Radicado: 11001-03-26-000-2016-00109-00 (57503)
Demandante: Universidad Popular del Cesar
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Repetición única instancia – Ley 1437 de 2011
Radicación: 11001-03-26-000-2016-00109-00 (57503)
Demandante: Universidad Popular del Cesar (UPC)
Demandado: Raúl Enrique Maya Pabón
Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos durante la vigencia de la
Ley 678 de 2001. Se niegan las pretensiones porque la entidad
demandante no demostró el supuesto de hecho de las
presunciones y no probó el dolo o la culpa grave del demandado.
SENTENCIA
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver, en única instancia, la demanda presentada por la Universidad
Popular del Cesar (UPC) contra Raúl Enrique Maya Pabón.
La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con el numeral
13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), debido a que el
demandado fungió como representante legal de una entidad del orden nacional
para la época de los hechos .
Mediante auto del 16 de julio de 2020 el magistrado ponente dispuso adecuar
el trámite para proferir sentencia anticipada , de conformidad con el artículo 13
del Decreto 806 de 2020 . Por medio de auto del 25 de junio de 2021 se corrió
traslado para alegar de conclusión ; la entidad demandante presentó alegatos ,
el Ministerio Público rindió concepto y el demandado guardó silenci o.
I. ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 1º de julio de 2016
por la UPC. Se dirigió contra Raúl Enrique Maya Pabón (en adelante, el
demandado) para obtener el reintegro de lo pagado por la entidad el 5 de marzo
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de 2015, como consecuencia de la condena impuesta en la sentencia del 30 de
enero de 2012, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, y
confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 28 de noviembre de 2013.
2.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas procesales allegadas
por la parte actora, se extrae que:
2.1.- Édgar Enrique Palacio Mizrahi laboraba como docente ocasional de tiempo
completo en la UPC , y el 23 de abril de 2010 le envió una comunicación al
demandado solicitándole el pago de los salarios y prestaciones sociales que se
le adeudaban. El demandado se desempeñaba como rector de la UPC.
2.2.- Mediante oficio del 13 de agosto de 2010 el demandado respondió la
solicitud del señor Palacio Mizrahi, y negó el pago de los emolumentos solicitados
porque el docente no había prestado los servicios para los que fue contratado.
2.3.- En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Palacio Mizrahi demandó el oficio mediante el cual se le negó el pago de los
salarios y prestaciones sociales.
2.4.- El 20 de enero de 201 2 el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar
declaró la nulidad de oficio del 13 de agosto de 2010 porque para no pagarle al
docente era necesario declarar la vacancia del empleo por abandono del cargo .
En consecuencia, condenó a la entidad a pagar al docente los salarios,
prestaciones y seguridad social causados entre el 21 de enero de 2010 y el 8 de
junio de 2010, fecha hasta la cual el docente, de acuerdo con lo señalado por el
juzgado, demostró haber ejecutado sus funciones.
2.5.- El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la sentencia de primera
instancia el 28 de noviembre de 2013 y agregó que para declarar la vacancia
del cargo no era necesario adelantar un proceso disciplinario, sino que bastaba
comprobar que se produjo alguna de las causas establecidas en la ley.
2.6.- Por medio de la Resolución No. 525 del 4 de marzo de 2015 la entidad
demandante dispuso el pago de la condena. Su valor total ascendió a la suma de
veintinueve millones veintiún mil ochocientos treinta mil pesos ($29.021.830), que
fueron pagados el 5 de marzo de 2015.
3.- La entidad demandante invocó dos de las presunciones contenidas en la Ley
678 de 2001: (i) la presunción de dolo establecida en el numeral 2 del artículo 5º,
es decir, <<haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por
inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le
sirve de fundamento>>, y (ii) la presunción de culpa grave prevista en el numeral
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1 del artículo 6º de esa ley, esto es, la << violación manifiesta e inexcusable de
las normas de derecho>>.
