Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿La caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal que implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos los derechos, que por ser una figura de orden público, debe ser declarada de oficio por el juez? Sí
La caducidad es un presupuesto procesal de orden público, que no admite renuncia ni suspensión, y que, si se encuentra probada, debe ser declarada de oficio por el juez de segunda instancia, aunque no se haya abordado en la sentencia de primera instancia ni cuestionado en la apelación. Una razón es que el legislador fijó plazos razonables para acudir a la jurisdicción con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas, de modo que el vencimiento del término implica la pérdida de la facultad de accionar. Otra razón es que la caducidad es un presupuesto procesal sin el cual no es posible decidir el fondo del asunto, por lo que el juez debe verificarla aun de oficio. En el caso, la Sala revocó la decisión de primera instancia y examinó la oportunidad de la demanda de repetición, computando el término desde el pago de la condena o desde el vencimiento del plazo para cumplirla, lo que ocurra primero. La providencia reitera la jurisprudencia de la Sección sobre la caducidad; su consecuencia práctica es que el juez de segunda instancia debe examinar la oportunidad de la demanda aun cuando las partes no la hayan discutido.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición incoada para reclamar el reintegro de las sumas pagadas por el retiro del servicio de 8¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, considerando que con éste se persigue un interés público?
¿La caducidad de la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha del pago de la condena? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición más allá de los dos años contados a partir del día siguiente al pago de la condena, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses para que la entidad efectúe el pago, según lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 136 y el inciso 4 del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se mantiene consistente con precedentes anteriores y refuerza la seguridad jurídica al establecer un plazo definido para el pago y la demanda, evitando indefinición y asegurando que la administración no pueda prolongar indefinidamente el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad de la acción de repetición al haber transcurrido más de dos años desde el pago de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del…
¿Deben responder los demandados en repetición, a título de culpa grave, por el despido de una trabajadora de la Superintedencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual ocurrió en un proceso de reestructuración que implicó la reducción de cargos, en el marco de una política pública generalizada de reorganización de la administración pública a nivel nacional? No
El agente estatal no incurre en culpa grave por el despido de trabajadores en procesos de reestructuración de la administración pública cuando la supresión de cargos se fundamenta en estudios técnicos y en una política generalizada de reorganización. La valoración de la conducta exige verificar si el comportamiento constituye una omisión o extralimitación inexcusable, de modo que la demostración de estudios técnicos previos y la sujeción a los actos administrativos de reestructuración desvirtúan la presunción de culpa grave y descartan la responsabilidad patrimonial del servidor en acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede condenar en costas a la parte vencida en este proceso?
¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo de la culpa grave, en cuanto no hay lugar a emplear las presunciones que establece la Ley 678 de 2001? Sí
Respecto del régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena. En este caso, dado que los hechos ocurrieron en diciembre de 1995 y enero de 1996, no hay lugar a aplicar las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001. En ese orden, le asiste la razón a la parte demandada cuando reclama que el estudio del elemento subjetivo se haga por fuera de las presunciones; no podía, el juez de primera instancia, presumir que si existió violación manifiesta e inexcusable de disposiciones (presunción prevista en la Ley 678, artículo 6, numeral 1) entonces el demandado había obrado con culpa grave, comoquiera que la ley que introdujo las presunciones no estaba vigente al momento en que sucedieron los hechos…
También resuelve:¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa, puesto que existe una absoluta falta de argumentación…
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo?¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades?¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
¿Cuáles son las obligaciones de afiliación y cotización al Sistema de Seguridad Social Integral de una persona natural que celebra un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal y qué excepciones pueden resultar aplicables respecto de la cotización al sistema pensional por razón de la edad y de la ausencia de afiliación previa?
