Titulación de la relatoría 44.042 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / JUEZ / ERROR JUDICIAL / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INFRACCIÓN MANIFIESTA / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / EFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA / JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA / NUEVA POSICIÓN JURISPRUDENCIAL / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTROL JUDICIAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La conducta de Jesús Hernando Lindarte Ortiz, Oscar Hernando Castro Rivera y Santiago Rodil García, en el ejercicio de los cargos de magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca y juez del Juzgado Civil del Circuito de Arauca, respectivamente, en el trámite del proceso civil extracontractual con Radicado No. 2004-0055, es gravemente culposa y, en consecuencia, los demandados deben reembolsar el pago de la condena judicial que el Tribunal Administrativo de Arauca le impuso a la Nación – Rama Judicial en la sentencia del veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011), dentro del proceso de reparación directa con Radicado No. 81001-23-31-001- 2010-00006-00”, teniendo en cuenta que para el momento existían posiciones jurisprudenciales contradictorias en el Consejo de Estado relacionadas con el tema a resolver?
Respuesta al problema jurídico: No
El Juez Segundo Civil del Circuito de Arauca y los magistrados del Tribunal Superior de Arauca profirieron sentencias de primera y segunda instancia, en un proceso de responsabilidad civil extracontractual adelantado en contra de la empresa de servicios públicos EMSERPA. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Arauca declaró la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por el error judicial en las providencias proferidas, debido a que la competencia para adelantar el proceso de responsabilidad en contra de la mencionada entidad pública, le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1107 de 2006, que entró en vigencia cuando el proceso estaba en curso. La Rama Judicial demanda el reintegro de la condena pagada, puesto que los servidores demandados actuaron con culpa grave. (...) En el presente asunto, la parte demandante sustentó la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6° de la Ley 678 de 2001 —en la que afirmó incurrieron Santiago Rodil García, Jesús Hernando Lindarte Ortiz y Óscar Hernando Castro Rivera—, en la continuación del trámite judicial del proceso de responsabilidad civil extracontractual adelantado en contra de la empresa EMSERPA E.S.P., una vez la jurisdicción ordinaria perdió competencia, en virtud de la expedición de la Ley 1107 de 2006. A esa manifestación se opusieron los demandados en sus escritos de contestación, por considerar que no existía lugar para la configuración de la presunción de culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, porque, en su sentir, para la época no existía un criterio unánime frente a la aplicación de las reglas de competencia contenidas en la Ley 1107 de 2006. (...) corresponde analizar, con el material probatorio arrimado al expediente, si el supuesto fáctico presentado por el ente demandante, esto es, que la causa para la imposición de la condena en su contra, se debió a la actuación gravemente culposa de los demandados Santiago Rodil García, Jesús Hernando Lindarte Ortiz y Óscar Hernando Castro Rivera, al tramitar el proceso de responsabilidad civil extracontractual en contra de la empresa de servicios públicos EMSERPA E.S.P., sin tener jurisdicción ni competencia para ello, debido a la entrada en vigencia de la Ley 1107 de 2006. (...) í, la violación manifiesta de Ley 1107 de 2006, fue la razón que derivó en la declaratoria de responsabilidad por error jurisdiccional, y conforme a la cual la demandante entiende configurada la “presunción” de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001. Este criterio ata al juez de la repetición, porque siguiendo el derrotero trazado por esta Sección del Consejo de Estado55 , las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del ex servidor público, y el demandado tiene entonces el deber de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad56, lo cual quedó, a su vez, plasmado en la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 678 de 200157 . Valga decir que, el hecho de que dichas piezas procesales sean determinantes, no implica, en todo caso, que resulten siempre suficientes al propósito de deducir la presunción que se enrostra contra el demandado en repetición. Para que así sea, se requiere que el fallo condenatorio contra el Estado contenga de forma explícita el supuesto de hecho en que se funda la presunción, de manera tal que, desde un principio, el demandado en repetición pueda dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra. Si la sentencia definitoria de la litis que da lugar a la condena tiene tal claridad, servirá