Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (DESIGNACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2024-11-18
Radicado
41001233300020140000401
Número interno
71011
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO CCE, CONCOL, ESTUDIOS CIVILES Y SANITARIOS ESSRE S.A.
Demandado
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual

Lo que dijo la Sala

Ha indicado esta Corporación que el contrato de consultoría “consiste, básicamente, en la realización de estudios, diseños y en la asesoría técnica al control y supervisión de proyectos, así como en la interventoría y en la gerencia y dirección de obras o proyectos, lo cual encierra una variedad muy amplia de actividades, todas ellas regidas por un común denominador de índole técnico y cargadas de un matiz especializado en la ejecución de este tipo de contratos.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe cumplir con todas las obligaciones pactadas en un contrato de consultoría relacionado con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), y su incumplimiento puede dar lugar a la negativa del pago de porcentajes pendientes, como el 15% por viabilización de proyectos, si estos no cumplen con los requisitos establecidos. La Sala reitera que el contrato de consultoría se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y que la autonomía de la voluntad permite a las partes modificar el contrato, renunciando a reclamaciones económicas por ampliación de plazos, sin generar desequilibrio financiero que justifique indemnizaciones adicionales. Esto implica que las partes deben cumplir con las modificaciones acordadas y que el juez del contrato debe respetar estas decisiones transaccionales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Cuál es el régimen aplicable a los contratos de consultoría relacionados con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 3200 de 2008
  • Decreto 962 de 2008
  • Ley 1150 de 2007

