Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (CONTRATOS CELEBRADOS EN TERRITORIO COLOMBIANO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a conceptos
Consejo de Estado Concepto

Consejo de Estado: la licitación pública es el proceso contractual indicado para la selección del usuario operador de zona franca

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2023-03-10
Radicado
11001030600020220010100
Número interno
103
Ponente
OSCAR DARIO AMAYA NAVAS
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
Actor
GOBIERNO NACIONAL
Demandado
SIN DEMANDADO

Síntesis del concepto

Consejo de Estado: la licitación pública es el proceso contractual indicado para la selección del usuario operador de zona franca

Regla de decisión

Debido a que tal decreto se encuentra derogado debe acudirse a lo sobre procedimientos de selección.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿La licitación pública es el proceso contractual indicado para la selección del usuario operador de zona franca respecto de aquellos procesos regulados por el Estatuto de Contratación Pública?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 2147 de 2016, art. 86
  • Decreto 2480 de 1993, arts. 11 y 4
  • Constitución Política
los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales
11001030600020220010100 · 2023-03-10

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Lo que dijo la Sala

La Sala al analizar las disposiciones que regulan el requisito de la disponibilidad jurídica contenidas en el Decreto 2147 de 2016, concluyó, respecto de los terrenos de propiedad de la Nación, que este requisito no puede cumplirse, por cuanto el Estado no puede garantizarle a un persona la disponibilidad jurídica de los terrenos de su propiedad, a menos que dicha persona haya sido seleccionada como usuario operador de la zona franca para el período de vigencia de la prórroga, es decir, que el contrato de arrendamiento solo lo puede suscribir la Nación con el usuario operador que haya sido seleccionado, pero fruto de un proceso abierto y público.… Como corolario de lo anterior, no es posible prorrogar los contratos de arrendamiento vigentes que recaen sobre los terrenos de propiedad de la Nación como una forma de garantizar la disponibilidad jurídica exigida para la prórroga del término de la zona franca…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Adición y prórroga del contrato

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B)
La Sala liquidará el contrato según lo pretendido
Consejo de Estado 2022-08-26 Sala Consulta y Servicio Civil
No es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia".
Consejo de Estado 2022-06-15 Sala Consulta y Servicio Civil
No pueden suscribir convenios interadministrativos con las Empresas Sociales del Estado para la prestación de los servicios de salud.
Consejo de Estado 2024-06-24 Sección Tercera (Subsección C)
Se encuentra configurada la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contenciosa
Consejo de Estado 2025-02-13 Sala Consulta y Servicio Civil
La entidad pública es quien debe dirigir y controlar las actividades propias del objeto.
Consejo de Estado 2023-05-17 Sala Consulta y Servicio Civil
Es procedente modificar los contratos de aporte suscritos por el Futic
Titulación de la relatoría 24.890 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONCEPTOS DE LA SALA DE CONSULTA DEL CONSEJO DE ESTADO / ZONA FRANCA / CONCEPTO DE ZONA FRANCA / FUNCIÓN DE LA ZONA FRANCA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ZONA FRANCA OBITER DICTUM [L]as zonas francas pasaron de ser establecimientos públicos, y, por lo tanto, de formar parte de la estructura de la administración nacional, a ser porciones delimitadas dentro del territorio, sujetas a una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, lo cual facilita el cumplimiento de las finalidades previstas en la misma Ley 1004 de 2005, de ser instrumento de creación de empleo, de ser polo de desarrollo que promueve la competitividad en las regiones donde operen, y de promover la generación de economías de escala, entre otras. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema de zonas francas, y en especial de las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conceptos 2448 del 26 de abril de 2021 y el 2385 del 23 de abril de 2019; 2219-2241 AM del 12 de junio de 2015 (alcance y la interpretación del artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y de los artículos 1º y 8º del Decreto 4054 de 2011, sobre la obligación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de transferir a CISA los inmuebles en donde operan las zonas francas industriales de bienes o servicios); 1586 del 7 de octubre de 2004 (Zona Franca. Interpretación y aplicación del artículo 402 del Estatuto Aduanero. Decreto 2685 de 1999); 1157 del 14 de diciembre de 1998 (Zonas Francas. Enajenación de la totalidad de los bienes que las conforman. Viabilidad de modificar el plan de inversión de Zona Franca, adjudicada por licitación); 1291 del 4 de junio de 1979 (Zona Franca Industrial y Comercial de Cartagena. Capacidad del gerente y de la Junta Directiva en materia de contratación). // La Sala realizó un recuento normativo sobre las disposiciones que han regulado lo concerniente a la naturaleza jurídica de las zonas francas. FUENTE FORMAL: DECRETO 2480 DE 1993, LEY 1004 DE 2005 - ARTÍCULO 1 ZONA FRANCA / FUNCIÓN DE LA ZONA FRANCA / OPERADOR DE ZONA FRANCA / REGÍMENES DE LA ZONA FRANCA / USUARIO DE LA ZONA FRANCA / REGLAMENTACIÓN DE LA ZONA FRANCA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL ESPECIAL / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ZONA FRANCA / TERRENO DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN OBITER DICTUM El Decreto 2480 de 1993 fue expedido por el presidente de la República, con el fin de darle continuidad al régimen de zonas francas que venían siendo operadas por aquellos establecimientos públicos cuya supresión y liquidación fue ordenada por el Decreto 2111 de 1992, entre ellos, los que operaban las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca. El artículo 4 ibidem estableció que los interesados en la declaratoria de la zona franca y la selección del usuario operador debían presentar solicitud escrita ante el Ministerio de Comercio Exterior (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), acompañada de una serie de documentos, tales como: i) los que acrediten la constitución de la sociedad que actuará como usuario operador; ii) la oferta o propuesta de celebrar un contrato de arrendamiento sobre los terrenos e instalaciones; iii) el programa de desarrollo de la zona; iv) el plan de sistematización del procedimiento para el ingreso y salida de mercancías de la zona franca; y, v) los demás exigidos por dicho ministerio. Dentro de los documentos exigidos se resalta la oferta o propuesta de celebrar un contrato de arrendamiento sobre los terrenos e instalaciones de propiedad de la Nación donde iba a operar una zona franca, previamente declarada como tal. (…) De lo anterior, se extraen las siguientes conclusiones: a. La misma norma, en su momento, determinó que el negocio jurídico que debía realizarse, en caso de que un interesado fuera seleccionado como usuario operador de una zona franca declarada para funcionar en terrenos de propiedad de la Nación, era el contrato de arrendamiento sobre dichos terrenos. Y estos son los contratos que están vigentes y que son objeto de la presente consulta. b. Las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca y sus usuarios operadores fueron seleccionados previo un proceso abierto de convocatoria pública, en el cual pudo participar todo aquel que cumpliera los requisitos y condiciones establecidos, lo que garantizó los principios de libre concurrencia y transparencia. (…) [E]l contrato de arrendamiento que se suscribe sobre los terrenos de propiedad de la Nación para el desarrollo de las actividades de la zona franca es de naturaleza especial y propia, por cuanto: a. Quien tiene la condición de arrendatario es quien tiene la calidad de usuario operador; b. Las obligaciones del arrendatario (usuario operador) están íntimamente relacionadas con la operación de la zona franca; c. Los contratos de arrendamiento para la operación de las zonas francas contienen cláusulas que no son propias de un contrato de arrendamiento ordinario, como la reversión al ministerio de las nuevas construcciones y mejoras que se le realicen a los bienes existentes; la obligación del usuario operador de hacer inversiones en los bienes destinados para la operación de las zonas francas; la obligación del usuario operador de dar cumplimiento estricto a las disposiciones propias de la zona franca; la utilización del término de «usuario operador», en vez de «arrendatario», para identificar a quien tiene el uso y goce de los bienes. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza de los contratos de arrendamiento que se suscribe sobre los terrenos de propiedad de la Nación para el desarrollo de las actividades de la zona franca, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conceptos 2448 del 26 de abril de 2021 y 1157 del 14 de diciembre de 1998. FUENTE FORMAL: DECRETO 2480 DE 1993 - ARTÍCULO 11, DECRETO 2480 DE 1993 - ARTÍCULO 4 ZONA FRANCA / REGÍMENES DE LA ZONA FRANCA / USUARIO DE LA ZONA FRANCA / REGLAMENTACIÓN DE LA ZONA FRANCA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL ESPECIAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / LICITACIÓN PÚBLICA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / CONVOCATORIA PÚBLICA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ZONA FRANCA / TERRENO DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN Problema jurídico: ¿La licitación pública es el proceso contractual indicado para la selección del usuario operador de zona franca respecto de aquellos procesos regulados por el Estatuto de Contratación Pública? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala al analizar las disposiciones que regulan el requisito de la disponibilidad jurídica contenidas en el Decreto 2147 de 2016, concluyó, respecto de los terrenos de propiedad de la Nación, que este requisito no puede cumplirse, por cuanto el Estado no puede garantizarle a un persona la disponibilidad jurídica de los terrenos de su propiedad, a menos que dicha persona haya sido seleccionada como usuario operador de la zona franca para el período de vigencia de la prórroga, es decir, que el contrato de arrendamiento solo lo puede suscribir la Nación con el usuario operador que haya sido seleccionado, pero fruto de un proceso abierto y público. (…) Como corolario de lo anterior, no es posible prorrogar los contratos de arrendamiento vigentes que recaen sobre los terrenos de propiedad de la Nación como una forma de garantizar la disponibilidad jurídica exigida para la prórroga del término de la zona franca, sino que es necesario adelantar un proceso de licitación pública para seleccionar al usuario operador, y, por ende, suscribir con él un nuevo contrato de arrendamiento. En este punto, es importante reiterar, tal como se mencionó en líneas anteriores, que las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca, entre otras, luego de su supresión y liquidación como establecimientos públicos, fueron reguladas por el Decreto 2480 de 1993, reglamento que consagró el procedimiento de convocatoria pública para su declaratoria como zonas francas y para la selección del usuario operador. Para tal efecto, el Ministerio de Comercio Exterior de entonces debía fijar los términos y condiciones mínimas para proponer, y el plazo límite para presentar las solicitudes. Luego de vencido el plazo límite para la presentación de las solicitudes, dicho ministerio debía expedir «la resolución de selección del usuario-operador y de declaratoria de la respectiva zona franca, escogiendo la solicitud que se ajuste mejor a los términos y condiciones establecidos en la convocatoria pública». Dicha resolución debía contener los requisitos establecidos en el artículo 8 del citado decreto. Una vez expedida, el ministerio debía proceder a la suscripción del contrato de arrendamiento con el usuario operador seleccionado. En consecuencia, las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca y sus usuarios operadores fueron declaradas y seleccionados, respectivamente, como resultado de una convocatoria pública, y los contratos de arrendamiento, hoy vigentes, suscritos sobre los bienes y terrenos de propiedad de la Nación donde funcionan dichas zonas francas, por ser inescindibles a ellas, se entienden precedidos, igualmente, de dicha convocatoria pública. Con este procedimiento se estaban garantizando los principios de libre concurrencia y transparencia contenidos en la Ley 80 de 1993. Debido a que tal decreto se encuentra derogado, debe acudirse a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 sobre procedimientos de selección. Dentro de los procedimientos allí establecidos, la licitación pública es la que cumple, plenamente, con la garantía de tales principios, entre otros (…). De otro lado, sobre la posibilidad de prorrogar nuevamente los contratos de arrendamiento suscritos con los usuarios operadores de las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca, la Sala, en conceptos anteriores, ya la había desestimado por considerar que esta «es contraria a los principios de igualdad, libre concurrencia y libre competencia», debido a que tales contratos habían sido objeto de varias prórrogas que llevaron a que un plazo inicial de quince años se convirtiera en treinta años, los cuales se cumplen en junio de 2024. Igualmente, prorrogar una vez más los contratos de arrendamiento mencionados implica adicionar su valor, con lo cual se supera el límite establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual «los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cumplimiento del requisito de disponibilidad jurídica para el caso de la prórroga de la declaratoria de existencia de las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, conceptos 2448 del 26 de abril de 2021 FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 13, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 333, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 334, DECRETO 2147 DE 2016 - ARTÍCULO 86-7, DECRETO 2480 DE 1993 - ARTÍCULO 11, DECRETO 2480 DE 1993 - ARTÍCULO 4 ZONA FRANCA / REGÍMENES DE LA ZONA FRANCA / USUARIO DE LA ZONA FRANCA / REGLAMENTACIÓN DE LA ZONA FRANCA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL ESPECIAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / LICITACIÓN PÚBLICA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / CONVOCATORIA PÚBLICA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ZONA FRANCA / TERRENO DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN Problema jurídico: ¿Es posible prorrogar, por tres años adicionales, los contratos de arrendamiento celebrados con los usuarios operadores de zonas francas ubicadas en terrenos de propiedad, total o parcial, de la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo? Respuesta al problema jurídico: No [S]e reitera que no es posible prorrogar los contratos de arrendamiento que existen actualmente con los usuarios operadores de las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca, por las siguientes razones: a. Si bien el Decreto 2147 de 2016, adicionado por el Decreto 1054 de 2019, reguló la prórroga de las zonas francas que operan tanto en bienes de la Nación como en bienes de propiedad de particulares, no se refirió a la prórroga de los contratos de arrendamiento que tienen suscritos los usuarios operadores con la Nación, por lo que no puede interpretarse tal disposición en el sentido de que con la prórroga de la zona franca automáticamente se prorrogan tales contratos, pues se estaría vulnerando el estatuto de contratación estatal. Dicha normativa debe interpretarse de manera sistemática y armónica con los principios constitucionales y legales que rigen la contratación de las entidades estatales, y con las demás normas de la Ley 80 de 1993 que resulten aplicables. b. Dichos contratos de arrendamiento recaen sobre bienes de propiedad de la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y, por lo tanto, se deben regir por los principios de la contratación estatal contenidos en la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones que la modifiquen, sustituyan o complementen. c. Tales contratos ya habían sido prorrogados en varias oportunidades, ampliándose su plazo inicial de quince años a treinta años, por lo que una prórroga adicional vulnera los principios de igualdad, libre concurrencia y libre competencia. d. Prorrogar una vez más los contratos de arrendamiento mencionados implica adicionar su valor inicial, entendido este como el canon de arrendamiento, con lo cual se supera el límite establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. e. Dada la imposibilidad de prorrogar los contratos de arrendamiento referidos, el Ministerio debe proceder, mediante licitación pública, a seleccionar a los usuarios operadores de las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca que explotarán dichas zonas francas a partir del 2024, y con aquellos que sean seleccionados se suscribirán los respectivos contratos de arrendamiento de los bienes de su propiedad. f. El proceso de licitación pública es para la declaratoria de las zonas francas y la selección de los usuarios operadores. Tal procedimiento es necesario habida cuenta que el Estado está entregando un bien de su propiedad para ser explotado por terceros particulares. Una vez adelantado este proceso abierto y público, se suscribe el contrato de arrendamiento con quien fuere seleccionado como usuario operador. Por el carácter inescindible que existe entre la zona franca y el contrato de arrendamiento, tal proceso licitatorio irradia el contrato estatal de arrendamiento. Por la naturaleza jurídica especial que tienen dichos contratos, pues no son arrendamientos común y corriente, sino que están íntimamente ligados al cumplimiento de obligaciones relacionadas con la promoción, administración, dirección y operación de las zonas francas, es que no procede la contratación directa. FUENTE FORMAL: DECRETO 1054 DE 2019 - ARTÍCULO 1, DECRETO 2147 DE 2016, DECRETO 278 DE 2021 - ARTÍCULO 38 DECRETO REGLAMENTARIO / POTESTAD REGLAMENTARIA / ALCANCE DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA / CARACTERÍSTICAS DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA / ZONA FRANCA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL ESPECIAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ZONA FRANCA / TERRENO DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN Problema jurídico: ¿Procede la expedición de un decreto reglamentario para prorrogar los contratos de arrendamiento celebrados con los usuarios operadores de zonas francas ubicadas en terrenos de propiedad, total o parcial, de la Nación? Respuesta al problema jurídico: No En ejercicio de la potestad reglamentaria, el presidente de la República puede reglamentar la declaratoria de las zonas francas que operen en terrenos de propiedad de la Nación y la selección del usuario operador, con el fin de que este régimen franco se ajuste a los principios de libre competencia económica y a los de la función administrativa de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución. Igualmente, a los principios de la contratación estatal de libre concurrencia, libre competencia, igualdad de oportunidades, transparencia, selección objetiva, entre otros. No obstante tal potestad reglamentaria, es importante precisar que en la consulta se pregunta si debe expedirse un decreto reglamentario para prorrogar los contratos de arrendamiento actualmente celebrados con los usuarios operadores de las zonas francas ubicadas en terrenos de propiedad total o parcial de la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La expedición de un decreto reglamentario para tal fin implica prorrogar los contratos de arrendamiento, ya no por vía de la suscripción de una modificación del contrato en cuanto a su plazo, sino por vía de un reglamento. Al respecto, la Sala ha manifestado, desde años atrás, que no procede la prórroga de estos contratos y que la vía indicada es sacar un proceso licitatorio para la declaratoria de las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca y para la selección de los usuarios operadores, y una vez seleccionados, se suscribirá con ellos los contratos de arrendamiento correspondientes. Por lo tanto, la Sala considera que no es procedente expedir un decreto reglamentario en los términos planteados en la consulta. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la potestad reglamentaria del presidente de la República, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, Rad.: 110010325000201400307 00 (0914-14) del 10 de diciembre de 2020; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 3 de diciembre de 2007, Radicado 11001-03-26-000-2003-00014-01, Expediente 24715 FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 189 NUMERAL 11, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 189 NUMERAL 25, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, DECRETO 1054 DE 2019, DECRETO 2147 DE 2016, DECRETO 278 DE 2021 ZONA FRANCA / REGÍMENES DE LA ZONA FRANCA / USUARIO DE LA ZONA FRANCA / REGLAMENTACIÓN DE LA ZONA FRANCA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL ESPECIAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL DE ARRENDAMIENTO / LICITACIÓN PÚBLICA / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / CONVOCATORIA PÚBLICA / PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿Las disposiciones especiales (No Contractuales) del artículo 26 y siguientes del Decreto 2147 de 2016, expedido en el marco de las Leyes 7 de 1991, 1004 de 2005 y 1609 de 2013, en materia de requisitos que debe acreditar el Usuario Operador, deben entenderse como reglas que deben cumplirse en el marco de un proceso de licitación? Respuesta al problema jurídico: Si La regulación contenida en este Decreto 1054 presenta algunas dificultades, en su aplicación, respecto a las zonas francas de Barranquilla, Cartagena y Palmaseca que operan en terrenos de propiedad de la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ello, por lo siguiente: a. La iniciativa para la declaratoria de estas zonas francas surgió, en su momento, de la misma administración (Ministerio de Comercio Exterior de entonces), la que adelantó un proceso de convocatoria pública. Si se llega a requerir una nueva declaratoria de zona franca en dichos terrenos, la iniciativa tendría que provenir de la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues es él el propietario de los terrenos. b. Pero, en gracia de discusión, si la iniciativa surgiera de un particular (quien se postula como usuario operador), que en virtud del Decreto 2147 de 2016 debe ser una persona jurídica, este tendría que garantizar la disponibilidad de los terrenos, y