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CONSORCIO IA &TAMAYO, GENSA GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.
Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: los actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios se consideran actos administrativos
Lo que dijo la Sala
Si bien acompaño lo resuelto en la providencia cuyo voto aclaro, las razones que me llevan a considerar que en el presente caso no podían acogerse las pretensiones de la parte actora son distintas a las que expuso la Sala como fundamento de su conclusión final, pues en esta se partió de una base que no comparto y que fue establecida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, al determinar que los actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en sus procesos de selección no tienen la naturaleza de actos administrativos, por lo que no son demandables por la vía de la nulidad ni de nulidad y restablecimiento del derecho, sino a través del medio de control de reparación directa.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Problema jurídico
¿Los actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios se consideran actos administrativos y pueden ser demandables a través del medio de control de controversias contractuales?
Respuesta: Si
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACLARACIÓN DE VOTO / CONTRATO DE OBRA / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NORMA DE DERECHO PRIVADO / NULIDAD DEL ACTO PRECONTRACTUAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Los actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios se consideran actos administrativos y pueden ser demandables a través del medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien acompaño lo resuelto en la providencia cuyo voto aclaro, las razones que me llevan a considerar que en el presente caso no podían acogerse las pretensiones de la parte actora son distintas a las que expuso la Sala como fundamento de su conclusión final, pues en esta se partió de una base que no comparto y que fue establecida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, al determinar que los actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en sus procesos de selección no tienen la naturaleza de actos administrativos, por lo que no son demandables por la vía de la nulidad ni de nulidad y restablecimiento del derecho, sino a través del medio de control de reparación directa. Como lo expresé en el salvamento de voto de la mencionada sentencia de unificación, considero que mientras las entidades públicas ejerzan función administrativa, sus pronunciamientos serán siempre actos administrativos, ya que esa es la forma jurídicamente concebida para materializar la voluntad de tales autoridades y órganos estatales; y de acuerdo con la noción tradicional y ampliamente consolidada por las normas, la jurisprudencia y la doctrina nacionales, es acto administrativo toda declaración unilateral de la voluntad del Estado –o emitida por un particular en ejercicio de funciones administrativas- que produzca efectos jurídicos o que constituya, modifique o extinga situaciones jurídicas, al margen de que el régimen aplicable a la materia resuelta en ese acto sea exclusivamente el del derecho privado. Por ello, en criterio de la suscrita, en tanto Gensar S.A. E.S.P. ostenta naturaleza estatal, el instrumento expedido por ella para adjudicar el contrato al consorcio I.A. & Tamayo configuraba un acto administrativo, demandable a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al margen de que la contratación adelantada por esa entidad fuera de derecho privado, dado su carácter de empresa de servicios públicos domiciliarios. Todo lo anterior se aprecia suficiente para señalar que en el presente caso sí había lugar a tramitar el asunto bajo el medio de control de controversias contractuales, incoado por la actora, con la acumulación de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho formulada contra el acto de adjudicación -pese a que la parte demandante insistió en que el único medio de control instaurado era el de controversias contractuales-. Era sobre esa base que, considero, resultaba procedente confirmar la sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda, pues habrían caducado las solicitudes de nulidad del acto de adjudicación y el subsiguiente restablecimiento del derecho, lo cual dejaba sin base los cargos de nulidad absoluta del contrato en los términos del artículo 165 del CPACA, que establece como requisito para la acumulación de pretensiones la no caducidad respecto de ninguna de ellas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de los actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en los procesos de selección, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C. P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 165
Texto extraído del PDF oficial 3.967 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 44001234000020140008301 (68781)
Actor: SOCIEDAD INCER S.A.
Demandado: SOCIEDAD GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P GENSA
S.A. E.S.P. Y OTRO
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES (LEY 1437 DE 2011)
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el respeto que profeso por las decisiones la Sala, me aparto de algunos de
los razonamientos contenidos en la sentencia del 21 de octubre del año en curso,
que confirmó el fallo dictado el 3 de septiembre de 2021, en el cual el Tribunal
Administrativo de La Guajira denegó las súplicas de la demanda.
Si bien acompaño lo resuelto en la providencia cuyo voto aclaro, las razones que
me llevan a considerar que en el presente caso no podían acogerse las
pretensiones de la parte actora son distintas a las que expuso la Sala como
fundamento de su conclusión final, pues en esta se partió de una base que no
comparto y que fue establecida por la Sección Tercera del Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020, al determinar que los
actos precontractuales expedidos por las empresas de servicios públicos
domiciliarios en sus procesos de selección no tienen la naturaleza de actos
administrativos, por lo que no son demandables por la vía de la nulidad ni de
nulidad y restablecimiento del derecho, sino a través del medio de control de
reparación directa.
Como lo expresé en el salvamento de voto de la mencionada sentencia de
unificación, considero que mientras las entidades públicas ejerzan función
administrativa, sus pronunciamientos serán siempre actos administrativos, ya
que esa es la forma jurídicamente concebida para materializar la voluntad de
tales autoridades y órganos estatales; y de acuerdo con la noción tradicional y
ampliamente consolidada por las normas, la jurisprudencia y la doctrina
nacionales, es acto administrativo toda declaración unilateral de la voluntad del
Estado –o emitida por un particular en ejercicio de funciones administrativas- que
produzca efectos jurídicos o que constituya, modifique o extinga situaciones
jurídicas, al margen de que el régimen aplicable a la materia resuelta en ese acto
sea exclusivamente el del derecho privado.
Por ello, en criterio de la suscrita, en tanto Gensar S.A. E.S.P. ostenta naturaleza
estatal, el instrumento expedido por ella para adjudicar el contrato al consorcio
I.A. & Tamayo configuraba un acto administrativo, demandable a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al margen de que la
contratación adelantada por esa entidad fuera de derecho privado, dado su
carácter de empresa de servicios públicos domiciliarios.
Todo lo anterior se aprecia suficiente para señalar que en el presente caso sí
había lugar a tramitar el asunto bajo el medio de control de controversias
contractuales, incoado por la actora, con la acumulación de la pretensión de
nulidad y restablecimiento del derecho formulada contra el acto de adjudicación
-pese a que la parte demandante insistió en que el único medio de control
instaurado era el de controversias contractuales-. Era sobre esa base que,
considero, resultaba procedente confirmar la sentencia denegatoria de las
pretensiones de la demanda, pues habrían caducado las solicitudes de nulidad
del acto de adjudicación y el subsiguiente restablecimiento del derecho, lo cual
dejaba sin base los cargos de nulidad absoluta del contrato en los términos del
artículo 165 del CPACA, que establece como requisito para la acumulación de
pretensiones la no caducidad respecto de ninguna de ellas.
En los términos anteriores, dejo consignada mi aclaración de voto.
Respetuosamente,
Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Consejera de Estado
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