Radicado: 76001-23-33-007-2016-00499-01 (60865)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de repetición – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-007-2016-00499-01 (60865)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Demandado: Diego Alexander Silva Escobar
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se confirma la decisión de negar las pretensiones
porque no se demostró la culpa grave del demandado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante
contra la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca , en la que se negaron las pretensiones de la
demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos
150 y 152, numeral 11, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)1.
El recurso de apelación fue admitido el 1º de marzo de 2018 y se corrió traslado
para alegar de conclusión por medio de auto del 6 de septiembre de 2018. Las
partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 7 de marzo de 2016
por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Se dirigió
contra Diego Alexander Silva Escobar para obtener el reintegro de lo pagado por
la entidad como consecuencia de la condena impuesta en la sentencia proferida
por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Cali el 27 de enero
1 Estas normas son aplicables en su redacción original, previa a las modificaciones introducidas por los
artículos 26 y 28 de la Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el régimen de vigencia de esa ley.
Radicado: 76001-23-33-007-2016-00499-01 (60865)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
2
de 2012 y confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 13 de febrero de 2013.
2.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
2.1.- El demandado era patrullero en la Policía Metropolitana de Cali, Valle del
Cauca. El 24 de febrero de 2009, aproximadamente a las 7:00 a. m., disparó por
accidente su arma de dotación oficial cuando entregaba su turno de vigilancia. El
disparo se produjo porque no recordaba que el arma todavía estaba cargada con
un cartucho.
2.2.- El proyectil impactó en el tórax derecho del patrullero Arnold Andrés Bravo
Rosero, quien falleció el mismo día en el hospital.
2.3.- Por estos hechos se adelantó un proceso disciplinario contra el demandado,
quien fue sancionado con seis ( 6) meses de suspensión e inhabilidad por
manipular en forma imprudente las armas de fuego.
2.4.- En ejercicio de la acción de reparación directa, los familiares del patrullero
Bravo Rosero demandaron a la Policía Nacional para obtener la indemnización
de los perjuicios causados con la muerte de la víctima directa.
2.5.- El 27 de enero de 2012 el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Cali condenó a la Policía Nacional. En sentencia del 13 de
febrero de 2013 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la
condena y aumentó la cuantía de los perjuicios reconocidos a las víctimas.
2.6.- Por medio de la Resolución No. 553 del 19 de mayo de 2015 la entidad
demandante dispuso el pago de la condena por un valor total de seiscientos
cincuenta y siete millones veinte mil novecientos noventa y ocho pesos con
setenta y tres centavos ($657.020.998,73).
3.- La en tidad demandante sostuvo que el demandado obró con culpa grave
porque manipuló su arma de dotación oficial mientras estaba cargada. El arma
no debía tener un cartucho en la recámara en ese momento, y el descargue debió
hacerse en el foso destinado para ese procedimiento. Con su acción, el
demandado violó las normas sobre manejo de las armas de fuego, que debía
conocer porque recibió instrucción como miembro de la Policía.
B.- Posición de la parte demandada
4.- El demandado se opuso a la s pretensiones de la demanda y formuló las
siguientes <<excepciones>>: (i) inepta demanda, porque no se precisaron los
criterios que el comité de conciliación t uvo en cuenta para calificar su conducta
Radicado: 76001-23-33-007-2016-00499-01 (60865)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
3
como gravemente culposa ; (ii) imposibilidad de defensa en el proceso de
reparación directa, pues no fue llamado en garantía; y (iii) falta de prueba del
dolo o de la culpa grave, debido a que no se extralimitó en el ejercicio de sus
funciones ni incurrió en un <<riesgo desaprobado>>: aunque fue condenado en
un proceso penal, este se adelantó por el delito de homicidio culposo y
posteriormente se declaró la extinción de la pena.
C.- Sentencia recurrida
5.- En la sentencia del 8 de noviembre de 2017 2 el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda porque no se demostró
el pago de la condena. La entidad demandante solo aportó la resolución que
lo dispuso y el comprobante de egreso, pero este no tiene firma de recibido
por el beneficiario, no obra el poder otorgado por los a creedores para recibir y
el nombre del beneficiario aparece en blanc o. El tribunal condenó en costas a
la entidad demandante y fijó las agencias en derecho de la primera instancia
en el uno por ciento (1%) de las pretensiones.
D.- Recurso de apelación
6.- La entidad demandante solicita que se revoque la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se condene al demandado. Su inconformidad se centra
en que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el pago se puede probar
con el comprobante de egreso o cualquier documento equivalente.
7.- En la apelación , la entidad pidió oficiar a la Dirección General de la Policía
Nacional para que aportara pruebas adicionales del pago . Esta solicitud
probatoria fue negada mediante auto del 2 de agosto de 2018.
II. CONSIDERACIONES
E.- Asuntos procesales, régimen legal y decisiones a adoptar
8.- La Sala se pronunciará de fondo porque la demanda fue presentada
oportunamente, como se explica a continuación:
8.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA3, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
2 La sentencia fue proferida oralmente en la audiencia inicial debido a que no había pruebas por practicar,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 179 del CPACA (CD a fl. 163 c. 2).
3 Esta norma es aplicable en su redacción original, previa a la modificación introducida por el artículo 43 de
la Ley 2195 de 2022, porque esta solo aplica para las condenas ejecutoriadas con posterioridad a la entrada
en vigencia de esa ley.
Radicado: 76001-23-33-007-2016-00499-01 (60865)
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
4
el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
la entidad contaba para pagar.
8.2.- En este caso el pago se realizó el 29 de mayo de 2015 , después del
vencimiento del plazo anterior 4, por lo que para determinar el término de
caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del vencimiento del plazo para pagar.
Como este venció el 27 de mayo de 2015, la demanda presentada el 7 de marzo
de 20165 se radicó oportunamente.
9.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678
de 2001 porque los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su
entrada en vigencia. La muerte de Arnold Andrés Bravo Rosero tuvo lugar el 24
de febrero de 2009.
10.- Para la Sala, los elementos objetivos de la acción de repetición están
demostrados:
10.1.- La calidad de agente estatal del demandado y la condena contra la entidad
están acreditadas con prueba documental no controvertida en el proceso6.
10.2.- El pago de la condena está demostrado: (i) el requisito exigido por el a quo,
relativo a la necesidad de manifestación expresa del beneficiario de la
indemnización, carece de fundamento legal; (ii) al proceso se aportó el
comprobante de egreso No. 15000116517, en el que se registró que el pago fue
realizado a nombre de Benjamín Acosta Ortiz; y (iii) aunque en el expediente no
obra el poder que lo facultó para recibir el pago, en la Resolución No. 553 de
2015 se le reconoció personería jurídica como apoderado de los beneficiarios8.
11.- La Sala c onfirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda
porque la entidad demandante no probó que el demandado obrara con culpa
grave al causar el daño que dio lugar a la condena.
F.- La entidad demandante no demostró que el demandado obrara con culpa
grave
12.- La entidad demandante le imputó responsabilidad al demandado a título de
culpa grave porque manipuló su arma de dotación oficial cuando estaba cargada,
a pesar de que no debía estarlo al momento de cambiar el turno de vigilancia, y
porque no fue descargada en el lugar destinado para ello . La Sala advierte que,
4 La sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 26 de noviembre de 2013 (fl. 72 c. 1).
5 Fl. 17 c. 1.
6 La calidad de agente estatal del demandado se probó con el extracto de su hoja de vida (fl. 27 -29 c. 1) y
la co
Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.