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Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre intervención de terceros2025-08-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 76001233300020170042101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes se rigen por las normas procesales y no por el derecho de petición? Sí
El contratista no puede presentar solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes bajo el amparo del derecho de petición, ya que estas deben regirse por las normas procesales correspondientes. El derecho de petición ante autoridades judiciales es procedente solo respecto de las solicitudes que se realicen en virtud de las funciones administrativas que estas desempeñen, no en casos que requieren una actuación judicial. Además, la intervención en un proceso contencioso administrativo debe efectuarse a través de un apoderado judicial, por lo que la participación directa de personas naturales no representadas por un profesional en derecho es improcedente. Asimismo, la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud se realizó fuera del término legal, no es admisible, ya que las normas procesales establecen plazos específicos para la intervención de terceros. Esta decisión reitera y matiza la competencia de la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, limitando la intervención de sujetos que no cumplen con los requisitos legales, lo que implica una mayor rigurosidad en el cumplimiento de los trámites procesales.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden intervenir directamente en un proceso contencioso administrativo personas naturales que no estén representadas por apoderado judicial?¿Es procedente la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud de intervención de terceros se realizó por fuera del término legal?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-07-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 17001233300020140042401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las causales de impedimento establecidas en la ley tienen como propósito garantizar la imparcialidad y objetividad de las decisiones que adopte el juez? Sí
El juez debe apartarse del conocimiento del proceso cuando tenga un interés directo o indirecto en el mismo, lo cual incluye que un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil sea parte en el proceso, ya que esto configura un interés en el asunto y garantiza la imparcialidad y objetividad de las decisiones judiciales. Las causales de impedimento establecidas en el artículo 141 del Código General del Proceso, aplicables por remisión del artículo 130 del Contrato de Provisión de Bienes y Servicios de la Administración Pública, son taxativas y de interpretación restrictiva, por lo que no pueden extenderse más allá de lo expresamente señalado en la norma. La Sala acepta el impedimento del consejero de Estado debido a que un pariente en cuarto grado de consanguinidad es representante legal de una de las partes en el proceso, lo que evidencia la configuración de un interés directo y, por tanto, la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP. Esta decisión reitera la importancia de la taxatividad de las causales de impedimento y su aplicación rigurosa para preservar la imparcialidad judicial.síntesis automática
También resuelve:¿El juez deberá apartarse del conocimiento del proceso cuando tenga él, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-06-11Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el derecho de petición para efectuar solicitudes que se relacionan con los fundamentos de las decisiones judiciales proferidas en el marco de la litis? No
Cuando una parte formula al juez, por la vía del derecho de petición, solicitudes que se relacionan con los fundamentos de las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso, la petición es improcedente. La regla se sostiene en tres razones: el derecho de petición del artículo 23 de la Constitución solo procede ante las autoridades judiciales cuando actúan en ejercicio de funciones administrativas; las solicitudes que requieren una actuación judicial se sujetan a las reglas procesales del trámite ante la jurisdicción; y el artículo 229 de la Constitución exige que el acceso a la administración de justicia se haga por conducto de un profesional del derecho, salvo excepciones legales. En el caso, la sociedad actora presentó directamente una petición sobre los fundamentos de un auto que ordenó practicar una prueba, sin que la norma permita litigar sin abogado en una acción de controversias contractuales, por lo que se ordenó estarse a lo resuelto. El documento cita una providencia previa sobre el alcance del derecho de petición ante autoridades judiciales, pero no señala que la regla reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que las objeciones a las decisiones judiciales deben presentarse por el apoderado a través de los recursos procesales.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición2024-03-11Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100020080125501ACCION CONTRACTUAL
¿Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia? Sí
Los jueces deben respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia, y que la solicitud de impulso de un proceso judicial no se tramita como derecho de petición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 impone a los jueces el deber de respetar el orden para proferir sentencia. Segunda, la actividad judicial se rige por los códigos procesales de cada jurisdicción, y los procesos contencioso administrativos siguen el CCA o el CPACA según la fecha de inicio, conforme al artículo 308 del CPACA. Tercera, la jurisprudencia citada ha precisado que el derecho de petición regulado en la Ley 1755 de 2015 es improcedente ante las autoridades judiciales en desarrollo de su actividad judicial. La providencia ordena estarse a lo resuelto e informar a la solicitante que el proyecto de sentencia se redactará en su turno. La consecuencia práctica es que el reclamo sobre la demora en el fallo se resuelve dentro del turno del despacho y no mediante derecho de petición.síntesis automática
