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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales

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Fecha
2022-05-20
Radicado
25000233600020180098401
Número interno
67968
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO INERVIALES, CAL Y MAYOR ASOCIADOS S.C, CONSULTORÍA LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA S.A.
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales

Lo que dijo la Sala

Como en el asunto de la referencia se pactó que el plazo de la liquidación del contrato de interventoría iniciaría luego de verificada una condición incierta y futura, para efectos de determinar si se configuró o no la caducidad del medio de control, se acudirá al supuesto que, de manera supletiva, fijó el legislador para tal efecto -esto es, que los plazos previstos para la liquidación del respectivo contrato, se contabilizarán a partir de la terminación del mismo-, dado que la condición estipulada en la cláusula veintiuno (21) de aquel contrato resulta ineficaz, de conformidad con lo previsto en el artículo 24, numeral 5, literal f de la Ley 80 de 1933.… Como el contrato de interventoría 095 de 2008 no fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo ni unilateralmente por parte de la administración , el término de caducidad de 2 años que tenía la parte demandante para presentar la demanda…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales puede empezar a contarse desde el vencimiento del plazo legal para liquidar el contrato cuando este no se liquida. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la caducidad opera por el solo transcurso del tiempo, es perentoria, preclusiva y de orden público, por lo que el juez debe declararla aun de oficio. La segunda es que, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación bilateral se efectúa en cuatro meses si el pliego o el contrato no fijan otro plazo, y la unilateral en dos meses, término este último tomado del artículo 61 de la Ley 80 de 1993. En el caso concreto, el auto responde afirmativamente la pregunta sobre la configuración de la caducidad, aunque el texto disponible no permite verificar el razonamiento aplicado a los hechos del proceso. El documento no indica que modifique un precedente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales, entendiendo que el cómputo del término de caducidad empezó a contarse, en este caso, a partir del vencimiento del plazo previsto en la ley para la liquidación del contrato?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 164 núm. 5
  • Ley 80 de 1993, art. 24 núm. 5

También resuelve

  • ¿De conformidad con la normatividad vigente, procede la condena en costas a la parte que se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación que formuló?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 12.535 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM En la estructura de los procesos contencioso-administrativos, la caducidad se revela como aquella figura por cuya virtud se sancionan los eventos en que los medios de control judicial no son promovidos en los plazos específicos fijados por la ley; de manera que, una vez transcurrido el límite temporal dentro del cual es posible ejercer el derecho de acción, la caducidad opera como medio extintivo del mismo. El fundamento que inspira el contenido de este instituto, se halla en la necesidad de trazar límites temporales para el sometimiento de un conflicto a la decisión del juez, de forma que, por un lado, la caducidad impide mantener en estado de latencia o indefinición situaciones conflictivas entre los asociados y, de otra parte, este dispositivo dota de seguridad jurídica el tráfico económico, jurídico, negocial y, aún, social, lo que contribuye, en doble perspectiva, a abonar escenarios que favorezcan la convivencia política y social en el marco de un Estado de derecho. Conforme a esta pauta, el legislador ha fijado plazos razonables frente a los diferentes medios de control para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de desatar sus conflictos; luego, vencido ese término, se entenderá que su voluntad es la de abandonar el interés comprometido en las pretensiones, o simplemente no hacer uso de tal derecho. En lo que atañe a sus rasgos principales, esta institución jurídico procesal se caracteriza por ser indisponible, irrenunciable y de orden público, lo que justifica e impone al juez declararla aun de oficio, sin considerar la voluntad, aquiescencia o pedido de las partes. Además, por su naturaleza objetiva (dado que opera por el solo transcurso del tiempo) su término es perentorio y preclusivo, pues corre sin prórrogas y sin interrupciones, y únicamente se suspende con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, según lo previsto por las Leyes 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009 y los Decretos 1716 de 2009 y 1069 de 2015. Descendiendo al caso concreto, conviene señalar que la Ley 1437 de 2011, para efectos de determinar a partir de cuándo debe computarse el término de caducidad, establece unas reglas especiales cuando la demanda tiene origen en un contrato. (…) Con apoyo en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 se advierte que la entidad pública puede definir, en el pliego de condiciones o en el contrato, el plazo que considere adecuado para efectuar la liquidación bilateral del mismo; no obstante, si no existe disposición en el pliego de condiciones o acuerdo contractual sobre el plazo para liquidar