Titulación de la relatoría 25.756 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONFLICTO DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PERSONERÍA MUNICIPAL / COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / PROCESO DISCIPLINARIO / EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DISCIPLINARIA DEL ESTADO / POTESTAD SANCIONATORIA DISCIPLINARIA DEL ESTADO / SERVIDOR PÚBLICO / CONTROL DISCIPLINARIO / CONTROL DISCIPLINARIO DEL SERVIDOR PÚBLICO / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o del interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades?
Respuesta al problema jurídico: Si
De manera reiterada, la Sala ha expresado que la potestad disciplinaria del Estado sobre los servidores públicos está justificada en la necesidad de garantizar que, en el ejercicio de sus funciones, tales personas actúen con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que guían la función administrativa. En esa medida, el control disciplinario es un instrumento jurídico orientado a proteger el buen nombre, la transparencia y la eficiencia de la Administración Pública, y a que la función pública se ejecute en beneficio del bien común o del interés general de la comunidad y de sus asociados, así como de sus derechos y libertades. Cuando los servidores públicos que cumplen funciones públicas quebrantan estos principios, o incurren en cualquier omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria. La Ley 1952 de 2019 reconoce al Estado como titular de la potestad disciplinaria. A la vez, radica la titularidad para el ejercicio de dicha potestad (acción disciplinaria). en la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno de las entidades públicas, los funcionarios con potestad disciplinaria de todas las ramas, órganos y entidades del Estado, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ─a través de sus seccionales─
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la potestad disciplinaria del Estado, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 9 de julio de 2026, radicación 11001-03-06-000-2026-00162-00; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión de 13 de diciembre de 2019, radicación 11001-03-06-000-2019-00120-00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 27 de octubre de 2006, radicación núm. 11001-03-06-000-2006-00112-00 (1787). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de marzo de 2011, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00002-00 (2046). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 11 de junio de 2025, radicación núm. 11001-03-06-000-2025-00016-00. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 15 de octubre de 2024, radicación 11001-03- 06-000-2024-00518-00; decisión del 18 de septiembre de 2024, radicación 11001-03-06-000-2024- 00470-00; y decisión del 10 de julio de 2024, radicación 11001-03-06-2024-00168-00.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019
CONTROL DISCIPLINARIO / FACULTAD DISCIPLINARIA / COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / OFICINA DE CONTROL INTERNO / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿La competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad, para que conozca y decida un asunto. y se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021?
Respuesta al problema jurídico: Si
En materia disciplinaria, la competencia es entendida como la atribución legítima conferida a una autoridad, para que conozca y decida un asunto. Esta se asigna, según el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, con fundamento en los factores o criterios siguientes: la calidad del sujeto disciplinable (factor personal o subjetivo), la naturaleza del hecho (factor objetivo o material), el territorio o lugar donde ocurrió la presunta falta (factor territorial), la instancia en la cual actúa el operador disciplinario (factor funcional) y el factor de conexidad. En relación con el sujeto disciplinable, el régimen disciplinario colombiano como expresión del ius puniendi del Estado, parte de la regla general según la cual, la potestad disciplinaria estatal se ejerce principalmente respecto de los servidores públicos. Consecuente con este planteamiento, el ordenamiento jurídico únicamente admite, de manera excepcional, la posibilidad de extender dicho control a los particulares cuando estos ejercen función pública. (...) El artículo 70 del Código General Disciplinario adoptado mediante la Ley 1952 de 2019 establece tal postulado, y limita la posibilidad de someter a los particulares a la acción disciplinaria del Estado a los siguientes supuestos: i) cuando ejerzan «funciones públicas de manera permanente o transitoria»; ii) cuando administren recursos públicos; iii) cuando cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; y iv) cuando funjan como auxiliares de la justicia (...) [L]a Sala consideró que la prestación de servicios públicos por particulares no implica automáticamente el ejercicio de función pública. Para que ello ocurra resulta indispensable el cumplimiento de las dos siguientes condiciones: la primera: la existencia de una habilitación legal expresa que atribuya al particular el desarrollo de una actividad que es competencia del Estado; y la segunda: el objeto de la aludida atribución debe consistir en la asignación de prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado, lo que suele materializarse en la imposición de sanciones y en el desarrollo de competencias propias del poder público (...) [L]a Sala colige que el sometimiento de los particulares a la acción disciplinaria es excepcional. Tal posibilidad se sujeta a los precisos supuestos de hecho que establece el artículo 70 del Código General Disciplinario, restricción que resulta igualmente aplicable al caso particular de la prestación de servicios públicos por parte de particulares. El único caso en que el legislador autoriza el ejercicio de la acción disciplinaria se presenta cuando aquellos ejerzan función pública, lo que se define como el desarrollo de «prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado».