También resuelve:¿La actividad de las autoridades judiciales está regulada en los códigos procesales de las respectivas jurisdicciones y especialidades?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-09-30Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170060102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de reposición contra el auto que declara la falta de jurisdicción? Sí
El juez contencioso administrativo aplica las normas procesales para garantizar la procedencia y oportunidad de los recursos interpuestos contra las decisiones que definen la competencia judicial. En este caso, la Sección Tercera del Consejo de Estado resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el auto que declara la falta de jurisdicción, determinando que resulta procedente de conformidad con el artículo 242 del CPACA, tras haber sido presentado dentro del término oportuno, por lo que el despacho decide no reponer la providencia recurrida, confirmando la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables.síntesis automática
También resuelve:¿Existe una distinción jurídica entre jurisdicción como función estatal única y competencia como atribución concreta a un juez determinado?¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las controversias contractuales en las que es parte una entidad pública…¿Se considera que el contrato de encargo fiduciario celebrado por Fiducoldex S.A. corresponde a su giro ordinario de los negocios?
Sentencia — Sentencia2026-02-27Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 41001233300020150065302LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿La entidad demandada incumplió el contrato, desconoció la buena fe contractual cuando en la parte resolutiva de las Resoluciones 562 y 755 de 2014, incluyó también al contratista como su destinatario, pese a que esta particular situación jurídica ya había sido definida previamente por la administración? Sí
El contratista puede prosperar parcialmente en su demanda cuando la entidad demandada desconoce la buena fe contractual al incluirlo como destinatario en resoluciones que ya fueron definidas previamente por la administración en otro acto administrativo. En este caso, la entidad demandada incluyó al contratista como destinatario en las resoluciones 562 y 755 de 2014, a pesar de que la situación jurídica ya había sido resuelta en las resoluciones 429 y 500 de 2014. Esta actuación contraviene la buena fe contractual y constituye un incumplimiento del contrato, lo que justifica la declaratoria de incumplimiento del contrato por parte de la entidad demandada. La sentencia reitera la jurisprudencia según la cual los actos contractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios no tienen la naturaleza de actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado, lo que implica que las controversias deben ser examinadas desde la perspectiva del cumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos expedidos por los prestadores de servicios públicos domiciliarios ostentan la naturaleza de actos administrativos?¿Resulta procedente declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, en relación con la pretensión económica consecuencial…¿Resulta improcedente condenar en costas en primera y segunda instancia, por cuanto la demanda prosperó parcialmente y fue necesario complementar la sentencia objeto del recurso de alzada en favor…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-08-09Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 08001233300020220030901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Juez está facultado para examinar la falta de jurisdicción de manera oficiosa? Sí
El juez está facultado para examinar la falta de jurisdicción de manera oficiosa, pero esta facultad se limita en casos específicos como la cláusula compromisoria, donde la falta de jurisdicción no puede ser declarada de oficio y requiere que el demandado presente oportunamente la excepción previa correspondiente; en ausencia de esta conducta procesal, se considera que la parte ha renunciado al pacto arbitral. En el presente caso, el INVIAS propuso oportunamente las excepciones previas de falta de jurisdicción y compromiso, demostrando que el contrato incluía una cláusula compromisoria válida que privaba al juez de su competencia para conocer del caso, lo que llevó a declarar la nulidad procesal por falta de jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿La falta de jurisdicción basada en el pacto arbitral se distingue en que no es terminante ni puede ser declarada de oficio, porque exige del demandado una determinada conducta procesal…¿En el contrato celebrado por las partes se pactó una cláusula compromisoria por lo que se configura la falta de jurisdicción?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-04-30Sala Consulta y Servicio CivilJUAN MANUEL LAVERDE ÁLVAREZRad. 11001030600020250000500CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria radicada bajo el núm. IUSE-2022-689348; IUC-D-2022-2731103 adelantada en contra del señor [J.J.Z], profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia? Sí
