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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se configuró la culpa grave en la actuación del servidor público

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2022-05-04
Radicado
50001233100020100020801
Número interno
60668
Ponente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPETICION
Actor
MUNICIPIO DE ACACIAS
Demandado
OLEGARIO MANCERA CESPEDES, JESUS RAUL MRENO BARACALDO CESPEDES, CLAUDIA LILIANA ROMERO ROZO

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se configuró la culpa grave en la actuación del servidor público

Lo que dijo la Sala

El artículo 90 Constitucional indicó que, en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, se deberá repetir contra el agente. En el caso concreto, no está demostrado que el demandado obró con culpa grave como se alegó en la demanda. En este caso, debe señalarse desde ya, que la entidad demandante no explicó en qué consistía la culpa grave el ex Alcalde del Municipio de Acacías razón por la cual no se identifica cuál es el reproche que se le hace al [demandado], máxime cuando los actos administrativos expedidos por él se anularon como consecuencia de la inaplicación por ilegalidad del Acuerdo 52 que fue expedido por el Concejo Municipal.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede acceder a las pretensiones de la acción de repetición contra el servidor público debido a la falta de demostración de culpa grave en su actuación. La entidad demandante no especificó en qué consistía la culpa grave del ex alcalde, y los actos administrativos que se anularon lo hicieron por la inaplicación del Acuerdo del Concejo Municipal, no por una ilegalidad en sí mismos. Además, la entidad no invocó las presunciones de dolo o culpa grave de la Ley 678 de 2001, por lo que no puede beneficiarse de su tratamiento probatorio. La Sala reitera que la sucesión procesal a los herederos del demandado es consecuente cuando este ejerció su derecho de defensa antes de fallecer, lo que garantiza la efectiva protección del derecho de defensa.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configuró la culpa grave en la actuación del servidor público, para acceder a las pretensiones de la acción de repetición?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 678 de 2001
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Titulación de la relatoría 7.633 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA ALCALDE MUNICIPAL / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ALCANCE DE LA SUCESIÓN PROCESAL / APLICACIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL / CARACTERÍSTICAS DE LA SUCESIÓN PROCESAL / FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO / EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA OBITER DICTUM Respecto de la procedencia de la acción de repetición contra los herederos del [demandado] debe tenerse en cuenta que las demandas se interpusieron el 11 de mayo de 2010 razón por la cual se notificó y vinculó formalmente al [demandado]. Posteriormente, el 17 de agosto de 2015, cuando el asunto se encontraba en periodo probatorio, el demandado falleció. En consecuencia, esta Sala estima que, en este caso, dado que la demanda se interpuso contra el agente quien, para la fecha de la interposición demanda, vivía, contestó la demanda, aportó y pidió pruebas y ejerció su derecho de defensa, operó la sucesión procesal a los herederos en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, la cual, en efecto, fue declarada mediante Autos de 24 de agosto de 2016, decisiones que, además, no fueron recurridas y cobraron firmeza. La consideración previa que se hace respecto de la importancia de que, en este caso, el demandado haya ejercido su derecho de defensa y, en consecuencia, resulta consecuente la sucesión procesal, de manera alguna intenta desnaturalizar la esencia patrimonial (que no personal) de la acción de repetición. Lo que ocurre es que tal y como lo ha entendido esta Sala, la necesidad de acreditar el dolo o la culpa grave del demandado, propia de esta acción, supone, para la efectiva garantía del derecho de defensa, de conocimientos que solo pudo haber tenido la persona contra quien se pretende repetir. En este caso, en efecto la defensa se ejerció por el [repetido] e, incluso, cuando se aceptó la sucesión no hubo el reproche que, ahora, en el recurso se hace. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la sucesión procesal en procesos de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de noviembre de 2021, rad. 52710, C. P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 60 ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EX ALCALDE / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / NORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA OBITER DICTUM Respecto del régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena. En este caso, por la fecha de los ellos, esto es, octubre y noviembre de 2002, habría lugar a aplicar las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, sino fuera porque no se invocaron en la demanda La parte demandante no invocó ninguna de las presunciones de dolo o culpa grave de la Ley 678 de 2001, por lo cual se estima, al igual que el Ministerio Público, que no puede ser beneficiaria del tratamiento probatorio que las presunciones suponen. Si la entidad no invocó una presunción, no puede el juez, en la Sentencia, adecuar la demanda a la presunción que, a su juicio, más se ajuste porque ello implicaría, de un lado, desconocer que era el demandante el llamado a señalar la presunción y desplegar todos sus esfuerzos probatorios para demostrar el hecho base y, de otro, desconocer el derecho de defensa del demandado. En consecuencia, la Sala se aparta de la decisión de primera instancia que estimó que la presunción que se adecuaba era la de culpa grave por violación inexcusable de normas de derecho. En ese sentido, considera que le asiste razón al demandado y al Ministerio Público cuando afirman que debía analizarse su conducta por fuera de las presunciones y no limitarse a probar el hecho que sirve de fundamento a la presunción invocada. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la carga de la prueba, cita: Corte Constitucional, sentencia C 374 de 2002. FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2011 ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA EX ALCALDE / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL ALCALDE MUNICIPAL / OBLIGACIONES DEL ALCALDE / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Se configuró la culpa grave en la actuación del servidor público, para acceder a las pretensiones de la acción de repetición? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 90 Constitucional indicó que, en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, se deberá repetir contra el agente. En el caso concreto, no está demostrado que el demandado obró con culpa grave como se alegó en la demanda. En este caso, debe señalarse desde ya, que la entidad demandante no explicó en qué consistía la culpa grave el ex Alcalde del Municipio de Acacías razón por la cual no se identifica cuál es el reproche que se le hace al [demandado], máxime cuando los actos administrativos expedidos por él se anularon como consecuencia de la inaplicación por ilegalidad del Acuerdo 52 que fue expedido por el Concejo Municipal. Lo anterior, constituye una razón suficiente para que las pretensiones no prosperen. Sin embargo, está sala debe agregar que esa culpa grave, que la primera instancia dio por acreditada porque, a su juicio, pese a conocer la ilegalidad del Acuerdo, el entonces alcalde no lo objetó, lo sancionó y lo cumplió, no está acreditada en el expediente (…). [D]ado que no se aplican las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001 no es posible tener en cuenta para decidir las consideraciones de las sentencias de nulidad y restablecimiento, en la medida que no les son oponibles al demandado quien no participó en esos procesos judiciales. En todo caso, debe indicarse que ahí no se hizo ningún reproche a la conducta del entonces alcalde del Municipio de Acacías y, además, se dejó claro que los actos administrativos por él expedidos se anulaban, no por una ilegalidad en sí mismos, sino porque la norma que le daba competencia, esto es, el Acuerdo proferido por el Concejo Municipal, era invalido porque se expidió sin la totalidad de los requisitos sustanciales comoquiera que no tuvo el primer debate. (…) [N]o queda claro que el ex Alcalde hubiera tenido certeza, para noviembre de 2002, de la irregularidad en la expedición del Acuerdo 52 de 21 de octubre de 2002, que ello no quedó probado y que, en todo caso, si por su calidad de Acalde debía conocer que ese primer debate no era válido, la normativa extraordinaria del momento, generaba inquietudes respecto de su validez. Finalmente, no se puede desconocer que los actos administrativos por él expedidos se anularon, como consecuencia, de la inaplicación por ilegal del Acuerdo que fue expedido por el Concejo Municipal. Las anteriores, constituyen razones suficientes para revocar la Sentencia de primera instancia que dio por probada la culpa grave del demandado. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001
