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Consejo de Estado Providencia

Contrato estatal: Sentencia

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Fecha
2025-08-19
Radicado
25000233600020140017901
Número interno
68815
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
Demandado
HYH ARQUITECTURA S.A

Síntesis de la providencia

Contrato estatal: Sentencia

Lo que dijo la Sala

El contrato número SOP-A-194-2006 fue inicialmente suscrito entre el Departamento de Cundinamarca y el Consorcio Anapoima (fl. 50 y ss cdno. 2), esto es, la parte contratante fue una entidad estatal de aquellas enlistadas en el literal a) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 (departamento), por lo cual, según el artículo 1 ibidem le es aplicable el estatuto general de contratación pública. El régimen jurídico sustancial de los contratos es el vigente al momento de su celebración según lo dispone el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La cesión de la posición contractual de un departamento en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no altera el régimen jurídico sustancial del contrato estatal celebrado antes de la cesión. La regla se apoya en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, y en que el departamento, como entidad enlistada en la Ley 80 de 1993, somete el contrato al estatuto general de contratación pública. Ese régimen no muta por el solo hecho de la cesión, pues las prerrogativas del contrato se transfieren al cesionario. En el caso, el contrato fue suscrito inicialmente por el departamento y el consorcio contratista, y su régimen estatal se mantuvo tras la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido continúa rigiéndose por las normas vigentes al celebrarse, y el cambio de titular no modifica la naturaleza estatal de la relación.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que la cesión realizada entre el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. alteró el régimen jurídico sustancial del contrato estatal SOP-A-194-2006?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 142 de 1994, art. 31
  • Ley 153 de 1887, art. 38
  • Ley 80 de 1993, arts. 2 y 2 núm. 1

También resuelve

  • ¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control judicial en relación con el contrato estatal…
  • ¿Debe reconocerse al contratante una indemnización adicional por los conceptos no aceptados por el tribunal a quo, como la instalación de tuberías, reparaciones del acueducto, diagnóstico de la obra…
  • ¿Puede la Sala abstenerse de imponer costas en segunda instancia conforme al artículo 365 numeral 5 del CGP, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

