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Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes
Sentencia — Sentencia
2022-09-12
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020160011000
LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional? Sí
Las demandas de repetición interpuestas contra los representantes de las entidades del orden nacional se conocen en única instancia por el Consejo de Estado, y la caducidad de esa acción se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye esa competencia cuando se demanda a representantes de entidades nacionales. Segunda, la universidad en cuyo nombre actuó el demandado tiene el carácter de ente universitario del orden nacional por el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la Ley 34 de 1976 y el acuerdo de su consejo superior. Tercera, el régimen de caducidad de la repetición está regulado de manera íntegra en el CPACA, por lo que no admite integración normativa en los términos del artículo 306. En consecuencia, la Subsección computa el término sin aplicar el artículo 94 del CGP. El documento reitera el criterio sobre la norma aplicable a la caducidad de la repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿La regulación normativa de la caducidad del medio de control de repetición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera íntegra y expresa…
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe tenerse en cuenta la norma vigente al momento de los hechos…
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre quien expidió los actos administrativos que dieron lugar a la condena contra el Estado y que fueron declarados nulos en el proceso de nulidad y…
Consejo de Estado
Providencia
La legitimación que ostentan las partes para formular o contradecir las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria.
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233300020130003401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿La legitimación en la causa por pasiva recayó sobre el Hospital contratante en los negocios jurídicos que originaron la controversia…
¿En qué consiste la capacidad jurídica y en qué se diferencia de la capacidad procesal?
¿Los establecimiento de comercio tienen capacidad jurídica para ser parte de un contrato y para comparecer a un proceso judicial iniciado en virtud de controversias surgidas de dicho contrato?
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
La sociedad pierde la capacidad para ser parte en un proceso judicial a partir de la inscripción de su liquidación en el registro mercantil.
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020010111801
ACCION CONTRACTUAL
¿Al momento de presentar la demanda Asesorías e Interventorías Ltda.AEI liquidada, tenía capacidad para ser parte? No
El juez declara probada la excepción de falta de capacidad para ser parte cuando la persona jurídica demandante ha finalizado su existencia legal antes de la presentación de la demanda. De acuerdo con el ordenamiento procesal, la capacidad para ser parte se extingue a partir de la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación de la sociedad, de modo que el poder otorgado y la demanda presentada con posterioridad a dicha inscripción carecen de validez jurídica por ausencia de un presupuesto procesal esencial.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
¿La renuncia tácita a la cláusula compromisoria, opera cuando se instaura demanda ante la jurisdicción y no se excepciona falta de jurisdicción…
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable que deben ostentar las partes para acudir al proceso contencioso administrativo.
Sentencia — Sentencia
2024-09-13
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020160242901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable que deben ostentar las partes para acudir al proceso contencioso administrativo? Sí
La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable para acudir al proceso contencioso administrativo. Quien formula las pretensiones y quien las resiste debe tener un interés legítimo frente al derecho discutido, y esa legitimación surge de una relación jurídica sustancial derivada de la participación, por acción u omisión, en los hechos o en la situación jurídica que da origen a la controversia. Esta regla se apoya en que la legitimación activa y la pasiva se predican de quien tiene un vínculo funcional o material con los hechos. Por ello no basta que una persona esté vinculada formalmente al proceso si no tiene esa relación con el derecho debatido. En el caso concreto la sala confirmó la decisión de primera instancia porque las partes tenían la relación exigida con los hechos del litigio. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de legitimación en la causa impide decidir de fondo las pretensiones.síntesis automática
También resuelve:
¿Los los actores están legitimados en la causa por activa en calidad de terceros para enjuiciar el acto administrativo que declaró la terminación de ese negocio jurídico e impuso la cláusula penal…
¿Los demandantes como socios individualmente representados están legitimados en la causa por activa?
¿Respecto a los socios de la promesa de sociedad que participen en un proceso de contratación estatal existe responsabilidad solidaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El IDU incumplió el pago de unas facturas
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150263002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El IDU incumplió el pago de unas facturas? Sí
El reconocimiento del valor total de un contrato de interventoría solo procede cuando el interventor acredita previamente que cumplió a cabalidad el acuerdo de voluntades que sustenta la pretensión, de modo que, si solo se prueba el impago de determinadas facturas, la condena se limita a ese incumplimiento parcial. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la pretensión de pago del valor total depende de un presupuesto previo, el cumplimiento de las obligaciones del contrato, que debe acreditarse antes de estudiar la reclamación completa. Segundo, cuando el único cargo que prospera es el impago de ciertas facturas, los demás reproches quedan desestimados y el alcance de la condena se circunscribe a las sumas adeudadas. La providencia modifica la sentencia apelada, declara el incumplimiento parcial de la entidad contratante frente al pago de esas facturas, reconoce el derecho al pago con intereses de mora y deniega las demás pretensiones; en la práctica, el interventor debe probar el cumplimiento de sus obligaciones para reclamar el valor total del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El IDU actuó diligentemente respecto del interventor ante el incumplimiento del contrato de obra vigilado por aquel?
