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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el laudo objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia surgida

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Fecha
2022-09-19
Radicado
11001032600020220005900
Número interno
68159
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
Actor
SOCIEDAD CERTIFICACIONES S.A.
Demandado
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA -ONAC-

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el laudo objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia surgida

Lo que dijo la Sala

La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, tal como lo establece el artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La Sección Tercera del Consejo de Estado ha determinado que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), como entidad sin ánimo de lucro y descentralizada e indirecta por servicios, cumple una función pública de acreditación. Por lo tanto, el Consejo de Estado tiene competencia para conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el ONAC, en concordancia con el artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1074 de 2015, art. 1.1.3.20
  • Decreto 1595 de 2015, art. 2
  • Decreto 2269 de 1993

También resuelve

  • ¿El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, que no constituye una instancia más dentro del correspondiente proceso…
  • ¿Las decisiones adoptadas por un árbitro sin jurisdicción o competencia, se revelan como una contravención de normas imperativas y de orden público…
  • ¿Resulta procedente la causal de anulación relativa a la falta de jurisdicción o competencia, considerando que, para dicha causal…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO ENTIDAD DESCENTRALIZADA INDIRECTA SIN ANIMO DE LUCRO DE PARTICIPACIÓN MIXTA DESCENTRALIZACIÓN POR COLABORACIÓN DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIOS SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD FUNCIÓN PÚBLICA EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL CONTROL EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL PRINCIPIO DISPOSITIVO ERROR IN IUDICANDO ERROR IN PROCEDENDO CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN JURISDICCIÓN CONCEPTO DE JURISDICCIÓN COMPETENCIA JURISDICCIONAL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ARBITRAJE CONCEPTO DE ARBITRAJE OBJETO DEL ARBITRAJE CONCEPTO DE COMPETENCIA COMPETENCIA DEL ÁRBITRO COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CONCEPTO DE PACTO ARBITRAL LÍMITES DEL PACTO ARBITRAL FALTA DE JURISDICCIÓN FALTA DE COMPETENCIA REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL FALTA DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL FALLO EN CONCIENCIA CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN CONCIENCIA MATERIALIZACIÓN DEL FALLO EN CONCIENCIA REQUISITOS DEL FALLO EN CONCIENCIA ARBITRAJE EN CONCIENCIA SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL APLICACIÓN DE LA NORMA APLICACIÓN DE LA LEY INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN IUDICANDO DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONGRUENCIA DEL JUEZ EXCEPCIONES DE LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO FALLO EXTRA PETITA CONCEPTO DE FALLO EXTRA PETITA DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA FACULTADES DEL ÁRBITRO LÍMITES A LAS FACULTADES DEL ÁRBITRO DEBERES DEL ÁRBITRO DECISIÓN ARBITRAL MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL FALLO CITRA PETITA EXCEPCIÓN DE FONDO DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO DE DEFENSA DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL ALCANCE DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PODER OFICIOSO DEL JUEZ INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA IMPROCEDENCIA DEL FALLO EXTRA PETITA INEXISTENCIA DEL FALLO CITRA PETITA JURAMENTO ESTIMATORIO ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA DEL PROCESO ESTIMACIÓN RAZONABLE DE LA CUANTÍA CUANTÍA DE LA DEMANDA CUANTÍA DEL PROCESO PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA OBJECIÓN FACULTAD INFRA PETITA DAÑO EMERGENTE RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL IMPROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DECISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 65.967 caracteres

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COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / ENTIDAD DESCENTRALIZADA INDIRECTA SIN ANIMO DE LUCRO DE PARTICIPACIÓN MIXTA / DESCENTRALIZACIÓN POR COLABORACIÓN / DESCENTRALIZACIÓN POR SERVICIOS / SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD / ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD / FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿Compete al Consejo de Estado conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación? Respuesta al problema jurídico: Si La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen funciones administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, tal como lo establece el artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el inciso 3º del artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. El laudo objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia surgida en el marco de la ejecución del Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-OIN-050 de fecha 23 de junio de 2015, acuerdo negocial suscrito, de una parte, por la sociedad (…) y, de otra parte, por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, (…) persona jurídica debidamente constituida con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la modalidad de corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta por comparecer a su creación personas públicas y particulares, constituida (…) en el marco del Código Civil y las normas sobre ciencia y tecnología del Decreto Ley 393 de 1991, y con fundamento en las facultades establecidas artículo 96 de la Ley 489 de 1998 -que regula la constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares- y las normas técnicas internacionales aplicables, de manera tal que se trata de una entidad oficial de segundo orden descentralizada e indirecta por servicios. Además, el ONAC, en los términos del artículo 1º del Decreto 865 de 2013, funge como “único organismo nacional de acreditación que de manera exclusiva ejercerá y coordinará las funciones previstas en el Decreto 2269 de 1993 y en el Decreto 4738 de 2008”, al tanto que el artículo 2º del Decreto 1595 de 2015, que adicionó el artículo 1.1.3.20 al Decreto 1074 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria- determina que el “Organismo Nacional de Acreditación-ONAC – será la entidad encargada de acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad”. Sobre el particular, conviene recordar que la Corte Constitucional en la sentencia C-219 de 2015, analizó la constitucionalidad del Decreto 019 de 2012 y se refirió a la existencia de personas jurídicas sin ánimo de lucro, creadas a la luz del Decreto 393 de 1991, cuyas funciones se enmarcan en una forma de descentralización por colaboración o por servicios al amparo de los artículos 123, 210 y 267 de la Constitución Política, entre otras disposiciones. (…) Con fundamento en este criterio, la jurisprudencia de la Corporación ha considerado de tiempo atrás que el ONAC cumple una función pública de acreditación, “para los efectos del artículo 6º de la Ley 393 de 1997”. (…) En ese orden de cosas y, atendiendo la naturaleza jurídica de la convocada, la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente controversia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica de la ONAC, consulta providencias de 6 de abril de 2017, Exp. 25000-23-41-000-2016-00533-01(ACU), C.P. Rocío Araújo Oñate; de 15 de junio de 2017, Exp. 25000-23-41-000-2017-00589-01(ACU), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y de la Corte Constitucional, C-219 del 22 de abril de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 123, 210, 267, DECRETO 1074 DE 2015 - ARTÍCULO 1.1.3.20 , DECRETO 1595 DE 2015 - ARTÍCULO 2, DECRETO 2269 DE 1993, DECRETO 3130 DE 1968 - ARTÍCULO 4, DECRETO 4738 DE 2008, DECRETO 865 DE 2013 - ARTÍCULO 1, DECRETO LEY 393 DE 1991, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 7, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 46 INCISO 3, LEY 363 DE 1997 - ARTÍCULO 6, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FUNCIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CONTROL EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / PRINCIPIO DISPOSITIVO / ERROR IN IUDICANDO / ERROR IN PROCEDENDO / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN PROCEDENDO / CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, que no constituye una instancia más dentro del correspondiente proceso, que tiene como finalidad cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo, y cuya procedencia está condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente, las causales que de manera taxativa se encuentran previstas por la ley para ese efecto? Respuesta al problema jurídico: Si En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha precisado la naturaleza y alcance del recurso de anulación, aspectos sobre los que ha destacado lo