el contrato, el término para la liquidación bilateral será el que fija la ley, es decir, cuatro meses a partir de la terminación del contrato. En cuanto a la liquidación unilateral, el mismo artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 acogió el término del artículo 61 de la Ley 80 de 1993, es decir, 2 meses. El plazo para la liquidación unilateral no puede ser objeto de un pacto para establecer un término diferente del que fija la ley, dado que ésta solo permite la disposición sobre el plazo para el evento de la liquidación bilateral; en este sentido, el plazo para realizar la liquidación unilateral se constituye en una potestad especial y reglada que no puede ser ampliada o reducida por la decisión de la entidad pública, ni por acuerdo entre las partes. FUENTE FORMAL: DECRETO 1069 DE 2015, DECRETO 1716 DE 2009, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1285 DE 2009, LEY 1437 DE 2011, LEY 446 DE 1998, LEY 640 DE 2001, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ELEMENTOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN A PLAZO OBITER DICTUM Según lo acordado por las partes (…) el contrato de interventoría sería liquidado bilateralmente dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra 073 de 2008, sobre el cual correspondía al Consorcio Interviales ejercer funciones de verificación y control. No obstante, la Sala evidencia que una de esas estipulaciones va en contravía de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, por cuanto se somete el punto de partida del término de la liquidación bilateral del contrato de interventoría a una condición, esto es, a la fecha futura e incierta de la liquidación del contrato de obra. En efecto, tratándose de la potestad contractual de fijar el término para la liquidación del contrato, conviene recordar el concepto de la obligación “a plazo”, el cual corresponde a aquella que debe cumplirse dentro de una época o tiempo determinado. De modo que la fijación o el diligenciamiento del espacio destinado al plazo para la liquidación bilateral del contrato, debe corresponder a un período cierto expresado en términos de tiempo. Lo anterior, en contraposición a la obligación condicional. Por ello, no resulta adecuado para la claridad de las obligaciones contractuales y del cómputo de la caducidad en su caso -dado que la ocurrencia de la liquidación del contrato marca un hito para dicho cómputo-, que la entidad pública acuda a fijar un plazo para la liquidación bilateral a través de referencias a otras obligaciones o eventos, dado que esa redacción lleva a que la iniciación del plazo quede dependiendo de un hecho incierto, condicional, o sometido a la voluntad de una sola de las partes. De modo que aceptar cláusulas como la fijada, esto es, sometidas a una condición, sería permitir, para lo que al caso atañe, que la caducidad quede suspendida indefinidamente en el tiempo y que tal figura jurídica se transforme en un elemento dependiente de la voluntad del contratante o del contratista. (…) [L]a caducidad, como fenómeno jurídico, es un elemento de evaluación objetiva, que no puede ser modificado, acordado o derogado por el juez y menos por las partes, dado que tiene condición de orden público y, por ende, de irrestricta aplicabilidad. Ello con el fin de que generar certidumbre y seguridad jurídica. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del cómputo del término de caducidad en contratos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de octubre de 2018, rad. 56679, C. P. Marta Nubia Velásquez. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE INTERVENTORÍA Problema jurídico: ¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales, entendiendo que el cómputo del término de caducidad empezó a contarse, en este caso, a partir del vencimiento del plazo previsto en la ley para la liquidación del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [C]omo en el asunto de la referencia se pactó que el plazo de la liquidación del contrato de interventoría iniciaría luego de verificada una condición incierta y futura, para efectos de determinar si se configuró o no la caducidad del medio de control, se acudirá al supuesto que, de manera supletiva, fijó el legislador para tal efecto -esto es, que los plazos previstos para la liquidación del respectivo contrato, se contabilizarán a partir de la terminación del mismo-, dado que la condición estipulada en la cláusula veintiuno (21) de aquel contrato resulta ineficaz, de conformidad con lo previsto en el artículo 24, numeral 5, literal f de la Ley 80 de 1933. (…) [C]omo el contrato de interventoría 095 de 2008 no fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo ni unilateralmente por parte de la administración , el término de caducidad de 2 años que tenía la parte demandante para presentar la demanda, de conformidad con lo establecido en el literal j), numeral v, del artículo 164 del CPACA y en la cláusula veintiuno (21) de aquel contrato, debe contabilizarse una vez transcurridos los seis meses que tenían las partes para la realización de la liquidación de mutuo acuerdo, contados a partir del día siguiente a la finalización del contrato -desde el 1 de abril de 2013- , así como los dos meses que tenía el Instituto de Desarrollo Urbano para hacer la liquidación unilateralmente. Los seis primeros meses vencieron el 1 de octubre de 2013 y los otros dos el 1 de diciembre del mismo año; como consecuencia, el término para demandar corrió desde el 2 de diciembre de 2013 hasta el 2 de diciembre de 2015. A pesar de lo anterior, la solicitud de conciliación extrajudicial fue radicada por la parte demandante el 12 de febrero de 2018 y la demanda el 26 de octubre de este mismo año, motivo por el cual se concluye que ambas se presentaron cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 5 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5 LITERAL F CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿De conformidad con la normatividad vigente, procede la condena en costas a la parte que se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación que formuló? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP , la Sala condenará en costas a la parte demandante, toda vez que se resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación que formuló. En el presente asunto, se encuentra acreditada la gestión del apoderado de la parte demandada, quien ha asumido su representación judicial y ha llevado tal apoderamiento con las cargas que ello implica en el curso del proceso. En tal virtud, dicha actuación procesal se estima suficiente para que se disponga la fijación de agencias en derecho. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del Código en cita, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte recurrente, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. Dado que dentro de las costas están contenidas las agencias en derecho, se procederá a fijar las que se causaron con ocasión del recurso de apelación, sin que con ello se desconozca lo dispuesto en el primer inciso del artículo 366 del CGP, en el sentido de que tanto las costas como las agencias en derecho serán liquidadas, de manera concentrada, por el juez de la primera instancia, pues, para efectuar tal labor, este último deberá contar con la información completa que le permita realizar una liquidación total de las costas, lo cual sucederá si esta Corporación determina cuál es el monto de las agencias en derecho que debe asumir la parte demandante por haber impugnado el auto del 22 de octubre de 2020, mediante un recurso de apelación que no prosperó. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 34.386 caracteres
1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Bogotá D.C, veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) Radicación: 25000-23-36-000-2018-00984-01 (67.968) Actor: Cal y Mayor y Asociados S.C. y otro Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Controversias contractuales ________________________________________________________________ De conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 1, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 806 de 20202, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 22 de octubre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección A, mediante el cual se declaró probada la excepción de caducidad y, como consecuencia, la terminación del proceso. I. ANTECEDENTES La demanda 1. El 26 de octubre de 2018, las sociedades Cal y Mayor y Asociados S.C. y Consultoría Latinoamericana de Ingeniería S.A. 3, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, presentaron demanda contra el Instituto de Desarrollo Urbano -en adelante IDU -, con el fin de que se declare: i) que el Consorcio Interviales y el IDU suscribieron el contrato de intervent oría 095 del 31 de diciembre de 2008, el cual se encuentra terminado, ii) el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del IDU, iii) que el Consorcio Interviales incurrió en gastos por la mayor permanencia en obra, y iv) que el literal e) del parágrafo 4 de la cláusula 3 del contrato de interventoría es ineficaz de pleno derecho. 1 En atención a lo previsto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conoce, entre otros, de los recursos de apelación interpuestos en contra de los autos dictados por los tribunales administrativos susceptibles de este medio de impugnación. 2 “Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. “(…) “Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente [de acuerdo con lo previsto en los artículos 100 y 101 del CGP]. “La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por l os tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable” (negrilla fuera del texto). 3 Sociedades que integraron el Consorcio Interviales. Radicación: 25000-23-36-000-2018-00984-01 (67.968) Actor: Cal y Mayor y Asociados S.C. y otro Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Proceso: Controversias contractuales 2 Adicionalmente, se solicitó que se liquidara judicialmente el contrato de interventoría y el pago de: (i) $96.824.986, equivalentes al 5% del valor del contrato, de conformidad con lo pactado en el literal c, numeral 2, de la cláusula tres; (ii) $96.824.986, equivalentes al 5% del valor del contrato, de conformidad con lo pactado en el literal d, numeral 2, de la cláusula tres; (iii) $523.114.771, correspondientes a la mayor permanencia en obra, así como (iv) los perjuicios causados con ocasión del incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del IDU. 2. De cara al objeto de la alzada, se destacan los siguientes hechos: 2.1. El 29 de diciembre de 2008, el IDU y la Unión Temporal Mantenimiento Vial suscribieron el contrato de obra 073 de 2008, con el propósito de ejecutar las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local del Distrito de Conservación del Grupo 5 -suroccidente-, en Bogotá. 