Texto extraído del PDF oficial 53.921 caracteres
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022 Radicación: 5000-1233-1000-2010-00208-01 (60668) y otros1 Demandante: Municipio de Acacías Demandado: Olegario Mancera Céspedes, Jesús Raúl Moreno Baracaldo y Claudia Liliana Romero Rozo Referencia: Acción de repetición (Decreto 1 de 1984) Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – no se invocaron las presunciones de la Ley 678 de 2001 – no se acreditó la culpa grave. Síntesis del caso: Se dirige contra el ex Alcalde del Municipio de Acacías, el ex Presidente del Concejo Municipal y la ex Secretaria de esa Corporación q uienes, según la demandante, participaron en el retiro ilegal de tres empleados de la Administración Municipal. Los 3 ex empleados demandaron en nulidad y restablecimiento del derecho y el Municipio resultó condenado. Se pretende que los ex agentes le devuelvan al Municipio el valor que tuvo que pagar por esas condenas. Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada en contra de las 3 Sentencias de 6 de septiembre de 2017 (expediente No. 60668), 26 de octubre de 2017(expediente No. 61105) y 30 de octubre de 2017 (expediente No. 61106) proferidas por el Tribunal Administrativo de Meta, en las que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se declaró patrimonialmente responsable al señor Olegario Mancera Céspedes, en su calidad de ex Alcalde del Municipio de Acacías. Las sentencias de primera instancia dispusieron textualmente2: “PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable al señor OLEGARIO MANCERA CÉSPEDES, de la condena impuesta al MUNICIPIO DE ACACÍAS en la sentencia del 6 de febrero de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta. SEGUNDO: CONDENAR al señor OLEGARIO MANCERA CÉSPEDES, a reintegrar la suma de ($ 102.140.878), a favor del MUNICIPIO DE ACACÍAS, teniendo en cuenta las previsiones realizadas en la parte considerativa de este proveído, respecto de los efectos de la sentencia frente a quienes debían sucederlo en el proceso. TERCER: FIJAR para el cumplimiento de esta sentencia el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la presente providencia. 1 Al presente asunto se acumularon 2 procesos más, esto es: 50001-23-31-000-2011-000153-00 (61105) y 50001-23-31- 000-2011-00448-00 (61106). 2 En el expediente 61105 y 61106 las sentencias fueron similares, salvo el valor de la condena a reintegrar. Exp. 61105: $ 126.931.450 y Exp. 61106: $ 79.433.809 Radicación:5000-1233-1000-2010-00208-01 (60668) y otros1 Demandante: Municipio de Acacías Demandado: Olegario Mancera Céspedes, Jesús Raúl Moreno Baracaldo y Claudia Liliana Romero Rozo Referencia: Repetición (Decreto 1 de 1984) Decisión: Modifica y niega pretensiones _____________________________________________________________________________________________________________ 2 de 16 CUARTO: NEGAR las pretensiones respecto de JESÚS RAUL MORENO BARACALDO y CLAUDIA LILIANA ROMERO ROZO, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. QUINTO: Sin condena en costas. SEXTO: ejecutoriada esta providencia, procédase a su archivo, no sin antes hacer la devolución de la suma correspondiente al remanente de los gastos procesales, si a ello hubiere lugar. Transcurridos dos años desde la ejecutoria de la sentencia regrese al despacho para pronunciarse frente a la prescripción de los remanentes de gastos del proceso, si los hubiere.” La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998. Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión 1. ANTECEDENTES Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3 Actuación relevante en primera instancia 1.4. Sentencias de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia 1.1. Posición de la parte demandante 1. El 11 de mayo de 2010, el Municipio de Acacías3 presentó 3 demandas, en ejercicio de la acción de repetición en contra de Olegario Mancera Céspedes, Jesús Raúl Moreno Baracaldo y Claudia Liliana Romero Rozo . Fueron sus pretensiones (se trascribe): 2. En el expediente 60668, se solicitó como pretensión (se trascribe): “PRIMERA: Que se declare responsable patrimonialmente a OLEGARIO MANCERA CESPEDES, en su calidad de ex – mandatario local de Acacías (Meta) mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.139.956, JESÚS RAUL MORENO BARACALDO identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.411.504 en su calidad de ex presidente del Concejo Municipal de Acacías y CLAUDIA LILIANA ROMERO ROZO identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.431.644, en su condición de ex – secretaria General del Concejo Municipal de Acacías, como resultado de