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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es exigible tanto al representante legal como a los miembros de la junta directiva

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Fecha
2024-07-03
Radicado
11001030600020240017700
Número interno
177
Ponente
MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA
Sección / Sala
Sala Consulta y Servicio Civil
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
CONFLICTOS DE COMPETENCIA
Actor
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 6 PRIMERA PARA LA CONTRATACION ESTATAL
Demandado
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es exigible tanto al representante legal como a los miembros de la junta directiva

Regla de decisión

Es exigible tanto al representante legal como a los miembros de la junta directiva.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 Primera para la Contratación Estatal, es la autoridad competente para continuar conociendo de la actuación disciplinaria iniciada por la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, por las posibles irregularidades en que pudieron incurrir servidores públicos y contratistas de esa misma entidad en la ejecución de varios contratos de obra e interventoría?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1952 de 2019, arts. 70 y 92
  • Ley 80 de 1993, art. 53

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

RESUELVE CONFLICTO

Lo que dijo la Sala

Así las cosas, se evidencia que el proceso disciplinario que generó el presente conflicto de competencia administrativa, según lo afirma la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, involucra a determinados servidores públicos de dicha autoridad y a particulares disciplinables, «bajo su condición de contratistas y/o interventores».

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Titulación de la relatoría 11.715 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / SENA / POTESTAD SANCIONATORIA DISCIPLINARIA DEL ESTADO / FUNCIÓN DISCIPLINARIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL SERVIDOR PÚBLICO OBITER DICTUM La potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa. La Ley 1952 de 2019 reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria. Así mismo, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria) en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la potestad disciplinaria del Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación núm. 11001-03-06-000-2019-00120-00. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 PROCESO DISCIPLINARIO / CONOCIMIENTO DEL PROCESO DISCIPLINARIO / COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / FACTOR DE COMPETENCIA / COMPETENCIA SUBJETIVA OBITER DICTUM [L]a competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento y decisión de un asunto. Esta se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, con fundamento en los factores o criterios siguientes: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad. En relación con el sujeto disciplinable, el inciso 6.° del artículo 2.° de la citada ley prevé que «[a] la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente». (…) [L]os criterios que tiene en cuenta el Código General Disciplinario para atribuir la competencia, por el factor subjetivo, son: i) la calidad de servidor público o el particular en ejercicio de funciones públicas que tenga el presunto infractor; ii) el cargo que ocupa u ocupó el servidor público, o la función que cumple o cumplió el particular investido de funciones públicas, y iii) la rama, el órgano, la entidad o el organismo para la cual trabaja o trabajó el servidor, o para el cual presta o prestó sus servicios el particular. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el factor subjetivo o personal en el campo disciplinario, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 14 de junio de 2024, radicación núm. 11001-03-06-000-2024-00157-00. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 92 CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO / OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO / COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN OBITER DICTUM Por control interno disciplinario debe entenderse la oficina o dependencia de una entidad administrativa que, conforme a la ley, tiene a su cargo el ejercicio de la función disciplinaria. (…) La norma en cita ordenó a todos los organismos y entidades estatales organizar una unidad u oficina del más alto nivel, con la función de conocer y fallar, en primera instancia, los procesos disciplinarios contra los servidores públicos del respectivo organismo o entidad, siempre que también se garantice la segunda instancia dentro del mismo organismo o entidad. De no ser factible organizar la segunda instancia, tal competencia debe ser asumida, en forma excepcional, por la Procuraduría General de la Nación. La hipótesis normativa sobre la imposibilidad de garantizar la segunda instancia dentro de la respectiva entidad, y su solución ̶ la competencia de la Procuraduría General ̶ , guardan evidente relación con las estructuras internas de los organismos y entidades públicos, que son jerárquicas, así como con la categorización de los empleos públicos en niveles igualmente jerárquicos. (…) Esta interpretación ha sido acogida por la Sala de Consulta y Servicio Civil en ocasiones anteriores, en las que ha explicado, a partir de lo que disponía el artículo 76 de la Ley 734 de 2002, que el criterio jerárquico funcional que traían las legislaciones anteriores ha sido reemplazado por un criterio de especialidad y de autonomía, según el cual, una sola oficina debe tener a cargo el conocimiento integral de los asuntos disciplinarios en contra de los servidores públicos de las diferentes entidades del Estado. En ese sentido, tanto la investigación como la decisión están a cargo, en primera instancia, de las oficinas o grupos de control interno disciplinario. Es claro entonces que el artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, como en su momento también lo hizo tanto el artículo 76 de la derogada Ley 734 de 2002, exigen que las oficinas de control disciplinario interno sean «del