siguiente: (i) El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso; (ii) la finalidad del recurso se orienta a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo (por violación de leyes procesales), que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso; (iii) mediante el recurso extraordinario de anulación no es posible atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, errores in iudicando (por violación de leyes sustantivas), es decir, si el Tribunal obró o no conforme al derecho sustancial (falta de aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o interpretación errónea), ni plantear o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal, puesto que el juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento y, en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar sus decisiones, por no compartir sus razonamientos o criterios; (iv) de manera excepcional, el juez de anulación podrá corregir o adicionar el laudo si prospera la causal de incongruencia, al no haberse decidido sobre cuestiones sometidas al conocimiento de los árbitros o por haberse pronunciado sobre aspectos no sujetos a la decisión de los mismos o por haberse concedido más de lo pedido; (v) los poderes del juez del recurso de anulación están limitados por el llamado “principio dispositivo”, según el cual, es el recurrente quien delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue y ello, obviamente, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra; por tanto, no le es permitido interpretar lo expresado por el recurrente para entender o deducir la causal invocada y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no contenidos en la formulación y sustentación del correspondiente recurso extraordinario de anulación y, (vi) dado el carácter restrictivo que caracteriza el recurso, su procedencia está condicionada a que se determinen y sustenten, debidamente, las causales que de manera taxativa se encuentran previstas por la ley para ese efecto; consecuentemente, el juez de la anulación debe rechazar de plano el recurso cuando las causales que se invoquen o propongan no correspondan a alguna de las señaladas en la ley. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a las generalidades y alcances del arbitramento y del recurso extraordinario de anulación de laudos, consultar providencias de 15 de mayo de 1992, Exp. 5326, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 12 de noviembre de 1993, Exp. 7809, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 16 de junio de 1994, Exp. 6751, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; de 24 de octubre de 1996, Exp. 11632, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 18 de mayo de 2000, Exp. 17797, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 23 de agosto de 2001, Exp. 19090, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 10 de junio de 2002, Exp. 19488, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 4 de julio de 2002, Exp. 21217, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 4 de julio de 2002, Exp. 22012, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 1 de agosto de 2002, Exp. 21041, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 26 de febrero de 2004, Exp. 25094, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 25 de noviembre de 2004, Exp. 25560, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 28 de abril de 2005, Exp. 25811, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 8 de junio de 2006, Exp. 32398, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 4 de diciembre de 2006, Exp. 32871, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 26 de marzo de 2008, Exp. 34071, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 21 de mayo de 2008, Exp. 33643, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 13 mayo de 2009, Exp. 34525, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 24 de abril de 2017, Exp. 58527, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / JURISDICCIÓN / CONCEPTO DE JURISDICCIÓN / COMPETENCIA JURISDICCIONAL / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL / ARBITRAJE / CONCEPTO DE ARBITRAJE / OBJETO DEL ARBITRAJE / COMPETENCIA / CONCEPTO DE COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / CONCEPTO DE PACTO ARBITRAL / LÍMITES DEL PACTO ARBITRAL / FALTA DE JURISDICCIÓN / FALTA DE COMPETENCIA / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE REPOSICIÓN / INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO Problema jurídico: ¿Las decisiones adoptadas por un árbitro sin jurisdicción o competencia, se revelan como una contravención de normas imperativas y de orden público, a la vez que exponen la materialización de conductas prohibidas, no solo por quienes voluntariamente delegaron en la justicia arbitral la solución de un conflicto, sino que se presentan como contrarias al propio orden constitucional? Respuesta al problema jurídico: Si El numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2011 establece la causal de anulación por “falta de jurisdicción o de competencia”. En el asunto sub lite es objeto de análisis la competencia. Como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corporación, la jurisdicción tiene que ver con un atributo de la soberanía del Estado en el que se manifiesta la función pública de administrar justicia bajo criterios de especialidad de los órganos jurisdiccionales a los que se les ha asignado tal cometido. A su turno, la competencia, corresponde al poder o facultad que tiene un sujeto u órgano perteneciente a la jurisdicción, para adoptar una decisión en un asunto o materia especifica. De esta forma, el artículo 116 de la Constitución Política dispone que la función jurisdiccional será ejercida por las Cortes, los jueces y demás autoridades que, a través de jurisdicciones especiales o por facultad reconocida a los particulares de forma transitoria, están investidos del poder de administrar justicia. En este orden, el arbitraje quedó inscrito como un mecanismo procesal, aunque transitorio, de administración de justicia por particulares, cuya competencia se fija en función de los asuntos que, de manera precisa y expresa, le asignen las partes del conflicto bajo el respectivo pacto arbitral (“principio” de habilitación). Por su lado, el artículo 3 la Ley 1563 de 2012 establece que el pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Esta disposición reconoce expresamente que el pacto arbitral, expresado mediante la forma de cláusula compromisoria, implica la renuncia de las partes a acudir al juez ordinario, para, en su lugar, habilitar a la justicia arbitral con el propósito de que sea ésta la que conozca el conflicto suscitado con ocasión de su actividad contractual. Con fundamento en lo anterior, la falta de jurisdicción tiene lugar frente a los eventos que el legislador ha excluido del conocimiento de la jurisdicción arbitral, y en los casos en que una de las partes del proceso no haya suscrito, ni decida suscribir, el compromiso o la cláusula compromisoria; por su lado, la falta de competencia se presenta como un vicio que afecta las actuaciones de quien expide o adopta una decisión sin estar investido legalmente del poder o facultad para hacerlo. En lo que tiene que ver con la justicia arbitral, la falta de competencia se explica a la luz de la efectiva verificación de los factores objetivo y subjetivo, en los que debe acreditarse que se trate de una controversia que recaiga sobre asuntos y derechos de libre disposición, al lado de lo cual se debe apreciar que las pretensiones de la demanda se enmarquen en el pacto que da origen al proceso, pues allí se establece la medida de la jurisdicción, que es la competencia. La falta de jurisdicción y de competencia han sido considerados, en estos asuntos, de tiempo atrás, como un error procedimental que da lugar a la anulación del laudo. Así, bajo el Decreto 1818 de 1998, este supuesto fue tratado bajo la causal novena de anulación, esto es, por “Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido”; no obstante, mediante la Ley 1563 de 2012, la falta de jurisdicción y de competencia, en conjunto con la caducidad, quedaron contenidos de manera autónoma en la causal segunda de anulación. Es por esto, que la jurisprudencia de la Corporación ha precisado que la extralimitación de la competencia que la Constitución, la ley y el pacto arbitral otorgan a los árbitros por haberse pronunciado sobre asuntos que no se encontraban sujetos a su decisión, no puede alegarse bajo la causal 9ª de anulación prevista en el Estatuto Arbitral, relativa a la incongruencia del laudo arbitral. Así las cosas, las decisiones adoptadas por un árbitro sin jurisdicción o competencia, se revelan como una contravención de normas imperativas y de orden público, a la vez que exponen la materialización de conductas prohibidas, no solo por quienes voluntariamente delegaron en la justicia arbitral la solución de un conflicto, sino que se presentan como contrarias al propio orden constitucional, en cuya base fundante está el origen y permisión para que un tribunal arbitral decida un conflicto con la fuerza de quien está investido de plenas facultades de administrar justicia en un caso concreto. Por último, en lo que tiene que ver con