El contratista que celebra un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal debe afiliarse y cotizar al Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo el régimen pensional, de acuerdo con las condiciones legales establecidas. Aunque el artículo 15 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 17 de la misma ley obligan a las personas naturales a cotizar al Sistema General de Pensiones durante la vigencia del contrato, estas obligaciones deben armonizarse con las exclusiones y situaciones especiales previstas por el ordenamiento jurídico, como la contemplada en el artículo 61 de la Ley 100 de 1993, que excluye del nuevo régimen pensional a las personas mayores de 50 años si son mujeres y de 55 años si son hombres, siempre y cuando no hayan cotizado previamente. Esta regla matiza la obligación general de cotización, permitiendo excepciones basadas en la edad y la ausencia de afiliación previa, lo que implica que las entidades estatales deben considerar estas circunstancias al evaluar la afiliación y cotización de los contratistas.síntesis automática
También resuelve:Sistema general de seguridad social: nociónContrato de prestación de servicios: afiliación como trabajador independiente, incompatibilidad de cotizaciones múltiplesCotización al sistema de seguridad social como trabajador independiente: personas mayores, sin antecedentes de cotización
Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre acumulación de procesos2022-05-26Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 11001032600020140000800LEY 1437 REPETICION
¿Para el decreto de la acumulación de pretensiones es necesario que se acredite una identidad de objeto, de partes y de causa? Sí
Se decretará la acumulación de los procesos 52052 y 53059 al presente proceso (radicado con el No 49806) en aplicación de lo dispuesto en los artículos 148 y 88 del C.G.P. Lo anterior porque las pretensiones podían acumularse en la misma demanda, la entidad demandante es la misma, al igual que el demandado, las pretensiones son de repetición y tienen origen en una misma causa: la declaratoria de responsabilidad del demandado, por la expedición ilegal de actos administrativos por medio de los que cuales se ordenó la desvinculación de empleados de la Universidad Popular del Cesar. Los tres procesos se tramitan en única instancia y en ninguno se ha fijado fecha para la audiencia inicial.
¿Es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid, con ocasión de que dentro de sus facultades como Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira SA impartió la orden de desvinculación laboral del señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo del cargo de Subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa, determinación que posteriormente fue motivo de controversia suscitada ante la jurisdicción ordinaria en proceso laboral, en el cual se profirió sentencia condenatoria en contra de la empresa empleadora, razón por la cual la entidad ahora demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir por el trabajador afectado? No
La acción de repetición solo procede contra quien ejerce función pública como agente estatal, de modo que la persona que actúa como trabajador particular en una empresa de servicios públicos domiciliarios no es sujeto de esa acción y debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado y su gerente, al ordenar la desvinculación de un subgerente, no obró en ejercicio de función pública con relación a los hechos que se repiten. Otra razón es que la conducta reprochada fue desplegada en condición de trabajadora particular, lo que impide que la jurisdicción de lo contencioso califique esa conducta a título de culpa grave o presunción de la Ley 678 de 2001. En el caso, el tribunal había condenado a la gerente a reintegrar la condena laboral pagada, pero la Sala revocó esa decisión y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la acción de repetición no puede dirigirse contra directivos de empresas de servicios públicos que actúan con regímenes privados sin verificar primero la calidad de agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas…¿Es procedente condenar en costas de ambas instancias a la entidad demandante dado que se revocó la decisión apelada?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de una sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo como guardián del orden jurídico, que permite a las entidades públicas promover demandas para obtener el reembolso o reintegro de dineros pagados como consecuencia de actuaciones dolosas o gravemente culposas de servidores públicos, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998 y la Ley 678 de 2001. La decisión modifica un precedente, lo que implica que las entidades públicas pueden ahora recurrir al Consejo de Estado para resolver consultas sobre sentencias de tribunales administrativos en casos de acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar patrimonialmente responsable a servidor público del pago realizado en cumplimiento de una condena judicial?¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal?¿Una sucesión ilíquida puede estar legitimada en la causa por pasiva en una acción de repetición?