no solo de basamento al juez de la repetición, sino que, en los términos ya señalados, lo atará en su decisión de reembolso; de lo contrario, la sola sentencia de base será insuficiente para tales propósitos. En el sub examine, la sentencia de condena por la cual se repite determinó que se desconoció una norma procesal de cumplimiento inmediato, de la cual dependía la definición de la jurisdicción que debía conocer del asunto. (...) Sobre el particular, la Sala advierte que los demandados, al proferir las sentencias del 7 de mayo de 2007 y el 27 de marzo de 2008, no incurrieron en una violación manifiestamente inexcusable de la Ley 1107 de 2006 ─modificatoria del artículo 82 del CCA─, por cuanto, más allá de la fijación de la cláusula general de competencias que efectuó la aludida norma en materia de lo contencioso administrativo, lo cierto es que la interpretación conforme a la cual los asuntos en trámite en la jurisdicción civil debían ser remitidos a la jurisdicción contenciosa, aunque plausible, no era la única posible o razonable, menos en un escenario que para entonces estaba minado de indefinición. Al recabar en las pruebas obrantes en el expediente, se encuentra acreditado que Cándida Rosa Parales y David Holguín instauraron demanda contra la Empresa de Servicios Públicos de Arauca -EMSERPA-, la cual correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Arauca, cuyo Juez era Santiago Rodil García, quien profirió sentencia de primera instancia el 7 de mayo de 2007. Seguidamente, la decisión fue apelada, y el recurso fue resuelto por el Tribunal Superior de Arauca en providencia del 27 de febrero de 2008, firmada por los magistrados Jesús Hernando Lindarte Ortiz y Oscar Hernando Castro Rivera. Sin embargo, la Ley 1107 de 2006 entró en vigencia el 27 de diciembre de 2006, cuando el proceso se encontraba pendiente de proferir el fallo de primera instancia. Cabe advertir que, para la época en que fue radicada la demanda en contra de EMSERPA E.S.P. ante el Juzgado Civil de Arauca, el 16 de julio de 2004, existía disparidad de criterios entre el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura frente a la competencia de los asuntos en los que han sido parte empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Por un lado, la jurisprudencia del Consejo de Estado establecía que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo -CCA- señalaba como cláusula general de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgar “las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado”, postulado que no incluía la prestación de servicios públicos, por no tratarse de un ejercicio propio de la función administrativa y, en consecuencia, le dejaba la competencia a la jurisdicción ordinaria. (...) Por manera que, ante tal panorama de dualidad interpretativa mal podría considerarse que los demandados incurrieron en un desconocimiento inexcusable de la Ley 1107 de 2006, máxime cuando, en voces de su superior jerárquico estaban llamados a perpetuar el conocimiento jurisdiccional, conforme a las leyes vigentes para el momento de interposición de la demanda. En tales condiciones edificar un juicio de culpa grave atendiendo lo expuesto en la sentencia que dio lugar a la condena por la que se repite, sería desconocer la relevancia del juicio subjetivo que supone la repetición, pues, tal como ha dicho la Corte Constitucional, “la responsabilidad de los agentes del Estado y en ese sentido también la acción de repetición resulta improcedente cuando la acción u omisión de la persona no puede catalogarse como gravemente negligente o arbitraria”. Tal es el caso que ocupa la atención de la Sala, en el que ha quedado verificado que los demandados, ni en la decisión de primera, ni en la de segunda instancia que profirieron al momento de decidir la demanda interpuesta por los señores Cándida Rosa Parales y David Holguín contra la Empresa de Servicios Públicos de Arauca - EMSERPA obraron con violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho y, por tanto su actuación no reviste culpa grave. Por todo lo dicho, a los demandados no les asiste responsabilidad patrimonial y, en consecuencia, la Sala proferirá sentencia adversa a las súplicas de la demanda, por cuanto no se configuró la causal invocada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de abril de 2009, expediente 11001-31- 03-007-2001-00902-01. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003, reiterada en la sentencia SU-259 de 2021. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 8 de febrero de 2007, expediente: 05001-23-31-000-1997- 02637-01 (30903).