Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: la caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal que implica la pérdida de la facultad
Relevancia
Reitera la jurisprudencia.
Regla de decisión
La caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal que implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos los derechos, que por ser una figura de orden público, debe ser declarada de oficio por el juez.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La caducidad es un presupuesto procesal de orden público, que no admite renuncia ni suspensión, y que, si se encuentra probada, debe ser declarada de oficio por el juez de segunda instancia, aunque no se haya abordado en la sentencia de primera instancia ni cuestionado en la apelación. Una razón es que el legislador fijó plazos razonables para acudir a la jurisdicción con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas, de modo que el vencimiento del término implica la pérdida de la facultad de accionar. Otra razón es que la caducidad es un presupuesto procesal sin el cual no es posible decidir el fondo del asunto, por lo que el juez debe verificarla aun de oficio. En el caso, la Sala revocó la decisión de primera instancia y examinó la oportunidad de la demanda de repetición, computando el término desde el pago de la condena o desde el vencimiento del plazo para cumplirla, lo que ocurra primero. La providencia reitera la jurisprudencia de la Sección sobre la caducidad; su consecuencia práctica es que el juez de segunda instancia debe examinar la oportunidad de la demanda aun cuando las partes no la hayan discutido.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Problema jurídico
¿La caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal que implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos los derechos, que por ser una figura de orden público, debe ser declarada de oficio por el juez?
Respuesta: Si
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Lo que dijo la Sala
Como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, término que, en caso de vencerse, tiene como consecuencia la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Titulación de la relatoría 10.226 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La caducidad constituye un fenómeno jurídico procesal que implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos los derechos, que por ser una figura de orden público, debe ser declarada de oficio por el juez?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, término que, en caso de vencerse, tiene como consecuencia la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos. Se trata de una figura de orden público que no admite renuncia ni suspensión y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez de segunda instancia, con independencia de que se hubiere abordado en la sentencia de primera instancia o cuestionado en la apelación, toda vez que se trata de un presupuesto procesal, sin el cual no es posible decidir el fondo del asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de la caducidad, consultar providencias de 6 de agosto de 2009, Exp. 36834, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 26 de febrero de 2014, Exp. 27588, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 12 de mayo de 2016, Exp. 56601, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 30 de agosto de 2017, Exp. 39435, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E). Acerca de la declaración oficiosa de la caducidad, consultar providencias de 9 de febrero de 2012, Exp. 21060. C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 5 de febrero de 2020, Exp. 62633, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCESO EJECUTIVO DERIVADO DE SENTENCIA JUDICIAL / PROCESO EJECUTIVO PARA EL COBRO DE OBLIGACIONES / PROCESO EJECUTIVO CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR OFICIAL / DESPIDO DEL TRABAJADOR OFICIAL / DESPIDO DEL TRABAJADOR SIN JUSTA CAUSA / DECLARACIÓN DEL DESPIDO DEL TRABAJADOR SIN JUSTA CAUSA / INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DEL TRABAJADOR SIN JUSTA CAUSA / ACUERDO DE PAGO / MORA EN EL PAGO / PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL / PAGO DE SENTENCIA / TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición incoada para reclamar el reintegro de las sumas pagadas por el retiro del servicio de 8
trabajadores oficiales durante la reestructuración de la planta de personal del municipio de Fredonia, cuando se observa el pago tardío de la condena y el hecho de que entre los beneficiarios de la condena y el municipio de Fredonia se suscribió un acuerdo de pago?
