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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la configuración de un silencio administrativo positivo solo procede en los casos expresamente

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Fecha
2026-01-30
Radicado
15001233300020180025201
Número interno
72784
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
Demandado
UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS CONSTRUCTEC S.A.S. (CONSTRUCTEC), SOCIEDAD ÁLVAREZ Y COLLINS S.A. EN LIQUIDACIÓN, VERGEL Y CASTELLANOS S.A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la configuración de un silencio administrativo positivo solo procede en los casos expresamente

Regla de decisión

La configuración de un silencio administrativo positivo solo procede en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, conforme al artículo 84 del CPACA.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El integrante de una unión temporal no se exime de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual mediante una solicitud de cesión de su participación que no logre configurar silencio administrativo positivo por la inobservancia de las condiciones legales sustanciales. En este litigio de controversias contractuales, la Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, determinando que la ficción jurídica del silencio administrativo exige un pronunciamiento insatisfecho de la entidad contratante frente a una petición formal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La solicitud de autorización para la cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. en la unión temporal generó silencio administrativo positivo que habilitó la sustitución del integrante sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante y, en consecuencia, excluyó a dicha sociedad de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 84 y 85
  • Ley 57 de 1887, arts. 1610 núm. 3 y 2488
  • Ley 80 de 1993, arts. 25 núm. 16, 41 y 7 par. 1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

La cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. y su legitimación en la causa por pasiva… La Sala modificará el fallo y declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de CONSTRUCTEC S.A.S. pues no se cumplieron las condiciones sustanciales para la configuración del silencio administrativo positivo.… El silencio administrativo constituye una ficción que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por un particular. Como regla general, dicho silencio implica una respuesta desfavorable de la Administración frente a la petición o al recurso formulado. La configuración de un silencio administrativo positivo solo procede en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, conforme al artículo 84 del CPACA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

UNIÓN TEMPORAL CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO INEXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO CONTRATANTE ENTIDAD ESTATAL CONSENTIMIENTO CONTRATO DE CESIÓN CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL TEMPORAL PRESUPUESTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO FALTA DE CONSENTIMIENTO IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INVÍAS RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO CONTRATO DE OBRA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PLANOS DE OBRA PÚBLICA PRUEBA DEL DAÑO PLANO TOPOGRÁFICO IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA DAÑO INDEMNIZABLE ACREDITACIÓN DEL DAÑO FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO DAÑO PATRIMONIAL RESARCIMIENTO DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO VALORACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO ESTATAL GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA FALSEDAD EN DOCUMENTO ENDOSO DEL TÍTULO VALOR INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA SINIESTRO OCURRENCIA DEL SINIESTRO TÉRMINO DEL CONTRATO PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL COMPAÑÍA DE SEGUROS INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES IPC LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