IUS-E-2022-689348; IUC-D-2022- 2731103 adelantada en contra del señor [J.J.Z], profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia. De otro lado, como el actuar del señor Zapata también podría implicar el posible incumplimiento del objeto contractual suscrito con dicho municipio, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, se expedirán copias de la presente actuación al alcalde municipal de La Virginia (Risaralda), para que, advirtiendo del respeto por su autonomía, evalúe y verifique el cumplimiento de los objetos contractuales en los mencionados contratos de prestación de servicios y adopte las medidas a que hubiere lugar, de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y demás normas pertinentes…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-11-26Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020250040500CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra de un profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Celia (Risaralda)? Sí
El régimen disciplinario aplicable a los particulares y profesionales del derecho se determina según la función pública desempeñada y la naturaleza de la infracción en ejercicio profesional. En este auto que dirime un conflicto de competencia administrativa disciplinaria, se establece que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial es la autoridad competente para conocer de la investigación adelantada contra un abogado vinculado mediante contrato de prestación de servicios. Con fundamento en las Leyes 1952 de 2019, 2094 de 2021 y 1123 de 2007, se precisa que la Procuraduría investiga a particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria, en tanto que el Código Disciplinario del Abogado regula la actividad de asesoría y representación jurídica de entidades públicas.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-11-19Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020250025300CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra de un profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia (Risaralda)? Sí
Dicha potestad disciplinaria a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales se ratifica en el artículo 257A de la Constitución Política y el artículo 110A de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996. En consecuencia, la Sala declarará que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria radicado IUS-E: 2022-142655 IUC-D: 2022-2337557 adelantada en contra del señor E.R.M., profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia (Risaralda).
Sentencia — Sentencia2024-04-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020230011000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede la causal de recurso extraordinario de anulación por decisión extra petita en el laudo arbitral que acogió la pretensión subsidiaria de la pretensión principal y reconoció el pago de mayores áreas diseñadas? No
Un laudo arbitral no incurre en decisión extra petita cuando acoge una pretensión subsidiaria formulada dentro de la demanda reformada, pues el tribunal resuelve sobre lo pedido y no excede el marco de las pretensiones planteadas por las partes. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la decisión se funda en un análisis de las obligaciones asumidas por las partes, de su modificación durante la ejecución contractual y de las pruebas que el tribunal encontró acreditadas, de modo que no se aparta de la controversia sometida a su conocimiento. Segundo, el reconocimiento del pago de mayores áreas diseñadas, junto con el rechazo de la excepción de ausencia de prueba del daño, se apoya en hechos probados y en la pretensión formulada, por lo que la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no se configura. La providencia declara infundado el recurso extraordinario de anulación; en la práctica, la parte que alegue decisión extra petita debe demostrar que el laudo resolvió algo distinto de lo pedido, y no basta con discrepar de la forma en que se acogió la pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios de anulación contra el laudo arbitral en los que hizo parte una entidad…¿Los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley?¿El recurso extraordinario de anulación procede frente a errores in procedendo y por las causales taxativas que la ley consagra?
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable?¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo?¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
¿Se configuró la causal de anulación prevista en el numeral 9.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 de decisión infra petita? No
El contratista no puede configurar la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 por decisión infra petita, ya que el Tribunal de Arbitraje resolvió las pretensiones expresamente solicitadas en la demanda y no omitió pronunciarse sobre ellas. El laudo arbitral, basado en la valoración de las pruebas y la aplicación de las normas pertinentes, resolvió adecuadamente las pretensiones de la demanda, sin variar la causa petendi ni realizar una nueva valoración de las pretensiones. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que el Tribunal de Arbitraje debe pronunciarse sobre lo solicitado en la demanda para evitar la configuración de la causal de anulación por decisión infra petita.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció acerca de lo expresamente solicitado en las pretensiones?¿El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC violó el derecho al debido proceso de la empresa certificadora, comoquiera que no motivó su decisión?¿El Panel Arbitral desde un primer momento estimó que a título indemnizatorio, únicamente habría lugar a reconocer el lucro cesante?
