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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el sentido del fallo de primera instancia debe mantenerse

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Fecha
2022-12-16
Radicado
25000233600020120051901
Número interno
53421
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
P & P CONSTRUCCIONES S.A., SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.I. SAS, JOSE ALFONSO PRIETO GARZON
Demandado
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el sentido del fallo de primera instancia debe mantenerse

Regla de decisión

El sentido del fallo de primera instancia debe mantenerse.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿Se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la demandada y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras?

Respuesta: No

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

No hay nexo causal demostrado entre la infracción del deber de planeación de la SED y los perjuicios clamados por el Consorcio. Por el contrario, entre ellos existen varios señalamientos en su contra, que aluden a la trasgresión de sus obligaciones contractuales, y que no merecieron despliegue probatorio alguno del actor. Por lo tanto, el sentido del fallo de primera instancia debe mantenerse.… Una de las razones por las que no hay lugar a declarar la nulidad del acto demandado, la responsabilidad por incumplimiento contractual, y la consecuente reparación de perjuicios que perseguía el demandante, es que no se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la SED, y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE OBRA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL SOLICITUD DE LICENCIA DE URBANISMO CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO FALTA DE PRUEBA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN PROCESO DE LICITACIÓN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA REQUISITOS DE LA LICITACIÓN REGLAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA IRREGULARIDAD EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTUDIOS PREVIOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA CARENCIA DE ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA LICENCIA DE URBANISMO ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES CAUSALES DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL RECLAMACIÓN ECONÓMICA COSTAS PROCESALES REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Suspensión del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 21.399 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / SOLICITUD DE LICENCIA DE URBANISMO / CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / FALTA DE PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la demandada y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras? Respuesta al problema jurídico: No [N]o hay nexo causal demostrado entre la infracción del deber de planeación de la SED y los perjuicios clamados por el Consorcio. Por el contrario, entre ellos existen varios señalamientos en su contra, que aluden a la trasgresión de sus obligaciones contractuales, y que no merecieron despliegue probatorio alguno del actor. Por lo tanto, el sentido del fallo de primera instancia debe mantenerse. […] Una de las razones por las que no hay lugar a declarar la nulidad del acto demandado, la responsabilidad por incumplimiento contractual, y la consecuente reparación de perjuicios que perseguía el demandante, es que no se probó la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de planeación en que incurrió la SED, y el incumplimiento del contrato por la entrega incompleta de las obras. La actora no logró desvirtuar las múltiples afirmaciones del interventor del contrato, acogidas por la entidad demandada en el acto de liquidación unilateral, que redundaban en que el Consorcio incumplió el contrato. De hecho, no demostró el cumplimiento de sus propias obligaciones, presupuesto indispensable para que la reparación del incumplimiento contractual tenga éxito. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el incumplimiento contractual y los presupuestos para su procedencia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de diciembre de 2021, rad. 54140, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas; sentencia de 22 de julio de 2009, rad. 17552, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra un fallo de controversias contractuales proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “CPACA”), que entró en vigencia antes de la presentación de la demanda, la Sala es competente para conocer del presente asunto, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control contencioso-administrativo de controversias contractuales, en el que una de las partes es el Distrito Capital de Bogotá, una entidad territorial, dentro de un proceso cuya cuantía impone su juzgamiento en doble instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado de manera oportuna? Respuesta al problema jurídico: Si Como ya se advirtió, el contrato 092 del 19 de julio de 2006 está regido por el EGCAP, el cual ordena que los contratos de tracto sucesivo, como el que suscita la presente controversia, deben ser liquidados. Así, los preceptos que guían la formulación en tiempo de la demanda son los consignados en el artículo 136, núm. 10, literales b), c) y d) del Decreto Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo, “CCA”) —aplicables a este asunto en virtud del artículo 40 de la Ley 153 de 1887— que toman en consideración si esta labor fue efectivamente llevada a cabo, bien por las partes o unilateralmente por la Administración, dentro de los plazos convencionales o legales, siempre que su práctica haya sido efectuada dentro del término bienal correspondiente a la caducidad de la acción, como lo ha determinado la Sección Tercera. En el caso concreto, está demostrado que, mediante la resolución 1661 del 12 de julio de 2010, la entidad demandada liquidó unilateralmente el contrato, mediante decisión que fue notificada mediante edicto desfijado el 20 de agosto de 2010 […]. Luego, teniendo en cuenta que los actos administrativos contractuales solamente son susceptibles del recurso de reposición, y que si bien el interesado no lo interpuso, este no es obligatorio, el término respectivo inició cuando el acto cobró ejecutoria, es decir, una vez que se extinguió el término para presentar el recurso […], el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diez (2010). Entonces, la caducidad habría tenido lugar, sin interrupción ni suspensión, el día lunes tres (3) de septiembre de dos mil doce (2012). Ahora, la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el mismo día de la fecha de la desfijación del edicto que notificó el acto de liquidación unilateral […]. Posteriormente, el diecisiete (17) de agosto de dos mil doce (2012), las sociedades actoras presentaron otra solicitud de conciliación prejudicial. […] Un evento de suspensión del término de caducidad, quizá el más usual, es el previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 que, con ocasión del acercamiento de las partes durante el trámite de conciliación, con el propósito de facilitar el acercamiento y arreglo directo de las partes, ordena pausar el término de caducidad desde la presentación de la solicitud hasta que suceda una de las siguientes tres situaciones: (i) se alcance un acuerdo conciliatorio o se registre el acta en los eventos exigidos por la ley; (ii) se hayan expedido las constancias que señalen no haber llegado a un acuerdo, no haber comparecido cualquier de las partes, o que precisen que el asunto no es conciliable; o (iii) hayan pasado tres meses a partir de la fecha en que se radicó la solicitud. Explícitamente la norma prevé que la suspensión opera por una sola vez y no podrá ser prorrogada […]. En el sub lite, los litigios previo y posterior al acto de liquidación unilateral del contrato, sobre los que ha versado la primera […] y la segunda conciliación, son diferentes, comoquiera que en el presente asunto se pretende la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato, sin lo cual la demanda sería inepta. Por lo tanto, en criterio de esta Colegiatura, la suspensión de la caducidad operó en el segundo trámite conciliatorio, en el que se solicitó la nulidad del acto de liquidación unilateral […]. En este orden de ideas, la caducidad habría operado el lunes tres (3) de septiembre de dos mil doce (2012) […]. Sin embargo, el plazo se interrumpió […], cuando faltaban dieciocho (18) días para que operara la caducidad, y se reanudó el veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), cuando concluyó el trámite conciliatorio […]. En consecuencia, el término de caducidad se cumplía el domingo once (11) de noviembre de dos mil doce (2012). Pero, como se produjo un cese de las labores de la Rama Judicial entre el veintidós (22) de octubre y el viernes veintitrés (23) de noviembre de dos mil doce (2012), de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, el terminó de caducidad se cumplió finalmente el veinticuatro (24) de octubre de dos mil doce (2012), que fue el día en el que fue presentada la demanda […]. En consecuencia, la acción fue ejercida oportunamente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cómputo del término del medio de control de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 1º de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL B), C), D), LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 4 DE 1913 - ARTÍCULO 62, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21, LEY 80 DE 1993 COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onforme al artículo 357, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil (CPC); y a los artículos 320 inciso primero1º y 328 incisos 1º y 2º de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso, “CGP”), la competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo impugnado que sean confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses. Por lo tanto, el derrotero de este fallo está determinado por las censuras específicas que hizo el apelante […], sin perjuicio de aludir a aquellas circunstancias que fueron advertidas por el juez de instancia y que puedan impactar al sentido de esta decisión. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320 INCISO 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 INCISO 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 INCISO 2 PROCESO DE LICITACIÓN / PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA / REQUISITOS DE LA LICITACIÓN / REGLAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA / IRREGULARIDAD EN LA LICITACIÓN PÚBLICA / ESTUDIOS PREVIOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA / CARENCIA DE ESTUDIOS PREVIOS PARA OBRA PÚBLICA / LICENCIA DE URBANISMO / SOLICITUD DE LICENCIA DE URBANISMO / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CAUSALES DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El deber de planeación contractual inciden gravemente en la etapa de ejecución, traduciendo esas anomalías en modificaciones al contrato, suspensiones del plazo, mayores cantidades de obra, mayor permanencia en obra, cambios en las condiciones técnicas proyectadas y, en últimas, pone en riesgo la continuidad de los trabajos y la posibilidad de concluirlos con éxito? ¿La falta de licencia de construcción produjo la suspensión del plazo contractual? Respuesta al problema jurídico: Si [P]ara esta Sala es claro que la SED no podía iniciar el procedimiento licitatorio sin contar con la licencia de urbanización y de construcción que, según la reglamentación vigente por entonces, eran autorizaciones necesarias para ejecutar la obra en suelo urbano. Entonces, como todo acto administrativo de autorización, la licencia urbanística constituía un requisito previo e imprescindible para emprender los trabajos que comportaban el objeto del contrato. En ese sentido, desde la perspectiva de lo preceptuado por el Estatuto Contractual, es abiertamente irregular incluir en los pliegos de condiciones la futura e incierta obtención de una licencia urbanística como condición suspensiva del plazo de ejecución de un contrato de obra cuyo contratista es elegido mediante licitación pública. […] En suma, si bien la cláusula del pliego de condiciones que sometió a condición el inicio del plazo contractual a la obtención de la licencia urbanística de urbanismo y construcción no significó la condonación de dolo futuro de la entidad, la Secretaría sí violó los principios y deberes de la contratación estatal de economía, responsabilidad, y planeación contenidos en el EGCAP. Ahora, respecto a lo afirmado por el Tribunal de instancia […] acerca del conocimiento previo que debió tener el Consorcio sobre la falta de la licencia urbanística, lo dicho por esta Sala no obsta para señalar, también, que los oferentes soportan una serie de cargas derivadas del deber de debida diligencia y seriedad que está conminado a seguir. En ningún caso dichas cargas son equivalentes a la que el ordenamiento asigna a las entidades públicas como encargadas de estructurar los proyectos, determinar las necesidades a satisfacer, y adelantar las gestiones necesarias para que el contrato cumpla con los propósitos para los cuales fue celebrado. En consecuencia, la carga de adelantar las gestiones administrativas previas y necesarias para ejecutar el contrato, y en la oportunidad señalada por la ley, no recae en quien presenta la propuesta ya que ello escapa a su esfera de acción, y en cambio sí es atribuible a la entidad contratante que, por mandato legal, está encargada de la elaboración de los pliegos, diseños, estudios, proyectos, y de obtener todos los insumos necesarios para llevar a cabo lo pretendido por el negocio jurídico. Ahora, como lo ha descrito la jurisprudencia, las fallas en el deber de planeación contractual inciden gravemente en la etapa de ejecución, traduciendo esas anomalías en modificaciones al contrato, suspensiones del plazo, mayores cantidades de obra, mayor permanencia en obra, cambios en las condiciones técnicas proyectadas y, en últimas, pone en riesgo la continuidad de los trabajos y la posibilidad de concluirlos con éxito. En el sub judice, ocurrió lo pronosticado: Después de celebrado el contrato, fuera de la primera suspensión que se produjo […], por no contar con la licencia urbanística […], la ausencia de este elemento incidió directamente en las tres suspensiones del plazo contractual que fueron acordadas después[…], porque, una vez expedida la licencia, fueron detectadas diferencias entre el área autorizada para construir y la proyectada por los estudios y diseños, razón por la que fue necesario replantear estos insumos para ajustarlos a lo concedido por la licencia […]. Esto significa que, contrario a lo indicado por el a quo […], los problemas con los planos y diseños, y las suspensiones contractuales que ocasionaron, no obedecieron a una causa extraña, más precisamente a una fuerza mayor, porque en estos supuestos no concurrieron sus elementos: la imprevisibilidad, la irresistibilidad y la externalidad del hecho. Por el contrario, tales circunstancias son atribuibles enteramente al accionar de la demandada. Tampoco puede señalarse que estas situaciones hicieran parte de los riesgos asumidos por el contratista […], que parten del supuesto de “situaciones no previsibles”, dentro de las cuales no cabe enlistar las fallas derivadas de la obtención tardía de la licencia urbanística. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza del pliego de condiciones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, rad. 18059, C. P. Respecto de las cláusulas limitativas o exonerativas, ver: Consejo de estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de agosto de 2021, rad. 45004, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas. Con relación el principio de planeación contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, rad. 14854, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencias de 29 de agosto de 2007, rad. 15469, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 3 de diciembre de 2007, rad. 24715, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 9 de marzo de 2016, rad. 36312A, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 8 de mayo de 2019, rad. 59309, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de mayo de 2021, rad. 43055, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 2 de noviembre de 2011, rad. 20739, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 10 de noviembre de 2015, rad. 51489, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 99 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 INCISO 12, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 26 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / LICENCIA DE URBANISMO / SOLICITUD DE LICENCIA DE URBANISMO / SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RECLAMACIÓN ECONÓMICA Problema jurídico: ¿El silencio del consorcio en las actas de suspensión y reinicio del plazo contractual, significó la renuncia del demandante a realizar reclamaciones económicas? Respuesta al problema jurídico: No [E]sta Colegiatura ha señalado que si bien cabe identificar una línea jurisprudencial que entiende cada acto bilateral de los contratantes como una oportunidad para formular las salvedades, reclamaciones u objeciones que tenga el contratista y, por lo tanto, presume que el silencio del particular denota aquiescencia, y zanja las diferencias existentes entre las partes, a tal punto que son improcedentes todas las súplicas posteriores a esas “etapas preclusivas” , la labor del juzgador no se agota simplemente en verificar el silencio del contratista en las ocasiones descritas, sino en develar, a partir de las pruebas arrimadas por las partes y conforme a la valoración acorde con la sana crítica, cuál fue su conducta lo largo de la ejecución del negocio jurídico. […] Luego, en este asunto el hecho de que el Consorcio no haya consignado observación o salvedad alguna en cada una de las actas que suspendieron y reiniciaron el plazo contractual, no necesariamente es suficiente para considerar que este renunció a sus reclamaciones económicas, o que asintió en las condiciones económicas en las que se venía desarrollando el contrato. Auscultando la conducta del contratista, más allá de las consignas que haya omitido anotar en las actas modificatorias del contrato, esta Colegiatura estima que el Consorcio sí manifestó expresamente su disconformidad en torno a la demorada obtención de la licencia, a la discordancia de esta última con los diseños y planos, y a los tropiezos que experimentó el plazo contractual por estas circunstancias, pero debe también señalar que el contratista sólo empleó estas protestas como defensa […] de las anotaciones periódicas […], los apremios […] y las recomendaciones de imponer medidas contractuales […] que la interventora del contrato efectuó, todas ellas desestimando las argumentaciones del contratista y, en su lugar, afirmando que este incumplió lo pactado por motivos reprochables a su comportamiento. Es decir que, considerando la oportunidad, las reclamaciones del contratista, basadas en el trámite de la licencia y en la inconsistencia de los planos y diseños, no fueron coetáneas al momento en que acontecieron tales hechos, y solo cobraron importancia cuando fue cuestionado su proceder frente a lo acordado. Esto da cuenta, si acaso parcial, de la conducta del contratista, pero en criterio de esta Judicatura ello no da cuenta de un actuar contrario a la buena fe o a la confianza legítima, y por sí sola no conduce a la desestimación de sus reclamaciones económicas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la ausencia de salvedades en las actas de suspensión de los contratos estatales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de diciembre de 2020, rad. 50613, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 28 de mayo de 2015, rad. 36644, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, a pesar de que la parte contraria no intervino en la segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No Conforme a lo considerado y resuelto por esta Corporación en auto de unificación del 25 de junio de 2014, la Ley 1563 de 2012 (Código General del Proceso, “CGP”) rige para la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde el 1º de enero de 2014, fecha anterior a la presentación del recurso (aptdo. 2.4), por lo que serán sus reglas las que rijan la condena en costas. Según el CGP, la condena en costas procede contra la “la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (CGP, artículo 365 núm. 1). Sin embargo, también señala que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” (ejusdem, núm. 8). Luego, en vista de que la entidad demandada no intervino en segunda instancia, la Sala se abstendrá de condenar en costas a su favor. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201200519011100103