UNIÓN TEMPORAL / CONFORMACIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL / MIEMBROS DE LA UNIÓN TEMPORAL / RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL / ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INEXISTENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / CONTRATANTE / ENTIDAD ESTATAL / CONSENTIMIENTO / CONTRATO DE CESIÓN / CONTRATO DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL TEMPORAL / PRESUPUESTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / FALTA DE CONSENTIMIENTO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿La solicitud de autorización para la cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. en la unión temporal generó silencio administrativo positivo que habilitó la sustitución del integrante sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante y, en consecuencia, excluyó a dicha sociedad de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual? Respuesta al problema jurídico: No La cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. y su legitimación en la causa por pasiva (...) La Sala modificará el fallo y declarará no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de CONSTRUCTEC S.A.S. pues no se cumplieron las condiciones sustanciales para la configuración del silencio administrativo positivo. (...) El silencio administrativo constituye una ficción que surge de la falta de pronunciamiento de la entidad pública frente a una solicitud elevada por un particular. Como regla general, dicho silencio implica una respuesta desfavorable de la Administración frente a la petición o al recurso formulado. La configuración de un silencio administrativo positivo solo procede en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, conforme al artículo 84 del CPACA. En consecuencia, ante la ausencia de respuesta oportuna, opera la ficción legal mediante la cual el interesado obtiene una respuesta negativa —regla general— o positiva —excepción— y adquiere certeza sobre su situación jurídica. (...) Respecto del procedimiento para invocar el silencio administrativo, el artículo 85 del CPACA exige la protocolización de la constancia o copia de la petición radicada ante la autoridad, junto con la declaración jurada de no haber sido notificada decisión alguna dentro del término legal. Este documento tiene un carácter instrumental y probatorio (...) La jurisprudencia ha precisado los requisitos para su configuración en materia contractual, a saber21: (...) El contratista debe presentar una solicitud ajustada a derecho, en la que exprese su voluntad de que se reconozca un derecho. No se trata, entonces, de peticiones propias del curso de la ejecución de las prestaciones a su cargo, reclamaciones u observaciones que la entidad dirige al contratista por razones derivadas de la celebración del contrato. (...) La solicitud debe presentarse durante la ejecución del contrato. Este requisito delimita su ámbito temporal, en el sentido de verificar que la petición se formule en dicha etapa, sin referencia al momento en que se resuelva o deba resolverse. Conforme lo ha precisado esta Corporación, quedan excluidas las solicitudes presentadas en las etapas precontractual, de perfeccionamiento o de liquidación, esto es, por fuera de la ejecución contractual, caso en el cual se aplican las reglas generales del silencio administrativo negativo. (...) La entidad estatal no emite pronunciamiento sobre la petición dentro del término de tres meses contados desde su presentación. (...) La petición a partir de la cual se pretende derivar un acto ficto positivo debe ser presentada por el contratista y debe estar respaldada por un interés directo y subjetivo, receptor de un interés concreto preexistente a la solicitud, radicado en cabeza del contratista y de cuyo reconocimiento puede resultar beneficiado. Su objeto no puede orientarse a constituir derecho que no preexiste, a modificar el contrato, a excusarse de cumplirlo, a favorecer a terceros. (...) Lo anterior explica que la petición debe fundarse en una situación antecedente que permita acreditar la preexistencia de un derecho, porque el silencio administrativo no crea una situación a favor del solicitante, sino que hace explícito un derecho previo. De esta manera, la solicitud debe identificar ese derecho, el cual es anterior a la petición y requiere únicamente la formalidad o la declaración del contratante público. Por esto, el silencio positivo no puede operar sobre situaciones o relaciones jurídicas inexistentes; no se edifica sobre la nada. Tales situaciones requieren una declaración del contratante que las autorice o formalice. (...) Por último, la petición debe contar con soporte probatorio suficiente y no puede conllevar la omisión de etapas contractuales sometidas a un procedimiento particular en el EGCAP. (...) En este caso, mediante la escritura pública n.º 2579 del 14 de noviembre de 2014, la representante de la UTTB protocolizó la solicitud de autorización de la cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. en la unión temporal y declaró, bajo gravedad de juramento, no haber recibido respuesta. De acuerdo con los documentos que obran en el expediente, dicha solicitud se radicó ante INVÍAS el 15 de mayo de 2014, bajo el consecutivo n.