Síntesis de la providencia
Aclaración de voto: no había lugar a declarar la cosa juzgada parcial
Regla de decisión
El juez no declara cosa juzgada parcial respecto de la Fiscalía General de la Nación cuando carece de identidad de causa en los perjuicios reclamados.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El juez examina los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado y los requisitos de la cosa juzgada, verificando la existencia de identidad de causa entre los procesos. En relación con la actuación de la Fiscalía General de la Nación dentro del medio de control de reparación directa, la prolongación de la privación de la libertad anterior a la medida domiciliaria no guarda relación fáctica ni jurídica con la causa del primer proceso penal por tráfico de estupefacientes. Por consiguiente, ante la ausencia de identidad de causa respecto a dichos periodos de afectación, no operaba la cosa juzgada parcial.
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Problema jurídico
¿No había lugar a declarar la cosa juzgada parcial respecto de la Fiscalía General de la Nación, por ausencia de identidad de causa?
Respuesta: Si
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
Lo que dijo la Sala
Decido aclarar voto frente a: (i) el estudio de la identidad de causa respecto de dos procesos, (ii) La antijuridicidad del daño como presupuesto del deber de reparar. Y (iii) El alcance de los artículos 1494 y 1757 del Código Civil en lo relacionado con la prueba del daño. Revisado el estudio de identidad de causa, se consideró que tal requisito no operó en el presente proceso y no debió declararse la cosa juzgada parcial. En el primer proceso se demandó por la privación injusta de la libertad [del demandante] por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Y en la sentencia que resolvió el caso se analizó la privación de la libertad a la luz de los requisitos de la medida de aseguramiento de que tratan los artículos 296, 308, 309 y 310 de la Ley 906 de 2004.
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Titulación de la relatoría 10.540 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACLARACIÓN DE VOTO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONCEPTO DE IDENTIDAD DE CAUSA / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANCIAL / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE IDENTIDAD DE CAUSA / REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA / INEXISTENCIA DE LA COSA JUZGADA / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / OBJETO DEL PROCESO PENAL / INOPERANCIA DE LA COSA JUZGADA / PROLONGACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Problema jurídico:
¿No había lugar a declarar la cosa juzgada parcial respecto de la Fiscalía General de la Nación, por ausencia de identidad de causa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]ecido aclarar voto frente a: (i) el estudio de la identidad de causa respecto de dos procesos, (ii) La antijuridicidad del daño como presupuesto del deber de reparar. Y (iii) El alcance de los artículos 1494 y 1757 del Código Civil en lo relacionado con la prueba del daño. Revisado el estudio de identidad de causa, se consideró que tal requisito no operó en el presente proceso y no debió declararse la cosa juzgada parcial. [E]n el primer proceso se demandó por la privación injusta de la libertad [del demandante] por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. Y en la sentencia que resolvió el caso se analizó la privación de la libertad a la luz de los requisitos de la medida de aseguramiento de que tratan los artículos 296, 308, 309 y 310 de la Ley 906 de 2004. [R]especto de la prolongación de la privación –anterior a la medida domiciliaria– no guardan relación fáctica ni jurídica con la causa del primer proceso, ni se valen de los mismos fundamentos normativos; en el primer caso se hace un estudio legal de la medida, y en el segundo un análisis del plazo para cumplir una orden judicial. [N]o había lugar a declarar la cosa juzgada parcial respecto de la Nación-Fiscalía General de la Nación, en los términos del artículo 303 del CGP, por ausencia de identidad de causa. Quizás, [podía] excluirse a esta entidad en el acápite de legitimación en la causa. Pero, bajo ninguna circunstancia, se puede subsumir la prolongación injusta en un estudio de privación de la libertad desde una perspectiva de fundamentos de la medida de aseguramiento.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 303, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494 Y 1757, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 296, 308, 309 Y 310
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / EXISTENCIA DEL DAÑO / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / CONCEPTO DE ANTIJURICIDAD / MEDIDA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿La responsabilidad patrimonial del Estado se funda en la comprobación de un daño y en un juicio de imputación para imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A] mi juicio, para un entendimiento adecuado sobre [el] concepto [daño antijurídico] y dotarlo de la compresión que merece, el análisis del mismo debe partir, [del] artículo 90 de la Constitución, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. [E]l primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño. Una vez constatado, se pasa al análisis de atribución (que implica un estudio de imputación fáctica y jurídica); [para] establecer la antijuridicidad, es decir, si quien sufrió el daño efectivamente estaba obligado a soportarlo o no. [L]a configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado se funda en la comprobación de un daño y en un juicio de imputación para imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado. El estudio del segundo elemento (que ya presupone la existencia del daño) implica abordar dos niveles: uno fáctico (de autoría o atribuilidad material) y otro jurídico (fundamento normativo) que llevará, a su vez, al estudio de antijuridicidad, para, así, descartar o concluir el deber de reparar el daño.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, rad. 17145, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia del 24 de enero de 2011, rad. 15996, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
ALCANCE DE LA ACLARACIÓN DE VOTO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / CONFIGURACIÓN DE LA ANTIJURICIDAD / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿La antijuridicidad, más que una caracterización, atributo o componente del daño, es un presupuesto para la declaratoria responsabilidad patrimonial del Estado, que solo se evidencia luego de transitar por la imputación fáctica y jurídica?
Respuesta al problema jurídico: Si
El voto disidente va orientado a plantear que la antijuridicidad (entendida como aquella afectación que no se tiene el deber jurídico de soportar) más que una caracterización, atributo o componente del primer elemento (daño), es un presupuesto esencial para la declaratoria responsabilidad patrimonial del Estado, que solo se evidencia luego de transitar por la imputación fáctica y jurídica. Solo en cuanto el daño exista, y le resulte imputable –en su dimensión fáctica y jurídica– al Estado, puede adquirir la connotación de antijurídico. Este acercamiento a la noción de daño antijurídico y su análisis en los términos planteados, es consecuente con el temprano y consistente desarrollo jurisprudencial, tanto de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado, que durante los primeros años de vigencia del artículo 90 constitucional, se encargó de precisar los elementos normativos y valorativos que concurren para la configuración de la responsabilidad patrimonial a cargo del Estado, así como el significado y alcance de cada uno de ellos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el daño antijurídico, cita: Corte Constitucional, sentencia C-333 del 1 de agosto de 1996, M. P. Alejandro Martínez Caballero; y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, rad. 8163, C. P. Juan de Dios Montes Hernández.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / INAPLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / MEDIDA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Las reglas de la carga de la prueba no surgen de la norma sustancial del Código Civil, sino del Estatuto Procesal Civil?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onsidero necesario precisar que los artículos 1494 y 1757 del Código Civil no tienen aplicabilidad en materia de prueba del daño como elemento de la responsabilidad extracontractual del Estado. [R]eitero, si bien existe la máxima de que “todo daño debe ser reparado” en uso de las decimonónicas normas de nuestro Código Civil y, que, además, la carga de la prueba de las obligaciones o su extinción corresponde a quien las alega, conforme al desarrollo de la responsabilidad extracontractual del Estado, el fundamento normativo deviene es de la aplicación del artículo 90 de la Carta Política. [L]as reglas de la carga de la prueba [no] surgen de la norma sustancial del Código Civil –para alegar la existencia o extinción de una obligación– sino del Estatuto Procesal Civil (artículo 177 del CPC o 167 del CGP -según el caso-), por remisión expresa del Código Contencioso Administrativo y del CPACA, para probar los supuestos de hecho que se pretendan hacer valer en un proceso.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 1437 DE 2011, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494 Y 1757
PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA SUSTANCIAL / CONTENIDO DEL CÓDIGO CIVIL / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INAPLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL DAÑO / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA ACLARACIÓN DE VOTO
Problema jurídico:
¿Los artículos 1494 y 1757 del Código Civil no constituyen fundamento normativo, ni regla procesal propia de la responsabilidad extracontractual del Estado, ni de la carga de la prueba del daño?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e considerarse que las normas civiles sustanciales tienen aplicabilidad normativa como reglas procesales (circunstancia que no comparto), como lo concluido en la decisión es la ausencia de prueba del daño como presupuesto de la responsabilidad, la aplicación del artículo 1757 del Código Civil tampoco tendría lugar, puesto que, [esta] disposición constituye una regla general de la prueba de las obligaciones como un todo, es decir, de las que surgen de todas las fuentes de las obligaciones indistintamente [y] no alude –concretamente– al daño como elemento de la responsabilidad extracontractual. De manera que, los artículos 1494 y 1757 del Código Civil no constituyen fundamento normativo, ni regla procesal propia de la responsabilidad extracontractual del Estado, ni, concretamente, de la carga de la prueba del daño. Es estos términos dejo sentada mi aclaración de voto.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494 Y 1757