Titulación de la relatoría 9.751 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
REPETICIÓN / DESPIDO DEL TRABAJADOR / CONDUCTA DEL AGENTE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / ERROR EXCUSABLE / SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA A LA NACIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE REESTRUCTURACIÓN / EXISTENCIA DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / REESTRUCTURACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL / REESTRUCTURACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA / REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / DESPIDO ILEGAL DEL TRABAJADOR / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / REQUISITOS DE LA SUPRESIÓN DEL CARGO PÚBLICO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARTA DE DESPIDO DEL TRABAJADOR / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Deben responder los demandados en repetición, a título de culpa grave, por el despido de una trabajadora de la Superintedencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual ocurrió en un proceso de reestructuración que implicó la reducción de cargos, en el marco de una política pública generalizada de reorganización de la administración pública a nivel nacional?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l estudio de la Sala se limitará a verificar si se demostró el supuesto de hecho de las presunciones de culpa grave alegados en la demanda. (...) La Sala no accederá a las pretensiones de la demanda por las siguientes razones: (...) La condición de inexcusable que debe tener el comportamiento de los demandados para que operen las presunciones de culpa invocadas en la demanda (previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001), no se estructura a partir del contenido de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que impuso una condena a cargo del Estado; (...) Los demandados acreditaron circunstancias a partir de las cuales es posible concluir que, la desvinculación de [trabajadora] de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sería una falencia excusable. (...) la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho da cuenta de una vulneración de los derechos laborales de la entonces demandante, como consecuencia de falencias en la implementación de la reestructuración de la entidad (concretamente, por el hecho de que 1. no se expidió un acto que suprimiera de manera expresa el cargo en el que estaba designada y, 2. la comunicación que comportó ese efecto fue proferida por una funcionaria desprovista de la potestad nominadora), esas comprobaciones, a juicio de la Sala, son insuficientes para concluir que los acá demandados incurrieron, a título personal, en comportamientos gravemente culposos, tal y como ya tuvo la oportunidad de establecerlo la Subsección en un caso análogo entre las mismas partes (...) En otras palabras, aunque es claro que la forma como se desvinculó a [trabajadora] de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada constituyó una actuación ilegal, tal situación no permite concluir, sin ningún análisis adicional, que los agentes estatales demandados son responsables patrimonialmente en el marco de la repetición. Para la Sala, cuando se alegan los supuestos previstos en el numeral 1, 2 y 3 del artículo 6, de la ley 678 de 2001, no basta con allegar el fallo condenatorio contra el Estado. En este caso, la sentencia que condenó al Estado no hizo ningún juicio de valor de carácter concreto sobre la conducta de los acá demandados, que de manera inequívoca reflejara que la anulación del acto administrativo y la consiguiente orden de restablecimiento del derecho, fueron una consecuencia directa del desconocimiento inexcusable de la ley por parte de aquellos, en concreto, porque se desatendieron de manera injustificada las normas que regulaban la competencia para la expedición de actos administrativos, o las que gobernaban sus presupuestos de validez (eventos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 6 de la Ley 678/2001). (...) De manera que, si bien el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho estableció que, en la desvinculación de la entonces demandante, se presentaron las falencias ya identificadas, a partir de los elementos de juicio recaudados no se puede sostener que esas fallas, en relación con [los demandados], tuvieron la connotación de inexcusables. (...) Por el contrario, de las pruebas incorporadas a la actuación por solicitud de los demandados, fundamentalmente de las copias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, queda claro que la vicisitud que experimentó [trabajadora] se presentó en el marco de un proceso de reestructuración de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el cual tuvo respaldo en el Estudio Técnico que, con ese fin, debía ser realizado por mandato legal. (...) La Sala destaca de la valoración de ese documento que, el trámite de reestructuración se realizó en el marco de una política pública generalizada de reorganización de la administración pública a nivel nacional, política que, para el caso de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, implicó la reducción de cargos del nivel “profesional”. Al respecto, en este caso se acreditó: 1. Que la lista de los cargos provistos en la entidad en los meses de septiembre y octubre de 2006, da cuenta de una disminución de los empleos de naturaleza profesional; (...) Que la previsión, en abstracto, de los cargos para esa entidad (establecida en el Decreto 2356 de 17 de julio de 2006), refleja asimismo esa disminución; (...) y que la relación oficial de los empleos suprimidos se encuentra enlistado, en forma expresa, el de [trabajadora] (...) A partir de esas circunstancias, aunque es innegable que se cometieron fallas en la forma como se ejecutó la desvinculación de esa trabajadora de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de todo lo cual es prueba incontrastable la decisión de segunda instancia adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el contexto en el que esa desvinculación se presentó (precedida de un estudio técnico que sugería su desvinculación, estudio que, además, debía contar -y, en efecto, contó- con la aprobación del Departamento Administrativo de la Función Pública), hacía inviable sostener que la actuación de los demandados configuró una violación inexcusable de la ley, o que dicha desvinculación fue consecuencia de errores del mismo tipo sobre la observancia de las normas sobre competencia para la expedición de los actos administrativos o las que regulan sus presupuestos de validez. (...) Para la Sala es claro que, la motivación de los demandados en el caso concreto de [trabajadora] atendió, fundamentalmente, el contenido del estudio técnico que fue realizado con el acompañamiento de otras entidades públicas en cumplimiento, se insiste, de directrices generalizadas adoptadas en el marco de una política de reestructuración de la administración nacional. Ese contexto descarta que la desvinculación que dio lugar a la imposición de una condena contra el Estado, pero de manera más precisa: que la forma en la que esta se dio, hubiera estado motivada por otro tipo de intereses. (...) Al haber supresión de unos cargos en la reestructuración ordenada por decreto presidencial, los demandados pudieron asumir, de forma errónea pero sin que ello configure una conducta abiertamente descuidada, que no era necesario expedir un acto administrativo que concretara la desvinculación de [trabajadora] por parte del nominador y que, simplemente, bastaba con comunicarle esa vicisitud. (...) En tal escenario, mucho más amplio que el que ofrece el contenido de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala concluye que las imprecisiones que, en realidad, se presentaron al formalizar la desvinculación de [la trabajadora], difícilmente podrían considerarse indicativas de un obrar inexcusable, desprevenido y, por ende, constitutivo de una conducta gravemente culposa. (...) Por lo expuesto, dado que no se configuran los supuestos de hecho en que se fundan las presunciones de culpa grave invocadas en la demanda, la Sala negará las pretensiones y condenará en costas a la parte actora.
NOTA DE RELATORÍA:
El caso en similar sentido, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 5 de diciembre de 2023, exp.11001-03-26-000-2018-00027-00(60998), C.P. Alberto Montaña Plata, aprobado con aclaración de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a la parte vencida en este proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP indicó que las costas se componían de expensas y gastos sufragados en el proceso y agencias en derecho. La Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en el 3 SMMLV a favor de cada uno de los demandados. De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría en el caso de que se hubieren causado.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2012 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365