º 48201, sin que exista constancia de una respuesta expresa. (...) La Sala considera que la cesión de la participación, así formalizada, no tenía respaldo en la ley, pues no existía un derecho preexistente cuya titularidad pudiera predicarse de la UTTB —centro de imputación jurídica distinto de sus integrantes— y cuyo contenido consistiera en que Álvarez y Collins S.A. asumiera la participación en la ejecución contractual que correspondía a CONSTRUCTEC S.A.S., cuyo ejercicio dependiera únicamente de una declaración de INVÍAS que formalizara una situación jurídica anterior a la solicitud. (...) Bien por el contrario, la cesión requería ser consentida, autorizada. De acuerdo con el parágrafo primero del artículo 7º de la Ley 80 de 1993 (...) Así, la participación indicada por CONSTRUCTEC S.A.S. en la ejecución no podía modificarse sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante24. 52. La limitación legal se explica porque los integrantes de la unión temporal responden solidariamente por las obligaciones derivadas de la propuesta (Ley 80 de 1993, art. 7º). Esta asunción de responsabilidad impide variar dicha participación sin el consentimiento previo de la entidad estatal. La necesidad de autorizar cualquier modificación también se vincula con el carácter intuitu personae del contrato, dado que las calidades de cada integrante, reflejadas en el cumplimiento de los requisitos habilitantes, determinan la selección de la estructura plural que conforman. Por esa razón, cuando sobrevienen inhabilidades en uno de sus integrantes durante la ejecución, (...) La exigencia de “… el consentimiento previo de la entidad estatal contratante”, declara que no existía un derecho previo en cabeza de la UTTB, consistente en que uno de sus integrantes, Álvarez y Collins S.A., pudiera asumir sin más la participación en la ejecución contractual que correspondía a CONSTRUCTEC S.A.S. Tal situación jurídica no preexistía a la solicitud, pues se encontraba supeditada en cuanto a la producción de sus efectos, al cumplimiento de una condición: el otorgamiento del consentimiento previo de la entidad (C.C., art. 1534). Dicha anuencia es de carácter constitutivo y debía manifestarse con posterioridad a la realización del análisis correspondiente, orientado a preservar las condiciones bajo las cuales se adjudicó el contrato, verificar que el nuevo integrante acreditara calidades equivalentes o superiores a las del cedente y garantizar la satisfacción del interés público comprometido en su ejecución. (...) Bajo las reglas del derecho público, tanto la cesión de la participación que tiene el integrante de la unión temporal (Ley 80 de 1993, art. 7) como la cesión de la posición contractual que ocupa esta estructura plural están sometidas a la previa autorización de la entidad contratante (Ley 80 de 1993, art. 41). Por ende, la notificación al contratante no solo tiene efectos de oponibilidad. El consentimiento previo de la entidad, a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, es un requisito para la perfección y validez, no solo de la eficacia de la cesión, porque involucra la idoneidad del ejecutor de actividades orientadas a la satisfacción de cometidos estatales, así como la suficiencia o solvencia patrimonial que garantiza el interés patrimonial del acreedor estatal (C.C, art. 2488). Por ello, el silencio de la entidad estatal no es condición suficiente para que la cesión produzca efectos, ni la Administración queda obligada por esa sola circunstancia, a aceptar una variación de la composición que comprometa la idoneidad y capacidad de quienes deben proveer los bienes, obras o servicios demandados por ella. (...) Lo anterior se confirma porque los integrantes de la UTTB reconocían que los efectos de la cesión no se desplegaban con su solo consentimiento, sino que requerían la autorización de la entidad estatal. (...) En síntesis, la solicitud elevada por la UTTB no se limitaba a la simple acreditación de un derecho preexistente del que fuera titular una estructura asociativa sin personería jurídica, como tampoco de sus integrantes. Por el contrario, la petición se proyectaba directamente sobre la variación de la identidad de los integrantes de la unión temporal, quienes ostentan la condición de deudores solidarios del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. En ese contexto, conforme a la ley y a lo expresamente pactado en el