Titulación de la relatoría 14.256 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RENDIMIENTO FINANCIERO / ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
Problema jurídico:
¿Hay lugar o no al pago de los rendimientos financieros aducidos por la parte y se debe dejar de lado el examen de las pretensiones de incumplimiento y el análisis del balance puesto de presente por el Tribunal en torno al logro o no del objeto convenido?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sub examine, el convenio interadministrativo 355 de 2013, suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON y el municipio de Turbo, (...) En la cláusula quinta del negocio20 se estipuló que el Ministerio aportaría hasta la suma de $683’000.000, que incluía la totalidad de costos, estudios y diseños, obra e interventoría y los demás requeridos para la ejecución del proyecto, mediante cuatro desembolsos, así: a) el primero, por el valor de $10’482.241; b) el segundo, por la suma de $262’717.769; c) el tercero, por $341’500.000; y d) un último desembolso, por $68’300.000; cada uno en distintos momentos de ejecución del proyecto, en atención a su avance. Igualmente, en el evento en que los estudios y diseños arrojaran un mayor valor al presupuestado por el Ministerio, el municipio se comprometió a dar “el recurso faltante antes de publicar el proceso de selección de obra. Así mismo, si durante la ejecución de la obra se presentan circunstancias que impliquen un mayor valor, la entidad territorial se obliga a aportar el recurso faltante”. En la cláusula décima sexta del convenio se determinó que los desembolsos efectuados por el Ministerio se depositarían en “la CUENTA DE AHORROS No. 959-145795-98 del (sic) Bancolombia, denominada MUNICIPIO DE TURBO ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA establecida para el proyecto a nombre del Municipio de TURBO”. En este orden de ideas y ante la constatación de las normas presupuestales que determinan el pago de los rendimientos financieros provenientes de la inversión de los recursos originados en aportes de la Nación, mediante la consignación de éstos en la cuenta de la dirección del Tesoro Nacional y que, además, estas previsiones fueron llevadas al contenido obligacional del convenio interadministrativo 355 de 2013, al estipular que el municipio debía reintegrar al Tesoro Nacional a la terminación del proyecto los rendimientos financieros producidos con ocasión de los recursos aportados por el Ministerio, resulta ineludible verificar si se acreditó la generación de tales rendimientos o ganancias con ocasión de los desembolsos entregados por la Nación al municipio de Turbo. (...) Asiste razón a la demandante, en considerar que el a quo no tuvo en cuenta los rendimientos financieros dentro de la liquidación que elaboró -numeral 11 de esta providencia-, de manera que ante su falta de inclusión, resulta procedente modificar el balance mencionado, pues ello obvió las disposiciones legales que así lo disponen, al igual que desconoció las previsiones contractuales que remarcaron en tal obligación –recuérdese que el convenio dispuso, además, que “si durante la ejecución de la obra se presentan circunstancias que impliquen un mayor valor, la entidad territorial se obliga a aportar el recurso faltante”, quedando comprometido el municipio a efectuar tal cobertura, sin modificar la obligación de retorno de los rendimientos financieros a su titular, la Nación-. 35. En consecuencia, se modificará la liquidación judicial, con la aclaración que esta variación se circunscribirá a los rendimientos financieros probados a través de la certificación del 21 de enero de 2016, ya aludida, en la medida que no se aportó otro medio de convicción para estos efectos, ni se advierte prueba o manifestación que controvierta la cifra indicada en tal documento. 36. Asimismo, al advertir que el valor en letras y números registrado en aquel documento no es coincidente, se preferirá la cifra escrita en palabras25, esto es, “UN MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS”, y no “$1.172.411,21”, la cual se introducirá como una obligación de pago a cargo del municipio de Turbo y a favor de la Cuenta Única Nacional, a nombre de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, sin variar los demás componentes que integran la liquidación del convenio interadministrativo 355 de 2013, comoquiera que, se itera, el apelante no esbozó un reproche en torno a éstos en la alzada. 37. Por consiguiente, se actualizarán los rendimientos financieros certificados que le corresponde pagar al municipio -$1’172.400,21, utilizando los índices de precios al consumidor certificados por el DANE, para ello se tendrá en cuenta que el índice inicial corresponde a la fecha en la cual la entidad accionada debía cancelarlos, según la cláusula segunda del convenio26 -20 de febrero de 201527 - y que el índice final corresponde a la fecha de esta providencia, con base en la siguiente fórmula (donde Vp corresponde al valor presente y Vh al valor histórico o inicial) (...) De modo que, la suma que le corresponde pagar al municipio de Turbo a favor de la Cuenta Única Nacional, a nombre de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por concepto de los rendimientos financieros es de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NUEVE PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS M/CTE ($1’840.009.23).
ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La finalidad del recurso de apelación es que superior jerárquico revise la decisión del a quo, acusada de ser errática o de romper o lesionar el ordenamiento jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el recurso de alzada tiene por finalidad que el superior jerárquico revise la decisión del a quo, acusada de ser errática o de romper o lesionar el ordenamiento jurídico, se impone contrastar los argumentos del apelante y los aspectos de la decisión de primer grado que son atacados por esta vía, como definitorios de la competencia material del juez de segunda instancia. Con esta precisión, al ad quem le está vedado -salvo las excepciones hechas por el legislador 13 - volver sobre temas no discutidos del fallo impugnado que son aceptados por el recurrente (porque omite debatirlos en la sustentación del recurso de apelación o porque expresamente los elimina de la discusión manifestando su asentimiento en relación con ellos), pues éstos quedan cobijados por la presunción de legalidad y acierto que acompaña a las providencias judiciales. En el sub lite, el eje de la decisión se circunscribirá a determinar si hay lugar o no al pago de los rendimientos financieros aducidos, dejando de lado el examen de las pretensiones de incumplimiento y el análisis del balance puesto de presente por el Tribunal en torno al logro o no del objeto convenido.
RENDIMIENTO FINANCIERO / PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN / PRINCIPIO DE UNIDAD DE CAJA / FRUTOS CIVILES DEL BIEN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Qué son los rendimientos financieros y cómo es su asignación en las finanzas del Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Los rendimientos financieros corresponden a las ganancias o valores excedentes resultantes de la inversión, entrega o administración de un monto de dinero. Se afilian en la categoría de los frutos civiles provenientes del capital inicial y, en esa medida, “pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen” –artículo 718 del Código Civil–. Para entender su asignación en las finanzas estatales, resulta relevante precisar que el artículo 352 de la Carta Política prevé que los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel están sujetos a lo establecido por la ley orgánica del presupuesto y que, mediante el artículo 24 de la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, se autorizó al Gobierno Nacional a recopilar la aludida ley con las leyes 38 de 1989 y 179 de 1994, compilación que constituye el referido Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP) -Decreto 111 de 1996-. El EOP prevé que todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las prescripciones allí contenidas (art. 1º) y establece que “el Presupuesto General de la Nación está compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el presupuesto nacional”; indica que este último “comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral, y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las empresas industriales y Comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta” (art. 3º). A su vez, consagró, para efectos presupuestales, que “todas las personas jurídicas públicas del orden nacional, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta o asimiladas a éstas por la ley de la República, se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden nacional” 15 (se subraya). 23. En desarrollo del principio de unidad de caja, que consagra que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se pagarán todas las erogaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación, el parágrafo 2º del artículo 16 del citado EOP determinó que “los rendimientos financieros de los establecimientos públicos provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes de la Nación, deben ser consignados en la dirección del tesoro nacional, en la fecha que indiquen los reglamentos de la presente ley (…)”. Sobre la materia, vale precisar que el citado principio procura que los recursos estatales sean manejados de forma eficiente y ordenada, a partir de dos ejes centrales: “en primer lugar, se concreta en que los ingresos estatales deben integrarse a una caja común y única, con cargo a la cual se realizan las erogaciones propias de la gestión del ente público; y en segundo lugar, como corolario de lo anterior, no debe haber rentas atadas ni rentas con destinación específica que afecten esa correlación entre la caja común y la generalidad del gasto” 16. Asimismo, en aplicación del aludido mandato, con la entrada en vigencia de la Ley 179 de 1994, incorporada en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, se estableció que los organismos del orden nacional solo pueden depositar sus recursos en la Cuenta Única Nacional, a nombre de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. (...) n esa medida, la interpretación de las mencionadas normas presupuestales permite afirmar que los rendimientos que se originan en recursos de la Nación deben ser reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. En todo caso, si se trata de recursos entregados para financiar entidades públicas, ellos deben dirigirse a cubrir los compromisos asumidos por las últimas; sin embargo, si durante la ejecución resulta necesario ingresar recursos al sistema bancario, los rendimientos que produzcan deberán ser consignados en la Cuenta Única Nacional, toda vez que, al margen de que hubieran sido dados para la ejecución o financiación de un proyecto en particular, tales beneficios o ganancias son accesorios al capital entregado para fomentar la entidad destinataria, de modo que se constituyen en frutos civiles que benefician o acrecientan al dueño del que provienen, en este caso, la Nación. (...) Aunado a lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación al estudiar lo previsto en la Ley 38 de 1989, previo a su compilación en el Decreto 111 de 1996, aseveró que los rendimientos financieros que se obtengan con la inversión de aportes provenientes de la Nación pertenecen a ella.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 352, DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 101, DECRETO 111 DE 1996 - ARTÍCULO 31, DECRETO 430 DE 2005 - ARTÍCULO 33, DECRETO 630 DE 1996 - ARTÍCULO 10, LEY 179 DE 1994, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 718
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que “se condenará en costas a la parte vencida o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en la suma de un (1) SMMLV a favor de la Nación – Ministerio del Interior, cifra que no supera los seis (6) SMMLV, límite máximo para la tasación de las costas en segunda instancia, según lo establece el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366