, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 32871, C.P Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 29 de agosto de 2007, Exp. 33669, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 21 de febrero de 2011, Exp. 38621, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 22 de noviembre de 2009, Exp. 36427, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 1818 DE 1998 - ARTÍCULO 163 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 3, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 4, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 5, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 6, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 8, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43 RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS EN EL LAUDO ARBITRAL / ERROR ARITMÉTICO EN EL LAUDO / PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA / CONTENIDO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA / PARTE MOTIVA DE LA PROVIDENCIA / PARTE MOTIVADA DE LA SENTENCIA / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / PAGO DE LA CONDENA / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Problema jurídico: ¿El Tribunal de Arbitramento al fijar el término para el pago de la condena, incurrió en contradicciones en la relación con la norma que regula la materia? Respuesta al problema jurídico: No La sociedad recurrente cumplió, (…) con el requisito de procedibilidad de alegar ante el panel arbitral la posible contradicción y error aritmético contenido en los numerales 8 y 9 de la parte resolutiva del laudo que ahora esboza con el recurso de anulación. (…) En lo que tiene que ver con las contradicciones que afirma la sociedad recurrente habría entre el numeral 9 de la parte resolutiva -que ordena el pago de la condena dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria del laudo- y lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA -que otorga a la entidades públicas un término de hasta diez meses para pagar contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia, entre otros aspectos-, criterio que acompaña el agente del Ministerio Público en su intervención, considera la Sala que tales circunstancias no configuran la causal de anulación referida, pues, claramente, se orientan a controvertir los motivos de la decisión con fundamento en aspectos sustanciales de la controversia relativos al término otorgado por el panel arbitral para el pago de la condena impuesta a Megabús, aspecto que escapa al resorte de la competencia del juez de la anulación conforme lo prevé el inciso 4 del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, que dispone que: “(…) la autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”. (…). Con todo, tampoco se observan en la parte resolutiva de la decisión recurrida disposiciones que se contrapongan o excluyan entre sí y que, por tanto, impidan su cumplimiento o ejecución o que no puedan conciliarse razonablemente. (…) La Sala no encuentra que la parte motiva y resolutiva del laudo contengan disposiciones que se contradigan entre sí y que, por tanto, impidan su ejecución. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las disposiciones contradictorias en el laudo arbitral, ver sentencia del 20 de agosto de 2014, Exp. 41064, C.P. Stella Conto Diaz Del Castillo y sentencia del 15 de mayo de 1992, Exp. 5326, C.P. Daniel Suárez Hernández. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42 INCISO 4 LAUDO ARBITRAL / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / CONDENA EN EL LAUDO ARBITRAL / EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / PAGO DE LA CONDENA / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PAGO TARDÍO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / INTERPRETACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / VEREDICTO CONTRADICTORIO / VEREDICTO DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL VEREDICTO DEL JUEZ / INEXISTENCIA DEL VEREDICTO CONTRADICTORIO / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / ERROR IN IUDICANDO Problema jurídico: ¿La determinación de la forma y el plazo para el pago de la condena en el laudo arbitral, constituye una contradicción en los términos de los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011 y el 281 del Código General del Proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El numeral noveno del laudo dispuso condenar a la convocada (Megabús S.A.) a pagar el valor definido en el numeral Octavo ejusdem, (…), dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, así como al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima legal, a partir del vencimiento del mencionado plazo y hasta la fecha del pago efectivo conforme a las normas procesales indicadas en precedencia. (…) En ese orden, si bien podría considerarse que el laudo no tiene la claridad deseada frente a la forma de pago, esto no comporta per se una controversia insalvable puesto que las disposiciones declarativas como de condena y la forma de pago determinadas en la parte resolutiva de la decisión, se interpretan lógicamente y se pueden cumplir