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / PRESUNCIÓN DE DOLO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la aplicación de las presunciones legales de dolo y culpa grave en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para abordar el análisis de la conducta de los servidores públicos en el marco del proceso civil adelantado, ha de tenerse en consideración que, como la Ley 678 de 2001 resulta aplicable a este asunto, por tanto, se aplican las “presunciones legales” previstas, que califican la conducta dolosa o gravemente culposa del agente. Estas presunciones son legales, es decir, admiten prueba en contrario y, con ellas, el legislador buscó efectivizar el ejercicio de la acción o medio de control de repetición, en la medida que la entidad estatal, al formular el respectivo libelo introductorio, le corresponde acreditar solamente el supuesto fáctico en el que se fundamenta la presunción que se invoca para que esta opere, y el demandado tiene el deber de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, lo cual quedó, a su vez, plasmado en la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 678 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte Constitucional, Sala Plena, C 374 /02, Sentencia del 14 de mayo de 2002, expedientes acumulados D3756, D-3757 y D-3763.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001
CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE / INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La presunción de culpa grave referida en el numeral 1 del artículo 6 de la ley 678 de 2001, no se configura solo por un desconocimiento de las normas o de los términos establecidos en la ley, sino que, además, debe ser una actuación inexcusable y manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
Así las cosas, la presunción de que trata el numeral 1 del artículo 6º de la Ley 678 de 2001 no se configura solo por un desconocimiento de las normas o de los términos establecidos en la ley, sino que, además, debe ser una actuación inexcusable y manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, por tanto, dicha presunción cuenta con un ingrediente subjetivo que no implica la eliminación o desconocimiento de la presunción consagrada en la ley, sino que, impone un deber de constatación de la conducta desplegada por el servidor o ex servidor. Por esa razón la decisión del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad no vincula automáticamente la decisión del juez de la repetición, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado o la legalidad de sus actuaciones administrativas, sino, sobre la conducta del agente. Por tanto, para la configuración de la presunción indicada por la parte demandante no es suficiente enunciar un desconocimiento de la normativa, sino que, además, debe estar demostrado que esa violación fue manifiesta e inexcusable.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / SENTENCIA CONDENATORIA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El hecho de que las providencias judiciales hayan sido determinantes en la condena por error judicial, no implica, en todo caso, que resulten siempre suficientes al propósito de deducir la presunción de culpa grave que se enrostra contra el demandado en repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a violación manifiesta de Ley 1107 de 2006, fue la razón que derivó en la declaratoria de responsabilidad por error jurisdiccional, y conforme a la cual la demandante entiende configurada la “presunción” de culpa grave prevista en el numeral 1° del artículo 6° de la Ley 678 de 2001. Este criterio ata al juez de la repetición, porque siguiendo el derrotero trazado por esta Sección del Consejo de Estado, las sentencias del proceso contencioso administrativo se convierten, por mandato de la ley, en piezas procesales determinantes para establecer la responsabilidad patrimonial del ex servidor público, y el demandado tiene entonces el deber de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse de responsabilidad, lo cual quedó, a su vez, plasmado en la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 678 de 2001. Valga decir que, el hecho de que dichas piezas procesales sean determinantes, no implica, en todo caso, que resulten siempre suficientes al propósito de deducir la presunción que se enrostra contra el demandado en repetición. Para que así sea, se requiere que el fallo condenatorio contra el Estado contenga de forma explícita el supuesto de hecho en que se funda la presunción, de manera tal que, desde un principio, el demandado en repetición pueda dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra. Si la sentencia definitoria de la litis que da lugar a la condena tiene tal claridad, servirá no solo de basamento al juez de la repetición, sino que, en los términos ya señalados, lo atará en su decisión de reembolso; de lo contrario, la sola sentencia de base será insuficiente para tales propósitos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 29 de mayo del 2014 y 29 de abril de 2019, exps. 40755 y 50695. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de febrero de 2011, exp. 34816. Corte Constitucional, Sala Plena, C 374 /02, Sentencia del 14 de mayo de 2002, expedientes acumulados D3756, D-3757 y D-3763.