contrato de cesión, la transferencia de la participación de tales integrantes se encontraba supeditada al consentimiento previo de la entidad estatal, en la medida en que implicaba una sustitución o modificación de los sujetos pasivos de las obligaciones contractuales. En consecuencia, pese al silencio de la entidad, no podía afirmarse que Álvarez y Collins S.A.S. hubiera asumido la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. en la ejecución del contrato ni que esta última hubiera quedado liberada de su obligación de responder solidariamente por el cumplimiento del objeto contractual. (...) De esta forma la Sala no puede reconocer que operó el silencio administrativo positivo respecto de la solicitud de cesión de la participación; la condición exigida por la ley y por el acuerdo de cesión para modificar la composición de la unión temporal no se cumplió y, por tanto, la participación en la ejecución contractual permaneció inalterada frente al INVÍAS. En ese contexto, CONSTRUCTEC S.A.S. continuó siendo integrante de la unión temporal, de modo que una declaración por perjuicios derivados de la inejecución o del cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales le es exigible en calidad de deudor solidario, en cuanto constituyen un derecho principal del acreedor (Ley 80 de 1993, art. 7º; C.C., art. 1610.3). Por ello, contrario a lo concluido en el fallo impugnado, CONSTRUCTEC S.A.S. sí se encontraba legitimada en la causa por pasiva y en tal medida se le tendrá para efectos de las declaraciones y condenas que se puedan llegar a emitir en curso de esta instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 84, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 85, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1610 NUMERAL 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 2488, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 16, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 41, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 7 PARÁGRAFO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 77 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / TASACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INVÍAS / RESPONSABILIDAD DE LA UNIÓN TEMPORAL / DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO / CONTRATO DE OBRA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La entrega de 2.166 losas de concreto rígido con defectos clasificados con severidad media y baja por parte de la UTTB genera la obligación de indemnizar a INVÍAS por el menoscabo patrimonial derivado de los costos de reparación necesarios para ajustarlas a las especificaciones técnicas pactadas? Respuesta al problema jurídico: Si Defectos con severidad leve y media en las losas (...) Corresponde a la Sala determinar si debió declararse un incumplimiento por las losas entregadas por la UTTB que presentaron defectos clasificados con severidad leve y media. Según lo señalado en el recurso de apelación, independientemente de que no fuera necesaria una intervención de reemplazo total, la entidad sufrió un menoscabo patrimonial derivado de los deterioros que presentaron. (...) La Sala modificará el fallo impugnado y ordenará la indemnización de perjuicios, porque está probado el incumplimiento -que por demás no controvierte la demandada-, a la par que se proyectó como genitor de perjuicios para INVÍAS aun cuando las losas no requirieran reemplazo. (...) Para comenzar, la Sala precisa que hubo un incumplimiento imputable a la UTTB, derivado de las condiciones en que entregó 2.166 losas de concreto rígido al término de la ejecución del contrato. (...) El Tribunal declaró el incumplimiento (...) Esta decisión, no controvertida, se fundó en que el constructor incumplió la obligación de resultado consistente en entregar las losas de pavimento hidráulico en las condiciones pactadas y en que no se acreditó una causa extraña que impidiera imputarle dicho incumplimiento. (...) En el expediente no hay prueba de que la insatisfacción del interés de la entidad estatal, concretado en recibir una obra que cumpliera las especificaciones e indicadores pactados, hubiera sido ocasionada por una causa extraña, como un evento de fuerza mayor o la culpa del acreedor. (...) Por lo tanto, el incumplimiento quedó demostrado. (...) La decisión del Tribunal de no ordenar la indemnización de perjuicios respecto de una parte de las losas que presentaron deterioros obedeció a que no se probó que estas debieran ser reemplazadas. En relación con las losas que presentaron afectaciones de severidad baja (1.153), indicó que correspondían a deterioros