También resuelve

  • ¿Existió incumplimiento de la parte demandada en la ejecución del contrato de consultoría 429 de 2009?
  • ¿se generó desequilibrio económico del contrato?, y de ser así, ¿habría lugar al reconocimiento indemnizatorio pretendido por la parte demandante?
  • ¿Es procedente la condena en costas?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C)
Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes
Consejo de Estado 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A)
Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado
Consejo de Estado 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C)
Una comprensión integral del concepto de utilidad de la prueba implica que en el proceso deben decretarse sólo los elementos de juicio que sean necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo.
Consejo de Estado 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C)
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado conocen de las controversias sobre validez de contratos de prestación de servicios por cuantía.
Consejo de Estado 2023-03-31 Sección Tercera (Subsección A)
A la par de lo anterior es de señalar que la tipificación del contrato de consultoría determina
Consejo de Estado 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A)
La entidad pública demandada respetó el debido proceso
Titulación de la relatoría 10.565 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NORMATIVA DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO / CONTRATO DE CONSULTORÍA / CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA / OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Problema jurídico: ¿Cuál es el régimen aplicable a los contratos de consultoría relacionados con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA? Respuesta al problema jurídico: Si [H]a indicado esta Corporación que el contrato de consultoría “consiste, básicamente, en la realización de estudios, diseños y en la asesoría técnica al control y supervisión de proyectos, así como en la interventoría y en la gerencia y dirección de obras o proyectos, lo cual encierra una variedad muy amplia de actividades, todas ellas regidas por un común denominador de índole técnico y cargadas de un matiz especializado en la ejecución de este tipo de contratos. De este modo, el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades que le son propias, aunque también se asocia con la aplicación de esos conocimientos a la ejecución de proyectos u obras”. (…) En consecuencia, contrastando el objeto que pretendía satisfacerse con el negocio analizado y el marco funcional de las entidades que lo suscribieron, concluye la Subsección que aquél se relaciona con el cumplimiento en lo atinente a la elaboración, viabilización y aprobación de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento –en adelante PDA con el fin de mejorar la cobertura en agua potable y saneamiento básico para que desarrollaran los estudios y diseños de los componentes de agua potable y saneamiento básico, lo que ratifica la aplicación de las normas del EGCAP.(…) Así las cosas, reitera que el contrato No. 429 de 2009, suscrito entre el CONSORCIO CCE y AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., celebrado el 11 de diciembre de 2009, se rigió por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública por virtud de los Decretos 962 de 2008, 3200 de 2008 y la Ley 1150 de 2007 y cumplió con todas las características propias de un contrato de consultoría. FUENTE FORMAL: DECRETO 3200 DE 2008, DECRETO 962 DE 2008, LEY 1150 DE 2007 RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Problema jurídico: ¿Existió incumplimiento de la parte demandada en la ejecución del contrato de consultoría 429 de 2009? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e puede determinar que los proyectos fueron presentados con un retardo de más de 10 meses y que incluso, dichos proyectos no tuvieron viabilización inmediata por parte del MAVDT, sino que fueron objeto de diferentes observaciones, lo cual no cumplió con el objetivo dispuesto en los anexos técnicos, contrato y otrosíes, conocidos por el consultor desde el momento mismo que hizo parte del proceso como proponente, esto hace referencia a que no se logró el resultado esperado y por ello se entendieron como no recibidos los productos, constatándose el incumplimiento contractual del demandante. (…) En esa medida, y dando cumplimiento a lo pactado dentro de la cláusula de forma de pago, el contratante pagó el valor correspondiente al 90.70% ejecutado del contrato al cual había lugar y considerando que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizó observaciones a los proyectos entregados, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., solicitó al contratista ajustar dichos proyectos y procedió a dar pago de lo ejecutado, de acuerdo a sus obligaciones, como se evidencia en el acta de liquidación bilateral. (…) Como se pudo constatar, dicha obligación no se cumplió en su totalidad y por lo anterior no era procedente ordenar el pago del 15% por concepto de viabilización de los proyectos al que hace alusión el apelante. Es bien conocido que el contratante que no ha accedido a cumplir con el contrato no podrá exigir ni la resolución del mismo ni su cumplimiento (art. 1546, C. Civil). (…) En conclusión, se acreditó que el demandante no cumplió con la totalidad de las obligaciones asumidas con la suscripción del contrato No. 429 de 2009, pues hubo incumplimiento por parte del Consorcio CCE, como se demostró previamente, dado que los proyectos no fueron viabilizados en su totalidad ante el MAVDT, y por lo tanto, no resulta razonable reconocer el pago del 15% reclamado por el apelante FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1546 RECURSO DE APELACIÓN / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿se generó desequilibrio económico del contrato?, y de ser así, ¿habría lugar al reconocimiento indemnizatorio pretendido por la parte demandante? Respuesta al problema jurídico: Si En el caso concreto, solo se probó en el plenario que, de común acuerdo se suscribieron las prórrogas y las suspensiones al contrato de consultoría; y que el demandante renunció a cualquier tipo de reclamación económica generada por la adición del plazo (lo cual no está prohibido63), pues esta decisión corresponde a la autonomía de la voluntad la cual es aplicable en la contratación estatal. Igualmente, considera la Sala que, las partes descartaron la inclusión de los costos o sobrecostos por la ampliación del plazo; y que el juez del contrato debe respetar lo pactado en las modificaciones introducidas por ellas al negocio jurídico -pues es ley para las partes- y, por ende, deben cumplirse (art. 1602 CC). (…) Se debe recordar que los acuerdos posteriores al contrato son expresión de la libertad contractual, de esa autonomía negocial para regular aspectos de la ejecución del contrato, para facilitar su cumplimiento, precisar el objeto, ampliar el plazo, desistir de ciertas reclamaciones y/o adoptar decisiones transaccionales. (…) En el sub examine, no se acreditó con grado de convicción, que la entidad pública condicionara la modificación del contrato a la renuncia de derechos, por el contrario, se puede colegir que se trató de una verdadera expresión de la capacidad de transigir, esto es, de hacer concesiones recíprocas con el fin de precaver un litigio (arts. 5.1, 14, 25.5, 27, 28 y 52 Ley 80 de 1993), pues se infiere que la parte demandante renunció a cualquier reclamación con el fin de lograr una adición en el plazo atendiendo su constantes incumplimientos. (…) De acuerdo al principio pacta sun servanda, ha de reiterarse por parte de la Sala que, al aceptar los términos y condiciones frente a un contrato, se asumen diferentes riesgos inherentes a su ejecución, y la aceptación de los mismos, implica que no se puede alegar a posteriori vía desequilibrio económico, pues son conocidos y asumidos por las partes con la suscripción del contrato y los documentos que lo integran, y, concomitante a ello, previstos los mecanismos para su gestión en caso de acaecer. (…) Tras el análisis ut supra, se determina que no se acreditó el desequilibrio económico del contrato, y, por el contrario, lo relacionado a la ola invernal y el orden público se establecieron como riesgos exógenos previsibles y fueron conocidos y asignados al contratista de forma ex ante. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 5, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 52 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / COSTAS PROCESALES / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Es procedente la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: Si En punto de la condena en costas en segunda instancia, se tiene que, de conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA, y según lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, según se ha entendido la Subsección, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se le imponen. (…) Por lo tanto, se condenará en costas al Consorcio CCE por ser la parte vencida en el proceso, aunado al hecho de que, en esta instancia, se confirmará en todas sus partes la sentencia de primer grado que ella apeló. Conforme al artículo 366 del CGP, las costas serán liquidadas de forma concentrada por el Tribunal de origen. (…) A su vez, el artículo 361 ejusdem prevé que, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Para el caso concreto, se deben seguir los parámetros establecidos en el artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 2003 proferido por la señalada corporación, vigente para el momento en el que se interpuso la demanda, conforme al cual las agencias en derecho para el trámite de segunda instancia, en materia contencioso administrativa (numeral 3.1.3), pueden fijarse en “[h]asta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia” en aquellos asuntos con cuantía.” (…) En este litigio, las pretensiones, en función de la cuantía de la demanda, se estimaron en $1.132.414.797.68. Así, se establece como agencias en derecho, a cargo de CONSORCIO CCE la suma equivalente al 0,1% de aquel valor, a favor de la parte demandada, correspondiente al monto de $1.132.414.80 como consecuencia de la vigilancia que ésta debió realizar al trámite de la segunda instancia del proceso. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=410012333000201400004011100103