la procedencia de esta causal, el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 dispone que el recurrente deberá hacer valer los motivos de falta de jurisdicción y competencia mediante el recurso de reposición contra el auto en el que Tribunal Arbitral asumió competencia. De no atender dicha carga, no podrá alegarse en anulación pues debe entenderse que las partes estuvieron conformes con la constitución del Tribunal Arbitral para dirimir sus conflictos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de competencia, consultar providencia de 20 de noviembre de 2020, Exp. 65494, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de la competencia en la justicia arbitral, consultar providencias de 13 de abril de 2015, Exp. 52556, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 13 de abril de 2016, Exp. 54405, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 20 de noviembre de 2020, Exp. 65494, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 116, DECRETO 1818 DE 1998, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 3, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN / REQUISITOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FALTA DE JURISDICCIÓN / FALTA DE COMPETENCIA / CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / RECURSO DE REPOSICIÓN / FALTA DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Resulta procedente la causal de anulación relativa a la falta de jurisdicción o competencia, considerando que, para dicha causal, se pide por ley que se haya hecho valer el motivo que la configura mediante la interposición del recurso de reposición contra el auto en el que asume competencia el tribunal, carga que no fue acatada por parte del ONAC? Respuesta al problema jurídico: No La jurisprudencia de la Corporación ha considerado que una de las etapas más importantes en el proceso arbitral es la primera audiencia de trámite, en la que se profiere el auto con el que el propio tribunal de arbitramento decide sobre su competencia. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, esa decisión solo es susceptible de recurso de reposición. Por ello, si una parte o un interviniente no está de acuerdo con la competencia que el Tribunal asume y, pese a ello, se abstiene de presentar el recurso de reposición, no podrá luego invocar causal de anulación fundada en ese motivo. (…) En esta ocasión, y en consideración a esta exigencia legal, la Sala, tras revisar los antecedentes que enmarcan el desarrollo del proceso arbitral, desde la convocatoria del Tribunal hasta la expedición del laudo, pudo verificar que el apoderado de la parte convocada -ONAC- no interpuso el recurso de reposición frente al Auto No. 20 dictado en la primera audiencia de trámite celebrada el 23 de noviembre de 2020, en el que el Tribunal asumió la competencia de la controversia. No obstante, el recurrente (ONAC), conocedor de esta circunstancia y del alcance que podrían tener los artículos 30 y 41 de la Ley 1563 de 2012 en relación con la procedencia de la invocación de la causal de anulación relativa a la falta de competencia del Tribunal, ha manifestado que la causal alegada se originó con la expedición del laudo arbitral y, en ese sentido, que no contó con la posibilidad de recurrir los pronunciamientos sobre la naturaleza del organismo y sus procedimientos, por lo que, a su juicio, no es predicable la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad señalado en el inciso primero del artículo 41 ejusdem. (…) Como puede apreciarse, sin dificultad, lo atinente a la naturaleza jurídica del ONAC, así como el carácter de sus funciones y las normas de procedimiento que regulan el retiro de las certificaciones a los organismos evaluadores de conformidad por parte de este organismo, corresponden a temas sustanciales que se venían tratando en la actuación arbitral desde antes de dictarse el auto de asunción de competencia, de manera que no surgieron con la expedición del laudo arbitral como lo manifiesta el ONAC y, en ese orden, si este consideraba que el árbitro no tenía competencia para resolver la controversia puesta a su consideración en virtud de estos aspectos sustanciales, debió recurrir tal decisión durante el desarrollo de la primera audiencia de trámite, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. En efecto, una interpretación finalista de esta última disposición -como fuente del requisito de procedibilidad de la causal 2ª de anulación-, muestra, claramente, el carácter medular que tiene el factor competencia en la definición de la justicia arbitral. Sabido es que el pacto compromisorio tiene por objeto la habilitación de la competencia de los árbitros para conocer de los litigios que surjan entre las partes contratantes, habilitación que comporta, correlativamente, la derogación de la jurisdicción y la competencia de los jueces institucionales respecto de los asuntos litigiosos que se encuentren comprendidos dentro del correspondiente pacto arbitral. Desde esa perspectiva, el requisito de procedibilidad se explica por la necesidad de urgir de todos los intervinientes en el proceso arbitral, el despliegue de una diligencia mínima que permita una definición pronta y estable de la competencia. (…) Para la Sala, los artículos 30 y 41 de la Ley 1563 de 2012 derivan consecuencias claras de la conducta procesal de las partes e intervinientes en la primera audiencia del proceso arbitral: de un lado, el del sometimiento indeclinable a la competencia del Tribunal de Arbitramento para quien se abstuvo de impugnar la decisión de avocación de competencia, de otro, la pérdida de oportunidad procesal, de quien así obró, para alegar la falta de competencia en sede del recurso de anulación del laudo. Por tanto, como quiera que para la causal segunda de anulación se pide por la ley que se haya hecho valer el motivo que la configura, mediante la interposición del recurso de reposición contra el auto que asume competencia y, como esto no se hizo por parte del ONAC, no encuentra esta Sala consecuente que se pretenda invocar este motivo en esta sede extraordinaria de anulación. En consecuencia, esta colegiatura rechaza la causal de anulación propuesta y se abstiene de continuar con el análisis del cargo. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la constitución del tribunal de arbitramento y la decisión sobre su competencia, consultar providencia de 24 de octubre de 2016, Exp. 57377, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre el requisito de procedibilidad señalado en el inciso primero del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consultar providencia de 10 de diciembre de 2015, Exp. 53165, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 30, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 INCISO 1, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / FALLO EN CONCIENCIA / CARACTERÍSTICAS DEL FALLO EN CONCIENCIA / MATERIALIZACIÓN DEL FALLO EN CONCIENCIA / REQUISITOS DEL FALLO EN CONCIENCIA / ARBITRAJE EN CONCIENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Para determinar si un laudo fue proferido en conciencia, se requiere establecer si los árbitros, al resolver el asunto puesto a su consideración, dejaron de lado, de manera evidente, las normas legales que debían aplicar, así como el acervo probatorio obrante en el expediente, al basar su decisión de manera exclusiva en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia de la Corporación ha señalado que para determinar, si un laudo fue proferido en conciencia, se requiere establecer si los árbitros, al resolver el asunto puesto a su consideración, dejaron de lado, de manera evidente, las normas legales que debían aplicar, así como el acervo probatorio obrante en el expediente, al basar su decisión de manera exclusiva en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada. Solo cuando el fallo omite, de manera evidente, el marco jurídico dentro del que se debe decidir, o no cuenta con razonamientos jurídicos, podrá decirse que se está en presencia de un fallo en conciencia. Pero si los árbitros resuelven con base en el ordenamiento jurídico, fundados en el análisis y valoración de las pruebas allegadas de manera oportuna al proceso y conforme a las reglas de la sana crítica, ese pronunciamiento será en derecho. (…) Así mismo, la jurisprudencia de la Corporación predica que se ha fallado en conciencia cuando se decide sin pruebas de los hechos que sustentan las pretensiones o las excepciones, es decir, sin tener en consideración las pruebas que obran en el plenario. (…) En este orden, el simple desacuerdo de las partes con las razones y valoraciones hechas por el tribunal al proferir el laudo, en manera alguna configura un fallo en conciencia, ni faculta la procedencia de la causal, pues el recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia, razón por la que no es admisible replantear, a manera de aplicación de esta causal, el debate sobre el fondo del proceso, ni podrán, con fundamento en ella, revocarse determinaciones del Tribunal de Arbitramento fundadas en la aplicación de la ley sustancial o por la existencia de errores de hecho o de derecho, al valorar las pruebas en el caso concreto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la causal de anulación