Sentencia — Sentencia2024-11-18Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020240005600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Existe un problema de congruencia entre lo pedido, los hechos en que se fundó el litigio, y lo resuelto en el laudo, en la medida que no se dejaron de resolver los temas objeto de la controversia? No
El contratista no puede impugnar el laudo arbitral por falta de congruencia entre lo pedido, los hechos del litigio y la decisión, ya que el tribunal resolvió todos los temas objeto de controversia, evitando convertir el recurso extraordinario en una segunda instancia no prevista en el proceso arbitral. La cláusula compromisoria del contrato estatal otorga competencia al árbitro para conocer de incumplimientos en pagos y reconocimiento de intereses moratorios, independientemente de la ausencia de salvedades en el acta de liquidación bilateral. Además, la causal séptima de anulación no se configura si el laudo se basa en el acervo probatorio recopilado, pues la decisión no proviene de la conciencia del árbitro sino de elementos externos al proceso. Estas reglas reafirman la taxatividad de las causales de nulidad del laudo y la obligatoriedad de la cláusula compromisoria en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En la cláusula se precisó que el arbitraje se extendía al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato?¿La causal séptima de anulación se configura si el laudo arbitral se emite con prescindencia absoluta del acervo probatorio recaudado?¿No se decidió más allá de lo pedido, y por el contrario se falló conforme a lo pretendido al haberse hallado incumplimiento en el plazo del segundo pago fundado en la obligación pactada en la…
¿Puede la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y el Acta n.º 15 del 5 de mayo de 2005, en razón de la naturaleza del asunto y de la prelación temática definida por la Sección? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede alterar el turno estricto de decisión para proferir fallo anticipado en un proceso de repetición, basándose en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996 y la Acta 15 del 5 de mayo de 2005, en virtud de la naturaleza del asunto y la prelación temática definida por la Sección. Esta facultad permite priorizar casos de repetición contra exfuncionarios públicos, contribuyendo a la celeridad procesal y a la descongestión de despachos judiciales, sin desconocer el principio de autonomía judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Al existir una condena judicial firme impuesta al Estado y acreditar que el exservidor público actuó con dolo o culpa grave en la producción del daño…¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial personal del demandado en la acción de repetición, cuando se encuentra acreditado que el DAPRE pagó el capital de la condena impuesta en el proceso de…¿Debe prosperar el medio de control de repetición contra el exdirector del DAPRE, al estar acreditada su calidad de agente estatal para la época de los hechos y configurarse el supuesto de la…
Sentencia — Sentencia2021-12-07Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020210000300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas? Sí
Le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso extraordinario de anulación conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 que dispone: “Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
También resuelve:¿Para la configuración de la causal de anulación de fallo en conciencia la decisión adoptada debió ser proferida con total desapego del ordenamiento jurídico y en ausencia total de razones legales o…¿Son las partes en ejercicio de su autonomía, quienes renuncian a acudir al aparato jurisdiccional estatal y deciden que la solución de sus controversias se haga en el marco de este mecanismo…¿La procedencia del recurso extraordinario de anulación está supeditado a la existencia de errores in procedendo?
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la decisión emitida por el amigable componedor, al acreditarse que este mecanismo es procedente en contratos celebrados con entidades públicas bajo la aplicación del artículo 130 de la Ley 446 de 1998? Sí
El juez administrativo reconoce la plena procedencia de la amigable composición en los contratos estatales celebrados con entidades públicas bajo la vigencia del artículo 130 de la Ley 446 de 1998 y los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, descartando categóricamente cualquier objeto ilícito por no constituir un acuerdo contra legem, y estableciendo que el cómputo de la caducidad del medio de control de controversias contractuales consagrado en el artículo 136 numeral 10 del CCA se inicia estrictamente desde la fecha en que la decisión adoptada por el amigable componedor se torna definitiva al ser puesta formalmente en conocimiento de las partes procesales intervinientes dentro de la actuación judicial adelantada por la jurisdicción.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde que se notificó a las partes de la decisión emitida por el amigable componedor?¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los integrantes del consorcio contratista y sobre la Universidad Militar Nueva Granada como amigable componedor?