como fallas en el sello de juntas y grietas longitudinales, los cuales podían superarse mediante intervenciones como el sellado o el “retexturizado” para la recuperación de la capa de rodadura, sin que ello implicara su reemplazo por parte del contratista. (...) La Sala considera atendible el reparo formulado por INVÍAS contra este fundamento del fallo, porque la premisa de la que parte no puede derivar la conclusión que pregona el a quo. Los costos asociados al reemplazo de las losas no constituyen el único daño indemnizable causado por el incumplimiento de la UTTB. En la demanda, a título de “indemnización por incumplimiento”, INVÍAS solicitó que se condenara al contratista por “no realizar la reparación y/o demolición y reemplazo de las losas afectadas” (pretensión 3ª). En consecuencia, el hecho de que no se hubiera probado que las patologías presentadas en las 2.166 losas imponían a la entidad asumir los costos de intervenciones de reemplazo total no excluye la existencia de un daño indemnizable distinto: los costos de reparación de aquellas losas deterioradas que, por su menor nivel de severidad, no debían ser reemplazadas totalmente. (...) Cuando el contratista entrega una obra de infraestructura vial que no cumple con las especificaciones técnicas pactadas o con los indicadores de estado requeridos, incurre en incumplimiento, independientemente de que haya recibido el pago por las cantidades ejecutadas conforme a los precios unitarios convenidos. En estos casos, el daño indemnizable no se determina por el monto ya pagado, sino por el menoscabo patrimonial sufrido por la entidad contratante al recibir un activo vial que no cumple con las condiciones pactadas. Este perjuicio, que se deriva directamente del incumplimiento, obliga a la entidad a asumir el costo de corregir la obra para que cumpla con las especificaciones contractuales pactadas. Este perjuicio es previsible y cierto, y se deriva de manera directa de la infracción del contrato (C.C., arts. 1613 y 1616). 69. El numeral 3º del artículo 1610 del Código Civil, que regula los remedios contractuales frente al incumplimiento de las obligaciones de hacer, establece que el acreedor, además de la indemnización de la mora, tiene derecho a “que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato”. La indemnización compensatoria por los perjuicios derivados de la infracción contractual comprende los costos que debe sufragar el dueño de la obra —externalice o no la realización de las reparaciones— para que esta cumpla con las condiciones técnicas pactadas. En el caso de obras de infraestructura vial como las contratadas por INVÍAS, ello comprende el costo de las intervenciones constructivas para que la obra satisfaga los indicadores de estado exigidos para garantizar la transitabilidad de los usuarios. (...) En conclusión, se acreditó que el incumplimiento de la UTTB, consistente en la entrega de losas que no cumplían las especificaciones técnicas pactadas y que fueron clasificadas con nivel medio y bajo por la severidad de sus patologías, generó un daño indemnizable. Insiste la sala que este perjuicio no se identifica con los costos de demolición y reemplazo total de las losas de concreto hidráulico, sino con los costos asociados a la ejecución de las intervenciones de reparación requeridas para que se ajustaran a las condiciones técnicas exigibles al momento de su entrega. (...) Y, aunque no está probado que, al momento de la presentación de la demanda, INVÍAS hubiera ejecutado materialmente las reparaciones requeridas, ello no impide reconocer la existencia de un daño indemnizable. El perjuicio no se identifica con la erogación efectiva, sino con la afectación patrimonial que se produjo desde el momento en que la entidad recibió un activo vial que no cumplía las especificaciones técnicas pactadas. Esta inconformidad implica una disminución cierta del valor y utilidad de la infraestructura recibida y genera, como consecuencia necesaria del incumplimiento, la necesidad de ejecutar intervenciones de reparación para restablecer las condiciones contractuales, la cual no habría surgido si el contrato se hubiera cumplido en debida forma. 78. Adicionalmente, INVÍAS, como entidad responsable de la administración de la red vial nacional no concesionada, tiene a su cargo la gestión integral de los procesos de construcción, conservación, rehabilitación, operación, señalización y seguridad de dicha infraestructura (Decreto 2618 de 2013, art. 16.2, vigente para la época). Esta función debe ejercerse conforme a las especificaciones generales de construcción y mantenimiento de carreteras, adoptadas mediante la Resolución 003288 del 15 de agosto de 2007, que integraban el contenido obligacional del contrato. Por ello, al margen del referido perjuicio, la Sala recaba en la necesidad de reparación de las losas de pavimento, asunto que no tiene carácter conjetural o hipotético, sino que deriva directamente de la recepción de una obra en condiciones técnicas inferiores a las pactadas. 