para ello debe allegar el contrato suscrito con el propietario de los mismos, que para el caso sería el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El Ministerio, como se indicó en líneas anteriores, no puede suscribir un contrato con un particular, para que este acredite la disponibilidad jurídica de los terrenos en donde operará la zona franca, sin garantizar la observancia de los principios de la contratación estatal (igualdad, transparencia, libre concurrencia, libre competencia, selección objetiva, imparcialidad, responsabilidad, entre otros). Lo anterior, habida cuenta de que el contrato que llegare a suscribir dicho ministerio con quien se vaya a postular como usuario operador es un contrato de naturaleza estatal. c. Además de lo anterior, si los terrenos donde va a operar una zona franca son de propiedad de la Nación, esta no podría limitar la participación solo a quien decida postularse como usuario operador, por el contrario, la declaratoria de la zona franca y la selección del usuario operador deben obedecer a postulados participativos, abiertos, públicos, de tal manera que todo aquel que desee participar pueda hacerlo, en la medida en que cumpla con los requisitos señalados en la norma jurídica. d. El interés de mantener o terminar las zonas francas que operan en terrenos de propiedad de la Nación es de la misma Nación, no solo porque los inmuebles en donde funciona la zona franca son de su propiedad, sino, además, por los motivos económicos y sociales de interés público que están involucrados en este tipo de actividades y áreas geográficas (aumento de las exportaciones y de la competitividad, creación de empleo, desarrollo regional, etc.). En consecuencia, hay muchas exigencias del régimen franco que, respecto a las zonas francas que operan en terrenos de propiedad de la Nación, o en general en terrenos públicos, no pueden aplicarse de la manera como están concebidas, pues se estarían vulnerando los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución y, por ende, los principios de la contratación estatal (Ley 80 de 1993). Y no puede olvidarse que, en materia de jerarquía normativa, la Constitución y la ley están por encima de un decreto reglamentario. Una forma de integrar las disposiciones especiales - no contractuales – del Decreto 2147 de 2016, en materia de requisitos que debe acreditar el usuario operador, es incorporarlas en unos pliegos de condiciones que rijan un proceso licitatorio o una convocatoria pública. Como lo señaló la Corte Constitucional, la licitación pública es la mejor manera para que la administración asegure los principios constitucionales de moralidad administrativa, igualdad, libre concurrencia y publicidad, y preserve siempre el interés público que debe regir todas sus actuaciones. Y, el pliego de condiciones, como uno de los actos propios de un proceso licitatorio, es el instrumento que contiene las reglas, que elabora exclusivamente la administración, para disciplinar el procedimiento correspondiente. (…) En conclusión, la norma establecida en el Decreto 2147 de 2016 para seleccionar usuario operador de las zonas francas, no es compatible cuando el interesado pretenda operar una zona franca que funcione en terrenos de propiedad de la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ello, por cuanto, la norma dispone que el interesado en ser usuario operador se postule con la solicitud de declaratoria de zona franca, pero, en terrenos públicos no es posible limitar la participación de las personas que pretendan la declaratoria de zona franca y ser su usuario operador. Al ser terrenos de propiedad de la Nación se deben adelantar procedimientos abiertos que garanticen la participación de todo aquel que así lo desee y cumpla con los requisitos exigidos. Tampoco, la Nación puede celebrar contratos sobre dichos terrenos públicos sin atender a los principios de publicidad, libre concurrencia, libre competencia, igualdad, selección objetiva, moralidad pública, transparencia, entre otros. Por lo tanto, la administración debe abrir una licitación pública e incorporar en los pliegos de condiciones que la regule las disposiciones especiales - no contractuales – del Decreto 2147 de 2016, en materia de requisitos que debe acreditar el usuario operador. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la licitación pública, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-713 de 2006. FUENTE FORMAL: DECRETO 1054 DE 2019 - ARTÍCULO 86-7, DECRETO 2147 DE 2016 - ARTÍCULO 26, LEY 1004 DE 2005 - ARTÍCULO 2

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202200101001100103