FUENTE FORMAL:
LEY 1107 DE 2006, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA / ALCANCE JURISPRUDENCIAL / ALCANCE DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Se puede imputar responsabilidad a patrimonial a un juez por aplicación de precedente jurisprudencial cuanto existen criterios distintos en el Consejo de Estado para resolver asuntos similares?
Respuesta al problema jurídico: No
Cabe advertir que, para la época en que fue radicada la demanda en contra de EMSERPA E.S.P. ante el Juzgado Civil de Arauca, el 16 de julio de 2004, existía disparidad de criterios entre el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura frente a la competencia de los asuntos en los que han sido parte empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Por un lado, la jurisprudencia del Consejo de Estado establecía que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo -CCA- señalaba como cláusula general de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgar “las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las Entidades Públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado”, postulado que no incluía la prestación de servicios públicos, por no tratarse de un ejercicio propio de la función administrativa y, en consecuencia, le dejaba la competencia a la jurisdicción ordinaria. Además, la Ley 142 de 1994, en su artículo 32 preveía que los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como las gestiones de su administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que fueran socias de ellas, se regirían exclusivamente por las reglas del derecho privado, salvo que la Constitución Política o dicha ley dispusieran expresamente lo contrario, con lo cual se ratificaba la competencia en cabeza de la jurisdicción ordinaria. No obstante, en virtud de algunas referencias sobre la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de las controversias en las que estuviesen involucradas las empresas de servicios públicos domiciliarios, contenidas en la misma Ley 142 de 1994 , se presentó otra postura jurisprudencial que indicaba la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver algunos asuntos adelantados en contra de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Así mismo, el Consejo Superior de la Judicatura, en algunos casos, asignaba la competencia de los mencionados asuntos a la jurisdicción contenciosa, debido a que consideraba que la disposición contenida en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, que asignaba al derecho privado la resolución de los actos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, se refería a sus gestiones administrativas (constitución de las empresas, actos requeridos para su administración, ejercicio de los derechos de los socios), y no a los hechos de la administración que en materia extracontractual pudieran causar daños a los particulares. Ante el debate que se generó alrededor del juez competente para conocer las controversias de las empresas de servicios públicos domiciliarios, tanto en materia de responsabilidad extracontractual como contractual, el Consejo de Estado, en providencia del 8 de febrero de 2007, hizo un recuento de las diferentes posturas y estableció que la Ley 1107 de 2006 fue expedida con el fin de “darle solución a la polémica surgida entre las altas Cortes, a propósito de la jurisdicción competente para conocer de algunas controversias, (…)”. (…) La Ley 1107 de 2006, que entró en vigencia el 27 de diciembre del mismo año, reafirmó el conocimiento de los asuntos que involucren empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues, precisó la cláusula general de competencia establecida en el artículo 82 del CCA, en el sentido de señalar que la referida jurisdicción conoce de “las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado”. Es decir, que el criterio de competencia funcional, en el que se debatía si la prestación de servicios públicos domiciliarios constituye o no el ejercicio de una función administrativa quedó desplazado por el criterio orgánico en el que solamente se requiere verificar si la empresa prestadora de servicios públicos tiene capital estatal. Allende la expedición de la mencionada ley, y lo clarificadora que hubiera resultado en materia contenciosa administrativa, lo cierto es que en la jurisdicción ordinaria no se le atribuyó el mismo sentido al momento de definir la competencia cuando estaban de por medio asuntos de las empresas prestadoras de servicios públicos. Nótese, por ejemplo que, aún para el año 2009, es decir una fecha posterior a aquella en que se profirió la sentencia de segunda instancia que tiene en la palestra de la repetición a los, por entonces, magistrados del Tribunal Superior de Arauca de la época ─27 de diciembre de 2008─, sobre este aspecto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sostenía una postura contraria a la que sirvió de guía al Tribunal Administrativo de Arauca al momento de proferir la sentencia condenatoria del 21 de septiembre de 2011 mediante la cual calificó el error jurisdiccional.