¿Las imprecisiones que se presentaron en la desvinculación del servidor difícilmente podrían considerarse como indicativas de un obrar inexcusable y de una conducta gravemente culposa de los demandados? Sí
Las imprecisiones formales cometidas al desvincular a un servidor público no equivalen por sí mismas a un error inexcusable ni a una conducta gravemente culposa, y que la presunción de culpa grave solo opera cuando se configuran los supuestos de hecho que la fundan. Una razón es que la desvinculación estuvo precedida de un estudio técnico de reestructuración de la planta de personal, que debía contar con la aprobación de la autoridad competente en función pública, lo que hace inviable sostener una violación inexcusable de la ley. Otra razón es que aunque se cometieron fallas en la forma como se formalizó la desvinculación, la motivación del acto no genera por sí sola una violación de las normas de competencia ni de los presupuestos de validez del acto administrativo. Por ello la Sala negó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora. La sentencia no indica si reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que las fallas de procedimiento en una supresión de cargo deben demostrarse como conducta gravemente culposa y no presumirse a partir de su sola existencia.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación de los demandados comportó una violación inexcusable de la ley?¿La vicisitud experimentada por el servidor desvinculado se presentó en el marco de un proceso de restructuración de la entidad demandante?¿La situación permite concluir que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición?
¿Se presenta falta al principio de congruencia en el fallo de primera instancia? Sí
Se configura falta al principio de congruencia cuando el juez resuelve pretensiones que no fueron formuladas en la demanda, lo que constituye una decisión extra petita. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la demanda solo pidió la efectividad del amparo de cumplimiento de la garantía única, de modo que el tribunal no podía ordenar también la efectividad de los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. La segunda es que la intención del demandante era obtener la efectividad de la garantía solamente en cuanto al amparo de cumplimiento. En consecuencia, la Sala revoca el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y suprime la condena contra la aseguradora por los aportes de seguridad social y parafiscales. Como obiter dictum, la providencia recuerda que, en el derecho privado, el beneficiario puede reclamar la efectividad del amparo a la aseguradora y, si la reclamación es objetada, acudir al juez del contrato. La nota de relatoría remite a una sentencia de 30 de julio de 2021 sobre el principio de congruencia, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de presentar la reclamación formal, Ecopetrol adjuntó los documentos requeridos por las condiciones generales del contrato de seguro, tales como el contrato afianzado?¿Se presentó inejecución de obligaciones contractuales que conllevaron a la paralización total de las actividades contratadas?¿Es responsable la entidad demandante del incumplimiento del contrato?
¿Resulta procedente atribuir responsabilidad a Ecopetrol, por expedir un número insuficiente de órdenes de trabajo que no alcanzaron el valor total del negocio jurídico, cuando en el contrato no se estipuló que esa empresa estaba obligada a emitir un máximo o mínimo de órdenes de trabajo y menos por el valor estimado del contrato, dado que el mismo era indeterminado? No
El contratista no puede atribuir responsabilidad a Ecopetrol por emitir un número insuficiente de órdenes de trabajo que no alcanzaron el valor total del contrato, ya que el contrato no establecía obligaciones específicas para Ecopetrol en cuanto a la cantidad de órdenes de trabajo ni un valor mínimo para cada una, y el contrato era de valor indeterminado. Además, el contrato contemplaba cláusulas que regulaban situaciones en las que no se emitieran órdenes de trabajo, lo que evidencia que el contratista aceptó la posibilidad de que Ecopetrol no emitiera órdenes de trabajo. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia que niega las pretensiones del contratista, reafirmando que no se configura un incumplimiento contractual por parte de Ecopetrol ni se viola el principio de planeación.síntesis automática
También resuelve:¿Se debe atribuir responsabilidad a Ecopetrol por exigirle al contratista mantener el stock de maquinaria y personal durante toda la ejecución del contrato?¿Resulta procedente condenar en costas a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable, el recurso de aplicación que impetró?
