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VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

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Consejo de Estado Providencia

Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-05-09 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 76001233300720160029502 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe reconocerse a favor del demandante la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir? Sí
El contratista no puede obtener la suma actualizada correspondiente al lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de percibir cuando no cumple con los requisitos establecidos en el Código General del Proceso para la petición de prueba testimonial, específicamente al no enunciar de manera concreta los hechos objeto de la prueba. La Sala confirma la decisión del tribunal que niega el decreto de prueba testimonial, al no cumplirse con la carga de la prueba impuesta por el artículo 212 del CGP. Además, el despacho establece que las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, por lo que no pueden ser modificadas, derogadas ni sustituidas por las partes o por el juez sin una autorización legal expresa, lo que implica que el juez debe respetar estrictamente los procedimientos establecidos en la ley para la admisión de la prueba.síntesis automática
También resuelve: ¿Pueden las normas procesales ser modificadas por las partes o por el juez sin autorización legal expresa?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Rige el Código Contencioso Administrativo el incidente promovido

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias 2026-10-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 73001233100020010252502 ACCION CONTRACTUAL
¿Rige el Código Contencioso Administrativo el incidente promovido dentro de un proceso iniciado antes del 2 de julio de 2012? Sí
El Código Contencioso Administrativo (CPACA) rige el incidente de liquidación de perjuicios promovido dentro de un proceso iniciado antes del 2 de julio de 2012, según lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena del Consejo de Estado, en su auto del 25 de junio de 2014, estableció que las remisiones del CPACA al Código General del Proceso (C.G.P.) se entendían referidas al C.G.P. desde su entrada en vigor, sin perjuicio de las reglas específicas de transición. En lo que respecta a la condena en costas, el artículo 171 del CPACA establece una regulación especial que permite su emisión bajo un análisis subjetivo, basado en la conducta desplegada por la parte vencida, lo que no es compatible con las regulaciones objetivas del C.G.P.síntesis automática
También resuelve: ¿La condena en costas dentro de un incidente de liquidación de perjuicios integrado a un proceso iniciado antes del 2 de julio de 2012 queda sujeta al artículo 171 del Decreto 01 de 1984…
NO ADICIONA
Consejo de Estado Providencia

Se acreditó que los diseños fueron adecuadamente elaborados y el IDU permitió injustificadamente que fueran modificados

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000232600020060106202 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó que los diseños fueron adecuadamente elaborados y el IDU permitió injustificadamente que fueran modificados por el constructor de la obra? Sí
Cuando la entidad permite injustificadamente que el constructor modifique los diseños que fueron adecuadamente elaborados, no puede imputar al diseñador ni al interventor los defectos derivados de esa modificación, y que la acción de controversias contractuales contra la liquidación bilateral debe presentarse dentro de los dos años siguientes a ella, según el literal c del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Una razón es que en el expediente quedó acreditado que los diseños se elaboraron de manera adecuada y que la entidad permitió su modificación por parte del constructor sin justificación. Otra razón es que las demandas se presentaron dentro de los dos años siguientes a la liquidación de los contratos de diseño e interventoría, y los actos de efectividad de la póliza, por lo que la caducidad no operó. En el caso, la Sala confirmó la condena a favor de los contratistas de diseño e interventoría y modificó la sentencia en lo relativo a las demás pretensiones. Su consecuencia práctica es que la entidad que modifica o autoriza cambios en los diseños asume la responsabilidad por sus efectos, y no puede trasladarla al diseñador.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro del término establecido por la ley? ¿Los consorcios diseñador e interventor cumplieron con las obligaciones a su cargo? ¿Se acreditó que existieran mayores costos asociados a una mayor permanencia en el contrato?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Procede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 al proceso judicial iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, cuando la decisión a adoptar no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021.

Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada 2025-10-28 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020180004500 LEY 1437 REPETICION
¿Procede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 al proceso judicial iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, cuando la decisión a adoptar no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El juez puede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 a un proceso iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, siempre que la decisión no se encuentre dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080, y que las disposiciones del Código General del Proceso sean aplicables en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo. Además, el juez puede dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial si se configuran las causales establecidas en el artículo 182A del CPACA, lo que incluye asuntos de puro derecho, ausencia de necesidad de practicar pruebas y solicitud de pruebas documentales sin tacha o desconocimiento, siempre que las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Esta regla facilita la aplicación de principios de economía y celeridad procesal, pero garantiza el debido proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede prescindir de las etapas procesales ordinarias y dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial, en virtud del artículo 182A del CPACA… ¿Procede dictar sentencia anticipada cuando las pruebas solicitadas por las partes, distintas de las documentales, no cumplen con los requisitos legales para su decreto por ser impertinentes… ¿El objeto del proceso se circunscribe a determinar si el Director General del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS–…
DISPONE TRAMITE SENTENCIA ANTICIPADA
Consejo de Estado Providencia

Por regla general, las controversias contractuales en las que se encuentra involucrada una entidad de naturaleza pública se resuelven en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; sin embargo las partes del contrato pueden someter los conflictos que se derivan de este, por medio de una cláusula compromisoria.