por fallo en conciencia, consultar providencias de 3 de abril de 1992, Exp. 6695, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 14 de septiembre de 1995, Exp. 10468, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta; de 16 de abril de 2000, Exp. 18411, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 9 de agosto de 2001, Exp. 19273, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 23 de agosto de 2001, Exp. 19090, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 28 de noviembre de 2002, Exp. 22191, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 13 de febrero de 2006, Exp. 29704, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 5 de julio de 2006, Exp. 31887, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 18 de junio de 2008, Exp. 34543, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 2 de mayo del 2016, Exp. 55307, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 9 de junio de 2017, Exp. 57350, C.P. Guillermo Sánchez Luque. RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / FALLO EN CONCIENCIA / ARBITRAJE EN CONCIENCIA / APLICACIÓN DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA LEY / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / ERROR IN IUDICANDO / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN IUDICANDO Problema jurídico: ¿Resulta procedente la causal de anulación relativa al laudo en conciencia o equidad, bajo el fundamento de que el tribunal arbitral no aplicó la normativa vigente para resolver la controversia y, porque interpretó de manera errada e incorrecta el contrato celebrado entre las partes? Respuesta al problema jurídico: No En esta ocasión, el ONAC considera que el laudo se profirió en conciencia o equidad, puesto que, por una parte, el tribunal arbitral no aplicó la normatividad vigente para resolver la controversia, específicamente lo previsto en una serie de normas dentro de las que se encuentran Decisiones de la Comunidad Andina y la Norma Técnica Internacional ISO/IEC 17011, disposiciones que, a su juicio, eran las que debían ser tenidas en cuenta para el efecto y, por otra parte, porque el Tribunal interpretó de manera errada e incorrecta el contrato celebrado entre las partes e integró a ese negocio jurídico las normas del procedimiento administrativo previstas en el CPACA. Esta Sala de Subsección, teniendo en consideración las pretensiones de la demanda y los argumentos expuestos en su contestación, así como las consideraciones y la parte resolutiva del laudo arbitral, estima que la causal alegada no está llamada a prosperar, con fundamento en las siguientes razones: Esta colegiatura, tras un análisis de la estructura argumentativa del laudo, puede apreciar que el árbitro fundamentó su decisión en normas vigentes y aplicables que respondieron al objeto de la controversia puesta a su consideración, así como a los argumentos que formuló la parte convocada y, en particular, a las excepciones de mérito alegadas por esta, con fundamento en las pruebas que soportaron los hechos y las pretensiones de la demanda. Además, dicho árbitro incluyó de manera expresa la motivación o exposición de las razones que soportaron las decisiones adoptadas, en particular lo relacionado con la definición de la naturaleza jurídica de la función que cumple el ONAC, así como la aplicación de las normas procedimentales del CPACA en sus actuaciones sancionatorias. (…) Una vez definido por parte del Tribunal Arbitral que el ONAC cumple función administrativa, el estudio se orientó a determinar si en los procedimientos y trámites a cargo de este organismo, en especial lo relacionado con los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC), es necesario aplicar las normas contenidas en el CPACA o si, por el contrario, son aplicables, única y exclusivamente, las disposiciones contenidas en el R-AC-01 y la norma técnica NT ISO/IEC 17011, así como las demás regulaciones de la actividad de certificación (…). Como puede observarse, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, los análisis del árbitro antes referidos abarcaron, en forma amplia, el desarrollo del laudo arbitral censurado, dan cuenta de una argumentación jurídica que soporta lo decidido en normas y criterios jurisprudenciales vigentes, sin que en esta sede sea procedente entrar a evaluar la pertinencia del análisis jurídico pues ello, tal como se indicó en precedencia, escapa a las competencias del juez de anulación. (…) En ese orden, las apreciaciones y conclusiones del laudo sobre los puntos abordados, son producto de la interpretación y aplicación de la ley por parte del árbitro, cuya pertinencia e idoneidad, por sí mismas, escapan al juicio en sede extraordinaria de anulación del laudo, bajo la hipótesis de fallo en conciencia o equidad, puesto que es propio del juez desentrañar e interpretar el sentido de las reglas adjetivas que regulan el proceso arbitral y las normas sustantivas o procesales con el propósito de resolver el conflicto puesto a su consideración, con base en las reglas particulares de interpretación previstas en los artículos 1618 al 1624 del Código Civil. Ahora bien, si hubo suficiencia en la motivación del Tribunal al resolver este aspecto es un tema que, en virtud de la filosofía del recurso de anulación de laudos arbitrales, edificado en errores in procedendo y no in iudicando, le está vedado juzgar a esta Corporación, pues ello implicaría examinar las consideraciones y motivos determinantes que ha tenido el juzgador en su decisión y ello encarnaría un análisis sustantivo del asunto. Entonces, como la decisión del Tribunal Arbitral comportó un análisis normativo y jurisprudencial relacionado con la definición de la naturaleza jurídica de la función que cumple el ONAC, así como, la aplicación de las normas procedimentales del CPACA en sus actuaciones sancionatorias a la luz del contrato celebrado entre las partes, forzoso es concluir que el fallo fue en derecho y no en conciencia como lo alega el órgano recurrente. Con todo, como el recurso pretendió la intervención de esta Corporación en asuntos sustanciales relativos a cuestionar las consideraciones y valoraciones jurídicas realizadas por el Tribunal de Arbitramento en su laudo, sin demostrar cuáles fueron los errores estrictamente procesales, aspectos que serían constitutivos, con claridad, de errores in iudicando, este cargo tampoco está llamado a prosperar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos del fallo en conciencia, consultar providencias de 3 de abril de 1992, Exp. 6695, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 12 de febrero de 2014, Exp. 46779, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 7, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 A 1624 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / EXCEPCIONES DE LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La causal 9ª de anulación de laudo arbitral que enuncia el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, constituye una consecuencia a la transgresión del principio de congruencia cuando los árbitros han proferido un laudo inarmónico con los hechos, las pretensiones y las excepciones formuladas por las partes o sobre aquellas que estaban probadas y no debían ser alegadas? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l principio de congruencia (…) encuentra su razón de ser en exigencias consustanciales a los derechos fundamentales de las partes a defenderse y controvertir los hechos en los que fundan sus contradictores sus pretensiones (artículo 29 C.P.), y a obtener del juez una decisión que dirima la relación antagónica que expresan las pretensiones y excepciones planteadas por quienes constituyen los extremos subjetivos del litigio. En esta línea, la causal 9ª de anulación de laudo arbitral que enuncia el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, constituye una consecuencia a la transgresión del principio de congruencia cuando los árbitros han proferido un laudo inarmónico con los hechos, las pretensiones y las excepciones formuladas por las partes o sobre aquellas que estaban probadas y no debían ser alegadas, pues en este último caso el árbitro, en su condición de juez, tiene la obligación de reconocer oficiosamente las excepciones de fondo que encuentre demostradas, con excepción de las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deben siempre alegarse en la contestación de la demanda, tal como lo regula el artículo 282 del Código General del Proceso. (…) Por último, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha sostenido que el examen del principio de congruencia es relativo, en tanto existen eventos en los que los árbitros deben entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, aun cuando las partes no lo hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los hechos o excepciones que se alegan, sin que ello implique la configuración de la causal de anulación prevista en el numeral 9° de la Ley 1563 de 2012; sobre el particular, se han formulado los siguientes supuestos: (i) cuando se hallen probados los hechos que constituyen una excepción, caso en cual el árbitro deberá reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, pues estas excepciones deben ser propuestas en el debate procesal por el