79. En relación con la valoración y cuantía del perjuicio, que debe atender los principios de reparación integral y equidad (Ley 446 de 1998, art. 16), la Sala estima que los medios de prueba permiten imponer una condena en concreto. (...) la Sala destaca la necesidad de ejecutar el reemplazo total no fue acreditada en el proceso y esta conclusión, que sustentó la decisión de primera instancia, tampoco fue controvertida en el recurso de apelación. (...) Por las anteriores razones, se modificará el fallo proferido por el a quo y se reconocerá, a título de indemnización de perjuicios en favor de INVÍAS, en adición a lo reconocido por el Tribunal, la suma de $548’238.588,59 por concepto de las 512 losas clasificadas con nivel de severidad media, así como la suma de $1.618’198.524 por concepto de las 1.153 losas clasificadas con nivel de severidad baja. Estas sumas se incluirán en la liquidación del contrato para determinar el saldo final a favor de la entidad. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PLANOS DE OBRA PÚBLICA / PRUEBA DEL DAÑO / PLANO TOPOGRÁFICO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA / DAÑO INDEMNIZABLE / INVÍAS / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO / DAÑO PATRIMONIAL / RESARCIMIENTO DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO / VALORACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿INVÍAS acreditó un daño patrimonial imputado al incumplimiento en la entrega de los planos as built, de manera que resulte procedente imponer una condena indemnizatoria en la liquidación del contrato? Respuesta al problema jurídico: No La obligación de entregar los planos as built (...) Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal incurrió en una indebida apreciación de las pruebas al desestimar el incumplimiento de la obligación de entregar los planos as built y, de ser así, si procede ordenar la indemnización de perjuicios derivada de dicho incumplimiento. (...) La Sala considera parcialmente atendible el reparo por lo que modificará la sentencia apelada. La UTTB no probó que hubiera atendido las observaciones formuladas por la interventoría a los planos as built del proyecto; tampoco desacreditó las bases de las mismas. De todas maneras, no se impondrá la condena pretendida por INVÍAS, dado que no se acreditó la existencia de un daño indemnizable derivado de esta infracción del contrato. (...) El incumplimiento de una obligación constituye una condición necesaria, pero no suficiente, para configurar la responsabilidad contractual del deudor. También debe acreditarse la existencia de un daño indemnizable causado por la infracción del contrato. La sola afirmación sobre la ocurrencia del daño no permite tenerlo por demostrado; resulta necesario que el demandante respalde dicha afirmación con pruebas suficientes (CGP, art. 167). 101. En el expediente no se encuentra probado cuál es el daño indemnizable causado por el incumplimiento de la obligación de entregar los planos as built. En los hechos de la demanda, INVÍAS ni siquiera precisó en qué consistía el menoscabo, pues no indicó si el daño correspondía a las erogaciones en que habría de incurrir para corregirlos o complementarlos, o a pérdidas patrimoniales derivadas del mantenimiento de la vía como consecuencia de los defectos de los planos presentados por la UTTB. La entidad estatal se limitó a afirmar que reclamaba, a título de perjuicios materiales, el reconocimiento de cincuenta millones de pesos ($50.000.000), según los descargos presentados por la UTTB en el procedimiento administrativo sancionatorio adelantado en su contra. (...) El documento que contiene los descargos no prueba cuál es el daño patrimonial causado por el cumplimiento defectuoso de la obligación de presentar los planos as built de la obra construida. Se trata de una estimación unilateral de la UTTB, en la que no se cuantificó ni reconoció un perjuicio derivado de los defectos y omisiones que no habrían sido subsanados, sino que se calculó el peso porcentual de dicha obligación dentro del valor total del contrato. En consecuencia, INVÍAS no demostró el daño o menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia del incumplimiento, razón por la cual no se incluirá ninguna partida en la liquidación del contrato por concepto de los perjuicios derivados de este evento. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO / INVÍAS / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALSEDAD EN DOCUMENTO / ENDOSO DEL TÍTULO VALOR / INEJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / COMPAÑÍA DE SEGUROS / INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES Problema jurídico: ¿Debe imputarse a la aseguradora obligación indemnizatoria a favor de INVÍAS con fundamento en el amparo de cumplimiento de la póliza n.º 43069273, aunque los incumplimientos del contratista y los siniestros correspondientes se verificaron por fuera de la vigencia pactada y los endosos modificatorios fueron declarados falsos y sin efectos jurídicos? Respuesta al problema jurídico: No La vigencia del amparo de cumplimiento y la responsabilidad de CHUBB (...) En este punto, corresponde determinar si debe revocarse la decisión que negó la condena a Chubb por los perjuicios sufridos por INVÍAS. En concreto, la Sala debe establecer si la falsedad de los endosos que modificaron la vigencia del amparo de cumplimiento de la póliza n.º 43069273 no excluye la responsabilidad de la aseguradora por los actos de sus agentes. Asimismo, debe examinarse si tales endosos produjeron efectos jurídicos en virtud de la representación aparente y, por último, si el siniestro ocurrió mientras se encontraba vigente el amparo contenido en la póliza original. (...) La Sala confirmará en este punto el fallo impugnado, porque la responsabilidad extracontractual de la aseguradora no constituyó la fuente de la obligación indemnizatoria reclamada en la demanda de INVÍAS. Además, los endosos de la póliza n.º 43069273, cuya falsedad fue declarada en sede penal, no produjeron efectos contractuales en virtud de la representación aparente. Finalmente, el amparo de cumplimiento no se encontraba vigente para la época en que ocurrieron los siniestros. (...) Según el artículo 281 del CGP, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda. Por ello, no puede condenarse al demandado por cantidad superior, por objeto distinto o por causa diferente a la invocada. De esta regla se sigue que los reparos formulados en el recurso de apelación no pueden conllevar la introducción de nuevas pretensiones ni la modificación de la causa petendi. (...) INVÍAS pidió que se declarara que Chubb “está llamada a responder por los perjuicios e indemnizaciones causadas al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, en virtud de la garantía de cumplimiento expedida con ocasión de la celebración del contrato No. 780 de 2009” (pretensión 2ª). La entidad no solicitó que se impusiera a la aseguradora una obligación indemnizatoria fundada en su responsabilidad extracontractual por una hipótesis de culpa in vigilando. Tampoco estructuró su demanda sobre una responsabilidad directa de la persona jurídica al amparo del artículo 2341 del Código Civil. En ningún acto procesal planteó que un funcionario de la aseguradora, en desarrollo de sus funciones, hubiera causado un daño mediante una conducta culposa o dolosa que permitiera la aplicación de ese régimen de responsabilidad, ni que la aseguradora debiera responder por una causa distinta a la garantía de cumplimiento. (...) El reparo orientado a sustentar la responsabilidad extracontractual de la aseguradora por el hecho de sus agentes no es atendible, porque supone una variación del objeto de las pretensiones. En consecuencia, la Sala estudiará los argumentos encaminados a que se declare la responsabilidad de la aseguradora en virtud del contrato de seguro de cumplimiento. Este análisis se centrará en la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por INVÍAS, como entidad asegurada, debido a la inejecución de las obligaciones a cargo del constructor y tomador de la póliza. (...) La exigibilidad de la obligación condicional de la aseguradora depende no solo de la demostración de la ocurrencia del siniestro, sino también de la existencia y cuantía de la pérdida o perjuicio (C.Co., art. 1077). Conforme a lo resuelto en la sentencia de primera instancia y a lo concluido por la Sala, la UTTB causó perjuicios al INVÍAS debido al incumplimiento de dos obligaciones: la entrega de las obras viales conforme a las especificaciones técnicas pactadas y la puesta a disposición de la logística, equipos, operadores y materiales para la evaluación y diagnóstico superficial y estructural del pavimento. El Tribunal no declaró el incumplimiento de la gestión predial y este punto no fue impugnado. Asimismo, aunque existió un incumplimiento en la entrega de los planos as built, no se probó un perjuicio indemnizable. En consecuencia, frente al reparo del apelante, corresponde analizar si esos dos siniestros ocurrieron dentro de la vigencia del amparo de cumplimiento de la póliza No. 43069273 y sus cuatro primeros modificatorios. 