sin reparo alguno. Así las cosas, esta colegiatura no observa una contradicción en el laudo, pues en la parte considerativa el Tribunal arbitral otorgó un plazo de 5 días a la convocada (Megabús S.A.) con el fin de que pagara a la convocante (Integra S.A.), el valor efectivo de la condena, término que, una vez vencido, dará lugar a la aplicación de lo definido en los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011 y el 281 del Código General del Proceso -que prevén, de un lado, un plazo de hasta diez meses para que las entidades públicas paguen sus condenas -entre otras medidas- y, de otro, desarrolla el principio de congruencia de las decisiones a cargo del juez, respectivamente-, disposición que se vio reflejada en la parte resolutiva de la providencia (numeral 9), razón por la cual no se configura la causal 8ª de anulación prevista en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Por último, la Sala observa que la parte convocada (Megabús S.A.) pretende con este recurso que el juez de la anulación entre a examinar el fondo de la decisión, en particular aquellos aspectos relacionados con las consideraciones que tuvo el panel arbitral para definir la orden impartida a la convocada para dar cumplimiento al pago de la suma de dinero derivada de la condena impuesta en la decisión, frente a lo cual es necesario reiterar que esta colegiatura, al amparo del examen del recurso extraordinario de anulación, no puede estudiar el fondo de la decisión adoptada por el tribunal de arbitramento, pues aquello excede el marco del recurso al tratarse de asuntos típicamente in iudicando. En consecuencia, el cargo no prospera. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 ERROR ARITMÉTICO / CONCEPTO DE ERROR ARITMÉTICO / APLICACIÓN DEL ERROR ARITMÉTICO / ALCANCE DEL ERROR ARITMÉTICO / REQUISITOS DEL ERROR ARITMÉTICO / ELEMENTOS DEL ERROR ARITMÉTICO / INEXISTENCIA DE ERROR ARITMÉTICO / INEXISTENCIA DEL ERROR ARITMÉTICO EN EL LAUDO / CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / VALOR DE LA CONDENA / CÁLCULO DE LA CONDENA EN CONCRETO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL Problema jurídico: ¿El monto de la condena impuesta por el Tribunal de Arbitramento adolece de error aritmético o incongruencia? Respuesta al problema jurídico: No Conviene recordar que el error aritmético es aquel en el que se incurre al realizar alguna de las cuatro operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación o división) y, por tanto, al corregirlo no trae como resultado la modificación de los argumentos o interpretaciones jurídicas que soportaron la decisión, como tampoco sobre la manera en que el Tribunal debía realizar los cálculos, fórmulas u operaciones matemáticas aplicables a la controversia, pues ello implicaría efectuar un nuevo estudio del fondo del asunto. En ese sentido, de la lectura del artículo octavo del laudo arbitral, la Sala observa que el Tribunal dispuso declarar la prosperidad de la pretensión duodécima de la demanda reformada y, en consecuencia, condenar a “MEGABÚS S.A. (…) Como puede observarse, sin dificultad, el tribunal arbitral para llegar al valor de condena sostuvo que la indemnización del daño causado a la convocante (Integra S.A.), es equivalente al monto de la diferencia entre la participación económica a la que tenía derecho de conformidad con lo dispuesto en el contrato de concesión, y lo que efectivamente le fue pagado, durante la situación deficitaria que se presentó (…). En ese orden, dispuso condenar a Megabús S.A. para que indemnice a Integra S.A. por las cifras obtenidas con base en los cálculos realizados en el dictamen financiero aportado por esta última (…); por tanto, no se evidencia la existencia de un error aritmético o incongruencia alguna con las decisiones adoptadas por el Tribunal Arbitral en relación con este punto. (…) En consecuencia, como en el presente caso lo que la recurrente plantea no corresponde a un error aritmético, por cuanto no está discutiendo una operación matemática equivocada sino los elementos de juicio que tuvo en cuenta el panel arbitral para determinar el monto de la condena y su actualización, la Sala despachará desfavorablemente el cargo en el entendido que los reparos formulados desnaturalizan la finalidad del recurso extraordinario de anulación, que tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales. RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO EN CONCIENCIA / REQUISITOS DEL FALLO EN CONCIENCIA / CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN CONCIENCIA / ARBITRAJE EN CONCIENCIA / DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / DESCONOCIMIENTO DE LA PRUEBA / MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / DEBER DE OBEDIENCIA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO / APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY Problema jurídico: ¿Cuáles son los presupuestos del fallo en conciencia? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia de la Corporación ha señalado que para predicar si un laudo fue proferido en conciencia, se requiere la comprobación de que los árbitros al resolver el asunto puesto a su consideración dejaron de lado, de manera evidente, las normas legales que debían aplicar, así como el acervo probatorio obrante en el expediente , al basar su decisión de manera exclusiva en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada . Solo cuando el fallo omite, de manera evidente, el marco jurídico dentro del que se debe decidir , o por no contar con razonamientos jurídicos , podrá decirse que se está en presencia de un fallo en conciencia. Pero si los árbitros resuelven con base en el ordenamiento jurídico, fundado en el análisis y valoración de las pruebas allegadas de manera oportuna al proceso y conforme a las reglas de la sana crítica, ese pronunciamiento será en derecho. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el fallo en conciencia ver sentencia de junio 18 de 2008. Exp. 34543, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencias de agosto 9 de 2001, Exp.19273, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 5 de julio de 2006, Exp. 31887, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, sentencia de 28 de noviembre de 2002, Exp. 22191, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / TARIFA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE / FÓRMULA PARA LA FIJACIÓN DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE / USUARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / FALLO EN DERECHO / MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DE LA LEY / INTERPRETACIÓN DE LA LEY / NORMA VIGENTE Problema jurídico: ¿El Tribunal de Arbitramento al motivar y proferir el laudo bajo la interpretación y aplicación de la ley vigente al momento de la controversia contractual, falló en derecho? Respuesta al problema jurídico: Si Esta colegiatura evidencia a partir de la estructura argumentativa del laudo, que el panel arbitral fundamentó su decisión en normas vigentes y aplicables que respondieron al objeto de la controversia puesta a su consideración, así como a los argumentos que formuló la parte convocada y, en particular, a las excepciones de mérito alegadas por esta, con fundamento en las pruebas que soportaron los hechos y las pretensiones de la demanda. Además, incluyó de manera expresa la motivación o exposición de las razones que soportaron las decisiones adoptadas, en particular lo relacionado con la declaratoria de incumplimiento del contrato respecto de la obligación prevista en la cláusula 63.3. del contrato de concesión, relacionada con el deber a cargo de la convocada de reportar a la Autoridad de Transporte las diferencias entre la tarifa usuario y la tarifa técnica. (…) Seguidamente, el estudio de la obligación contenida en la cláusula 63.3 continuó con la relación de las pruebas documentales y testimoniales que obraban en el proceso, así como la revisión del principio constitucional de la buena fe objetiva. (…) En ese orden, las apreciaciones y conclusiones del laudo sobre este asunto, son producto de la interpretación y aplicación de la ley por parte del panel arbitral; por tanto, esta circunstancia, por sí misma, no configura la hipótesis de fallo en conciencia o equidad, puesto que es propio del juez desentrañar e interpretar el sentido de las reglas adjetivas que regulan el proceso arbitral y las normas sustantivas o procesales con el propósito de resolver el conflicto puesto a su consideración, con base en las reglas particulares de interpretación previstas en los artículos 1618 al 1624 del Código Civil. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624 FALLO EN DERECHO / INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA / CONDENA EN EL LAUDO ARBITRAL / PAGO DE LA CONDENA / INTERÉS MORATORIO / DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / IPC / MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DE LA LEY / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ Problema jurídico: ¿El Tribunal de Arbitramento al definir el monto de la condena fijó el valor del interés conforme a la asignación del IPC, de acuerdo a los elementos materiales probatorios allegados? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con el reproche según el cual el panel arbitral no utilizó de manera correcta la asignación del IPC inicial en la valoración del interés para cuantificar la condena impuesta a Megabús S.A., consta en la actuación que el panel arbitral llevó a cabo un completo estudio en el numeral 6.2.6. de laudo que le permitió condenar a Megabús para que indemnizara a Integra S.A. con fundamento en las cifras obtenidas en los cálculos realizados en el dictamen financiero aportado por esta última (…). Como puede apreciarse, sin dificultad, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, para la Sala resulta claro que los puntos antes referidos, abarcaron en forma amplia el desarrollo del laudo arbitral censurado, además que, contó con una argumentación jurídica que soportó lo decidido y se fundó en los elementos materiales probatorios allegados al plenario, sin que en esta sede sea procedente entrar a evaluar la pertinencia del análisis jurídico, como tampoco el mérito que se dio al acervo probatorio, pues ello, tal como se indicó en precedencia, escapa a las competencias del juez de anulación. (…) Así las cosas, como la decisión del Tribunal Arbitral comportó un análisis del clausulado del contrato (…), en concreto de las obligaciones contenidas en las cláusulas 63.3 y 13.2 literal a), respectivamente; de los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011 y 281 del Código General del Proceso y, en particular, de la definición del monto de la condena y su actualización con base en el IPC certificado por el DANE para los meses respectivos, entre otros aspectos, es evidente que el fallo fue en derecho y no en conciencia como lo alega el censor. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 192, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / EXCEPCIONES DE LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXCEPCIÓN DE DEMANDA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ Problema jurídico: ¿En qué eventos excepcionales puede el juez de arbitramento pronunciarse sobre cuestiones que no fueron alegadas en las pretensiones y excepciones de la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a causal 9ª de anulación de laudo arbitral que enuncia el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, constituye una consecuencia a la transgresión del principio de congruencia cuando los árbitros han proferido un laudo inarmónico con los hechos, las pretensiones y las excepciones formuladas por las partes o sobre aquellas que estaban probadas y no debían ser alegadas, pues en este último caso el panel arbitral, en su condición de juez, tiene la obligación de reconocer oficiosamente las excepciones de fondo que encuentre demostradas, (…) tal como lo regula el artículo 282 del Código General del Proceso . (…) [S]i el yerro consiste en que la cuestión que se decidió en el laudo puede estar comprendida dentro del pacto arbitral pero no fue solicitado en la demanda, lo que se configura es un fallo extra petita según lo prevé la causal 9ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, porque recae sobre aspectos no sometidos a la decisión de los árbitros. Así las cosas, para establecer si se ha incurrido en los yerros a que se refiere la causal 9ª, es menester comparar lo pretendido, lo excepcionado y lo probado, con lo resuelto en el respectivo laudo arbitral. (…) Por último, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha sostenido que el examen del principio de congruencia es relativo, en tanto existen eventos en los que los árbitros deben entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, aun cuando las partes no lo hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones que se alegan, sin que ello implique la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral 9° de la Ley 1563 de 2012; sobre el particular, se han formulado los siguientes supuestos: (i) cuando se hallen probados los hechos que constituyen una excepción, caso en cual el árbitro deberá reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, pues estas excepciones deben ser propuestas en el debate procesal por el interesado; (ii) en lo atinente a los presupuestos procesales, por cuanto tocan con la validez formal del proceso; (iii) en aquellos casos relacionados con cuestiones que atañen al orden público, como sucede con la nulidad absoluta del acto o contrato, siempre y cuando aparezca de modo manifiesto; y (iv) en los pronunciamientos sobre restituciones mutuas en los eventos de nulidad del contrato. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 282 DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO EN DERECHO / INEXISTENCIA DEL FALLO EN CONCIENCIA / MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / APLICACIÓN DE LA LEY / COSA JUZGADA / REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / EXCEPCIÓN DE FONDO / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ Problema jurídico: ¿El laudo arbitral fue proferido en virtud del principio de congruencia, con sujeción a las pretensiones, excepciones de la demanda, y lo probado dentro del proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El laudo fue proferido con estricta sujeción a las pretensiones, a los argumentos de defensa, a las excepciones propuestas y lo probado dentro del proceso, tal como pasa a explicarse: La Sala recuerda que la jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que una de las manifestaciones del debido proceso, desde la óptica del demandado, se concreta en el derecho a la contradicción, es decir, en la posibilidad de oponerse a lo que pretende el demandante a través de la formulación de argumentos de defensa, de refutar y contrarrestar las afirmaciones realizadas por la parte contraria, de aportar elementos que le permitan desvirtuar las pruebas aducidas en su contra o de la proposición de excepciones bien sean perentorias o de fondo, esto es, de aquellas que persiguen enervar, total o parcialmente las pretensiones del demandante . En ese sentido el artículo 282 del CGP otorga al juez la obligación de reconocer oficiosamente las excepciones de fondo que encuentre demostradas, con las excepciones antes