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, se tenía dicho: “Esta Corporación, por su parte, ha expresado, en sentido más uniforme, que el juez de las controversias de la responsabilidad extracontractual del Estado, en aquella materia, es la justicia ordinaria. En este sentido, desde marzo de 2001 ya había dicho esta Sección que el juzgamiento de la responsabilidad extracontractual, de una empresa de SPD, corresponde a la justicia ordinaria, bajo el argumento de que dicha competencia no estaba asignada expresamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En febrero de 2005 mantuvo el mismo criterio. En esta ocasión dijo que la ley es quien debe designar el juez competente para conocer de una controversia, y que, en materia de SPD, no había norma, luego, se debía acudir al artículo 82 CCA. para definir si la responsabilidad extracontractual de una empresa de SPD era de conocimiento de esta jurisdicción. Posteriormente, en marzo de 2006, esta Sección mantuvo el mismo criterio - no la misma argumentación-, es decir, que el juzgamiento de la responsabilidad extracontractual, de una empresa de SPD, corresponde a la justicia ordinaria, teniendo en cuenta que, incluso en la época de los hechos - caída de un poste de energía-, el artículo 31 del decreto 3130 de 1968 señalaba que a esa jurisdicción correspondía conocer de las actuaciones materiales de las empresas industriales y comerciales del Estado. De igual manera, en septiembre de 2006, ante una demanda presentada contra las Empresas Públicas de Pereira ESP. y la Empresa de Energía de Pereira ESP, por un daño causado con una tapa de un contador, dijo esta Sección que la jurisdicción competente era la ordinaria, por ausencia de norma expresa que asignara la competencia a esta jurisdicción. Esta vez, la Sala apoyó la decisión en el artículo 16.1 del Código Civil, que asigna a la justicia ordinaria la cláusula general de competencia jurisdiccional. Atendiendo a los antecedentes citados, entre muchos otros que reiteran la posición, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido uniforme en señalar que, en este tipo de casos, el juez competente es el ordinario. Esta posición coincide con algunas decisiones del Consejo Superior de la Judicatura, que han resuelto conflictos de jurisdicción en este sentido, pero desconoce otras de la misma Corporación”. Ver Sentencia del 8 de febrero de 2007, radicado: 05001-23- 31-000-1997-02637-01(30903).
CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / COSTAS PROCESALES / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCESO DE ÚNICA INSTANCIA
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas en única instancia y la fijación de agencias en derecho en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del Código General del Proceso (CGP) prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera o única instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Por lo anterior, la Sala fijará las agencias en derecho en el equivalente al 5% de las pretensiones de la demanda, ya que se trata de un proceso de única instancia en el cual existen pretensiones de tipo pecuniario, de conformidad con las tarifas establecidas en el artículo 3.1 del acuerdo 1887 de 2003. La condena en costas deberá ser sufragada y distribuida en favor de los demandados y/o sus sucesores procesales en iguales proporciones. Finalmente, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso, la Secretaría de la Sección liquidará las costas, para lo cual incluirá los gastos judiciales en los que incurrió la parte beneficiada con la presente providencia, siempre que aparezcan comprobados y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. Además, tomará en consideración las agencias en derecho fijadas previamente.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente en única instancia para resolver el asunto de la referencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, hayan originado una condena contra una entidad pública, conforme al artículo 7° de la Ley 678 de 2001. En ese orden, el Consejo de Estado es competente para decidir, en única instancia, el presente proceso iniciado en ejercicio del medio de control de repetición, según el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, vigente para la fecha de presentación de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales véase, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 27. Sentencia del 9 de diciembre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020- 03629-00.