¿En el medio de control de repetición, es necesario aportar como anexo a la demanda la providencia en la que se condena al Estado? Sí
En el medio de control de repetición, la condena judicial que sirve de fundamento a la acción debe aportarse con la demanda, junto con la providencia que contiene los fundamentos fácticos y jurídicos que llevaron a la condena del Estado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la existencia de la condena es un requisito objetivo de la acción, que debe quedar probado con la decisión misma y no con afirmaciones de la demandante sobre sus anexos. Segunda, la prueba de oficio prevista en el artículo 213 del CPACA sirve para esclarecer la verdad y no para suplir la carga de aportar la condena que corresponde al actor. En el caso, la demandante afirmó que la providencia estaba anexa, pero no lo estaba, y la Sala negó el decreto de oficio. La providencia confirma esa negativa. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe anexar la providencia condenatoria completa, con sus fundamentos, desde la presentación de la demanda, porque el juez no la suplirá por vía de prueba de oficio.síntesis automática
También resuelve:¿Se encontró acreditado uno de los elementos objetivos de la repetición, cual es la existencia de una condena?¿La demanda de repetición debe ser presentada con la acreditación de los requisitos necesarios para que el juez determine su procedencia?¿Las costas procesales se componen de expensas y gastos sufragados en el proceso y las agencias en derecho?
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿Procede negar las pretensiones de repetición contra el rector de la Universidad, al acreditarse que el pago de la diferencia salarial reconocida al trabajador en la conciliación judicial, no constituyó una afectación patrimonial? Sí
Cuando el pago de una diferencia salarial reconocida al trabajador en una conciliación judicial corresponde a funciones efectivamente prestadas, no hay detrimento del patrimonio público y la acción de repetición contra el funcionario que dio lugar al acuerdo no prospera. La regla se sostiene en tres razones: la repetición es una acción prevista para proteger el patrimonio público, de modo que sin afectación patrimonial no hay objeto que restablecer; el pago de la diferencia no fue un gasto sin contraprestación, pues la entidad recibió el servicio de un cargo de mayor grado; y el monto pagado corresponde a lo que el trabajador debió percibir por las funciones asignadas. En el caso, se negaron las pretensiones de repetición porque la diferencia pagada en la conciliación remuneró las funciones de un asesor de grado superior, sin que se afectara el patrimonio de la universidad. La caducidad se contó desde el pago, que ocurrió dentro del plazo de diez meses, por lo que la demanda fue oportuna. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la repetición exige demostrar un perjuicio patrimonial efectivo y no solo el pago de una condena.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago del acuerdo conciliatorio logrado por las partes en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Se acreditaron los presupuestos de condena, pago y calidad de agente del Estado para la procedencia del medio de control de repetición?¿El pago realizado en virtud del acuerdo conciliatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ordenó el reconocimiento de la diferencia salarial al trabajador…
¿El medio de control de repetición está ideado para los eventos en que el Estado sea condenado a responder patrimonialmente por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes? Sí
La acción de repetición no puede emplearse para repetir el pago contra un sujeto solidariamente obligado ni para determinar de nuevo la responsabilidad de quien ya fue condenado solidariamente con efectos de cosa juzgada, porque ese medio de control está concebido para el caso en que el Estado sea condenado a responder por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. La regla se apoya en que, bajo el Decreto 01 de 1984, no resulta procedente adecuar la acción de repetición al cauce procesal correspondiente cuando se ha elegido otra vía. Por ello, la escogencia indebida de la acción conduce a la ineptitud sustantiva de la demanda. En el asunto, la Sala revocó la sentencia desestimatoria de primera instancia y declaró probada, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción. En la práctica, la entidad que pretende repetir contra un condenado solidario debe escoger la vía procesal que corresponda a su pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición puede ser empleada por las autoridades para replantear o reabrir el debate sobre la responsabilidad definida de manera solidaria en fallo judicial anterior?¿La acción de repetición deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa?¿La empresa Corelca S.A. ESP pretende que su contratista le pague una suma de dinero correspondiente al valor que la demandante tuvo que cancelar como producto de una condena solidaria?