interesado; (ii) en lo atinente a los presupuestos procesales, por cuanto tocan con la validez formal del proceso; (iii) en aquellos casos relacionados con cuestiones que atañen al orden público, como sucede con la nulidad absoluta del acto o contrato, siempre y cuando aparezca de modo manifiesto; y (iv) en los pronunciamientos sobre restituciones mutuas en los eventos de nulidad del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del principio de congruencia de la decisión, consultar providencias de 6 de junio de 2002, Exp. 20634, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 10 de junio de 2009, Exp. 32588, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 23 de abril de 2018, Exp. 60181, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FALTA DE COMPETENCIA / FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO / FALLO EXTRA PETITA / CONCEPTO DE FALLO EXTRA PETITA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La diferencia entre la causal de anulación por falta de competencia y la causal por falta de congruencia, consiste en que, si el error que presenta el laudo consiste en que el Tribunal Arbitral decide sobre una cuestión que no estaba comprendida dentro del pacto arbitral, esta equivocación configura la falta de competencia prevista en la causal 2ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, pero si el yerro consiste en que la cuestión que se decidió en el laudo puede estar comprendida dentro del pacto arbitral pero no fue solicitado en la demanda, lo que se configura es un fallo extra petita según lo prevé la causal 9ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a jurisprudencia de la Sala ha sostenido que, en ocasiones, los recurrentes pretenden enmarcar dentro de la causal de falta de competencia, prevista en la causal segunda, situaciones que en verdad corresponden a la causal novena por extra petita, o, por el contrario, se pretenden encuadrar en la causal novena eventos que en realidad configuran la causal segunda, por lo que ha establecido un criterio para determinar cuándo la situación se adecúa a la una o a la otra (…). Si el error que presenta el laudo consiste en que el Tribunal Arbitral decide sobre una cuestión que no estaba comprendida dentro del pacto arbitral, esta equivocación configura la falta de competencia prevista en la causal 2ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, pues la competencia decisoria de los árbitros se circunscribe a los asuntos señalados en la respectiva cláusula compromisoria. Por el contrario, si el yerro consiste en que la cuestión que se decidió en el laudo puede estar comprendida dentro del pacto arbitral pero no fue solicitado en la demanda, lo que se configura es un fallo extra petita según lo prevé la causal 9ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Así las cosas, para establecer si se ha incurrido en los yerros a que se refiere la causal 9ª, es menester comparar lo pretendido, lo excepcionado y lo probado, con lo resuelto en el respectivo laudo arbitral (…). NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la diferencia entre la causal de falta de competencia prevista en la causal segunda y el fallo extra petita previsto en la primera parte de la causal novena del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consultar providencias de 18 de noviembre de 2018, Exp. 61437, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre el alcance de la causal 9ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consultar providencias de 23 de agosto de 2001, Exp. 19090, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 4 de abril de 2002, Exp. 20356, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 20 de mayo de 2004, Exp. 25759, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2006, Exp. 29703, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 4 de abril de 2002, Exp. 20356, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 27 de marzo de 2008, Exp. 33645, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 21 de mayo de 2008, Exp. 33643, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 23 de septiembre de 2015, Exp. 53054, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 2, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL / FALLO EXTRA PETITA / COMPETENCIA DEL ÁRBITRO / FACULTADES DEL ÁRBITRO / LÍMITES A LAS FACULTADES DEL ÁRBITRO / DEBERES DEL ÁRBITRO / DECISIÓN ARBITRAL / MOTIVACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / FALLO CITRA PETITA / EXCEPCIÓN DE FONDO / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / ALCANCE DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / EXCEPCIONES DE LA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / IMPROCEDENCIA DEL FALLO EXTRA PETITA / INEXISTENCIA DEL FALLO CITRA PETITA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL Problema jurídico: ¿Resulta procedente la causal de anulación relativa a la falta de congruencia, bajo el fundamento de que el laudo recayó sobre aspectos no sujetos a la decisión del Tribunal y, porque el árbitro no decidió sobre cuestiones sujetas al arbitramento? Respuesta al problema jurídico: No Frente a la causal establecida en el numeral 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, el recurso formulado por la convocada (ONAC) pretende la anulación del laudo arbitral al considerar, de una parte, que el laudo recayó sobre aspectos no sujetos a la decisión del Tribunal y, de otra, porque el árbitro no decidió sobre cuestiones sujetas al arbitramento, cargos que serán analizados de manera separada por la Sala: En efecto, su primer reproche con fundamento en esta causal se contrae al señalamiento de la falta de congruencia entre lo pedido en la demanda y lo resuelto en el fallo impugnado, pues, a juicio del ONAC, el Tribunal se pronunció sobre asuntos que no fueron solicitados de manera expresa por la Convocante en la demanda reformada, tales como determinar la naturaleza legal del ONAC y si este organismo cumplía o no funciones administrativas, o si el procedimiento de retiro de la acreditación como organismo evaluador de conformidad debía estar precedido de un procedimiento administrativo en los términos del CPACA. Al punto, advierte la Sala que la parte recurrente olvida que las cuestiones sujetas al arbitramento no sólo están delimitadas por las pretensiones formuladas, sino con otros aspectos impuestos por la ley y el mismo contrato. (…) Es así como, en el presente caso, el árbitro que dirimió la controversia suscitada entre las partes encontró que, el sentido de la decisión que le concernía, estaba determinada, no sólo por lo pedido en la demanda reformada y/o por lo alegado por la Convocada en su contestación, sino, también por otros elementos, no planteados por los extremos de la litis, pero necesarios para dirimir la disputa contractual, tales como la definición de la naturaleza legal del ONAC y de sus funciones, y las reglas procedimentales aplicables a su gestión como organismo evaluador de la conformidad, de cara a la ejecución del acuerdo negocial. Y es que, para emitir decisiones de fondo en relación con controversias claramente delimitadas, usualmente es indispensable la previa dilucidación de problemas que están implícitos en aquellas, como ocurre en los litigios contractuales, en los que no pocas veces se hace necesario tomar posición sobre aspectos tales como la existencia, la validez, el alcance del clausulado y de las obligaciones producto del acuerdo negocial, el incumplimiento que se atribuya a alguna de las partes, o el régimen jurídico aplicable a la entidad contratante o a la actividad por ella desplegada. Por ello, desde la perspectiva de la congruencia, ningún reproche puede hacérsele a una decisión que haya estado precedida de este tipo de reflexiones y conclusiones preliminares, y menos aún, cuando esa suerte de glosas se formule en el marco del recurso extraordinario de anulación, contexto en el cual le está vedado al juez un juicio sobre los motivos del laudo. En consecuencia, el reproche formulado bajo el amparo de esta causal de anulación no tiene vocación de prosperidad. En cuanto al segundo reproche formulado con apoyo en esta causal por el ONAC, la Sala, después de un análisis detallado de los hechos, concluye que el laudo fue proferido con estricta sujeción a las pretensiones, a los argumentos de defensa, a las excepciones propuestas y a lo probado dentro del proceso (…). [C]onsidera la Sala que no le asiste razón al recurrente cuando afirma que "el Tribunal Arbitral no estudió de fondo las excepciones de mérito planteadas por el ONAC, limitándose, una vez más, a los supuestos incumplimientos de las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)”. Veamos: La jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que una de las manifestaciones del debido proceso, desde la óptica del demandado, se concreta en el derecho a la contradicción, es decir, en la posibilidad de oponerse a lo que pretende el demandante a través de la formulación de argumentos de defensa, de refutar y contrarrestar las afirmaciones realizadas por la parte contraria, de aportar elementos que le permitan desvirtuar las pruebas aducidas en su contra o de la proposición de excepciones bien sean perentorias o de fondo, esto es, de