Consejo de Estado: las cargas procesales se vinculan a los principios de igualdad y lealtad procesal
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Consejo de Estado: las cargas procesales se vinculan a los principios de igualdad y lealtad procesal
Regla de decisión
El Código General del Proceso dispone que las decisiones judiciales deben basarse en pruebas regular y oportunamente aportadas y que las partes deben probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El juez debe abstenerse de decretar una prueba documental que la parte pudo obtener mediante derecho de petición, salvo que la entidad no hubiera atendido ese derecho y ello se acredite. La parte tiene el deber de procurar la prueba por esa vía en la medida de sus posibilidades, y no solo de solicitarla en la oportunidad procesal. Esta carga se vincula con los principios de igualdad y lealtad procesal, de modo que el juez exige la diligencia desde las posibilidades de cada parte. En el caso analizado, la parte omitió la carga de ser diligente con las pruebas que pretendía hacer valer, por lo que la consecuencia negativa es que la prueba solicitada no sea decretada. Por ello se confirmó el auto proferido en la audiencia inicial que negó la prueba. En cuanto a las costas, la providencia señala que no hay lugar a condenarlas, aunque el recurso se resolvió de forma desfavorable, por tratarse de un asunto de interés público.
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Problema jurídico
¿En el presente caso, la parte omitió la carga que sobre ella impuso el legislador de ser diligente con las pruebas que pretende hacer valer en el proceso, por lo que ineludiblemente dicho incumplimiento acarrea la consecuencia negativa de que la prueba solicitada no sea decretada?
Respuesta: SiFundamentos
- Ley 1437 de 2011, arts. 125 y 150
- Ley 1564 de 2012, arts. 164, 167 y 173
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Decisión
CONFIRMA
Lo que dijo la Sala
El Código General del Proceso dispone que las decisiones judiciales deben basarse en pruebas regular y oportunamente aportadas y que las partes deben probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Sobre la prueba documental, impone al juez abstenerse de decretar la prueba que hubiera podido obtener la parte que las solicite por medio de derecho de petición, salvo cuando aquel no hubiese sido atendido, lo que de igual forma deberá acreditarse; y, en el mismo sentido, impone a la parte el deber de abstenerse de solicitar al juez la consecución de documentos, que pudo conseguir de la forma ya mencionada.
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