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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid

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Fecha
2023-11-30
Radicado
66001233300020150029002
Número interno
68841
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA
Demandado
ISABEL CRISTINA VARGAS CADAVID

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid

Lo que dijo la Sala

Se repite en contra de la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid con el fin de que se la declare patrimonialmente responsable, a título de culpa grave, debido a que en la condición de gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira ordenó desvincular al entonces subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa de dicha entidad, Gabriel Alberto Viveros Naranjo, decisión que posteriormente fue objeto de controversia en un proceso ordinario laboral que terminó con sentencia condenatoria en contra de la referida empresa por virtud de la cual fue obligada a reintegrarlo al cargo y a pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La acción de repetición solo procede contra quien ejerce función pública como agente estatal, de modo que la persona que actúa como trabajador particular en una empresa de servicios públicos domiciliarios no es sujeto de esa acción y debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado y su gerente, al ordenar la desvinculación de un subgerente, no obró en ejercicio de función pública con relación a los hechos que se repiten. Otra razón es que la conducta reprochada fue desplegada en condición de trabajadora particular, lo que impide que la jurisdicción de lo contencioso califique esa conducta a título de culpa grave o presunción de la Ley 678 de 2001. En el caso, el tribunal había condenado a la gerente a reintegrar la condena laboral pagada, pero la Sala revocó esa decisión y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la acción de repetición no puede dirigirse contra directivos de empresas de servicios públicos que actúan con regímenes privados sin verificar primero la calidad de agente estatal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid, con ocasión de que dentro de sus facultades como Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira SA impartió la orden de desvinculación laboral del señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo del cargo de Subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa, determinación que posteriormente fue motivo de controversia suscitada ante la jurisdicción ordinaria en proceso laboral, en el cual se profirió sentencia condenatoria en contra de la empresa empleadora, razón por la cual la entidad ahora demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir por el trabajador afectado?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001, art. 6 núm. 1
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas…
  • ¿Es procedente condenar en costas de ambas instancias a la entidad demandante dado que se revocó la decisión apelada?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Consejo de Estado 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C)
Medio de control de repetición: Sentencia
Consejo de Estado 2023-03-31 Sección Tercera (Subsección A)
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Consejo de Estado 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección C)
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Consejo de Estado 2023-05-12 Sección Tercera (Subsección C)
Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición
Consejo de Estado 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B)
Acción de repetición: Sentencia
Titulación de la relatoría 13.245 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE / CALIDAD DE AGENTE DE RETENCIÓN / AUSENCIA DE LA CALIDAD DE AGENTE DE RETENCIÓN / CALIDAD DE TRABAJADOR PARTICULAR / TRABAJADOR PARTICULAR / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / FUNCIÓN PÚBLICA POR PARTICULARES / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SERVICIOS PÚBLICOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS / PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA Problema jurídico: ¿Es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid, con ocasión de que dentro de sus facultades como Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira SA impartió la orden de desvinculación laboral del señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo del cargo de Subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa, determinación que posteriormente fue motivo de controversia suscitada ante la jurisdicción ordinaria en proceso laboral, en el cual se profirió sentencia condenatoria en contra de la empresa empleadora, razón por la cual la entidad ahora demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir por el trabajador afectado? Respuesta al problema jurídico: No [S]e repite en contra de la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid con el fin de que se la declare patrimonialmente responsable, a título de culpa grave, debido a que en la condición de gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira ordenó desvincular al entonces subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa de dicha entidad, Gabriel Alberto Viveros Naranjo, decisión que posteriormente fue objeto de controversia en un proceso ordinario laboral que terminó con sentencia condenatoria en contra de la referida empresa por virtud de la cual fue obligada a reintegrarlo al cargo y a pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir, sumas de dinero que la empresa pretende recuperar a través de la presente acción. (...) El tribunal de primera instancia condenó a la demandada señora Isabel Cristina Vargas Cadavid a reintegrar a la empresa demandante el valor de la condena que pagó al señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo por considerar que obró en forma gravemente culposa por impartir la orden de desvincularlo del servicio sin contar con autorización de la junta directiva y sin tener en cuenta el derecho convencional que le asistía, lo cual encuadra en la presunción prevista en el numera 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, toda vez que el daño producido fue como consecuencia de la infracción directa de la ley. La sentencia impugnada será revocada, por cuanto la demandada no es agente estatal en los términos de la Constitución y la ley y, por ende, no es sujeto de la acción de repetición, toda vez que la conducta que se le reprocha la desplegó en condición de trabajadora particular y no obró en ejercicio de función pública en relación con los específicos hechos por los cuales se repite, escenario que impone declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva e impide la prosperidad de las pretensiones sin necesidad de otros análisis adicionales respecto de su conducta la cual no puede ser calificada por esta jurisdicción. (...) El cargo de apelación formulado por la parte recurrente, dirigido a señalar que la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid no puede ser considerada sujeto pasivo de la acción de repetición está llamado a prosperar, porque la demandada fungió como trabajadora particular y no ejerció función pública en relación con los hechos que dieron lugar a la repetición en su contra, lo cual es suficiente para revocar la sentencia apelada y, en su lugar, declarar probada la ausencia de legitimación en la causa de la parte pasiva. (...) Ahora bien, según lo probado en este proceso, la demandada señora Isabel Cristina Vargas Cadavid se desempeñó en el cargo de Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira SA desde el 23 de mayo de 2002 hasta el 18 de noviembre de 2003, con ocasión de un contrato de trabajo a término indefinido con salario integral suscrito por las partes el 23 de mayo de 2002 (fls. 193 a 203 cdno. pruebas no. 2), lo cual confirma su condición de trabajadora particular. 6) En relación con los hechos que dieron lugar a la condena judicial en contra de la demandante se tiene que estos no corresponden al ejercicio de “función pública”, la cual se manifiesta a través del ejercicio de prerrogativas que corresponden en forma única y exclusiva al Estado, las cuales se identifican normalmente con el ejercicio de los poderes públicos y de los organismos de control e implican el desarrollo de potestades sancionadoras, coercitivas, unilaterales y obligatorias para los asociados; en esas condiciones, el objeto social de la empresa demandante correspondiente a la prestación de servicios públicos no permite concluir que la demandada sea sujeto de la acción repetición por el hecho de haberla gerenciado; por el contrario, en los términos del artículo 365 de la Constitución, la prestación de los servicios públicos no corresponde a una competencia exclusiva a cargo del Estado sino al ejercicio de una actividad encaminada a la satisfacción de las necesidades públicas que puede ser ejercida por particulares en un régimen de libre competencia, sin perjuicio de los deberes de vigilancia y control estatal. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1 FUNCIÓN PÚBLICA / CLASES DE FUNCIÓN PÚBLICA / FINALIDAD DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / SERVICIOS PÚBLICOS OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas nociones jurídicas, por lo tanto, existe diferencia sustancial desde el punto de vista jurídico entre una y otra actividad? Respuesta al problema jurídico: No Destaca la Sala que los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas nociones jurídicas; (i) la función pública consiste en toda aquella prerrogativa o actividad propia y exclusiva del Estado en cuanto constituye por esencia ejercicio del poder público, que se cumple o desarrolla a través de diferentes autoridades de las Ramas del Poder Público o de los órganos autónomos de poder (vgr la administración de justicia, la defensa de las fronteras, la seguridad interior, la función legislativa, etc.) y, excepcionalmente, por particulares por expresa autorización de la Constitución o la ley (ej. para dar fe pública en calidad de notarios, ejerciendo función jurisdiccional como árbitros en los tribunales de arbitramento, etc.), no posible ni predicable de una organización privada; por su parte, (ii) el servicio público es aquella actividad dirigida a la satisfacción de necesidades de interés general (vgr salud, educación, transporte de personas, transporte de mercancías, agua potable, telecomunicaciones, suministro de energía eléctrica, suministro de gas