aquellas que persiguen enervar, total o parcialmente las pretensiones del demandante. En ese, el artículo 282 del CGP le asigna al juez la obligación de reconocer oficiosamente las excepciones de fondo que encuentre demostradas, con las excepciones antes indicadas, lo que entonces significa que, si generalmente el juez puede declarar probada de oficio cualquier excepción que encuentre demostrada, el demandado podrá formular todas aquellas que considere pertinentes y viables para contrapesar lo pretendido por el demandante, así como presentar todos aquellos argumentos orientados a garantizar su defensa según lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política. (…) Por supuesto, el hecho de que el tribunal de arbitramento no haya acogido la totalidad de los argumentos que soportaron las excepciones referidas no presta abono al cargo por incongruencia porque lo que hizo el juzgador fue tener como probados unos hechos que prestaban sustento a lo pretendido por la sociedad convocante, hechos esos que, según el Tribunal Arbitral, demostraban que los pedimentos de la demanda eran de recibo parcialmente en tanto la parte convocada no pudo comprobar la procedencia de la totalidad de las excepciones alegadas. En todo caso, salta a la vista que los razonamientos de la recurrente corresponden a reparos a la interpretación que hizo el tribunal arbitral para resolver las excepciones formuladas y resolver la litis planteada, aspectos que, claramente, escapan a la competencia del juez del recurso extraordinario de anulación conforme lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación, razón suficiente para negar el cargo alegado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el marco de la competencia de los árbitros, consultar providencia de 2 de mayo de 2016, Exp. 55307, C.P. Danilo Rojas Betancourth. En relación con el derecho de contradicción, consultar providencias de 18 de diciembre de 2018, Exp. 61437, C.P. Nicolás Yepes Corrales; de 28 de febrero de 2020, Exp. 64896, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca de los límites de la competencia del juez de anulación, consultar providencia de 29 de agosto de 2012, Exp. 43456, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 282 JURAMENTO ESTIMATORIO / ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA / ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA DEL PROCESO / ESTIMACIÓN RAZONABLE DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA / OBJECIÓN Problema jurídico: ¿El juramento estimatorio es un mecanismo que garantiza pedimentos razonables, cuya aplicación puede traer consecuencias adversas no solamente para el reclamante de la condena, sino también para quien objete la cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala advierte que, conforme a la jurisprudencia de la Corporación, el juramento estimatorio, previsto en el artículo 260 del C.G.P., es un mecanismo que garantiza pedimentos razonables, con el fin de evitar cuantías exageradas, conforme a los principios de transparencia y lealtad procesal, que imponen la carga de probar los perjuicios pretendidos, so pena de la imposición de multas a la parte demandante. Dicha disposición establece, asimismo, que el juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo que se trate de perjuicios ocurridos con posterioridad a la demanda o cuando la parte contraria lo objete. De esta forma, la norma en comento, con la intención de buscar una igualdad procesal entre las partes, dispuso que las eventuales consecuencias adversas no sean únicamente para el reclamante de la condena, sino también para quien la objeta, de forma tal que, de comprobarse la solicitud de una cuantía exagerada se le impondrá una multa al demandante, mientras que a quien objete la cuantía se le podrá condenar a una suma superior a la indicada en el juramento, con base en las pruebas arrimadas, bajo el entendimiento de que con ello no se infringe el principio de la congruencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el juramento estimatorio, consultar providencias de 31 de octubre de 2016, Exp. 56949, C.P. Guillermo Sánchez Luque; y de la Corte Constitucional, C- 067 del 17 de febrero de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 260 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / DECISIÓN EN LAUDO ARBITRAL / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / INCONGRUENCIA EN EL LAUDO ARBITRAL / FACULTAD INFRA PETITA / JURAMENTO ESTIMATORIO / OBJECIÓN / DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FACULTADES DEL JUEZ EN EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / ERROR IN IUDICANDO / CONTROL DEL LAUDO ARBITRAL POR ERROR IN IUDICANDO Problema jurídico: ¿Resulta procedente la causal de anulación relativa a la falta de congruencia, bajo el fundamento de que el laudo impugnado omitió pronunciarse sobre el daño emergente reclamado y probado a través del juramento estimatorio y de otras pruebas documentales allegadas al proceso? Respuesta al problema jurídico: No La sociedad (…) sostuvo, en síntesis, que el laudo impugnado omitió pronunciarse sobre el daño emergente reclamado y probado a través del juramento estimatorio y de otras pruebas documentales allegadas al proceso. Agregó, que el Tribunal confundió las pruebas de ambas partes y le restó mérito probatorio al juramento estimatorio, pues, en su opinión, la prueba pericial no fue aportada por el Convocante sino por el litisconsorte cuasi necesario (...). Sostuvo que, conforme al art. 206 del CGP, sólo se considera la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuye al juramento estimatorio, carga procesal que, a su juicio, no cumplió la Convocada al contestar la demanda reformada, porque no se refirió al rubro de daño emergente en forma concreta, además que, no indicó razonadamente la inexactitud que le atribuía a la estimación ya que esta se refirió específicamente al lucro cesante más no al daño emergente. En su opinión, la Convocada también debió ser condenada a pagar daño emergente por pérdida en el patrimonio social y daño emergente por no poder compensar los pasivos. Agregó que el laudo pasó por alto otras pruebas que sustentan los conceptos de daño emergente reclamados, en particular las declaraciones de renta. Sostuvo, finalmente, que la decisión del perjuicio que se debía indemnizar no se fundó en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso en los términos del artículo 164 del CGP. (…) [L]a Sala presta atención a los términos en que fue presentado el juramento estimatorio de la cuantía, en el contexto de la reforma de la demanda formulada el 18 de junio de 2020, en el que fueron identificados los siguientes rubros por daño emergente: (i) daño emergente por pérdida en el patrimonio social y, (ii) daño emergente por no poder compensar sus pasivos. Pero, también toma en consideración que, el 13 de agosto de 2020, esto es, en el término del traslado de la reforma a la demanda, el ONAC se opuso al juramento estimatorio y lo objetó en uso de la facultad prevista en el artículo 206 del C.G.P. y esto, para decir que, en el Auto No. 43 del 13 de diciembre de 2021, que resolvió las solicitudes de aclaración, corrección y complementación del laudo arbitral formuladas por las partes, (…) [se] permite apreciar, con claridad, que el árbitro no incurrió en un error in procedendo por emisión de fallo citra petita, ni desconoció la prohibición referida al juramento estimatorio, pues, en cuanto el ONAC objetó la cuantía estimada, el Tribunal no quedó sujeto a la tasación de los perjuicios realizada por la convocante (…) y, por consiguiente, estaba habilitado para proferir condena en función de lo que indicaran las pruebas allegadas al proceso. (…) Como puede observarse, el Tribunal Arbitral se pronunció sobre todos y cada uno de los rubros de la reparación de perjuicios solicitada por la Convocante, de manera que no existe incongruencia entre lo pretendido y lo resuelto por el árbitro. Con todo, líneas más adelante el árbitro analizó el monto de los perjuicios con fundamento en la prueba allegada a la actuación y, en ese sentido, le restó valor probatorio al dictamen pericial y apreció los demás elementos de convicción obrantes en el plenario. (…) Con fundamento en lo anterior, el árbitro condenó al ONAC a pagar a favor de (…) [la sociedad] la suma de $373.925.033, por concepto de lucro cesante causado por el retiro de la acreditación y la consecuente terminación del contrato celebrado entre las partes, pues, a su juicio, fue el único rubro indemnizatorio al que era procedente acceder en el presente asunto (…). En todo caso, resulta oportuno recordar que este punto del laudo arbitral fue objeto de solicitud de aclaración y corrección por parte del apoderado de (…) [la sociedad], petición que fue negada por el Tribunal Arbitral en el Auto No. 43 del 13 de diciembre de 2021 (…). Esta decisión da mayor relieve a la simetría y coherencia que existe entre lo decidido y lo solicitado por las partes a través de sus pretensiones y excepciones. En consecuencia, no encuentra que el Tribunal haya omitido el marco de referencia fijado por los extremos procesales, vulnerando el principio de congruencia. Al punto, la jurisprudencia de la Sección ha sostenido que a la decisión