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el factor subjetivo como determinante de la competencia en el campo disciplinario. Énfasis en el régimen disciplinario de los particulares previsto en el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 11 de junio de 2025, radicación núm. 11001-03-06-000-2025-00016-00. conflicto radicado núm. 11001-03-06-000-2024-708-00 del 23 de abril de 2025. radicado número 11001-03-06-000-2026-00070-00 del 28 de mayo de 2026. sentencia C-037 de 2003. Sentencia C-280 de 1996. C-338 de 2011, C-181 de 2002, C-233 de 2002, C-722 de 2007, C-644 de 2011, C-037 de 2003, SU1010 de 2008.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 70, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 70, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 91, LEY 2094 DE 2021 - ARTÍCULO 13
CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El contrato de prestación de servicios tiene como finalidad apoyar la gestión de las entidades estatales y no sustituirlas en el ejercicio de sus competencias?
Respuesta al problema jurídico: Si
En primera instancia, es importante poner de presente la noción concebida en el artículo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993, Estatuto de la Contratación Pública, sobre los contratos de prestación de servicios. (…) Como ha tenido oportunidad la Sala de analizarlo en concepto del 4 de noviembre de 2004 con radicación 2004-01592-01, el referido contrato tiene como finalidad colaborar con las entidades estatales en el cumplimiento de tareas relacionadas con la administración o funcionamiento de las mismas, sin que ello implique, necesariamente, el ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares contratados, pues de lo que se trata es de suplir las necesidades de personal, bien porque no es suficiente o bien porque se requieren especiales conocimientos con los cuales no cuenta la entidad . En concepto del 19 de noviembre de 2015, con radicación 2014-00011-00, la Sala resaltó que cuando las actividades de las entidades no puedan realizarse por el personal de planta o se requiera de conocimientos especializados, […] (ambas exigencias suponen que la contratación de este tipo de servicios busca complementar y apoyar la actividad de una dependencia y de los servidores públicos a ella adscritos, en aras de la realización de los fines estatales y de los principios que rigen la función pública). En el precitado concepto, la Sala concluyó que se trataba de particulares que se vinculaban a la administración pública para apoyarla en el ejercicio de sus funciones y no para asumir la prestación de las mismas. (...) [C]abe señalar que la sentencia C-037 de 2003 de la Corte Constitucional hizo un repaso de las distintas etapas normativas y jurisprudenciales sobre la responsabilidad disciplinaria de los particulares contratistas y declaró exequible la expresión (particulares […] que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas […]), siempre que se entienda ([…] que el particular que preste un servicio público, solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean asignadas explícitamente por el Legislador). Así mismo, este alto tribunal, en la sentencia C-094 de 2003, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del numeral 29 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que estableció como falta gravísima ([c]elebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales) (...) En síntesis, la jurisprudencia ha sido uniforme en señalar que el contrato de prestación de servicios tiene como finalidad apoyar la gestión de las entidades estatales y no sustituirlas en el ejercicio de sus competencias. Por ello, solo de manera excepcional, cuando el legislador atribuya expresamente al contratista el ejercicio de potestades inherentes al Estado, podrá entenderse que este ejerce funciones públicas.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los contratos de prestación de servicios y ejercicio de funciones públicas, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil: Decisión del 11 de junio de 2025, Rad. núm. 11001-03-06-000-2025-00016-00; Decisión del 22 de marzo de 2017, radicado núm. 11001-03-06- 000-2016-00191-00) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 4 de noviembre de 2004. Rad. No. 2004-01592-01. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 19 de noviembre de 2015. Rad. No. 2014-00011-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia Rad. No. 11001-03-26-000-2011- 00039-00(41719) 2 de diciembre de 2013. Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2003 del 28 de enero de 2003. sentencia C-094 de 2003
FUENTE FORMAL:
LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 29, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 3
COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN / PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Problema jurídico:
¿El artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario, dispone que le corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías investigar a los particulares disciplinables de acuerdo con los términos del Código General Disciplinario?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 92 de la Ley 1952 de 2022, Código General Disciplinario, señaló, en cuanto al régimen disciplinario aplicable a los particulares que ejercen funciones públicas. (…) [E]sta norma dispone que le corresponde a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías, investigar a los particulares disciplinables de acuerdo con los términos del Código General Disciplinario. (…) [E]s dable concluir que son sujetos disciplinables, por el régimen contenido en el Código General Disciplinario, los particulares que ejerzan funciones públicas. Así las cosas, es posible señalar que, de conformidad con el nuevo Código General Disciplinario, la competencia para investigar y sancionar a los particulares disciplinables recae en la Procuraduría General de la Nación y en las personerías, según lo dispone el artículo 95 de la Ley 1952 de 2019. (...) En consecuencia, el Código General Disciplinario atribuye a la Procuraduría General de la Nación y a las personerías la competencia para investigar y sancionar disciplinariamente a los particulares que tengan la calidad de sujetos disciplinables, entre ellos, quienes ejerzan funciones públicas
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar a particulares que ejercen funciones públicas, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 11 de junio de 2025,
radicación núm. 11001-03-06-000-2025-00016-00
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 70, LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 92