116. El siniestro es la realización del riesgo asegurado (C.Co., art. 1072), esto es, el incumplimiento imputable al tomador de las obligaciones emanadas del contrato estatal garantizado75. El siniestro debe ocurrir durante la vigencia de la póliza, pues solo bajo ese ámbito temporal el asegurador resulta obligado contractualmente conforme a la garantía expedida (C.Co., arts. 1047.6 y 1054)76. 117. Como se indicó antes, el primer evento constitutivo del siniestro, consistente en el incumplimiento de la obligación de entregar al término del contrato las obras ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas pactadas, se verificó el 30 de octubre de 2015, fecha en la que terminó el plazo del negocio jurídico. Tras la suscripción del acta de visita previa al recibo definitivo de las obras llevada a cabo el 14 de octubre de 2015, se registraron los deterioros presentes en las losas que no fueron solucionados por el contratista. En este contexto, la infracción del contrato se verificó después del vencimiento de la vigencia del amparo de cumplimiento (...) El segundo evento, consistente en el incumplimiento de la obligación de poner a disposición la logística, equipos, operadores y materiales para la evaluación y diagnóstico superficial y estructural del pavimento, también ocurrió después del vencimiento de la vigencia del amparo de cumplimiento (...) Esta obligación debía cumplirse hasta el 30 de septiembre de 2015, dado que el plazo contractual se extendía hasta el 30 de octubre de 201579. En este contexto, esta infracción del contrato también se verificó después del vencimiento de la vigencia del amparo de cumplimiento. Por lo tanto, la aseguradora no está obligada a indemnizar los perjuicios causados por este evento. (...) En conclusión, la Sala no encuentra atendibles los reparos de INVÍAS, porque, en los términos del numeral 6.º de las condiciones generales de la póliza, los siniestros respectivos no se produjeron dentro de la vigencia establecida en el certificado cuarto de modificación (7 de marzo de 2014). LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA DE PRIMERA INSTANCIA / ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / INVÍAS / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IPC / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿La Sala debe modificar la liquidación del contrato para reconocer la condena derivada de los deterioros en las losas y actualizar el saldo a favor de INVÍAS conforme al IPC aplicado por el Tribunal? Respuesta al problema jurídico: Si La liquidación del contrato de obra (...) Como consecuencia de la condena impuesta por las losas que presentaron deterioros clasificados con severidad baja y media, la Sala modificará la liquidación del contrato practicada en primera instancia. Este será el único ajuste al balance final del contrato, pues no se formularon reparos contra las demás bases del ejercicio liquidatorio, ni INVÍAS controvirtió la decisión de negar la condena al pago de intereses de mora. (...) El saldo a favor de INVÍAS, por valor de $2.427.709.620,45, se actualizará siguiendo exactamente la misma metodología empleada por el Tribunal, esto es, aplicando como IPC inicial el correspondiente a octubre de 2015, mes de terminación del contrato, y como IPC final el último disponible a la fecha de la sentencia. (...) Capital actualizado $4.250.026.947,64 IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES Problema jurídico: ¿La modificación parcial de la sentencia de primera instancia, derivada del recurso de apelación interpuesto por INVÍAS, impide la imposición de condena en costas en la segunda instancia conforme a los artículos 188 del CPACA y 365.1 del CGP? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia debe pronunciarse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se rigen por las normas del CGP. A su vez, el artículo 365.1 del CGP dispone que se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Este supuesto no se configura en el presente caso, pues la sentencia será modificada parcialmente como consecuencia de la apelación interpuesta por INVÍAS. En consecuencia, no se impondrá condena en costas en segunda instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000201800252011100103