definitiva de los árbitros se le reconoce un apreciable margen de autonomía y libertad de apreciación jurídica y probatoria, de suerte que en este ámbito no son de recibo los argumentos que esgrimen o dejan entrever el desacuerdo con la determinación adoptada, con su motivación o con el valor asignado por los árbitros a las pruebas recaudadas, o siquiera manifestando equivocaciones en lo laudado. Como se sabe el juez de anulación no desarrolla una segunda instancia, ni puede reexaminar las pruebas en búsqueda de errores in iudicando. Tal cual fue propuesto, para que esta colegiatura pudiera resolver el cargo de anulación objeto de estudio, debería entrar a revisar los criterios, valoraciones probatorias o interpretaciones que ofreció el árbitro sobre la materia tratada, además de juzgar y calificar los mismos; aspectos que están legal y expresamente marginados del alcance del recurso de anulación conforme lo prevé el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012. Por tanto, como el cargo analizado plantea, en esencia, un reproche que cuestiona la motivación que le dio el Tribunal a estos puntos, y como la censura de incongruencia debe ser edificada sobre razones estrictamente adjetivas –que tampoco fueron observadas en la actuación-, la Sala despachará desfavorablemente la causal de anulación objeto de análisis, en el entendido que los reparos formulados desdibujan la finalidad del recurso extraordinario de anulación, que tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales. En suma, la Sala no encuentra configurada la causal de anulación de laudo arbitral, prevista en el numeral 9º del artículo 41 ejusdem. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites del juez de anulación, consultar providencia de 28 de noviembre de 2002, Exp. 22191, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 9, LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 42, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 164, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 206 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DE ANULACIÓN DEL LAUDO ARBITRAL / CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN / TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA / INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL / ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA / SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD / ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD / DECISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA / NORMAS DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / FUNCIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA / CONSULTA OBLIGATORIA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Problema jurídico: ¿Resulta procedente la causal de anulación del laudo arbitral relativa a la falta de agotamiento del trámite de solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, de conformidad con la normativa aplicable al caso? Respuesta al problema jurídico: No Esta colegiatura recuerda que la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido que, al listado de causales en las que puede fundarse el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, debe incluirse la consistente en omitir durante el desarrollo del trámite arbitral la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso, criterio que ha sido acogido por la jurisprudencia de esta Sala de Subsección. (…) Pues bien, el ONAC afirma, en su recurso, que a la controversia eran aplicables la Decisiones Andinas 376 de 1995 y 850 de 2019, aserto que no comparte esta Sala. En efecto, según el contenido de la Decisión Andina 376 de 1995, esta crea el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología (art. 1), el cual, tiene como propósito, facilitar el comercio intra-subregional a través de la mejora en la calidad de los productos y servicios, y de la eliminación de las restricciones técnicas al comercio (art. 2). Además, en apoyo de este Sistema se crea el Comité Subregional de normalización, acreditación, ensayo, certificación, reglamentos técnicos y metrología, que, para todos los efectos, se denomina “el Comité” (art. 5). A diferencia de lo sostenido por el ONAC, la Decisión 376 de 1995 no establece un trámite específico que deban adelantar los Organismos Nacionales de Acreditación en relación con los Organismos Evaluadores de la Conformidad -como lo es (…) [la sociedad]-, sino que determina que aquellos deberán cumplir con los procedimientos establecidos por el Comité para garantizar su propia competencia técnica. (…) Como puede apreciarse, la normativa en cuestión no guarda relación con los procedimientos que debe seguir el ONAC para evaluar, otorgar en concesión y/o retirar las acreditaciones a los organismos evaluadores de la conformidad, sino con los procedimientos que este debe cumplir para garantizar su competencia técnica como Organismo Nacional de Acreditación. En ese orden, resulta claro que no era necesario solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia. Un análisis similar puede hacerse frente a la Decisión Andina 850 de 2019 -que derogó la Decisión 376 de 1995-, con la advertencia adicional de que esta normativa -desde el punto de vista temporal- no era aplicable a la controversia, pues, el contrato de otorgamiento y uso del certificado de acreditación No. 14-OIN-050, fue celebrado entre las partes el 23 de junio de 2015 y la demanda arbitral se formuló el 12 de septiembre de 2019 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, al tanto que la Decisión en comento fue publicada en la Gaceta Oficial del Organismo el día 25 de noviembre de esa anualidad. Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de la Decisión Andina 850 de 2019 se advierte, sin dificultad, que esta tiene como propósito simplificar, actualizar y hacer más transparente y coherente el Sistema Andino de normalización, acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y metrología que creó la Decisión Andina 376 de 1995, al tanto que busca asegurar que las medidas que adopten los países miembros en desarrollo de sus sistemas nacionales de calidad, se apliquen de forma tal que no constituyan un medio de discriminación o una restricción encubierta al comercio. En ese orden, en el artículo 1º ejusdem se crea el Sistema Andino de la Calidad (SAC), entendido este como el conjunto de actividades conformado por la normalización técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, reglamentación técnica y metrología; además, en el artículo 18º se destaca que, los organismo nacionales de acreditación, serán los encargados de evaluar y acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad, para lo cual deberán cumplir con los requisitos de la versión vigente de la norma internacional ISO/IEC 17011 (art.18). Así las cosas, para esta colegiatura resulta claro que las disposiciones anotadas - Decisiones Andinas 376 de 1995 y 850 de 2019- contienen parámetros y obligaciones para los países miembros de la comunidad andina en materia de normalización, acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y metrología; empero, no contemplan preceptos relacionados con la existencia, la validez, el perfeccionamiento, la ejecución, el alcance de las obligaciones del acuerdo negocial y el incumplimiento que se atribuya a alguna de las partes en la ejecución del contrato de otorgamiento y uso de certificados de acreditación, asunto que está regulado por el orden jurídico interno y así fue tratado en el marco del proceso arbitral, por lo que no era necesario solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de Justicia. (…) Con fundamento en las razones expuestas la causal no prospera. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causal de anulación por falta de agotamiento del trámite de solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), consultar providencias de 9 de agosto de 2012, Exp. 43281, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 9 de agosto de 2012, Exp. 43195, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; y de 26 de noviembre de 2018, Exp. 58705, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: DECISIÓN ANDINA 376 DE 1995 - ARTÍCULO 2, 5, 15, DECISIÓN ANDINA 850 DE 2019 RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / NEGACIÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Resulta procedente la condena en costas en el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral, cuando se declaran infundados los recursos formulados por ambas partes en contienda? Respuesta al problema jurídico: No El párrafo final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, establece lo siguiente: “Artículo 43. Efectos de la sentencia de anulación. Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo 41, se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o adicionará. (…) Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público.” En las anteriores condiciones se impone concluir que, como no prosperaron las casuales invocadas en los recursos extraordinarios de anulación formulados por las partes en contienda, la Sala no emitirá condena en costas de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 ejusdem. FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 43