Sentencia — Sentencia2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020230013200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública? Sí
Cuando el recurso extraordinario de anulación se interpone contra un laudo arbitral en el que interviene una entidad pública, la Sección Tercera del Consejo de Estado conoce del recurso en única instancia, conforme al numeral 7 del artículo 149 del C.P.A.C.A. y al inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. La regla se sostiene en dos razones: el código asigna a la corporación la competencia para los recursos de anulación de laudos proferidos en conflictos originados en contratos de entidades públicas, siempre que se cumplan sus presupuestos; y la naturaleza de la entidad vinculada al proceso arbitral, una empresa de servicios públicos de carácter mixto, la sitúa dentro de esa competencia. En el caso, el recurso fue interpuesto contra un laudo en el que intervino esa empresa y la sección declaró infundado el recurso. El documento reitera la naturaleza voluntaria, temporal y excepcional de la justicia arbitral; la consecuencia práctica es que la competencia para el recurso de anulación depende de que el laudo se haya proferido en un proceso en el que intervino una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿La justicia arbitral se caracteriza por ser un mecanismo alternativo de solución de conflictos que se rige por el principio de voluntariedad, ser de carácter temporal y excepcional?¿El recurso de anulación de laudo arbitral se caracteriza por ser de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario; por estar orientado a la protección del derecho al debido proceso en cabeza de…¿La causal séptima de anulación se configura cuando: 1.
Sentencia — Sentencia2025-03-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020160006301LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia el recurso extraordinario de anulación formulado por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A y otro en contra del laudo arbitral proferido el 8 de noviembre de 2018? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, según el numeral 7 del artículo 149 del CPACA y el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012, cuando intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. Esta competencia procede siempre que se cumplan los presupuestos de las normas que rigen la materia. Los árbitros, en el marco del principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, lo que determina el alcance del control que puede ejercer la jurisdicción sobre sus laudos. En el caso concreto, el laudo fue proferido en un proceso en el que intervino una entidad pública con ocasión de un contrato, y el recurso de anulación fue declarado infundado. Como consecuencia práctica, la parte que pretenda anular un laudo en un conflicto contractual con una entidad pública debe acudir a la Sección Tercera en única instancia, y no a otra autoridad judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley?¿El recurso extraordinario de anulación procede frente a errores in procedendo y por las causales taxativas que consagra la ley?¿La interpretación prejudicial procede en sede de anulación cuando, atendiéndose a las causales de anulación invocadas para la decisión del recurso…
¿La Subsección B puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación al proceso de repetición con fundamento en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan dicho tratamiento preferente? Sí
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado puede modificar el turno de fallo y otorgar prelación a los procesos de repetición basándose en la naturaleza del asunto y en las normas y actas que autorizan este tratamiento preferente, lo que permite descongestionar los despachos judiciales y acelerar la resolución de casos relevantes. La Sala confirma que la demandante acredita los presupuestos de la acción de repetición, incluyendo la existencia de una condena judicial, el pago efectivo y la calidad de agentes estatales de los demandados, además de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos, lo que implica que la entidad estatal puede derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales involucrados en la inejecución del contrato. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la procedencia del medio de control de repetición y la valoración de la conducta del agente del Estado, facilitando su aplicación en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante acredita los tres primeros presupuestos de la acción de repetición para derivar responsabilidad patrimonial personal a los agentes estatales vinculados al contrato cuya inejecución…¿El régimen legal aplicable en este caso corresponde a la Ley 678 de 2001, aunque la demanda no indicó alguna de sus presunciones y solo atribuyó culpa grave a los accionados?¿Resulta demostrada la culpa grave del [gerente uno], en su calidad de gerente del Hospital El Tunal Nivel III ESE entre 2005 y 2008…
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