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿La demanda bajo el medio de control de repetición se interpuso dentro del término legal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, en sentencia del 21 de septiembre de 2011, declaró a la Nación-Rama Judicial administrativamente responsable por los daños ocasionados a Cándida Rosa Parales y David Holguín, por el error judicial acaecido con ocasión de las decisiones adoptadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Arauca y el Tribunal Superior de Arauca, en el proceso de responsabilidad civil extracontractual adelantado contra la empresa EMSERPA E.S.P., sin tener jurisdicción ni competencia al entrar en vigencia la Ley 1107 de 2006 y, la condenó al pago de los perjuicios materiales que serían cuantificados mediante trámite incidental y, de 50 smlmv por perjuicios morales. Por lo tanto, el plazo de vigencia del presente medio de control comenzó a correr cuando se encontraba en vigor la Ley 678 de 2001, esto es, después del 4 de agosto de esa anualidad, definiéndose así dicho término conforme a esta ley. De acuerdo con el artículo 11 ejusdem —vigente para la presentación de la demanda— y lo establecido por la Corte Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, la pretensión de repetición tiene un término de caducidad de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que la condena hubiera sido pagada por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo legal previsto para que sea cancelado. Esta Sección de la Corporación ha precisado que el plazo para pagar con que cuenta la entidad pública deberá computarse con arreglo a la antigua codificación —dieciocho (18) meses del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (CCA)— si el proceso que le da base a la repetición se tramitó bajo ese régimen jurídico y se ordenó sufragar la condena en esos términos. En este proceso se acreditó que: (i) la Nación-Rama Judicial fue condenada con sentencia que cobró ejecutoria el 23 de marzo de 2012; (ii) la condena fue proferida dentro de un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo (CCA), por manera que dicho ente debía cumplirla en los términos de los artículos 177 y 178 de esa codificación; (iii) la aquí demandante contaba, así, con un plazo de dieciocho (18) meses para dar cumplimiento a lo fallado; y (iv) que, de acuerdo con las órdenes de pago, el último pago realizado en cumplimiento de la sentencia condenatoria fue hecho por esa entidad el día 14 de noviembre de 2013. Por lo tanto, en el sub lite, el plazo para presentar la demanda de repetición caducaba el 15 de noviembre de 2015. Teniendo en cuenta que, el plazo legal ocurrió primero que el último pago realizado por la accionante, se contabilizarán los dos (2) años para demandar en sede de repetición, desde el treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012) al treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014). Como las demandas de repetición fueron presentadas el quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) y el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014), se impone concluir que el medio de control fue incoado en forma oportuna.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 178, LEY 1107 DE 2006
SUCESIÓN PROCESAL / APLICACIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALLECIMIENTO DEL DEMANDADO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA SUCESIÓN PROCESAL / EFECTOS DE LA SUCESIÓN PROCESAL / NOCIÓN DE LA SUCESIÓN PROCESAL / CONCEPTO DE SUCESIÓN PROCESAL / PRESUPUESTO DE LA SUCESIÓN PROCESAL / PROCEDENCIA DE LA SUCESIÓN PROCESAL / REQUISITOS DE LA SUCESIÓN PROCESAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Está acreditada la legitimación en la causa por pasiva de los sucesores de quien fue uno de los demandados en el medio de control de repetición?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo concerniente al extremo demandado, Santiago Rodil García y Óscar Hernando Castro Rivera se encuentran legitimados en la causa por pasiva, pues en calidad de Juez Segundo Civil del Circuito de Arauca y Magistrados del Tribunal de Arauca expidieron las sentencias dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual contentivo del error judicial por el que fue condenado el órgano demandante. Ahora, como dentro del proceso, luego de que se trabara la litis y se surtiera la oportunidad procesal para contestar la demanda, se tuvo conocimiento del fallecimiento de uno de los integrantes del extremo pasivo, el señor Jesús Hernando Lindarte Ortiz, fue necesario acudir a la sucesión procesal, la Sala analizará la legitimación pasiva de las personas que fueron integradas en calidad de sucesoras procesales, tal es el caso de las señoras Andrea del Pilar Lindarte Escalante, Adriana Lilibeth