2.2. A la par de lo anterior, mediante Resolución 3932 del 7 de noviembre de 2008, la Dirección General del IDU dio apertura al concurso de méritos encaminado a “contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y ambiental de las obras y actividades para la malla vial arterial, intermedia y local de los distritos de conservación norte, centro, suroriente, sur, suroccidente y occidente en la Ciudad de Bogotá D.C.”. 2.3. El Consorcio Interviales resultó adjudicatari o del mencionado concurso de méritos y, por ende, suscribió con el IDU el contrato de interventoría 095 del 31 de diciembre de 2008. 2.4. Los contratos de obra y de interventoría finalizaron el 31 de marzo de 2013, razón por la cual el acta de terminación se suscribió el 1 de abril de ese mismo año. 2.5. El 26 de octubre de 2015, el contratista de obra y la interventoría firmaron el acta de recibo final de obra. Contestación de la demanda y excepción propuesta 3. Al contestar la demanda, el IDU formuló la excepción de caducidad del medio de control, con el argumento de que la liquidación del contrato de interventoría quedó sometida a una condición incierta, en la medida que dependía de la liquidación del contrato de obra, suscrito por persona jurídica diferente. 4. Por lo anterior, consideró que la liquidación del contrato de interventoría debía tener como punto de partida, la fecha de terminación del referido contrato, esto es, el 31 de marzo de 2013, de conformi dad con lo previsto en el artículo 164 del CPACA. Radicación: 25000-23-36-000-2018-00984-01 (67.968) Actor: Cal y Mayor y Asociados S.C. y otro Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Proceso: Controversias contractuales 3 5. En ese orden, advirtió que el término de 6 meses para liquidar bilateralmente el contrato venció el 1 de octubre de 2013. Como ello no ocurrió, se debían contabilizar los 2 meses para hacerlo de manera unilateral, que iban hasta el 1 de diciembre de ese mismo año. Por tanto, adujo que el término de caducidad del medio de control previsto por el legislador fenecía el 1 de diciembre de 2015; no obstante, la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 12 de febrero de 2018 y la demanda el 26 de octubre de ese mismo año. 6. Dentro del término del traslado de la excepción, la parte demandante adujo que el término de caducidad debía contarse conforme a lo establecido en el numeral v, literal j del artículo 164 del CPACA. 7. De esa manera, aseguró que a partir del día en que se suscribió el acta de recibo final de obra -26 de octubre de 2015 -, se contabilizan los 4 meses para liquidar bilateralmente el contrato de obra y los 2 meses para hacerlo unilateralmente, plazos que se cumplían el 26 de abril de 2016. 8. Así las cosas, indicó que el 26 de abril de 2016 inició el plazo de liquidación bilateral del contrato de interventoría -6 meses-, el cual vencía el 26 de octubre de ese mismo año. Luego de ello, se computan los 2 m eses que tenía el IDU para liquidarlo unilateralmente, que iban hasta el 26 de diciembre de 2016. Por consiguiente, el término de caducidad de 2 años previsto en la norma fenecía el 26 de diciembre de 2018 y la demanda se presentó el 26 de octubre de ese año, es decir, de manera oportuna. Auto objeto de recurso 9. Se trata del auto del 22 de octubre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección A, a través del cual declaró probada la excepción de caducid ad y, como consecuencia, dio por terminado el proceso. Como sustento de esta decisión, señaló que el término de caducidad debía contabilizarse de conformidad con el inciso v, literal j, numeral 2 del artículo 164 del CPACA. 10. Al respecto, sostuvo que de bía tenerse en cuenta la fecha en que se suscribió el acta final de recibo de obra del contrato 073 de 2008 y, a partir de ese momento, contabilizar los términos pactados para la liquidación del contrato de interventoría. 11. De modo que, como el acta me ncionada en el párrafo precedente se suscribió el 26 de octubre de 2015, la liquidación bilateral del contrato de interventoría tenía que realizarse hasta el 26 de febrero de 2016 -4 meses -. Pero como dicha liquidación no se efectuó, empezaron a transcurrir desde ese momento los 2 meses Radicación: 25000-23-36-000-2018-00984-01 (67.968) Actor: Cal y Mayor y Asociados S.C. y otro Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Proceso: Controversias contractuales 4 que dispone la norma para la liquidación unilateral, los cuales culminaron el 26 de abril de 2016. 12. Por tanto, el término de 2 años para presentar la demanda vencía, en principio, el 27 de abril de 2018; sin embargo, co mo se surtió el trámite de la conciliación extrajudicial4, el plazo para presentar la demanda se extendió hasta el 21 de junio de 2018. Dado que ello ocurrió el 26 de octubre de ese mismo año, concluyó que se hizo extemporáneamente. Recurso de apelación 13. Contra la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación5. Como fundamento de su impugnación, indicó que el a quo no expuso las razones por las cuales contabilizó el “término de caducidad” desde el día en que se suscribió el acta de recibo final de obra -26 de octubre de 2015 -, circunstancia que, además, consideró desacertada, dado que ello debía tenerse en cuenta para computar los términos de liquidación del contrato de obra, mas no la del contrato de interventoría. Agregó que lo lógico era que, según lo establecido en el contrato de interventoría -cláusula 21-, el plazo de liquidación se cont

Se muestran los primeros 10.000 caracteres. El PDF oficial tiene el texto completo.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201800984011100103