CONTRATO ESTATAL CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDENCIA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL EFECTOS DE LA CESIÓN DEL CONTRATO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PERJUICIOS EXISTENCIA DE PERJUICIOS CAUSACIÓN DE PERJUICIOS RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS CÁLCULO DE LOS PERJUICIOS VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS CONTENIDO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS INCONFORMIDAD EN LA TASACIÓN DE PERJUICIOS PROCEDENCIA DE MODIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS INCREMENTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS CONDENA EN COSTAS CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Cesión del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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CONTRATO ESTATAL / CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CESIÓN DEL CONTRATO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que la cesión realizada entre el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. alteró el régimen jurídico sustancial del contrato estatal SOP-A-194-2006? Respuesta al problema jurídico: No El contrato número SOP-A-194-2006 fue inicialmente suscrito entre el Departamento de Cundinamarca y el Consorcio Anapoima (fl. 50 y ss cdno. 2), esto es, la parte contratante fue una entidad estatal de aquellas enlistadas en el literal a) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 (departamento), por lo cual, según el artículo 1 ibidem le es aplicable el estatuto general de contratación pública. El régimen jurídico sustancial de los contratos es el vigente al momento de su celebración según lo dispone el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual “en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”. La cesión de la posición contractual del Departamento de Cundinamarca en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no varió ni podía mutar el régimen jurídico sustancial del contrato ni las prerrogativas propias de este, tal como lo reconocieron las partes al momento de pactarla (…). De acuerdo con lo expuesto, todas las prerrogativas pactadas en el contrato y aquellas propias de los contratos estatales se entienden cedidas en favor de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP , entidad pública descentralizada por servicios del orden departamental y, por ende, el régimen sustancial que gobierna el contrato materia de la litis no mutó ni se transformó con ocasión de la cesión; es más, no podía suceder ello por el solo hecho de la figura de la cesión realizada. En ese orden de ideas, se tiene, por una parte, que el régimen del contrato no es de derecho privado porque originalmente no fue celebrado por una empresa de servicios públicos domiciliarios y, en tal virtud, no es aplicable a este caso lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y, por otra, la cesión lleva ínsita la totalidad de privilegios y prerrogativas propios de la naturaleza del contrato y aquellas que expresamente se pactaron; aceptar lo contrario implicaría entender que el régimen del contrato varió como producto de la cesión, lo cual es contrario a la ley, debido a que el régimen del negocio jurídico no está librado a la voluntad o liberalidad de las partes. Las prerrogativas unilaterales propias del estatuto de contratación son reconocidas por la ley en razón de la naturaleza del contrato y sus finalidades están inescindiblemente atadas al cumplimiento de los fines del Estado y no por razón de la naturaleza de la entidad contratante; adicionalmente, las facultades unilaterales pactadas expresamente también se transfieren producto de la cesión por tratarse de las condiciones acordadas por los extremos contratantes en ejercicio de su autonomía, coadyuvado por el hecho especialmente relevante de que el acto de cesión se hizo en favor de una persona jurídica pública que, en los términos del artículo 2, numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993 es igualmente entidad estatal. De conformidad con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 son “entidades estatales” todas aquellas, sin importar su denominación, en las que exista participación pública mayoritaria, en todos los órdenes y niveles 4 , por lo cual no es posible afirmar que la naturaleza jurídica de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, empresa oficial descentralizada del orden departamental, resulte incompatible con el ejercicio de las prerrogativas que le fueron cedidas; cosa distinta es que a los contratos que esta celebre directamente se les aplica el derecho privado por expresa disposición legal. 9) Por consiguiente, se impone concluir que el contrato al que se refieren los hechos de la demanda y sobre el cual versa esta controversia se rige integralmente por el estatuto general de contratación pública, aspecto que resulta de especial relevancia para la contabilización del término de caducidad del medio de control judicial, en relación con la determinación de la naturaleza jurídica de las decisiones unilaterales adoptadas por la contratante en el curso del proceso y para acometer el análisis de fondo de la litis. 10) La Sala pone de presente que en anterior pronunciamiento del 25 de mayo de 2023 , el cual guardaba identidad con el que ahora se decide , la Sala sostuvo que el régimen sustancial aplicable al contrato era el derecho privado; sin embargo, en esta oportunidad se corrige dicha postura jurídica de conformidad con los argumentos que anteceden para sostener que la cesión no varió el régimen sustancial del contrato estatal, que no podía modificarse por el simple hecho de la cesión, más aún cuando a través de este se ejecutaban recursos públicos del departamento de Cundinamarca . NOTA DE RELATORÍA: Referente al régimen jurídico del contrato, revisar: Consejo de Estado,sentencia de 25 de mayo de 2023, rad. 60777, C.P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control judicial en relación con el contrato estatal SOP-A-194-2006, considerando que dicha norma estaba vigente al momento de iniciarse el cómputo correspondiente? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 136 numeral 10 del CCA es la norma aplicable para la contabilización de la caducidad de la acción en este preciso asunto, por ser la disposición normativa vigente al momento del inicio del cómputo correspondiente, (...). En el proceso de la referencia, el contrato SOP-A 194 de 2006 fue de tracto sucesivo y el plazo de ejecución culminó el 15 de agosto de 2011 por vencimiento de la octava prórroga contractual (fl. 195 cdno. 2); a partir del día siguiente se contabilizaron los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral del contrato, hasta el 16 de diciembre de 2011 y, desde el día 17 siguiente hasta el 17 de febrero de 2012 corrió el plazo para liquidar unilateralmente el contrato, por consiguiente, la demanda promovida el 17 de febrero de 2014 (fl. 3 cdno. 1) fue oportuna. FUENTE FORMAL: DECRETO 1 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PERJUICIOS / EXISTENCIA DE PERJUICIOS / CAUSACIÓN DE PERJUICIOS / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / CÁLCULO DE LOS PERJUICIOS / VALORACIÓN DE LOS PERJUICIOS / CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / CONTENIDO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INCONFORMIDAD EN LA TASACIÓN DE PERJUICIOS / PROCEDENCIA DE MODIFICACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTUALIZACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DETERMINACIÓN DE LOS PERJUICIOS / INCREMENTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Debe reconocerse al contratante una indemnización adicional por los conceptos no aceptados por el tribunal a quo, como la instalación de tuberías, reparaciones del acueducto, diagnóstico de la obra, interventoría y supervisión, considerando los informes técnicos aportados y la posibilidad de daño emergente futuro? Respuesta al problema jurídico: Si Para la decisión del recurso se tiene en cuenta que la declaración de incumplimiento contractual del contratista por parte de la sentencia de primera instancia no fue objeto de apelación ni tampoco se cuestionó lo resuelto en relación con la posibilidad de reconocer indemnización de perjuicios en exceso del valor de la cláusula penal pecuniaria9 , aspectos sobre los cuales resolvió en forma expresa el tribunal y no fueron controvertidas por las partes; adicionalmente, la Resolución número 12 de 1° de febrero de 2012 “por medio de la cual se declara el incumplimiento y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria del contrato de obra No. SOP-A-194-2006” (fl. 1 cdno. 8) es un acto administrativo revestido de presunción de legalidad. En ese contexto, la competencia de la Sala se contrae a determinar, únicamente, si hay lugar a incrementar la cuantía de la indemnización reconocida en favor del contratista por los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista. El tribunal a quo reconoció por este concepto la suma de $2.082.515.306 (que actualizada ascendió a $2.508.658.159), correspondiente al valor de los trabajos pagados y no ejecutados por el contratista -valor que tampoco está en discusión en esta instancia-; sin embargo, denegó la indemnización de otros conceptos relacionados con (i) la instalación de tuberías ($3.028.609.956), (ii) las reparaciones requeridas para el funcionamiento del acueducto ($6.993.162.455), (iii) el diagnóstico del estado de la obra ($992.298.800), (iv) la interventoría del diagnóstico ($70.486.390) y, (v) el pago de supervisión adicional de la ejecución del diagnóstico ($1.131.480); en el recurso de alzada se insiste en el reconocimiento de los referidos valores y en el reclamo de intereses de mora sobre los $2.082.515.306 no ejecutados porque dejaron de reportarle réditos a la contratante desde el momento en que fueron entregadas al contratista. Para la decisión del cargo de impugnación la Sala tiene en cuenta que la certeza de los perjuicios cuya reparación se pretende no se restringe al hecho de haberse erogado efectivamente un determinado valor por parte del afectado con el fin de superar los efectos nocivos del incumplimiento de su contraparte (daño emergente consolidado), pues, también existe la posibilidad de indemnizar el daño emergente futuro, siempre que este aparezca plenamente demostrada su causación y relación causal con el incumplimiento. Con el fin de acreditar los perjuicios cuya indemnización pretende, la empresa demandante aportó un dictamen pericial de parte rendido por el ingeniero de sistemas G. O. P., experto en auditoría contable, financiera, tributaria y de sistemas (fls. 191 y ss cdno. 6); de igual manera, allegó el informe de consultoría rendido por la sociedad IEH Grucon SA (cdno. 7) consistente en el producto del contrato cuyo objeto fue la realización del “diagnóstico y evaluación integral para la puesta en funcionamiento del acueducto regional La Mesa – Anapoima” (fls. 460 y ss cdno. 6). CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Puede la Sala abstenerse de imponer costas en segunda instancia conforme al artículo 365 numeral 5 del CGP, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente, y mantenerse la condena en costas de primera instancia si esta no fue objeto de cuestionamiento en el recurso? Respuesta al problema jurídico: Si En los términos del artículo 365 numeral 5 del CGP, la Sala se abstiene de imponer costas en segunda instancia, toda vez que prosperó parcialmente el recurso de apelación. Por su parte, se confirma la condena en costas de primera instancia la cual no fue cuestionada en el recurso que se decide, las cuales se tasarán en el tribunal de primera instancia, incluidas las agencias en derecho. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201400179011100103