Titulación de la relatoría 18.495 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / PROCESO DE LICITACIÓN / LICITACIÓN PÚBLICA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTO PROPIO / IMPROCEDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / DESCONOCIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SUMINISTRO / IRREGULARIDAD EN LA LICITACIÓN PÚBLICA / IRREGULARIDAD EN EL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Es nulo el contrato dado que la selección del contratista se debió haber efectuado por medio de licitación pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
La entidad pretendió la declaratoria de la nulidad de su propio acto administrativo, en el que se justificó una contratación directa, y solicitó la declaratoria de la nulidad absoluta del contrato celebrado, por haberse pretermitido el procedimiento de licitación pública. (...). De conformidad con los motivos de la apelación y las pruebas que obran en el proceso, la Sala revocará la decisión de primera instancia, habida cuenta de que el contrato celebrado es nulo, toda vez que la selección del contratista se debió haber efectuado por medio de una licitación pública. (...) La nulidad del contrato 559 de 2012, puesta de presente por la misma entidad pública que lo suscribió, es una nulidad manifiesta, y en ella convergen las causales de nulidad referidas. Las pruebas permiten evidenciar que la entidad demandante, con miras a elaborar los “estudios previos”, solicitó cotizaciones de motocicletas eléctricas a otros proveedores cuando ya había recibido la cotización preferente de la empresa Northbound Technologies S.A., sociedad que, según afirmó en la contestación de la demanda, hizo llegar de manera previa su oferta comercial por haber conocido la intención de la entidad de adquirir motocicletas eléctricas a través de los medios de comunicación, afirmación que hizo a pesar de que en el expediente resulta evidente que la Policía Nacional, anticipadamente, sometió a pruebas las motocicletas de esa empresa. Resulta incomprensible que la empresa Northbound Technologies S.A. le hiciera llegar una “propuesta comercial” al FVS antes de que la entidad adelantara los estudios previos y le diera a conocer al resto de interesados y al mercado en general su intención de adquirir las motocicletas. Resulta más incomprensible aún que esto se hiciera allegando a la propuesta y a la “cotización”, el certificado de existencia y representación legal, el registro único de proponentes, el registro único tributario, los “antecedentes judiciales Policía Nacional Representante Legal”, el “boletín de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República”, los antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, tanto del representante legal como de la persona jurídica, además de un certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, documentos, todos, que son solicitados por las entidades públicas en sus procedimientos contractuales, para la suscripción del contrato. Reproche que fue puesto de presente por la misma entidad demandante. Tampoco se entiende por qué, en los “estudios previos”, que tienen fecha posterior al recibo de la cotización de Northbound Technologies S.A. (24 de agosto de 2012), así como en las cotizaciones solicitadas a los otros proveedores, el 14 de agosto de 2012, las especificaciones técnicas coinciden, al punto de ser calcadas, con las especificaciones de la “ficha técnica” que había hecho llegar, de manera previa, Northbound Technologies S.A. (...) Por otro lado, se echa de menos una justificación en los estudios previos para soportar el hecho de que la motocicleta debiera desarrollar una velocidad de punta superior a los 135 kms, o que la suspensión delantera tuviera que cumplir con las especificaciones que se solicitaron, o el recorrido de la suspensión, la distancia entre ejes, entre otros elementos de las especificaciones, toda vez que los “estudios previos” no dan cuenta de las razones que soportaban la decisión de que fueran esas y no otras las referidas especificaciones. Estas razones tampoco fueron explicadas en la Resolución 200 de 2012, en donde la entidad se limitó a señalar que “solo existe en el mercado un proveedor de la motocicleta que cumple con las condiciones técnicas para satisfacer la necesidad”, como sustento de la causal de contratación directa por la inexistencia de pluralidad de oferentes. 52. Con las pruebas que obran en el expediente resulta de fácil comprobación que las razones que justificaron la contratación directa no obedecieron a verdaderas razones del mercado, sino a consideraciones diferentes, en todo caso desconocidas e injustificadas. Elementos que resultan evidentes, manifiestos y suficientes para acceder a la solicitud de declaratoria de nulidad del contrato 559 de 2012.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48
DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / RESTITUCIONES MUTUAS / PROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, “la declaración de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria”. En lo que respecta al eventual reconocimiento de las llamadas restituciones mutuas y de la pretensión de reintegro del anticipo, si bien el Tribunal, durante el trámite de la audiencia inicial, decretó, de oficio, que se aportaran al expediente administrativo “todos los documentos relativos a la ejecución del contrato y de su eventual liquidación”, y que el apoderado de la parte demandante aportó la prueba documental decretada, con los documentos que obran en el proceso no se puede determinar el estado final de ejecución del contrato. El contrato objeto del proceso es un contrato de suministro. Por la forma en la que se debía ejecutar, el efecto de la anulación debería ser la restitución mutua de las prestaciones (devolución del precio pagado y devolución de los bienes entregados en ejecución del contrato). Sin embargo, esta resolución no puede adoptarse en la medida en que la parte demandante no determinó la pretensión de restituciones mutuas: no hizo referencia a la entrega de los bienes, ni a la posibilidad de restituirlos. No bastaba pedir que se ordenaran las restituciones mutuas, era necesario determinar de manera específica cómo se ejecutó el contrato y cómo debían realizarse las restituciones que se estaban solicitando. Como lo señala el citado artículo 48, el reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas solo tiene lugar cuando la entidad se ha beneficiado y únicamente hasta el monto del beneficio, el cual se hace depender de que las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés público. No obstante, la Sala no cuenta con elementos de prueba para realizar el análisis de las respectivas restituciones mutuas, de la amortización y reintegro del anticipo, o para determinar el eventual monto del beneficio obtenido por la entidad, por lo que no habrá lugar a su declaración. Tal y como lo ha señalado esta Corporación y la Corte Constitucional, contrario a lo que dispone el Código Civil, el “artículo 48 de la Ley 80 de 1993 establece una regla diferente, en la que el criterio principal para determinar las restituciones en caso de nulidad absoluta es la satisfacción del interés público” A propósito de las diferencias sustanciales entre regímenes, si “el grado de satisfacción del interés público es el único criterio para valorar el monto de las restituciones a cargo del Estado”, la entidad demandante debió atender sus cargas probatorias en este sentido; sin embargo, a pesar de haber pretendido la devolución del anticipo, no se pronunció sobre el beneficio reportado o la ausencia de este, o la no satisfacción del interés general con ocasión de la recepción y operación de las motocicletas. Del expediente contractual administrativo solo se desprende que las motos, al momento de la entrega, fueron recibidas a satisfacción. Finalmente, resulta necesario recordar que “los principios constitucionales de moral pública, buena fe y prevalencia del interés público, que se desprenden de los artículos 1, 4, 34, 58 y 83 de la Carta Política impiden obtener provecho de las actuaciones ilícitas y de mala fe, y por otro lado la regla general aplicable a todos los contratistas, tanto en la legislación civil, comercial como administrativa, implica que, en caso de actuar a sabiendas de la ilicitud que genera la nulidad absoluta de un contrato, no se puede ser beneficiario de restituciones”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, Sentencia C-207 de 2019.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48
DEMANDA / ACTO PROPIO / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO PRECONTRACTUAL / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Las entidades públicas están legitimadas en la causa por activa para demandar sus propios actos administrativos cuando los consideren lesivos de sus propios intereses, del ordenamiento jurídico o de los derechos de los ciudadanos, y cuando ya no puedan revocarlos de manera directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las entidades públicas están legitimadas para demandar sus propios actos (así como están legitimadas para presentar otras pretensiones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como ocurre en el caso de las controversias contractuales) cuando los consideren lesivos de sus propios intereses, del ordenamiento jurídico o de los derechos de los ciudadanos, y cuando ya no puedan revocarlos de manera directa18. Con todo, a diferencia de lo que ocurría en vigencia del Código Contencioso Administrativo (artículo 136), que establecía un plazo específico de 2 años para que “una persona de derecho público demande su propio acto […] contados a partir del día siguiente al de su expedición”, los actos previos a la celebración del contrato están sometidos a un término especial de caducidad de 4 meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal C, del CPACA. 37. A pesar de que esta jurisdicción no puede adelantar el juicio de legalidad de los actos previos a la celebración del contrato 559 de 2012, por haber operado el fenómeno de la caducidad (y con independencia de la procedencia de la excepción de ilegalidad en cabeza del juez de lo contencioso administrativo), está obligada a estudiar (de oficio, siempre que las partes contratantes intervengan en el proceso; a petición de una parte del contrato; por solicitud del Ministerio Público o de un tercero que acredite un interés directo - artículo 141 del CPACA -) la nulidad absoluta del contrato, pretensión que fue presentada en término.
DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la declaración de la nulidad absoluta del contrato cuando se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, o cuando se celebre con abuso o desviación de poder, particularmente, cuando se celebra un contrato con omisión injustificada de la licitación pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 (EGCAP), “los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además” en los casos previstos en el EGCAP, como ocurre cuando los contratos se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley; se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal, o cuando se celebren con abuso o desviación de poder. Como lo ha señalado esta Corporación, hay lugar a declarar la nulidad absoluta de un contrato administrativo cuando se trasgreda el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, por eludir el procedimiento de licitación pública. Como complemento a esta consideración, se ha afirmado que la razón de la nulidad por pretermitir el procedimiento de selección deriva directamente del artículo 1519 del Código Civil, o bien, del artículo 6 de Código Civil. En virtud de la remisión expresa al derecho común que hace el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, de igual manera se ha puesto de presente que, inobservar de manera injustificada la licitación pública desconoce el artículo 1741 del Código Civil, que establece que se configura una nulidad absoluta cuando se produzca “la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos”, lo que ocurre cuando se desconoce la obligación de aplicar el procedimiento licitatorio. Como se advierte, existe acuerdo y un entendimiento pacífico sobre el hecho de que un contrato estatal es nulo cuando se elude o inobserva el procedimiento de selección que debía atender; no obstante, la causal de la nulidad se ubica en una fuente normativa diversa, sea en la Ley 80 de 1993, sea en el Código Civil o incluso en el Código de Comercio.
NOTA DE RELATORÍA:
Se ha llegado a sostener que “la nulidad del artículo 6 del Código Civil […] no es diferente a la establecida en el causal del numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, en tanto ambas parten del supuesto de que es nulo el acto celebrado o ejecutado contra expresa prohibición de la ley”. Aclaración de voto de la magistrada Ruth Stella Correa a la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de 18 de marzo de 2010, exp. 14390.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 6
PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SELECCIÓN OBJETIVA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Celebrar un contrato en contravía de una norma como el artículo 24-8 de la Ley 80 de 1993, que prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva, implica celebrarlo en contravención de una norma de derecho público por lo que procede la declaración de la nulidad absoluta?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como lo advirtió de manera reciente esta Subsección24, las normas del Código Civil equiparan algunas nulidades, como la nulidad del contenido del contrato, con la nulidad por objeto ilícito. Como consecuencia, dondequiera que, técnicamente, existen otras ilicitudes, el juez se ha visto obligado a declarar la ilicitud del objeto. Celebrar un contrato en contravía de una norma como el artículo 24-8 de la Ley 80 de 1993, que prohíbe eludir los procedimientos de selección objetiva, implica celebrarlo en contravención de una norma de derecho público. Por lo tanto, ese contrato, en aplicación del Código Civil, será nulo por objeto ilícito. A una conclusión similar se llega a partir de la lectura del artículo 899 del Código de Comercio, que indica que “será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos: 1) Cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga otra cosa”. En esta ocasión, como puede observarse, el legislador no identificó la nulidad por contrariar una norma imperativa con la ilicitud del objeto. Razón que permitiría decretar la nulidad absoluta del negocio jurídico sin declarar que su objeto sea ilícito. 44. A la luz de lo señalado, es claro que pretermitir el proceso de selección conlleva a la declaratoria de la nulidad absoluta del contrato. El ordenamiento es prolijo y en él abundan las causales precisas para soportar la nulidad absoluta del contrato cuando se inobserva, de manera injustificada, la obligación de adelantar licitación pública para la escogencia del contratista. Una primera línea argumentativa se fundamenta en el EGCAP y en la trasgresión a lo dispuesto por el artículo 24-8; otra se apoya en el Código Civil, por la omisión de los requisitos o formalidades que las leyes prescriben para el valor de los contratos y por objeto ilícito, por contrariar el derecho público de la nación; y una más se basa en el Código de Comercio, por contrariar una norma imperativa.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 30 de marzo de 2022, exp. 64411 y Sentencia de 10 de junio de 2022, exp. 66765.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 899, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 4 del artículo 365 del CGP, esta Sala condenará en costas a la parte demandada. En los términos del numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura29, se fijan 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por concepto de agencias en derecho. Comoquiera que la decisión de la primera instancia será revocada, los 2 SMLMV a los que había sido condenada la entidad demandante, serán pagados a esta por la parte demandada.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365