domiciliario, recolección y disposición final del residuos, etc.) generalmente por parte del Estado o también por los particulares mediante la figura de la colaboración administrativa y con sujeción a normas de derecho público. Por lo tanto, no puede perderse de vista la diferencia sustancial que desde el punto de vista jurídico existe entre una y otra actividad, aunque, por excepción en algunas ocasiones un servicio público puede a la vez ser expresión de función pública como sucede por ejemplo con la administración de justicia, pero, esa no es la regla general. (…) En la sentencia C-037 de 2001 la Corte Constitucional diferenció los conceptos jurídicos de “función pública” y “servicio público” con ocasión de la demanda de constitucionalidad de la norma que preveía la posibilidad de ejercer la función sancionadora disciplinaria del Estado en contra de quienes prestan servicios públicos a cargo del Estado, expresión contenida en el artículo 53 de la Ley 734 de 2001 que fue declarada exequible en forma condicionada “bajo el entendido de que el particular que preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean asignadas explícitamente por el Legislador”. (…) En efecto, el concepto de función pública está relacionado con un conjunto de prerrogativas o deberes que cumple el Estado a través de sus distintas autoridades y excepcionalmente a través de particulares especialmente autorizados por la Constitución o la ley consistentes en unas precisas actividades propias y exclusivas de la organización estatal, mientras que el concepto de servicio público hace relación a las actividades que realizan el Estado y los particulares en favor de la comunidad en general para asegurar el cumplimiento de los fines sociales, es decir que es una actividad de carácter prestacional que no está exclusivamente en cabeza del Estado como sí lo es el ejercicio de la función pública que es inherente y exclusiva de este en cuanto comporta por esencia ejercicio del poder público. Sobre el particular, la doctrina igualmente tiene precisada la diferencia que se predica entre función pública y servicio público que, si bien son dos figuras próximas en el ámbito del derecho público cada una de ellas posee su propia caracterización y tipificación que las diferencias entre sí, “esta distinción procede de la doctrina italiana y fue elaborada frente a la pretensión inicial de que «toda tarea administrativa es constitutiva de servicios públicos” hoy ya desechada. No obstante, puede decirse que la función pública participa en todo caso del poder del Estado, y que es de carácter siempre jurídico, mientras que el servicio público es de carácter material y técnico y en muchas de sus manifestaciones no puede utilizar el poder público (por ejemplo, y en la mayoría de los casos, para imponer coactivamente su utilización).” De conformidad con lo expuesto, el solo hecho consistente en el que objeto social de la empresa demandante esté relacionado con la prestación de servicios públicos domiciliarios no permite considerar que el trabajo se su gerente para la época de los hechos correspondía al concepto de función pública; por el contrario, la administración del personal por parte de la trabajadora particular, propia de su condición de gerente, no se materializó a través del ejercicio de una competencia legal sino del cumplimiento de funciones asignadas en virtud de un contrato individual de trabajo, por lo cual no corresponde a un acto administrativo ni implica el ejercicio de función pública y, por ende, no permite considerar a la demandada como sujeto de la acción de repetición. En esa perspectiva, como la Constitución y la ley exigen una calidad específica para ser demandado en repetición, la cual no tiene la demandada en este caso particular, se impone declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva y, consecuencialmente, negar las pretensiones incoadas en su contra. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia de 5 de agosto de 1999, expediente ACU798, MP Germán Rodríguez Villamizar. En ese mismo sentido, la Corte Constitucional frente al concepto de función pública y su diferencia con la noción de servicio público, cita sentencia C-073 de 28 de enero de 2003, MP Dr. Óscar Antonio Márquez Buitrago. FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2001 - ARTÍCULO 53 MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿Es procedente condenar en costas de ambas instancias a la entidad demandante dado que se revocó la decisión apelada? Respuesta al problema jurídico: No En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 4) del CGP, la parte demandante debe asumir las costas de ambas instancias porque se revocó la decisión apelada; la condena incluirá las agencias en derecho que para esta instancia se fijan, en atención al concepto y los criterios definidos para su causación en el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, aplicable al caso por razón de la época de presentación de la demanda, en tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta decisión para la parte demandante ya que no intervino en la segunda instancia. Se liquidarán en forma concentrada en el tribunal de primera instancia. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=660012333000201500290021100103