Lindarte Escalante y Edilma Escalante de Lindarte, las dos primeras en condición de hijas y, la segunda en condición de cónyuge y/o compañera permanente. Con tal fin, se realizarán algunas precisiones para establecer si los herederos del agente que fallece estando en curso el proceso de repetición, llamados en virtud de la sucesión procesal, se encuentran legitimados en el juicio de repetición. Esto, por cuanto el juez de lo contencioso administrativo tiene la posibilidad de decretar excepciones de oficio y la potestad de pronunciarse sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, entre ellas la legitimación en la causa, aunque esta no hubiera sido propuesta oportunamente por las partes como excepción. Sobre el tratamiento que se les otorga a los eventos en que fallece la persona contra quien se va a repetir, la jurisprudencia de la Corporación ha sido mucho más prolija en los casos en que el deceso se produce antes de iniciar la acción de repetición que, en aquellos donde esto ocurre en el discurrir procesal de la repetición. En el primero de los supuestos, las más de las veces la jurisprudencia se ha inclinado por declarar la falta de legitimación de los herederos (determinados o indeterminados), aunque el fundamento para ello ha sido diverso, dependiendo las circunstancias de cada caso. Así, (i) cuando la condena en contra del Estado fue posterior a la muerte y por ende también la repetición es posterior a la defunción, se ha dicho que, “al tratarse de un asunto de naturaleza personal, no es transmisible a sus herederos”, en cuyo caso la acción se extingue y desaparece la posibilidad que tiene el Estado de repetir; (ii) porque de no declararse la falta de legitimación se violarían garantías fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa, aunado a que la transmisibilidad que se deriva del artículo 2343 del C.C. se predica de aquellos procesos que no requieren que la conducta del agente sea calificada; (iii) cuando antes de iniciarse la acción de repetición se ha liquidado la sucesión del agente público fallecido y, por esa razón, la calidad de heredero muta a la de propietario que adquiere por el modo “sucesión”. En otras oportunidades, en cambio, se ha considerado que los herederos están legitimados en virtud de lo establecido en el artículo 2343 del Código Civil, dado que es una obligación transmisible, habida cuenta que aquello que se persigue no es una sanción sino una responsabilidad patrimonial y, por ende, no se compromete el debido proceso. En el segundo de los supuestos, esto es, cuando la persona fallece habiéndose ya iniciado la repetición y, más aún, cuando esta ya ha tenido la oportunidad de contestar la demanda, como aquí ocurre, el asunto requiere mayor detenimiento. Cabe indicar, conforme ha dicho la jurisprudencia, que la capacidad para ser parte supone que la persona exista, por eso cuando se advierte dentro del proceso que uno de los partícipes en la controversia fallece, en virtud de la carencia de capacidad para ser parte que sobreviene al hecho de la muerte, es menester decretar la sucesión procesal en los términos del artículo 68 del Código General del Proceso y, a partir de ese momento se sustituye el componente faltante del extremo de la litis; sin embargo, que la parte que ingresa por sucesión procesal tenga la capacidad jurídica para diluir plenamente, en sus efectos, a la parte sucedida, va a depender de la naturaleza del proceso y, esta, a su vez, del objeto del litigio. Este, el objeto del litigio, puede contener pretensiones diferentes con un fundamento distinto. En este punto, conviene, antes que nada, establecer cuál es la naturaleza de la acción de repetición y cuál es el objeto y fundamento de las pretensiones. Sobre la naturaleza, ha dicho esta Corporación que se trata de una acción civil de carácter patrimonial de índole declarativa, ya que mientras no se declare la responsabilidad patrimonial no surge la obligación de restituir el patrimonio del Estado. Hasta este punto no habría mayor dificultad, de no ser porque, en su objeto, la repetición alberga diferentes propósitos o finalidades que no pasan inadvertidas para el instituto jurídico de la sucesión procesal; así mismo porque, a diferencia de otras acciones, la de repetición conjuga esos propósitos disímiles de forma inescindible y conexa, tanto en la pretensión declarativa, como en la de condena. La Corte constitucional, en la sentencia SU-354 de 2020, sostuvo que contra el agente estatal se debe adelantar un juicio de atribución de responsabilidad que es subsidiario, subjetivo, sujeto a criterios de proporcionalidad y que debe asegurar las garantías que conforman el derecho al debido proceso. Desde el punto de vista de la función retributiva, la sucesión procesal no tiene la virtud de absorber