Respuesta al problema jurídico: No
Se demandó en repetición a la señora (...), por la condena que tuvo que asumir la entidad demandante derivada del retiro del servicio de 8 trabajadores oficiales durante la reestructuración de la planta de personal del municipio de Fredonia. (...) El municipio de Fredonia pretende que se declare la responsabilidad de la señora (...) y que se le ordene reintegrar la suma de mil cuatrocientos sesenta y seis millones de pesos ($1.466’000.000), la cual, dijo, corresponde al valor de la condena impuesta a dicha entidad en la sentencia del 7 de septiembre de 2010, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, cuyo cumplimiento se hizo efectivo en virtud de un acuerdo de pago suscrito en el proceso ejecutivo que se promovió a continuación. Según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 - vigente para la época en que empezó a correr el respectivo término- y la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional9 , las demandas de repetición debían instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha en que se realizó el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA para cumplir las condenas. En la sentencia C-394 de 2002, la Corte Constitucional extendió tal condicionamiento al inciso segundo del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 al señalar que cuando el pago se haga por cuotas, el término de caducidad comenzará a correr desde la fecha del último pago “o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo”. En ese orden, para determinar si la demanda se presentó en oportunidad el juez tiene que verificar cuál de las situaciones arriba señaladas -pago total de la condena, pago de la última cuota o vencimiento del plazo de 18 meses- ocurrió primero. De las pruebas allegadas al expediente se desprende que la sentencia del 7 de septiembre de 2010, por medio de la cual la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia confirmó en su integridad la decisión del Juzgado Civil del Circuito de Fredonia que condenó a dicha entidad territorial a reintegrar al señor (...) y a 7 personas más y a pagarles los salarios y prestaciones que dejaron de recibir mientras estuvieron cesantes, cobró ejecutoria el 15 de septiembre de 2010. Los 18 meses que tenía la entidad para pagar se cumplieron el 16 de marzo de 2012; sin embargo, ninguno de los pagos que efectuó se realizó antes de ese día. Los documentos aportados como prueba del pago dan cuenta de que, ante el incumplimiento de la entidad, los beneficiarios de la condena tuvieron que adelantar un proceso ejecutivo y que solo después de que se libró mandamiento de pago y se decretó una medida cautelar, el municipio de Fredonia suscribió un acuerdo de pago con los ejecutantes por la suma de mil cuatrocientos sesenta y seis millones de pesos ($1.466’000.000), la cual sería amortizada en 16 cuotas. Lo expuesto revela que lo que primero ocurrió en el tiempo fue el vencimiento del plazo de 18 meses que la entidad tenía para pagar, 16 de marzo de 2012, por lo que el término de dos años que establece el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para demandar comenzó a correr a partir del siguiente día. En ese orden, el término de caducidad corrió desde el 17 de marzo de 2012 hasta el 17 de marzo de 2014 y como la demanda se presentó 5 de mayo de 2017 se impone concluir que el derecho de acción no se ejerció de manera oportuna. La anterior conclusión no se modifica por el hecho de que entre los beneficiarios de la condena y el municipio de Fredonia -sujetos de la obligación contenida en la sentencia del 7 de septiembre de 2010- se haya suscrito un acuerdo de pago en el proceso ejecutivo que se siguió por el incumplimiento del deudor (...). Por lo expuesto, la Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, declarará probada, de oficio, la excepción de caducidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la caducidad de la acción de repetición, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-832 de 2001, y C-394 de 2002. Sobre los efectos del acuerdo de pago de la sentencia sobre los términos de caducidad del medio de control, consultar providencia de 19 de mayo de 2023, Exp. 66406, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / INTERÉS PÚBLICO / ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, considerando que con éste se persigue un interés público?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 188 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Esta Subsección, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001, ha considerado que el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues se busca la protección del patrimonio público. Así las cosas, dado que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, la Sala se abstendrá de condenar en costas al municipio de Fredonia.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la procedencia de la condena costas en procesos de repetición, consultar providencias de 11 de abril de 2019, Exp. 59139, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 12 de agosto de 2019, Exp. 63519, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 20 de febrero de 2020, Exp. 51949, C.P. María Adriana Marín; y de 7 de mayo de 2021, Exp. 58503, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de la Corte Constitucional, de 8 de agosto de 2001, C-832, M.P. Rodrigo Escobar Gil.