más alto nivel», expresión que, por tratarse de una dependencia, remite a la estructura institucional de cada entidad. Asimismo, el citado artículo 93 establece que la segunda instancia en los procesos disciplinarios le corresponde a la Procuraduría General de la Nación, pero solamente en el evento en que no se pueda garantizar en la entidad. De esta manera, todos los servidores del organismo o entidad correspondiente están sujetos a la competencia de la oficina, unidad o grupo de control disciplinario interno, que debe ser del más alto nivel, salvo disposiciones especiales que indiquen lo contrario, como las que, entre otras, se enuncian a continuación: i) Respecto de funcionarios que gozan de fuero especial conforme a la Carta Política o la ley, o cuya competencia en materia disciplinaria ha sido asignada de manera privativa a la Procuraduría General de la Nación. ii) Cuando la Procuraduría General de la Nación o las personerías ejercen de manera expresa el poder disciplinario preferente que les otorga la Constitución Política y la ley (artículos 3 y 86 de la Ley 1952 de 2019.) iii) Cuando en la comisión de la falta disciplinaria intervienen al mismo tiempo particulares y funcionarios de una entidad, caso en el cual la investigación corresponde en su integridad a la Procuraduría General de la Nación (artículos 92 y 98 de la Ley 1952 de 2019). iv) En los casos en que las normas legales o con fuerza de ley que organizan el control disciplinario interno en una entidad excluyen expresamente de su ámbito de competencia a determinados funcionarios de esta; y v) Cuando la oficina de control disciplinario interno está sometida jerárquicamente al funcionario que debe investigar, o si no fuere posible garantizar la segunda instancia, por razones de estructura organizacional (artículo 93 ibidem). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de las oficinas de control disciplinario interno, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 4 de mayo de 2022, radicación núm. 11001 03 06 000 2022 00002 00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: i) Decisión del 19 de abril de 2021, radicado núm. 11001-03-06-000-2021-00014-00); ii) Decisión de 18 de julio de 2016, radicado núm. 11001-03-06-000-2016-00065-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 20 de marzo de 2018, radicado núm. Radicado número: 11001-03-06-000-2017-00123-00. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 2, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 93 ETAPAS DEL PROCESO DISCIPLINARIO / ETAPA DE INDAGACIÓN / INDAGACIÓN PRELIMINAR DISCIPLINARIA / ETAPA DE INSTRUCCIÓN / ETAPA DE INVESTIGACIÓN / JUZGAMIENTO DISCIPLINARIO OBITER DICTUM Según lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 34 de la Ley 2094 de 2021, la indagación previa procede cuando existe duda sobre la identificación o individualización del posible autor de una presunta falta disciplinaria. Tal etapa tiene un término máximo de seis meses, y culmina con el archivo definitivo o con el auto de apertura de investigación. En vigencia de la Ley 734 de 2002, la indagación previa se denominaba indagación preliminar. Hoy, la finalidad de una y otra no presenta diferencias (…) De acuerdo con lo expuesto, es claro que la indagación previa se justifica en la necesidad de racionalizar los recursos administrativos y evitar el despliegue injustificado de actuaciones por parte del Estado, y tiene por propósito esclarecer las dudas respecto de la identificación o individualización del posible autor o autores de una falta disciplinaria. Es una actuación de carácter reservado que puede ser adelantada por cualquier autoridad facultada para ejercer la potestad disciplinaria. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la etapa de indagación previa, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 19 de diciembre de 2023, radicado núm. 11001-03-06-000-2023-00459-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 5 de septiembre de 2018, radicación 11001030600020180000900; Corte Constitucional. Sentencia C-430 del 4 de septiembre de 1997. Reiterada en las sentencias C-728 de 2000 y C-175 de 2001. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 208 EMPLEADO DEL SENA / RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL EMPLEADO DEL SENA / PARTICULARES QUE EJERCEN LA FUNCIÓN PÚBLICA / COMPETENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Problema jurídico: ¿La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 Primera para la Contratación Estatal, es la autoridad competente para continuar conociendo de la actuación disciplinaria iniciada por la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, por las posibles irregularidades en que pudieron incurrir servidores públicos y contratistas de esa misma entidad en la ejecución de varios contratos de obra e interventoría? Respuesta al problema jurídico: Si Así las cosas, se evidencia que el proceso disciplinario que generó el presente conflicto de competencia administrativa, según lo afirma la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, involucra a determinados servidores públicos de dicha autoridad y a particulares disciplinables, «bajo su condición de contratistas y/o interventores». Como ya se explicó, respecto de los particulares disciplinables la Procuraduría General de la Nación ostenta un poder de carácter exclusivo que, además, desplaza la potestad de las oficinas de control disciplinario interno cuando en la comisión de una o varias faltas disciplinarias conexas intervengan los referidos sujetos junto con servidores públicos. Por último, precisa la Sala que, según lo establecido por el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, la responsabilidad disciplinaria de quienes ejercen labores de interventoría o supervisión en los contratos, cuando esta es realizada por personas jurídicas, es exigible tanto al representante legal como a los miembros de la junta directiva. FUENTE FORMAL: LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 70, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 92, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 53

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202400177001100103