Auto interlocutorio — Auto que revoca o corrige la decisión 2024-05-24 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 13001233300020150034301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los procesos iniciados en vigencia de la Ley 1563 de 2012, procede la renuncia tácita al pacto arbitral, la cual se hace efectiva cuando no se alega la existencia de la cláusula compromisoria como excepción en el proceso que se adelante ante la jurisdicción que por regla general es competente, como en este caso, la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Sí
La cláusula compromisoria pactada en un contrato estatal puede ser objeto de renuncia tácita por las partes cuando, a pesar de existir acuerdo arbitral, se acude a formular la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo sin alegar oportunamente la existencia del pacto arbitral como excepción, rigiéndose los procesos arbitrales por las normas procesales de aplicación inmediata contenidas en el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, Ley 1563 de 2012, y las disposiciones generales sobre vigencia de la ley en el tiempo en desarrollo de las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico colombiano y en estricta observancia de los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de las autoridades públicas y la administración de justicia dentro del territorio nacional, garantizando en todo momento la efectividad de los derechos sustanciales y procesales de los sujetos intervinientes conforme a las disposiciones normativas vigentes.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede aplicarse el Decreto 2279 de 1989 y la Ley 23 de 1991 al caso concreto, ya que las partes procesales así lo estipularon en la cláusula compromisoria? ¿Resulta improcedente proferir fallo inhibitorio, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas del contrato de arrendamiento que… ¿La excepción de falta de jurisdicción por la existencia de cláusula compromisoria puede decidirse en sentencia y declararse de oficio?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No es procedente la medida cautelar de suspensión provisional contra el acto administrativo

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-05-23 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 13001233300020210069701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente la medida cautelar de suspensión provisional contra el acto administrativo que ordena la liquidación de Electricaribe? No
La medida cautelar de suspensión provisional de un acto administrativo debe guardar relación necesaria y directa con las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 230 del CPACA, y no es procedente cuando persigue un objetivo ajeno a ellas. La regla se apoya en que la medida debe asegurar la eficacia de la sentencia respecto de lo pedido, de modo que no puede perseguir fines distintos del objeto de la controversia. Por ello, la suspensión no puede justificarse en la incorporación de derechos a una masa patrimonial que no se discute en el proceso. En el asunto, la medida suspendió el acto de liquidación de una entidad con fundamento en la necesidad de asegurar recursos para el pasivo pensional, lo que no guardaba relación directa con las pretensiones, y el Tribunal la revocó. En la práctica, la suspensión provisional de un acto de liquidación exige que la medida se vincule con lo que la demanda pide y no con fines ajenos a ella.síntesis automática
También resuelve: ¿En el proceso son aplicables las normas procesales contenidas en la Ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 2012 y Ley 2080 de 2021? ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación contra el auto que decide medida cautelar y es dictado por los Tribunales Administrativos? ¿El objetivo de las medidas cautelares es proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, sin que ello implique prejuzgamiento?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-02-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 66001233300020120005401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a los contratos que suscriben las Empresas Sociales del Estado? Sí
El servicio de salud prestado directamente por la Nación o por las entidades territoriales debe ejecutarse a través de Empresas Sociales del Estado, que son empresas públicas descentralizadas, y sus contratos se rigen por el derecho privado, aunque puedan utilizar discrecionalmente las cláusulas exorbitantes del estatuto general de contratación. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el artículo 49 de la Constitución y el artículo 365 de la misma norma establecen que el servicio de salud es un servicio público a cargo del Estado, prestado de forma directa o indirecta. La segunda es que el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en materia contractual, las empresas sociales del Estado se rigen por el derecho privado, pero pueden utilizar esas cláusulas exorbitantes. La providencia cita la sentencia C-171 de 2012 de la Corte Constitucional en su nota de relatoría, y el documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contrato se analiza bajo el régimen privado, sin perjuicio de las cláusulas exorbitantes pactadas.síntesis automática
También resuelve: ¿A los contratos de derecho privado que suscriben las Empresas Sociales del Estado le son aplicables los principios de la función administrativa… ¿Los actos precontractuales proferidos dentro de los procesos de selección regidos por el derecho privado tienen la naturaleza de acto administrativo? ¿Procede la adecuación del medio de control por parte del Juez al encontrarse la indebida escogencia de este dentro de la demanda?
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes

Sentencia — Sentencia 2022-09-12 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020160011000 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional? Sí
Las demandas de repetición interpuestas contra los representantes de las entidades del orden nacional se conocen en única instancia por el Consejo de Estado, y la caducidad de esa acción se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye esa competencia cuando se demanda a representantes de entidades nacionales. Segunda, la universidad en cuyo nombre actuó el demandado tiene el carácter de ente universitario del orden nacional por el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la Ley 34 de 1976 y el acuerdo de su consejo superior. Tercera, el régimen de caducidad de la repetición está regulado de manera íntegra en el CPACA, por lo que no admite integración normativa en los términos del artículo 306. En consecuencia, la Subsección computa el término sin aplicar el artículo 94 del CGP. El documento reitera el criterio sobre la norma aplicable a la caducidad de la repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿La regulación normativa de la caducidad del medio de control de repetición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera íntegra y expresa… ¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe tenerse en cuenta la norma vigente al momento de los hechos… ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre quien expidió los actos administrativos que dieron lugar a la condena contra el Estado y que fueron declarados nulos en el proceso de nulidad y…
Consejo de Estado Providencia

¿Debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado que declaró en el proceso de reparación directa?

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 54001233100020110042501 ACCION DE REPETICION
¿Debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado que declaró en el proceso de reparación directa? No
No debió tenerse en cuenta el testimonio rendido por el soldado [que declaró] en el proceso de reparación directa. Pese a que la declaración de ese soldado beneficia al aquí demandado, se trató de una prueba aportada por el ente demandante para aducirla en contra del accionado, luego, no se podría valorar porque fue rendida en un proceso del cual no fue parte el servidor público demandado y no fue ratificada en este proceso según lo exige el artículo 229 del CPC.
También resuelve: ¿El testimonio del soldado debió ser ratificado, para cuya valoración se debía acudir a las normas probatorias del Código de Procedimiento Civil que exigen su ratificación? ¿El Código General del Proceso ya no exige la ratificación de los testimonios a no ser que la contraparte lo solicite?