¿La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos? Sí
La prueba del pago en la acción de repetición puede acreditarse con documentos públicos, pues los expedidos por las entidades públicas tienen plena validez y capacidad probatoria, sin perjuicio de la tacha de falsedad o de la controversia que la parte contraria pueda promover. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el pago consiste en la ejecución de la prestación que extingue la obligación, y puede demostrarse por cualquier medio idóneo. La segunda es que las certificaciones firmadas por el tesorero o las constancias de recibido que expiden las entidades públicas son documentos públicos del tipo que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil reconoce como válidos. En el caso concreto, el municipio demandante aportó una certificación firmada por su tesorero y una constancia de recibido, que demuestran el pago parcial de la suma acordada en la conciliación. El documento reitera un criterio que la Corporación sostiene desde 2013, y no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible ejercer la acción de repetición para solicitar el reintegro de pagos parciales realizados por la entidad pública en virtud de una condena judicial o una conciliación?¿En qué eventos se configura la culpa grave?¿Se acreditó la culpa grave del exalcalde demandado en repetición?
¿Al existir un acto administrativo mediante el cual la administración manifestó su voluntad de extinguir la relación contractual y realizar el respectivo cruce de cuentas con el contratista, acto que se presume legal, no puede emitirse una sentencia en la que se afirme que fue la entidad contratante quien incumplió el contrato? Sí
El contratista no puede obtener una sentencia que declare la incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal si ésta ha emitido un acto administrativo legal que liquida unilateralmente la relación contractual y realiza el cruce de cuentas correspondiente, ya que mientras este acto esté vigente, no es procedente emitir una sentencia que declare la responsabilidad del contratante. La Sala modificó la sentencia apelada y se inhibió de estudiar de fondo las pretensiones de la demanda debido a que el contratista no impugnó la legalidad del acto administrativo que liquidó unilateralmente la orden de compra, lo que hace imposible determinar si la entidad incumplió el contrato y debe pagar al contratista el valor de los bienes no recibidos e indemnizar los perjuicios causados. Esta decisión reitera la importancia de impugnar la legalidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente contratos estatales para poder estudiar de fondo las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Se solicitó que se ordenara a la Policía recibir los toldillos y pagar el valor de los bienes más la indemnización de los perjuicios causados?¿Debido a que no se impugnó la legalidad del acto administrativo que liquidó unilateralmente la orden de compra, es imposible estudiar de fondo las súplicas de la demanda?¿Cuando se pretenda la declaración de incumplimiento del contrato por parte de la entidad contratante y exista un acto de liquidación unilateral, este acto debe ser demandado…
¿Tiene legitimación en la causa por activa la UAE Organizaciones Solidarias, pues fue la entidad pública que pagó una reparación patrimonial derivada de una conciliación aprobada judicialmente y con ello se subrogó en los derechos y privilegios del tercero afectado con la conducta que califica como dolosa o gravemente culposa del servidor público? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para ejercer la acción de repetición contra el servidor público cuando la entidad estatal ha pagado una reparación patrimonial derivada de una conciliación judicial, ya que la subrogación legal le transmite los derechos y privilegios del tercero afectado por la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor. Esta regla se basa en el artículo 90 de la Constitución y el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, que establecen que la entidad que paga la condena por daños sufridos por un tercero tiene derecho a repetir el pago contra el servidor público responsable. La regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la subrogación legal otorga legitimación en la causa para la acción de repetición, permitiendo que la entidad estatal ejerza esta acción en nombre del tercero afectado.síntesis automática
También resuelve:¿Las providencias judiciales sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento?¿El régimen aplicable al caso concreto es la Ley 678 de 2001 que previó el objeto, la noción, las finalidades y unas presunciones legales sobre la conducta del servidor o exservidor público en la…¿Para que proceda la acción de repetición se requiere la condición de servidor o exservidor público, la obligación reparatoria a cargo del Estado…
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores, exservidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados. Esta competencia se fundamenta en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Además, la Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. La caducidad del medio de control de repetición se calcula según el régimen jurídico vigente al momento de iniciación del proceso, conforme al artículo 308 del CPACA, y no al momento de la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la entidad pública presentó la demanda dentro del plazo de dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado, cumpliendo así con el requisito temporal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de repetición contra un servidor, exservidor o particular investido de función pública cuando se verifica que su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a una…¿Debe aplicarse el régimen procesal vigente al momento de iniciación del proceso para efectos del cumplimiento de la sentencia, conforme al artículo 308 del CPACA?¿Se ejerció en tiempo el medio de control de repetición cuando la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado?