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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: su función económica no consiste en viabilizar de forma inmediata un intercambio de bienes o servicios

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Fecha
2025-07-11
Radicado
05001233300020230049801
Número interno
72252
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
EPM
Demandado
MUNICIPIO DE MEDELLIN

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: su función económica no consiste en viabilizar de forma inmediata un intercambio de bienes o servicios

Lo que dijo la Sala

La Sala considera que el Convenio Marco constituye un negocio jurídico atípico, en la medida en que no existe una regulación legal específica que discipline su contenido. Su celebración respondió al ejercicio de la autonomía de la voluntad y presenta los rasgos característicos de lo que se ha denominado contrato marco: un acuerdo que no regula intereses actuales, sino que establece los lineamientos generales para futuras relaciones jurídicas entre las partes.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El convenio marco es un negocio jurídico atípico, porque carece de regulación legal específica que discipline su contenido, y responde al ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes. La regla se apoya en que esta figura presenta los rasgos del contrato marco: vocación de permanencia en el tiempo, carácter regulatorio de la relación entre las partes que simplifica la celebración de negocios subordinados o actos de ejecución, y el hecho de que al momento de suscribirlo no se regulan intereses actuales, sino lineamientos generales para relaciones futuras. En el caso, el convenio marco celebrado entre las partes se analiza como negocio atípico, y la sentencia se modifica en lo relativo a su naturaleza. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la exigibilidad de obligaciones derivadas de un convenio marco depende de los negocios subordinados que se celebren bajo sus lineamientos, y no del convenio marco en sí.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El convenio marco es un negocio jurídico atípico?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿El Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1 constituían un acto plural y complejo, sujetos a un proceso de liquidación bilateral?
  • ¿El término de caducidad de las pretensiones principales debía computarse, no desde el vencimiento del Acta de Ejecución No. 1…
  • ¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensiones sobre reconocimientos

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NEGOCIO JURÍDICO CONTRATO ATÍPICO PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE COLABORACIÓN FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OTROSÍ AL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CUMPLIMIENTO DEL PLAZO INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS PANDEMIA COVID 19 PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA PRETENSIÓN PRINCIPAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL EXCEPCIÓN PROBADA PRETENSIONES DE LA DEMANDA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONCILIACIÓN FALLIDA INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACTIO IN REM VERSO ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS MODIFICACIÓN DEL FALLO MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Terminación unilateral Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Prestaciones ejecutadas sin contrato Contratos y convenios interadministrativos Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 27.237 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / NEGOCIO JURÍDICO / CONTRATO ATÍPICO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Problema jurídico: ¿El convenio marco es un negocio jurídico atípico? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala considera que el Convenio Marco constituye un negocio jurídico atípico, en la medida en que no existe una regulación legal específica que discipline su contenido. Su celebración respondió al ejercicio de la autonomía de la voluntad y presenta los rasgos característicos de lo que se ha denominado contrato marco: un acuerdo que no regula intereses actuales, sino que establece los lineamientos generales para futuras relaciones jurídicas entre las partes. Esta clase de instrumentos negociales presenta los siguientes rasgos: (i) su vocación de permanencia en el tiempo; (ii) su carácter regulatorio de la relación entre las partes, lo cual permite simplificar la celebración de negocios subordinados o actos de ejecución; y (iii) la circunstancia de que, al momento de su suscripción, el objeto contractual no se encuentra determinado con precisión, sino que su contenido y alcance solo se definen en desarrollos posteriores (órdenes de servicio, actas de ejecución, etc.). Esta modalidad contractual permite pactar anticipadamente, con efectos extensivos a los negocios futuros que se suscriban bajo su amparo, las estipulaciones comunes a todos ellos. Su función económica, por tanto, no consiste en viabilizar de forma inmediata un intercambio de bienes o servicios, sino en establecer un marco general de cooperación entre las partes, que reduce los costos de transacción y facilita la ejecución de negocios jurídicos posteriores. NOTA DE RELATORÍA: Referente a los negocios jurídicos atípicos, consultar sentencia de 21 de febrero de 2025, Exp. 68280, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. NEGOCIO JURÍDICO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE COLABORACIÓN / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / OTROSÍ AL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1 constituían un acto plural y complejo, sujetos a un proceso de liquidación bilateral? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onforme al artículo 45 de la Ley 489 de 1998, se trata de un acto celebrado entre dos entidades públicas que se asociaron con el propósito de cooperar tanto en el cumplimiento de funciones administrativas como en la prestación de los servicios a su cargo, sin que ello implicara la constitución de una nueva persona jurídica de derecho público. En otras palabras, se trata de una relación jurídica que reúne las características propias de los convenios interadministrativos. En primer lugar, la causa que motivó la celebración del convenio fue la cooperación entre las partes, conforme a los principios de coordinación y colaboración. El móvil para su suscripción consistió en establecer una relación de apoyo mutuo que permitiera al Distrito viabilizar la ejecución de las obras contempladas en su plan de desarrollo — las cuales implicaban el traslado de redes de servicios públicos— y a EPM ejecutar, de forma simultánea, obras de modernización y ampliación sobre esas infraestructuras de su propiedad, aprovechando la oportunidad que representaban los trabajos promovidos por el Distrito. (...) el Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1 constituían un acto plural y complejo, pero unitario en su función práctica, cuyo propósito era facilitar la cooperación entre las partes tanto en el cumplimiento de funciones administrativas como en la prestación de los servicios públicos a su cargo. Se trataba, además, de negocios jurídicos de ejecución diferida, en tanto su cumplimiento se hallaba supeditado a un plazo pactado. Conforme a lo estipulado en ambos instrumentos, su ejecución debía concluir con un proceso de liquidación bilateral, mediante el cual se definiría el valor final de las actividades ejecutadas y se establecerían los reconocimientos o aportes a cargo de cada una de las entidades intervinientes. La Sala se aparta de lo señalado por el Tribunal, pues el Otrosí No. 2 al Convenio Marco no dejó sin efectos el acuerdo entre las partes sobre la liquidación bilateral. En realidad, dicho instrumento únicamente modificó el primer párrafo de la cláusula quinta, con el fin de precisar que los compromisos adquiridos por el ente territorial también podrían respaldarse mediante recursos administrados por una sociedad fiduciaria. (...) En este orden de ideas, el segundo párrafo y el parágrafo primero de la cláusula quinta del Convenio Marco —que indicaban expresamente la procedencia de la liquidación bilateral— no fueron objeto de modificación y, por tanto, conservaron su vigencia27. Lo mismo ocurrió con la cláusula séptima del Acta de Ejecución No. 1, en la que se estableció que “los valores de reconocimiento serán consignados en un Anexo Técnico de Reconocimientos firmado por representantes técnicos de LAS PARTES, que hará parte de la liquidación de la presente Acta de Ejecución”. Tampoco la Sala tiene otras razones para deducir lo contrario. 52. En conclusión, el Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1 eran negocios jurídicos de ejecución diferida y estaban sujetos a un proceso de liquidación bilateral, orientado a efectuar un balance de cuentas, determinar los valores reales de las obras ejecutadas y, de ser necesario, establecer los aportes y reconocimientos adicionales a cargo de cada parte. FUENTE FORMAL: LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 45 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DEL PLAZO / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS / PANDEMIA / COVID 19 / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA / PRETENSIÓN PRINCIPAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EXCEPCIÓN PROBADA Problema jurídico: ¿El término de caducidad de las pretensiones principales debía computarse, no desde el vencimiento del Acta de Ejecución No. 1, sino desde la fecha de culminación de las obras o de suscripción del acta de recibo? Respuesta al problema jurídico: No Ahora bien, el término de caducidad debía computarse desde el día siguiente al vencimiento del plazo de cuatro meses posteriores a la terminación del Convenio Marco y del Acta de Ejecución No. 1, sin adicionar el término previsto para la liquidación unilateral. Lo primero, porque las partes no fijaron expresamente un plazo para la liquidación bilateral. Lo segundo, porque ni en el Convenio Marco ni en el Acta de Ejecución No. 1 se atribuyó a alguna de ellas la facultad de practicarla unilateralmente. Además, tratándose de actos jurídicos que reúnen las características propias de los convenios interadministrativos —en los que las partes actúan en un plano de igualdad—, resultaba improcedente que cualquiera de ellas llevara a cabo la liquidación mediante acto administrativo con fundamento en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Como se indicó anteriormente, el plazo de ejecución del Convenio Marco y del Acta de Ejecución No. 1 era el mismo, pues en este último instrumento se convino que correspondía a la “vigencia del convenio marco”. La fecha en que vencía el plazo del Acuerdo Marco se precisó en el documento denominado “Aclaración al Acta de Inicio”, donde se indicó que comenzaba el 5 de agosto de 2013 y finalizaba el 3 de agosto de 2016 . El plazo pactado originalmente fue prorrogado en seis oportunidades. La primera prórroga se formalizó mediante la “Ampliación No. 1 al Convenio Marco”, suscrita el 3 de agosto de 2016, que extendió su vigencia hasta el 3 de agosto de 201730. La segunda se adoptó mediante el Otrosí No. 3, del 3 de agosto de 2017, que amplió el término por 60 días calendario. La tercera se realizó a través del Otrosí No. 5, suscrito el 2 de octubre de 2017, que lo prorrogó por 32 días más, hasta el 3 de noviembre de 2012. La cuarta se formalizó mediante el Otrosí No. 6, del 3 de noviembre de 2017, que extendió el plazo hasta el 18 de noviembre del mismo año. Finalmente, el plazo del Acta de Ejecución No. 1 fue ampliado hasta el 30 de junio de 2018 mediante el Otrosí No. 2 al acta, suscrito el 18 de noviembre de 2017. (...) En el expediente no hay prueba de que este plazo hubiera sido ampliado a una fecha posterior al 30 de junio de 2018, lo cual requería un acuerdo por escrito entre las partes en virtud de lo pactado en la cláusula décima sexta del Convenio Marco, que integraba el Acta de Ejecución No. 1: “Toda modificación al convenio requerirá del mutuo acuerdo de LAS PARTES, que para el efecto suscribirán y firmarán el acta de modificación respectiva” En consecuencia, el término de caducidad para formular la pretensión de liquidación judicial del Acta de Ejecución No. 1, que integraba el Convenio Marco, comenzó a correr el 2 de noviembre de 2018, esto es, al día siguiente del vencimiento del “término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato” . Por lo tanto, incluso considerando la suspensión del término que operó entre el 16 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020 —en virtud de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 564 de 2020, en concordancia con los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura—, se concluye que respecto de la pretensión de liquidación judicial operó la caducidad, porque la solicitud de conciliación extrajudicial solo se presentó hasta el 27 de marzo de 2023 y la demanda el 17 de mayo de 2023. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la no aplicación de las cláusulas excepcionales en los convenios interadministrativos propiamente dichos, consultar Concepto de 26 de julio de 2016, Rad. 2257, C.P. Álvaro Namén Vargas. FUENTE FORMAL: DECRETO LEGISLATIVO 564 DE 2020, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN FALLIDA / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL Problema jurídico: ¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad frente a las pretensiones sobre reconocimientos económicos derivados de obras ejecutadas con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución y de liquidación del Convenio Marco? Respuesta al problema jurídico: No Como concluyó la Sala, la ejecución de las obras comprendidas en el Acta de Ejecución No. 1 con posterioridad al vencimiento del plazo contractual no modifica el cómputo del término de caducidad para formular la pretensión de liquidación judicial, el cual empezó a correr el 2 de noviembre de 2018, esto es, al día siguiente del vencimiento del “término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato”. Sin embargo, esta regla no resulta aplicable a la totalidad de los reclamos formulados por EPM que buscan obtener reconocimientos económicos adicionales por obras comprendidas en dicho instrumento y ejecutadas una vez expirado el plazo contractual. El interés jurídico es presupuesto del derecho de acción, en la medida en que este último se concreta en la facultad de formular una pretensión para hacer efectivo un derecho subjetivo. Por tanto, respecto de los reconocimientos económicos derivados de obras ejecutadas con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución y de liquidación del Convenio Marco y su Acta de Ejecución No. 1, no resulta procedente aplicar el mismo punto de partida que se fijó para el cómputo de la caducidad de la pretensión de liquidación. Como lo ha señalado la Sala, esa interpretación no garantiza el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en la medida en que implicaría aceptar que la restricción temporal para su ejercicio opera incluso antes de que se actualice el presupuesto que lo sustenta . Así, respecto de las pretensiones de incumplimiento contractual e indemnización de perjuicios formuladas por EPM, el término de caducidad debe computarse conforme a la regla general, según la cual su conteo se inicia desde el día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que fundamentan la demanda. En este caso, el motivo de hecho corresponde a la ejecución de obras comprendidas en el objeto del Acta de Ejecución No. 1 con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución y de liquidación pactado, circunstancia que habría actualizado el interés jurídico de EPM para ejercer el derecho de acción y reclamar el reconocimiento de sumas adicionales a las aportadas por el Distrito de Medellín conforme al cronograma de desembolsos previsto. Este abordaje no desconoce el carácter de orden público de las normas que regulan la oportunidad para formular pretensiones en controversias contractuales. Como se indicó, la ejecución de obras con posterioridad al vencimiento del plazo pactado no modifica el cómputo del término para presentar la pretensión de liquidación judicial ni el de aquellas otras que inciden en el balance final de cuentas, como el reconocimiento de prestaciones susceptibles de ser incluidas en él. En realidad, en este caso se aplica la regla general sobre el cómputo del término de caducidad, dado que los hechos que sustentan la demanda —y que otorgan al actor un interés jurídico real y serio para reclamar el reconocimiento de un derecho subjetivo— habrían ocurrido con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución y liquidación. Este abordaje tampoco implica el patrocinio judicial del cumplimiento tardío de las prestaciones ni supone afirmar que quien las ejecuta tenga por ello el derecho subjetivo a exigir de la otra parte las contraprestaciones que se hubieren pactado correlativamente, ya que se trata de una cuestión que atañe al mérito de la petición, y no a la oportunidad de su formulación. (...) En conclusión, respecto de las sumas correspondientes a las cuatro cuentas de cobro expedidas entre el 27 de junio de 2019 y el 22 de diciembre de 2022, la Sala considera que el término de caducidad no debe computarse en los mismos términos aplicables a la pretensión de liquidación. Ello obedece a que el fundamento fáctico de esta reclamación es la ejecución de obras del componente eléctrico de redes, comprendidas en el objeto del Proyecto Parques del Río, pero realizadas con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución y de liquidación del negocio jurídico derivado del Acuerdo Marco. 82. Sea que el término de dos años se compute desde el día siguiente a la fecha en que, según el acta de recibo, culminó la ejecución de las obras —26 de marzo de 2021— o desde la suscripción de dicho documento —30 de septiembre de 2022—, la conclusión es que la pretensión se formuló oportunamente. En el primer escenario, el término de caducidad corría entre el 27 de marzo de 2021 y el 27 de marzo de 2023. En esta última fecha, EPM presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, lo que suspendió el término de caducidad conforme al artículo 56 de la Ley 2220 de 2022. El 17 de mayo de 2023 se expidió la constancia de celebración de la audiencia de conciliación sin acuerdo, y ese mismo día se presentó la demanda55. En consecuencia, la Sala concluye que las pretensiones se formularon oportunamente en lo que atañe a este componente. FUENTE FORMAL: LEY 2220 DE 2022 - ARTÍCULO 56 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR VENCIMIENTO DEL PLAZO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Las pretensiones relativas al pago de sumas o aportes adicionales para cubrir el costo real de las obras son improcedentes? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien en los convenios interadministrativos —caracterizados por ejecutarse en un plano de igualdad que excluye la preeminencia de una parte sobre otra— no resulta aplicable este tipo de facultades si no se han pactado expresamente (aunque, en todo caso, no podrán acordarse en los mismos términos o con los mismos efectos regulados en el EGCAP), lo cierto es que el cumplimiento de las prestaciones derivadas de tales instrumentos, incluso cuando se realiza de forma tardía, constituye un factor determinante para alcanzar los fines perseguidos por las partes al momento de celebrarlos. Ello se explica por el paralelismo de intereses que los caracteriza. Por esta razón, el vencimiento del plazo no extingue las obligaciones nacidas de este tipo de convenios, salvo que se haya pactado expresamente como un término extintivo. En esta línea, la Sala ha advertido que el vencimiento del plazo de ejecución no impide recibir las prestaciones ejecutadas. Tanto es así que, mientras el negocio jurídico esté vigente —esto es, sin haber sido liquidado—, las partes pueden llegar a acuerdos sobre aspectos como subsanaciones por calidad del bien, ajustes en los acabados de las obras o ejecuciones complementarias al servicio, con miras a establecer el balance definitivo al momento de finiquitar el vínculo contractual. En tales casos, el recibo de las obras, a la luz del principio de buena fe contractual y de las estipulaciones convenidas, puede dar lugar a la exigibilidad de otras obligaciones que tienen como causa la prestación cumplida tardíamente. Tal sería el caso del aporte de sumas adicionales para cubrir el valor real de las obras de traslado de redes que se completaron fuera del plazo, conforme a los porcentajes pactados por las partes. (...) En este caso, aunque se probó que EPM ejecutó obras después del vencimiento del plazo de ejecución y liquidación del Acta de Ejecución No. 1 y que se suscribió conjuntamente el acta de recibo, la Sala rechazará las pretensiones relativas al pago de las sumas o aportes adicionales reclamados para cubrir el costo real de dichas obras. Sin embargo, el fundamento de esta decisión no radica en que la obligación de ejecutar íntegramente las intervenciones de traslado de redes previstas en el Acta de Ejecución No. 1 se haya extinguido y, por esa razón, se trate de una actividad sin respaldo convencional. En efecto, el plazo pactado en el Acta de Ejecución No. 1 para que se completaran las intervenciones de traslado de redes no era uno extintivo o resolutorio, es decir, no constituía un hecho futuro y cierto del que dependiera la extinción de la obligación, sino que, por el contrario, determinaba su exigibilidad. Por lo tanto, el vencimiento de dicho plazo no implicaba la extinción de las obligaciones a cargo de EPM que fueron ejecutadas tardíamente, sino que concluía la etapa de ejecución del convenio, dando lugar al inicio del periodo previsto para su liquidación. (...) La decisión de desestimar la pretensión se fundamenta en dos razones diferentes que convergen en la ausencia del nacimiento de la obligación de desembolsar recursos adicionales a los pactados a cargo del Distrito. En primer lugar, no se probó el costo real de las obras ejecutadas conforme al Acta de Ejecución No. 1. Por lo tanto, no es posible establecer que dicho costo hubiera superado el valor estimado por las partes ($80.470’759.755), monto sobre el cual también se estructuró el cronograma de desembolsos a cargo del Distrito ($64.307’186.658). La obligación de efectuar aportes adicionales por parte de la entidad territorial estaba supeditada precisamente a la verificación de ese sobrecosto. Al no haberse acreditado, no puede afirmarse que haya habido un incumplimiento del Convenio Marco ni del Acta de Ejecución No. 1. EPM no aportó ni solicitó la práctica de un dictamen pericial para acreditar el costo real de las obras ejecutadas conforme al Acta de Ejecución No. 1. Tampoco obran en el expediente documentos que permitan establecer dicho costo directamente, pues no se allegaron los libros contables con el registro de los mismos ni sus soportes externos. Por su parte, los documentos que sí fueron aportados no evidencian que se hubiera superado el valor estimado por las partes. (...) Dado que no se cumplió la condición prevista en el Acta de Ejecución No. 1 para que el Distrito resultara obligado a aportar sumas adicionales, no puede afirmarse que haya habido un incumplimiento de dicho instrumento ni del Convenio Marco que lo sustenta. La suscripción del acta de recibo de las obras del 30 de septiembre de 2022 no modifica esta conclusión, pues en ella únicamente se dejó constancia del recibo de las obras del componente de redes de energía eléctrica ejecutadas tardíamente; sin embargo, no se determinó el costo real de esas intervenciones ni el de la totalidad de las obras, no se incorporó un presupuesto de gastos adicionales y tampoco se dejó sin efectos lo pactado en el Acta de Ejecución. 103. En conclusión, las pretensiones relativas al pago de sumas o aportes adicionales para cubrir el costo real de las obras son improcedentes, por cuanto, aun cuando se haya suscrito un acta de recibo respecto de actividades ejecutadas con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el Acta de Ejecución No. 1, no se acreditó que el Distrito estuviera obligado a efectuar tales aportes. NOTA DE RELATORÍA: Referente al pago de prestaciones ejecutadas por el contratista, realizadas luego del vencimiento del plazo de ejecución del contrato, consultar sentencia de 19 de febrero de 2024, Exp. 62023 (párr. 31), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACTIO IN REM VERSO / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO / IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / NEGACIÓN DE LA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA Problema jurídico: ¿Dada la naturaleza jurídica de las partes y el alegado carácter enunciativo de los supuestos señalados en la sentencia de unificación sobre el enriquecimiento sin causa, deben reconocerse las sumas reclamadas por EPM mediante la pretensión subsidiaria? Respuesta al problema jurídico: No De acuerdo con la jurisprudencia unificada de la Corporación, la actio in rem verso constituye una acción autónoma —aunque de carácter subsidiario— cuyo propósito principal es remediar situaciones de inequidad objetivamente constatables, derivadas de un desplazamiento patrimonial que comporta el enriquecimiento de una parte y el empobrecimiento correlativo de la otra, sin que este último obedezca a una causa jurídica que lo justifique. En consecuencia, para su prosperidad exige que el desplazamiento patrimonial carezca de fundamento en un negocio jurídico, en la ley o en cualquier otra fuente de obligaciones. Como se determinó previamente, las actividades ejecutadas para el traslado de redes que sustentan la reclamación de EPM tienen una causa jurídica justificativa: el Convenio Marco y el Acta de Ejecución No. 1, que constituyen la fuente de las obligaciones asumidas por esa entidad en relación con dichas actividades. Por tanto, los costos en que eventualmente haya incurrido para cumplir con sus prestaciones no configuran un desplazamiento patrimonial sin causa ni pueden entenderse como la ejecución de actividades carentes de soporte contractual. Esta circunstancia resulta suficiente para confirmar la decisión de denegar la pretensión subsidiaria de la demanda, en atención a la ausencia de los presupuestos materiales para su procedencia y al carácter subsidiario de la actio in rem verso. El hecho de que EPM hubiera ejecutado una parte de las obras con posterioridad al vencimiento del plazo previsto en el negocio jurídico del que surgió su obligación no implica que dichas actividades carecieran de soporte contractual ni, en consecuencia, que la disminución patrimonial derivada de su ejecución se haya producido sin causa jurídica. Como se indicó previamente, el vencimiento del plazo no conllevaba la extinción de la obligación. Así, las obras realizadas por EPM no pueden calificarse como actividades ejecutadas sin respaldo contractual, sino como prestaciones — objeto de una obligación de fuente convencional— cumplidas tardíamente. 108. En conclusión, la Sala confirmará la decisión de denegar la pretensión subsidiaria, aunque por las razones expuestas en esta providencia. NOTA DE RELATORÍA: Referente a los requisitos de la actio in rem verso, consultar sentencia de unificación 19 de noviembre 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / MODIFICACIÓN DEL FALLO / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Es improcedente la condena en costas porque no se confirma en todas sus partes la sentencia de primera instancia? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por la Ley 2080 de 2021, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CGP. Según el numeral 1º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. El numeral 3º también dispone que, en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia, se condenará al recurrente en las costas de la segunda. En este caso, no se confirmará en todas sus partes la sentencia de primera instancia, porque, en virtud del recurso de apelación, se modificará la decisión de declarar probada la excepción de caducidad de todas las pretensiones incoadas en ejercicio del medio de control de controversias contractuales. En consecuencia, no procede la condena en costas por la segunda instancia; tampoco se modificará la decisión de costas de primera instancia, porque no fue apelada por el Distrito de Medellín. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012333000202300498011100103