PERSONERÍA MUNICIPAL / FUNCIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL / PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN / PODER DISCIPLINARIO / PODER DISCIPLINARIO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO / FALTA DISCIPLINARIA / SERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Le corresponde al personero municipal o distrital en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las funciones de los personeros municipales están reguladas por varias normas de rango constitucional, legal y reglamentario. (…) Luego, a través de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, se determinó la naturaleza del cargo de personero municipal y se precisaron las funciones a este asignadas. (…) [L]a Corte Constitucional en la sentencia C-1067 de 2001 señaló que los personeros municipales, aunque pueden considerarse como agentes del Ministerio Público, ya que en ciertos casos ejercen funciones propias de la órbita de dicha institución, no son, en estricto sentido, para efectos de dar aplicación a los artículos 277 y 280 de la Carta, agentes permanentes del Procurador General de la Nación ante las autoridades jurisdiccionales. (…) [L]as personerías municipales ejercen funciones disciplinarias como órganos del Ministerio Público en el ámbito local, encargadas de vigilar la conducta de los servidores públicos municipales y de investigar las faltas disciplinarias que se presenten en el ejercicio de sus funciones. Este poder disciplinario no es absoluto, pues no se extiende al alcalde, los concejales ni al contralor municipal, cuyas investigaciones y sanciones corresponden exclusivamente a la Procuraduría General de la Nación. No obstante, las personerías cuentan con poder disciplinario preferente frente a la administración municipal.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las funciones asignadas a las personerías municipales, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 23 de julio de 2026 rad. núm. 11001-03-06-000-2026-00216-00; decisión del 15 de octubre de 2025, rad. núm. 11001-03-06-000- 2025-00374-00, y decisión del 9 de abril de 2026, rad. núm. 11001-03-06-000-2025-00565-00. Corte Constitucional en la sentencia C-1067 de 2001
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 277, LEY 136 DE 1994, LEY 1551 DE 2012
FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / ABOGADO / PROCESO DISCIPLINARIO
Problema jurídico:
¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sustituyó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en cuanto al ejercicio de la función disciplinaria, entre otros, respecto de los abogados en ejercicio de su profesión?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 256 de la Constitución Política consagró, entre las atribuciones iniciales del Consejo Superior de la Judicatura. (…) En vigencia de las normas citadas, los procesos disciplinarios en contra de los abogados en el ejercicio correspondían entonces, al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales. Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas homólogas de los consejos seccionales de la judicatura, y, en su lugar, se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales, con lo cual, además, se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial y se continuó con la tradición tendiente a que los abogados en ejercicio fueran investigados disciplinariamente por la ahora Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales. Ahora bien, sobre la entrada en vigencia de tales cambios, es importante rememorar que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-373 de 2016, declaró exequible el artículo 19 del acto legislativo en mención, el cual quedó incorporado a la Constitución Política como artículo 257A. Frente a lo anterior, la Sala, en el Concepto 2415 del 20 de agosto de 2019. (…) En tal virtud, la entrada en funcionamiento del nuevo modelo institucional quedó sujeta a la designación y posesión de los magistrados que integrarían la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, lo que ocurrió en diciembre de 2020, con la elección de los siete magistrados que la integran, quienes se posesionaron de sus cargos el 13 de enero del 2021.(…) Así las cosas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sustituyó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto al ejercicio de la función disciplinaria sobre los funcionarios judiciales y abogados en ejercicio de su profesión. Adicionalmente, la citada norma constitucional le asignó al nuevo órgano, la función jurisdiccional disciplinaria respecto de los empleados de la Rama Judicial, quienes antes eran disciplinables por sus respectivos superiores jerárquicos, conforme al artículo 115 de la Ley 270 de 1996. En consecuencia, como lo ha señalado la Sala en reiteradas oportunidades, en la actualidad y desde que empezó a operar (13 de enero de 2021), la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales tienen competencia, exclusivamente, para investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (servidores judiciales), y a los abogados en ejercicio de su profesión. En síntesis y conforme a lo expuesto, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales se encuentran a cargo de los siguientes asuntos: i. La función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial (servidores judiciales); ii. La función jurisdiccional disciplinaria frente a las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, salvo que esta función se atribuya, por la ley, a un colegio de abogados; iii. Los procesos disciplinarios iniciados antes del 13 de enero de 2021, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Así, el artículo 19 del Código Disciplinario del Abogado, Ley 1123 de 2007, expresamente establece que son destinatarios de ese código los (abogados en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público) y los (abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio). [Énfasis de la Sala]. También señala la misma Ley, que le compete a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, hoy Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, el conocimiento de los procesos disciplinarios (contra los abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción). (Art. 60).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, frente a los abogados en ejercicio, ver: Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Decisión del 11 de junio de 2025, Rad. núm. 11001-03-06-000-2025-00016-00; Decisión del 22 de abril de 2024, rad. núm. 11001-03-06- 000-2024-00042-00.
FUENTE FORMAL:
ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 256, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 257A, LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 60, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 115
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL / PERSONERÍA MUNICIPAL / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / ABOGADO / COMISARÍA DE FAMILIA / MUNICIPIO / INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL ABOGADO
Problema jurídico:
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer de la actuación disciplinaria que deba adelantarse en contra de un abogado contratista de la Comisaría de Familia Sector Centro del municipio de Pereira (Risaralda), por presuntas irregularidades ocurridas en el marco de un procedimiento de medida de protección por violencia intrafamiliar?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala no encuentra acreditado que las actividades desarrolladas por el señor [disciplinado] en calidad de contratista, implicaran el ejercicio de función pública en los términos exigidos por la Constitución, la ley y la jurisprudencia, pues tales labores en modo alguno significaron el ejercicio de (prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado), establecidas o determinadas por la ley. Aunque sus labores se encontraban vinculadas al trámite de procedimientos administrativos propios de las comisarías de familia, la propia descripción contractual da cuenta que la participación del contratista se circunscribía al apoyo jurídico y técnico de la autoridad administrativa (...) [L]os elementos de prueba obrantes en el expediente no se desprende que el contratista hubiera sido investido de potestades públicas, facultades regulatorias o competencias sancionatorias, ni que estuviera habilitado para expedir actos administrativos con efectos vinculantes frente a terceros. Por el contrario, la adopción de decisiones, la suscripción de providencias y el ejercicio de las competencias legales continuaban radicados exclusivamente en cabeza de la comisaría de familia. (...), [L]a Sala considera que el señor (...) [N]o ostentaba la condición de particular que ejerce funciones públicas, razón por la cual no resulta procedente la aplicación del régimen disciplinario previsto en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, y, en ese orden, ni la Procuraduría General de la Nación ni la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa de Pereira se encuentran facultadas para iniciar el proceso disciplinario correspondiente. (...) [L]a conducta denunciada sí se habría producido en desarrollo de las actividades jurídicas para las cuales fue contratado como abogado. De manera tal que el análisis disciplinario recae sobre las actuaciones presuntamente desplegadas con ocasión del ejercicio profesional de la abogacía, y no sobre el ejercicio de función pública, como ya se explicó. Una conclusión que resulta acorde con el artículo 26 de la Constitución Política, según el cual las profesiones legalmente reconocidas podrán organizarse y las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán su ejercicio, con el propósito de garantizar la idoneidad y responsabilidad de quienes las desempeñan. En el mismo sentido, el artículo 257A de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 2 de 2015 y desarrollado por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, atribuye a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales la función de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio. Por su parte, el artículo 114 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024, establece que corresponde a las comisiones seccionales de disciplina judicial conocer, en primera instancia, de los procesos disciplinarios adelantados contra los abogados, por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción. Aunado a lo anterior, el artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 dispone que los abogados son destinatarios del régimen disciplinario y están sometidos a su aplicación cuando incurran en faltas cometidas con ocasión del ejercicio de la profesión, entendido este como el desarrollo de actividades jurídicas para las cuales se exige dicha calidad profesional. En consecuencia, dado que los hechos denunciados guardan relación directa con las labores jurídicas encomendadas al señor [disciplinado]. y no con el ejercicio de función pública, la autoridad competente para adelantar la correspondiente investigación disciplinaria es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 257A, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 26, LEY 1123 DE 2007 - ARTÍCULO 19, LEY 1952 DE 2019, LEY 2094 DE 2021, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 114