indicadas, lo que entonces significa que, si generalmente el juez puede declarar probada de oficio cualquier excepción que encuentre demostrada, el demandado podrá formular todas aquellas que considere pertinentes y viables para contrapesar lo pretendido por el demandante, así como presentar todos aquellos argumentos orientados a garantizar su defensa según lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política. (…) [L]a parte convocada (Megabús S.A.) sostuvo en los alegatos de conclusión ante el panel arbitral, que había operado la cosa juzgada derivada del laudo de fecha 8 de marzo de 2010 y en la misma oportunidad procesal la parte convocante (Integra S.A.), se pronunció sobre el particular. En este sentido, la Sala considera que el tribunal arbitral observó estrecha identidad y simetría entre el argumento de defensa que formuló la convocada en los alegatos de conclusión, y lo decidido en el numeral tercero de la parte resolutiva del laudo que declaró que “no prospera el medio de defensa denominado “COSA JUZGADA” planteado por la convocada”, (…) pues si bien existía identidad entre las partes del conflicto y del contrato, no ocurría lo mismo respecto de los hechos, la causa y el objeto que sustentaban las pretensiones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de congruencia de la sentencia, ver sentencia del 18 de diciembre de 2018, Exp. 61437, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas(E) y sentencia del 28 de febrero de 2020, Exp. 64896, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 282 FALLO EN DERECHO / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / EXCEPCIÓN DE FONDO / CONTRATO DE CONCESIÓN / RIESGO / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / TARIFA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE / AUTONOMÍA DEL JUEZ / FACULTADES DEL ÁRBITRO / FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / ERROR IN PROCEDENDO Problema jurídico: ¿El Tribunal de Arbitramento tenía un margen de autonomía y libertad de apreciación jurídica y probatoria, al decidir sobre las alegaciones referentes a la distribución de riesgos del contrato de concesión? Respuesta al problema jurídico: Si En relación con el segundo argumento expuesto por la convocada (Megabús S.A.), según el cual el Tribunal reasignó el régimen de riesgos establecido en el contrato sin que tuviera competencia para ello, pues, a su juicio, la tarifa usuario se altera de forma automática sin que medie ninguna consideración diferente a la aplicación de la ecuación del incremento de la tarifa usuario y que, el panel desapareció del contrato la fase deficitaria como un estado natural de este, la Sala evidencia que el panel arbitral en el numeral 3.3. del laudo llevó a cabo un completo estudio sobre la distribución de riesgos del contrato de concesión de fecha 2 de noviembre de 2004, al tanto que resolvió los argumentos de defensa formulados por Megabús SA.-en relación con las posiciones expuestas por Integra S.A sobre cláusulas 13.2 y 70 del contrato de concesión-, que recogió en las excepciones (…), las cuales fueron despachadas desfavorablemente en el laudo arbitral . (…) [A] la decisión definitiva de los árbitros se le reconoce un apreciable margen de autonomía y libertad de apreciación jurídica y probatoria, de suerte que en este ámbito no son de recibo los argumentos que esgrimen o dejan entrever el desacuerdo con la determinación adoptada, con su motivación o con el valor asignado por los árbitros a las pruebas recaudadas, o siquiera manifestando equivocaciones en lo laudado. En este orden, para que la Sala pudiera resolver el cargo de anulación propuesto, debería entrar a revisar los criterios, valoraciones probatorias o interpretaciones que ofreció el panel arbitral sobre la materia tratada, además de juzgar y calificar los mismos; aspectos que están legal y expresamente marginados del alcance del recurso de anulación conforme lo prevé el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012. (…) [L]a Sala despachará desfavorablemente la causal de anulación objeto de análisis, en el entendido que los reparos formulados desdibujan la finalidad del recurso extraordinario de anulación, que tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales. En suma, la Sala no encuentra configurada la causal de anulación de laudo arbitral, prevista en el numeral 9º del artículo 41 ejusdem. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42 CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALTA DE JURISDICCIÓN / CONCEPTO DE JURISDICCIÓN / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / FUNCIÓN JURISDICCIONAL POR PARTICULARES / CONCEPTO DE COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL / ÁRBITRO / FUNCIONES DEL ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / PRINCIPIO DE HABILITACIÓN / PACTO ARBITRAL / CONCEPTO DE PACTO ARBITRAL / EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL / OBJETO DEL PACTO ARBITRAL / REQUISITOS DEL PACTO ARBITRAL / CLÁUSULA COMPROMISORIA / ALCANCE DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA / EFECTOS DE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA Problema jurídico: ¿El pacto arbitral, a través de la cláusula compromisoria, es el mecanismo que habilita a la justicia arbitral para resolver las controversias contractuales sometidas a su conocimiento? Respuesta al problema jurídico: Si El numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2011 consagra la causal de anulación por “falta de jurisdicción o de competencia”, siendo objeto de análisis en el asunto sub lite, el último supuesto. Como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corporación, la jurisdicción tiene que ver con un atributo de la soberanía del Estado en el que se manifiesta la función pública de administrar justicia bajo criterios de especialidad de los órganos jurisdiccionales a los que se les ha asignado tal cometido. A su turno, la competencia, corresponde al poder o facultad que tiene un sujeto u órgano perteneciente a la jurisdicción, para adoptar una decisión en un asunto o materia especifica . De esta forma, el artículo 116 de la Constitución Política dispone que la función jurisdiccional será ejercida por las Cortes, los jueces y demás autoridades que, a través de jurisdicciones especiales o por facultad reconocida a los particulares de forma transitoria, están investidos del poder de administrar justicia. En este orden, el arbitraje quedó inscrito como un mecanismo procesal, aunque transitorio, de administración de justicia por particulares, cuya competencia se fija en función de los asuntos que, de manera precisa y expresa, le asignen las partes del conflicto bajo el respectivo pacto arbitral (“principio” de habilitación). Por su lado, el artículo 3 la Ley 1563 de 2012 establece que el pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Esta disposición reconoce expresamente que el pacto arbitral, expresado mediante la forma de cláusula compromisoria, implica la renuncia de las partes a acudir al juez ordinario, para, en su lugar, habilitar a la justicia arbitral con el propósito de que sea ésta la que conozca el conflicto suscitado con ocasión de su actividad contractual. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la jurisdicción y competencia, ver sentencia del 20 de noviembre de 2020, Exp. 65494, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 13 de abril de 2016, Exp. 54405, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, LEY 1563 DE 2011 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 3 COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / FUNCIONES DEL ÁRBITRO / LÍMITES A LAS FACULTADES DEL ÁRBITRO / TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FACULTADES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / PACTO ARBITRAL / EFECTOS DEL PACTO ARBITRAL / OBJETO DEL PACTO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / COMPETENCIA OBJETIVA / COMPETENCIA SUBJETIVA / FACTOR DE COMPETENCIA / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO / INTERPOSICIÓN DE RECURSO JUDICIAL Problema jurídico: ¿Para invocar la causal segunda de anulación del laudo arbitral por falta de jurisdicción o competencia, es necesario que el recurrente haya interpuesto el recurso de reposición contra el auto en el que Tribunal Arbitral asumió competencia? Respuesta al problema jurídico: Si En lo que tiene que ver con la justicia arbitral, la falta de competencia se explica a la luz de la efectiva verificación de los factores objetivo y subjetivo, en los que debe acreditarse que se trate de una controversia que recaiga sobre asuntos y derechos de libre disposición, al lado de lo cual se debe apreciar que las pretensiones de la demanda se enmarquen en el pacto que da origen al proceso, pues allí se establece la medida de la jurisdicción, que es la competencia . En materia arbitral, la falta de jurisdicción y de competencia han sido considerados de tiempo atrás como un error procedimental que da lugar a la anulación del laudo. (…) [M]ediante la Ley 1563 de 2012, la falta de jurisdicción y de competencia, en conjunto con la caducidad, quedaron contenidos de manera autónoma en la causal segunda de anulación. (…) Así las cosas, las decisiones adoptadas por un panel arbitral sin jurisdicción o competencia, se revelan como una contravención de normas imperativas y de orden público, a la vez que exponen la materialización de conductas prohibidas, no solo por quienes voluntariamente delegaron en la justicia arbitral la solución de un conflicto, sino que se presentan como contrarias al propio orden constitucional, en cuya base fundante está el origen y permisión para que un tribunal arbitral decida un conflicto con la fuerza de quien está investido de plenas facultades de administrar justicia en un caso concreto. Por último, en lo que tiene que ver con la procedencia de esta causal, el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 dispone que el recurrente deberá hacer valer los motivos de falta de jurisdicción y competencia mediante el recurso de reposición contra el auto en el que Tribunal Arbitral asumió competencia. De no atender dicha carga, no podrá alegarse en anulación pues debe entenderse que las partes estuvieron conformes con la constitución