4.- Según la UPC, una vez el señor Édgar Enrique Palacio Mizrahi se ausentó
por más de tres días a su trabajo, el demandado debió declarar el abandono del
cargo mediante acto administrativo. El demandado no profirió ese acto y, por el
contrario, suscribió el oficio del 13 de agosto de 2010 en el que negó el pago de
los emolumentos debidos al docente. En consecuencia, el acto administrativo no
se inspiró en razones del buen servicio público.
B.- Posición de la parte demandada
5.- El demandado contestó la demanda por medio de curador ad litem, quien
manifestó atenerse a lo que resultara probado.
II. CONSIDERACIONES
C.- Asuntos procesales
6.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada oportunamente, como se
explica a continuación:
6.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del
CPACA, la demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2)
años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice
el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que
contaba la entidad para pagar.
6.2.- La sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho quedó ejecutoriada el 11 de diciembre de 20131.
6.3.- Como el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho estuvo regido
por el CCA, la entidad contaba con el plazo de dieciocho meses previsto por el
artículo 177 de esa codificación para pagar la condena. Este plazo corrió hasta
el 12 de junio de 2 015 y la condena fue pagada el 5 de marzo de 2015 2, dentro
del término para hacerlo . Por lo tanto, para determinar el plazo de caducidad
debe tenerse en cuenta la fecha del pago.
1 Fl. 73 vuelto c. 1.
2 Fl. 77-79 c. 1.
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6.4.- El término de caducidad transcurrió entre el 6 de marzo de 2015 y el 6 de
marzo de 2017. En consecuencia, la demanda presentada el 1º de julio de 20163
se radicó oportunamente.
D.- Régimen legal y decisiones a adoptar
7.- A este trámite le son aplicables las disposiciones sustanciales de la Ley 678
de 2001 porque los hechos imputados al demandado ocurrieron después de su
entrada en vigencia. El oficio en el que se negó el pago de los conceptos
solicitados por el señor Édgar Enrique Palacio Mizrahi fue proferido el 13 de
agosto de 2010.
8.- En esta providencia, la Sala:
8.1.- Tendrá por demostrada la calidad de agente estatal del demandado porque
la coordinadora del Grupo de Gestión y Desarrollo Humano de la UPC certificó
que el accionado era el rector de la universidad para la época de los hechos4.
8.2.- Tendrá por probada la condena contra la entidad, porque tanto la sentencia
del 30 de enero de 2012, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de
Valledupar, como la sentencia del 28 de noviembre de 2013, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, fueron aportadas a este proceso junto con su
respectiva constancia de ejecutoria5.
8.3.- Tendrá por acreditado el pago de la condena porque en el plenario obra la
certificación de pago expedida por el coordinador del Grupo de Tesorería y
Pagaduría de la entidad 6, que es prueba idónea de este presupuesto según el
artículo 142 del CPACA. Además, se aportaron la Resolución No. 525 del 4 de
marzo de 2015, que dispuso el pago, y los comprobantes de egreso No.
2015010230 y 20150102667.
8.4.- Negará las pretensiones de la demanda porque la entidad demandante : (i)
no demostró la configuración del supuesto de hecho de las presunciones de dolo
y culpa grave invocadas, y (ii) no acreditó que el demandado hubiese obrado con
dolo o culpa grave.
E.- La entidad demandante no probó el supuesto de hecho de las
presunciones de dolo y culpa grave invocadas
3 Fl. 1 c. 1.
4 Fl. 75 c. 1.
5 Fl. 15-73 c. 1.
6 Fl. 77 c. 1.
7 Fl. 78-92 c. 1.
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9.- La entidad demandante invocó en la demanda la presunción de dolo contenida
en el numeral 2 del artículo 5º de la Ley 678 de 2001 y la presunción de culpa
grave establecida en el numeral 1 del artículo 6º de esa ley, pero no demostró los
supuestos que la ley prevé como hechos base para que se configure cada una
de las presunciones invocadas.
10.- En cuanto a la presunción de dolo por << haber expedido el acto
administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho
de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento>> , la Sala
advierte lo siguiente:
10.1.- La entidad demandante no le imputó al demandado haber afirmado un
hecho falso en el oficio del 13 de agosto de 2010; esto es, que el señor Palacio
Mizrahi no cumplió con sus tare
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