¿El IDU incumplió la obligación de pago de las facturas de la fase de interventoría de estudios y diseños del contrato?
¿El interventor incumplió las obligaciones de elaborar debidamente los informes de interventoría de la fase de construcción?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior.
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020010121201
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe aplicarse el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para definir el régimen jurídico del contrato de suministro de caña de azúcar, celebrado en 1994 por una Empresa Industrial y Comercial del Estado, sin atender las modificaciones introducidas por la Ley posterior? Sí
El juez aplica a los contratos estatales la ley vigente al tiempo de su celebración, en virtud del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887. Las obligaciones, validez, existence y efectos de los acuerdos de voluntades celebrados por las entidades públicas no pueden quedar sujetos a los cambios constantes de la legislación posterior, pues ello generaría inestabilidad e incertidumbre jurídica en las relaciones contractuales, impidiendo que las normas nuevas alteren retroactivamente las condiciones pactadas al momento de perfeccionar el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe computarse el término de caducidad de la acción contractual desde la fecha en que se ordenó la liquidación obligatoria de la sociedad contratista…
¿Resulta procedente reconocer la legitimación en la causa por activa al contratista y por pasiva al departamento de Antioquia…
¿La ausencia de una exposición concreta, clara y suficiente de los motivos de inconformidad en el recurso de apelación impide que el juez de segunda instancia ejerza su competencia para revisar los…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150217803
LEY 1437 REPETICION
¿Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante? Sí
La responsabilidad de la interventoría por culpa grave no se configura cuando los intereses moratorios pagados por la entidad no se originaron en su actuación, sino en la decisión de la entidad de no pagar el acta de obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, el pago tardío del acta que dio lugar a los intereses no provino de la interventoría, sino de la decisión de la entidad de abstenerse de pagarla. Segunda, la causa del daño no reside en la actuación de la parte demandada, por lo que no se acredita el nexo que requiere la repetición. Tercera, aunque hubo improvisación y falencias de planeación en la ejecución de las obras, la entidad recibió las obras necesarias, contaba con recursos para pagarlas y debía reconocer lo adeudado en sede administrativa. En consecuencia, se niega la repetición y se confirma la decisión. La Sala reitera que los intereses moratorios no fueron resultado de actuaciones u omisiones de la interventoría.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el asunto porque se trata de una apelación interpuesta contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco de un medio de…
¿Es procedente el medio de control de repetición porque se solicita declarar a los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería patrimonialmente responsables del pago realizado por FONADE en…
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición cuando el proceso se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: los consorcios son titulares de derechos y obligaciones
Salvamento voto — SALVAMENTO DE VOTO
2013-09-25
Sección Tercera (Subsección A)
MAURICIO FAJARDO GOMEZ
Rad. 25000232600019970393001
ACCION CONTRACTUAL
¿Los consorcios son titulares de derechos y obligaciones teniendo en cuenta que no son personas? Sí
Si bien la idea original del consorcio expresó la suerte común -con sortium- a la que quedaban expuestos los hijos frente a la universalidad de bienes constituida a la muerte del padre, que les imponía el ejercicio de la potestad dominical in solidum (consortium inter frates) y no pro parte e imitando ese ámbito doméstico en el antiguo Derecho romano se admitió la comunidad entre extraños –genus societatis proprium civium Romanorum-, constituida mediante un acto especial de la voluntad privada –certa legis actus-, superado el paralelo con la colegiatura de los magistrados romanos, que inspiró a la figura e introducida la distinción entre la cosa corporal y la incorporal (el derecho), cada condómino puede disponer de su cuota parte en abstracto, desapareciendo así el consorcio en el periodo clásico, al paso que la comunidad entre extraños del ius civile vino a sustituirse por la sociedad –societatis- del ius gentium.
También resuelve:
¿La autonomía de la voluntad privada y la decisión del juez son insuficientes para constituir, autorizar o reconocer la existencia de la persona en ausencia de norma positiva?
¿Se puede admitir una persona sin capacidad pero no la capacidad sin sujeto?
¿Los consorcios y las uniones temporales no son personas jurídicas que puedan demandar directamente ni ser demandados a menos que se haga por intermedio de las personas que independiente lo integran…