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ri Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159) Convocante: Certificaciones S.A. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Radicación No.: Convocante: Convocado: Referencia: 11001.-03-26-000-2022-00059-00 (68159) Certificaciones S.A. Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC- Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral — Ley 1563 de 2012 SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala procede a resolver los recursos extraordinarios de anulación formulados por la por parte convocada, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC-, como por la convocante, Certificaciones S.A., contra el laudo arbitral proferido el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. I. SÍNTESIS DEL CASO El Organismo Nacional de Acreditación -ONAC- (parte convocada), por conducto de apoderado judicial, formuló recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que puso fin a las controversias surgidas con la firma Certificaciones S.A. (parte convocante) durante la ejecución del "Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-O !N-050", celebrado entre las partes el día 23 de junio de 2015, con fundamento, de una parte, en las causales de anulación previstas en los numerales 2°, 7° y 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 y, de otra, porque a su juicio, en este asunto no se agotó el trámite de solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones; A su turno, el apoderado de la parte convocante presentó recurso de anulación con soporte en la causal 9' del artículo 41 ejusdem. II. ANTECEDENTES' 2.1.- El 23 de junio de 2015 se firmó entre el Organismo Nacional de Acreditación -en adelante ONAC- y Certificaciones SA., el contrato de otorgamiento y uso del certificado de acreditaciór No. 14-0IN-050, por el cual el ONAC otorgó a esta última la "autorización o licencia para utilizar el (los) certificados(s) de acreditación con el alcance establecido en el ANEXO 1 para los sitios incluidos en el ANEXO 1 de este contrato y bajo las condiciones del siguiente contrato (sic)". 2.2.- Las partes acordaron pacto arbitral, en la modalidad de cláusula compromisoria, en el Artículo 13 del "Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050" de fecha 23 de junio de 2015, en el que convinieron: Conforme a la información reportaca en el Expediente Digital contenido en la la Sede Electrónica para la Gestión Judicial -SAMAI-, (Índice No. 2) Id Documento: 11001032600020220005900515005030029 Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159) Convocante: Certificaciones S.A. 4. "Artículo 13: Solución de Controversias Contractuales: Cualquier diferencia que suda entre las partes en relación con este CONTRATO, se solucionará a través del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de conformidad con las reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Si no hubiera acuerdo entre las partes en el centro de conciliación, la diferencia será resuelta por un Tribunal de Arbitramento el cual será designado, convocado y sesionará de conformidad con las reglas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal funcionará en dicho Centro, será institucional y estará integrado por 1 Árbitro designado de común acuerdo, o en su defecto, por sorteo del listado de árbitros del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien decidirá en derecho. Los costos que genere el Tribunal de Arbitramento serán cancelados por partes iguales". 2.3.- La sociedad Certificaciones S.A., con fundamento en la cláusula compromisoria contenida en el artículo 13 del "Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050" de fecha 23 de junio de 2015, promovió el 12 de septiembre de 2019 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la integración de un Tribunal de Arbitramento para dirimir las controversias suscitadas con el ONAC durante la ejecución del citado contrato; para tal efecto, fue designado por sorteo como árbitro único el Dr. Henry Sanabria Santos. 2.4.- El Tribunal de Arbitramento se instaló el 26 de noviembre de 2019. En esta audiencia se dictó el Auto No. 1 en el que: (i) se declaró legalmente instalado el Tribunal; (ii) se designó como secretario al Dr. Carlos Humberto Mayorca Escobar; y, (iii) se reconoció personería a los apoderados judiciales de las partes. En la misma audiencia, mediante Auto No. 2 se inadmitió la demanda. 2.5.- La demanda arbitral fue, consecuentemente, subsanada, por medio de escrito presentado oportunamente por la sociedad Convocante. En consecuencia, el Tribunal Arbitral la admitió en proveído del 13 de febrero de 2020; no obstante, la parte Convocante recurrió el auto admisorio de la demanda con el fin de que en dicha providencia se dispusiera que el arbitraje debía considerarse como uno de derecho público por dirigirse contra un particular que "ejerce función administrativa". Así, en providencia de 19 de marzo de 2020, el Tribunal encontró que la Convocada cumplía funciones administrativas y, en este sentido, concluyó que la impugnación debía prosperar, por lo que dispuso vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público. Además, con Auto No. 5 de esa misma fecha, el Tribunal aceptó la renuncia presentada por el secretario del árbitro y designó como tal a la Dra. María Andrea Calero Tafur. 2.6.- El 28 de mayo de 2020, dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la parte convocada presentó escrito de contestación de la demanda en el que se opuso a las pretensiones formuladas y presentó algunas excepciones de mérito, objetó el juramento estimatorio, aportó pruebas y solicitó el decreto y práctica de otras. 2.7.- Seguidamente, el 18 de junio de 2020, la firma Certificaciones S.A. presentó escrito de reforma a la demanda, en el que formuló las siguientes pretensiones: Id Documento: 11001032600020220005900515005030029 Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159) Convocante: Certificaciones S.A. "A. PRETENSIONES PRINCIPALES: PRIMERA: Declare que entre el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia — ONAC y Certificaciones S.A. se celebró el 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050.' SEGUNDA: Declare que el 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050' es contrario a las normas de derecho público aplicables a la función de acreditación que tiene a cargo el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia — ONAC. TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, declare la nulidad absoluta del denominado 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. No. 14-0IN-050.' CUARTA: Declare que el ONAC empleó el 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-01N050' para retirar la acreditación No. 14-0IN- 050 sin respetarle las garantías propias del debido proceso de Certificaciones S.A. B. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS DE LA PRETENSIÓN SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA PRINCIPAL: PRIMERA SUBSIDIARIA: En caso de que el Tribunal Arbitral no declare la nulidad absoluta del Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. No. 14-0IN-050, le solicito entonces declarar que el ONAC incumplió lo dispuesto en los artículos 1 y 2 (numeral 2.1) del denominado 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No.. 14- 01N-050' al retirarla acreditación No. 14-GIN- 050 sin respetar las garantías propias del debido proceso de Certificaciones S.A. SEGUNDA SUBSIDIARIA: Declare también que el ONAC incumplió lo dispuesto en los artículos 1 y 2 (numeral 2.1) del denominado 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. No. 14-0IN- 050' al retirar la acreditación No. 14- OIN-050 sin sujetarse a lo previsto en la Sección 10 de las Reglas del Servicio de Acreditación R-AC-01 Versión 07. TERCERA SUBSIDIARIA: Declare también que el ONAC incumplió lo dispuesto en los artículos 1 y 2 (numeral 2.1) del denominado 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. No. 14-0IN- 050' al retirar la acreditación No. 14- 01N-050 sin sujetarse a lo previsto en la Sección 11 de las Reglas del Servicio de Acreditación R-AC-01 Versión 07. C. PRETENSIONES COMUNES A LAS PRINCIPALES Y SUBSIDIARIAS: PRIMERA COMÚN: Declare la ilegalidad del retiro de la acreditación No. 14-01N050 de la cual era titular la sociedad Certificaciones S.A. SEGUNDA COMÚN: Declare que el ONAC es responsable por los daños antijurídicos causados a Certificaciones S.A. a raíz del retiro ilegal de la acreditación 14-0IN-050. 3 Id Documento: 11001032600020220005900515005030029 Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159) Convocante: Certificaciones S.A. TERCERA COMÚN: Condene al ONAC a resarcir los perjuicios que le causó a Certificaciones S.A., en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante, derivados del retiro ilegal de la acreditación 14-0IN-050, y que ascienden a CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS ($4.207.945.172). CUARTA COMÚN: Condene al ONAC al pago del ajuste del monto de la indemnización en los términos del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. QUINTA COMÚN: Condene al ONAC al pago de las costas y agencias en derech

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000202200059001100103