del Tribunal Arbitral para dirimir sus conflictos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos para la prosperidad de la causal segunda de anulación de laudo arbitral, ver sentencia del 13 de abril de 2015, Exp. 52556, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / FUNCIONES DEL ÁRBITRO / PACTO ARBITRAL / AUTONOMÍA DEL PACTO ARBITRAL / VALIDEZ DEL PACTO ARBITRAL / AUTONOMÍA DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / TARIFA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CLÁUSULA COMPROMISORIA / CONTRATO DE CONCESIÓN / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Problema jurídico: ¿El juez del recurso de anulación contra laudo arbitral está facultado para revisar en sede contencioso administrativa, si la competencia del Tribunal de Arbitramento fue ejercida en el marco de la cláusula compromisoria? Respuesta al problema jurídico: Si La controversia planteada por el recurrente con fundamento en la causal segunda de anulación, se circunscribe a determinar la competencia del panel arbitral frente a una supuesta actualización de las tarifas del Sistema Público de Transporte Masivo -MEGABÚS- (…). Tal como la ha referido la jurisprudencia de la Sala , el artículo 29 del Estatuto Arbitral -Ley 1563 de 2012- dispone que el panel arbitral es competente para resolver sobre su propia competencia y su decisión prevalece sobre cualquier otra proferida en sentido contrario por un juez ordinario o contencioso administrativo, presupuesto que le otorga a los árbitros un margen interpretativo autónomo para definir el alcance de su propia competencia, que parte del supuesto según el cual las partes habilitantes han confiado en la capacidad de los árbitros de adoptar decisiones definitivas en relación con el conflicto que ponen a su consideración. No obstante, el artículo 29 ejusdem también establece que lo anterior opera sin perjuicio de lo previsto para el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, que le permite al juez en sede de anulación revisar tal determinación con el propósito de establecer si obró o no en el marco de la cláusula compromisoria definida por los extremos del acuerdo negocial. (…) [L]as partes habilitaron a los árbitros en la cláusula 118 del contrato de concesión, para conocer de las diferencias que surgieran con ocasión del desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones derivadas de este, habilitación dentro de la cual tenían cabida las pretensiones declarativas y de condena que se dirigieron en contra de Megabús S.A -como suscriptor del contrato de concesión- teniendo en cuenta la naturaleza transigible del conflicto, al tanto que esta cláusula no involucró a terceros. (…) [D]e manera tal que las partes de común acuerdo y de forma expresa -sin establecer límite o exclusión alguna frente a los asuntos que conocerían los árbitros-, sustrajeron del conocimiento del juez contencioso administrativo todas las controversias contractuales y asignaron su conocimiento y decisión a un tribunal arbitral, con la precisión de que la declaratoria de incumplimiento y la consecuente condena en contra de Megabús S.A. definida en el laudo se hizo a título de indemnización de perjuicios, es decir, que, tal como lo consideró el agente del Ministerio Público, el Tribunal no estableció ninguna tarifa al usuario que debiera ser aplicada hacia el futuro como lo sostuvo el recurrente, máxime si se tiene en cuenta que este era un asunto a cargo del AMCO, órgano que, por demás, no fue parte del proceso. Con fundamento en lo anterior, el cargo alegado no configura la causal de anulación de laudo arbitral prevista en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 29, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2 CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVIDAD DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿En eventos en que no prospera el recurso de anulación de laudos arbitrales, es procedente condenar en costas al recurrente conforme a las tarifas fijadas en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura? Respuesta al problema jurídico: Si [C]omo el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la convocada Megabús S.A., por cuanto no prosperaron las causales invocadas, en su calidad de recurrente será condenada en costas. Por medio del Acuerdo N.° 1887 de 26 de junio de 2003, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se establecieron las tarifas de agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y se indicó, en relación con el recurso de anulación de laudos arbitrales, una tarifa de hasta veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según los criterios establecidos en el artículo 361 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) y el artículo 3 del Acuerdo No. 1887 de 2003, y dado que no se presentó un hecho extraordinario en el trámite propio del recurso, que hubiese dificultado el proceso con actuaciones adicionales ni se observan otros gastos, la Sala fijará a título de costas procesales por concepto de agencias en derecho el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202100250001100103