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PERSONALIDAD JURÍDICA

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Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020010322501 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción administrativa como guardiana del orden jurídico y en la necesidad de garantizar el debido proceso en controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas. La modificación de la regla implica que los litigantes deben considerar la cuantía de sus pretensiones para determinar la jurisdicción competente en segunda instancia, lo que puede afectar significativamente la estrategia procesal y los costos asociados a la litigación.síntesis automática
También resuelve: ¿Es la reparación directa el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin justa causa? ¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al registro del trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí? ¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal

05001233100020010121201 de 2025 2026-02-11 Rad. 05001233100020010121201
Lo anterior, porque una exégesis en el sentido de incluir una pretensión de incumplimiento contractual o de responsabilidad extracontractual en contra del departamento constituiría una modificación del petitum, lo cual transgrede el límite que ha definido la jurisprudencia para la aplicación del principio de iura novit curia. El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad, en consideración a los principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Esta norma es el fundamento de la prohibición del abuso de la personalidad. De manera que, la obligación de cubrir las deudas de la persona jurídica no resulta automática solo por la calidad de administradores o socios, puesto que se requiere la demostración de una serie de elementos para una declaratoria de responsabilidad que justifique la consecuente condena a indemnizar perjuicios.
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: Ley aplicable al contrato, irretroactividad contractual, Artículo 38 de la Ley 153 de 1887 Régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales: alcance, Decreto 1050 de 1968, Decreto Ley 222 de 1983, Ley 80 de 1993 Caducidad del medio de control de controversias contractuales: contratos de tracto sucesivo, liquidación del contrato
Consejo de Estado Providencia

¿Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra en liquidación obligatoria, deben responder por el incumplimiento de un contrato celebrado por la sociedad y, de no ser así, es procedente el enriquecimiento sin justa causa?

Sentencia — Sentencia 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020000377601 ACCION CONTRACTUAL
¿Los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, que se encuentra en liquidación obligatoria, deben responder por el incumplimiento de un contrato celebrado por la sociedad y, de no ser así, es procedente el enriquecimiento sin justa causa? No
El contratista no responde subsidiariamente por el incumplimiento de un contrato celebrado por una sociedad de responsabilidad limitada en liquidación obligatoria, ya que no se probó que el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para cubrir las obligaciones y que el crédito del demandante hubiera sido reconocido en el trámite de liquidación. Además, la entidad estatal no asumió las obligaciones de la sociedad bajo condiciones que no se cumplieron, por lo que no puede ser responsabilizada por el incumplimiento. La acción de enriquecimiento sin justa causa no procede porque el desplazamiento patrimonial tiene una causa jurídica y el contratante tiene otras acciones contractuales para reparar la situación. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior y limita la responsabilidad de los socios en casos de liquidación obligatoria de sociedades.síntesis automática
También resuelve: ¿Persona, sujeto de derechos y personalidad jurídica son conceptos análogos? ¿El abuso del derecho se presenta cuando el ejercicio de una prerrogativa otorgada por la ley se realiza en forma contraria a su propia finalidad? ¿La acumulación de pretensiones en contra de un mismo demandado procede, siempre que el juez sea competente para conocerlas todas…
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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes

Sentencia — Sentencia 2022-09-12 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020160011000 LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional? Sí
Las demandas de repetición interpuestas contra los representantes de las entidades del orden nacional se conocen en única instancia por el Consejo de Estado, y la caducidad de esa acción se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye esa competencia cuando se demanda a representantes de entidades nacionales. Segunda, la universidad en cuyo nombre actuó el demandado tiene el carácter de ente universitario del orden nacional por el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la Ley 34 de 1976 y el acuerdo de su consejo superior. Tercera, el régimen de caducidad de la repetición está regulado de manera íntegra en el CPACA, por lo que no admite integración normativa en los términos del artículo 306. En consecuencia, la Subsección computa el término sin aplicar el artículo 94 del CGP. El documento reitera el criterio sobre la norma aplicable a la caducidad de la repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿La regulación normativa de la caducidad del medio de control de repetición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera íntegra y expresa… ¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe tenerse en cuenta la norma vigente al momento de los hechos… ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre quien expidió los actos administrativos que dieron lugar a la condena contra el Estado y que fueron declarados nulos en el proceso de nulidad y…
Consejo de Estado Providencia

Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo.

Sentencia Unificación — FALLO 2013-09-25 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 25000232600019970393001 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente unificar la jurisprudencia con el fin de indicar la capacidad procesal de los consorcios o uniones temporales como modalidad asociativa prevista por el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, para comparecer como parte en juicios cuyo objeto está constituido por derechos o por intereses jurídicos de los cuales es o pudiere ser titular el consorcio respectivo Sí
El contratista, en calidad de consorcio o unión temporal, tiene capacidad procesal para comparecer como parte en juicios relacionados con derechos o intereses jurídicos que le conciernen, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, lo cual implica que puede actuar en el proceso judicial por conducto de su representante legal, sin necesidad de que los integrantes actúen individualmente. Esta regla se establece para modificar la jurisprudencia anterior que limitaba la capacidad procesal de estos consorcios y uniones temporales, reconociendo ahora su legitimación ad processum en controversias contractuales y procedimientos administrativos de selección contractual. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambia su posición anterior, permitiendo que los consorcios y uniones temporales puedan participar en procesos judiciales sin restricciones basadas en la falta de personalidad jurídica propia, lo que amplía sus posibilidades de defensa y acción en el marco del derecho administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato celebrado por una entidad del Estado y cuál es el régimen aplicable? ¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la procedente para demandar la nulidad del acto administrativo que adjudicó el contrato de obra? ¿Cómo se contabiliza el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto administrativo de adjudicación?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: los consorcios son titulares de derechos y obligaciones

Salvamento voto — SALVAMENTO DE VOTO 2013-09-25 Sección Tercera (Subsección A) MAURICIO FAJARDO GOMEZ Rad. 25000232600019970393001 ACCION CONTRACTUAL
¿Los consorcios son titulares de derechos y obligaciones teniendo en cuenta que no son personas? Sí
Si bien la idea original del consorcio expresó la suerte común -con sortium- a la que quedaban expuestos los hijos frente a la universalidad de bienes constituida a la muerte del padre, que les imponía el ejercicio de la potestad dominical in solidum (consortium inter frates) y no pro parte e imitando ese ámbito doméstico en el antiguo Derecho romano se admitió la comunidad entre extraños –genus societatis proprium civium Romanorum-, constituida mediante un acto especial de la voluntad privada –certa legis actus-, superado el paralelo con la colegiatura de los magistrados romanos, que inspiró a la figura e introducida la distinción entre la cosa corporal y la incorporal (el derecho), cada condómino puede disponer de su cuota parte en abstracto, desapareciendo así el consorcio en el periodo clásico, al paso que la comunidad entre extraños del ius civile vino a sustituirse por la sociedad –societatis- del ius gentium.
También resuelve: ¿La autonomía de la voluntad privada y la decisión del juez son insuficientes para constituir, autorizar o reconocer la existencia de la persona en ausencia de norma positiva? ¿Se puede admitir una persona sin capacidad pero no la capacidad sin sujeto? ¿Los consorcios y las uniones temporales no son personas jurídicas que puedan demandar directamente ni ser demandados a menos que se haga por intermedio de las personas que independiente lo integran…