sus conductas gravemente culposas, que originaron la sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, proferida en contra del Municipio de Acacías a instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta el seis (6) de febrero de 2007 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 50001-2331-000-2003-00811-00 (MP Álvaro Iregui) instaurada por DIGNA MERCEDES RODRÍGUEZ CASTILLO 3 Las demandas fueron presentadas el 11 de mayo de 2010. Radicación:5000-1233-1000-2010-00208-01 (60668) y otros1 Demandante: Municipio de Acacías Demandado: Olegario Mancera Céspedes, Jesús Raúl Moreno Baracaldo y Claudia Liliana Romero Rozo Referencia: Repetición (Decreto 1 de 1984) Decisión: Modifica y niega pretensiones _____________________________________________________________________________________________________________ 3 de 16 SEGUNDA: Condenar a los ex servidores públicos OLEGARIO MANCERA CESPEDES, JESUS RAUL MORENO BARACALDO Y CLAUDIA LILIANA ROMERO ROZO, a pagar a favor de la entidad territorial que represento la suma de SETENTA Y DOS MILLONES TRASCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 72.358.436,49) cantidad líquida de dinero que debió reconocer el municipio a DIGNA MERCEDES RODRÌGUEZ CASTILLO, como consecuencia de la condena de que fue objeto, debidamente actualizada. (…)”. 3. En el expediente 611054 y 611065 se plantearon pretensiones similares. 4. Como fundamento de las pretensiones, el municipio, en síntesis, refirió los siguientes hechos: 5. 1) Se explicó que el Concejo Municipal de Acacías profirió el Acuerdo 52 de 21 de octubre de 2002, “por medio del cual se otorgan facultades al Alcalde Municipal de A cacías, para ejecutar la reestructuración administrativa de la Administración Central y sus entes descentralizados y se dictan otras disposiciones”. Con base en esas facultades otorgadas, el 22 de noviembre de 2002, el alcalde municipal, señor Olegario Mancera Céspedes, profirió los Decretos 254 (adoptó la estructura organizacional de la administración y se establecieron las funciones), 255 (adoptó la planta de cargos) y 256 (adoptó el manual de funciones). Finalmente, mediante la Resolución 189 de 22 de noviembre de 2002, redistribuyó los empleos de la planta global de administración. 6. 2) Precisó que, con las anteriores disposiciones, se suprimieron, entre otros, 3 cargos; auxiliar administrativo - grado 3, auxiliar de servicios generales – código 605 – grado 1 y operador - grado 10. Estos cargos eran ocupados por Digna Mercedes Rodríguez Castillo, María Inés Suárez Palacios y Hernando Cagueño Cabrera. Esa decisión les fue comunicada el 22 de noviembre de 2002. 7. 3) Anotó que los 3 empleados, interpusieron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho y, mediante Sentencias de 6 de febrero de 2007 (las tres), el Tribunal Administrativo de Meta inaplicó el Acuerdo 52 de 2002, declaró la nulidad parcial de los Decretos 255 y 256 respecto de los cargos ocupados por los 3 aludidos empleados, a título de restablecimiento del derecho, ordenó su reintegro al servicio y condenó al municipio a pagarles los sueldos, primas, bonificaciones, auxilios, subsidios y, en general, todas las prestaciones laborales dejadas de percibir. 4 Respecto de la condena, se pidió que pagara a favor del municipio $ 57.170.433,96 cantidad que el municipio tuvo que pagar a la señora María Inés Suárez Palacios. 5 Respecto de la condena, se pidió que se pagara a favor del municipio $ 89.757.982,82 cantidad que el municipio tuvo que pagar al señor Hernando Cagueño Cabrera. Radicación:5000-1233-1000-2010-00208-01 (60668) y otros1 Demandante: Municipio de Acacías Demandado: Olegario Mancera Céspedes, Jesús Raúl Moreno Baracaldo y Claudia Liliana Romero Rozo Referencia: Repetición (Decreto 1 de 1984) Decisión: Modifica y niega pretensiones _____________________________________________________________________________________________________________ 4 de 16 8. 4)Para adoptar esa decisión, el Tribunal mostró que, para que un Acuerdo Municipal fuera válido, de conformidad con la Ley 136 de 1994, debían surtirse dos debates. Sin embargo, el Acuerdo 52 de 2002 no los tuvo; explicó que no se surtió el primer debate porque “ esa supuesta sesión primera [16 de octubre de 2002] entra en el terreno de lo ilegal en la medida que el acto demandado no fue discutido ni en sesiones ordinarias, ni en las extraordinarias, como certifica el Presidente del Concejo y la Secretaria General”. Agregó que, dado que la primera sesión no fue ordinaria ni convocada de manera extraordinaria por e

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012331000201000208011100103