el reproche que se dirige única y exclusivamente contra el agente público que, con su conducta dolosa o gravemente culposa, compromete el patrimonio estatal, dado que el carácter personalísimo de ese juicio se lo impide. Es decir, la sucesión procesal no sustituye, en sus efectos, a la persona sustituida, empero, en tales circunstancias, tampoco es posible que la persona a quien corresponde acarrear con tales efectos los asuma, por la elemental situación de que esa persona ya no existe. Lo propio ocurre con la función preventiva. Ahora, en principio, podría inferirse como una consecuencia lógica de tal situación, la extinción de la acción, no obstante, como no existen extinciones parciales de la acción y, por contera, subsiste otra función inherente al objeto de la repetición ─función resarcitoria que se aproxima al carácter patrimonial de la acción─ el análisis se transpola al ámbito de la legitimación de los sucesores patrimoniales del agente fallecido, por sobre todo, si se tiene en cuenta que, tal como ha dicho la Corte Constitucional, la acción de repetición “no tiene por objeto medular imponer una sanción, sino que ella tiene “un carácter reparatorio o resarcitorio”. Frente a este aspecto ─el de la legitimación─, incidirá el momento procesal en que se produzca el fallecimiento. Así, el agente tuvo la oportunidad de controvertir el reproche subjetivo de la conducta que se le enrostra, puede decirse que existen elementos de juicio, obtenidos con respeto a las garantías de defensa, para, con fines eminentemente resarcitorios, calificar la conducta, pues, como bien ha sostenido la Corte Constitucional “si bien se trata de una acción con la finalidad especifica de reintegrar al patrimonio del Estado lo pagado, ello no conspira con la necesidad de analizar toda la temática que gira a su alrededor con la lupa de tratarse del análisis de una conducta humana reprochable. En esa medida todos los principios que se despliegan en un análisis de conducta son necesaria e imprescindiblemente aplicables”. Entonces, en cada caso habrá que constatar si la persona contra quien se ejerció la repetición alcanzó a realizar su defensa y a controvertir las pruebas que contra sí se aducían, a menos, claro está, que esas pruebas se compongan exclusivamente de documentos públicos que gozan de presunción de autenticidad y que hayan sido aportadas desde la demanda y, habiendo tenido la oportunidad de controvertirlas al momento de la contestación el propio interesado no lo haya hecho. En tal caso, podrá realizarse el análisis de fondo y, por lo mismo, habrá de tenerse por legitimados a los herederos, porque en este punto, se insiste, subsiste la finalidad resarcitoria. Lo expuesto se acompasa en le presente asunto, pues, precisamente porque las pruebas que se pretendían hacer valer habían sido incorporadas por las partes en la demanda y su contestación, se acudió al trámite de sentencia anticipada, específicamente en el caso del señor Jesús Hernando Lindarte, aquél solicitó tener como pruebas las aportadas por el demandante ─Cfr. auto del 14 de junio de 2023─. Asunto distinto será, frente a ese evento y en caso de que prospere la condena, determinar las condiciones para la procedencia de esta, como, por ejemplo, si el patrimonio del causante al cierre del ejercicio de liquidación arrojó bienes para adjudicar entre sus legatarios, si aquellos recibieron con o sin beneficio de inventario, entre otros. Al margen de lo expuesto valga aclarar, eso sí, tal como lo ha indicado la Corporación que “si bien es cierto que los bienes del causante y sus deudas se transmiten a sus herederos y los dos patrimonios pueden confundirse o mantenerse separados cuando se acepta la herencia con beneficio de inventario, no puede considerarse que la pensión forme parte de dicho patrimonio. La pensión no es un bien que integre el activo de la sucesión con el cual puedan pagarse los acreedores del causante”. Bajo esas premisas la Sala establece la legitimación en la causa de las personas que fueron vinculadas en sucesión procesal, esto es, de las señoras Andrea del Pilar Lindarte Escalante, Adriana Lilibeth Lindarte Escalante y Edilma Escalante de Lindarte, remarcando que, por virtud de la sucesión procesal aquellas recibieron el proceso en el estado en que se encontraba. Ese carácter irreversible del proceso hace que, por demás, en este estadio procesal no se pueda atender la solicitud probatoria efectuada por el apoderado de las sucesoras procesales, así como tampoco advierte la Sala que, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso emerja la necesidad de apreciarlas y, por lo mismo, tampoco de incorporarlas de oficio.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, cita Corte constitucional, en la sentencia SU-354 de 2020; Corte Constitucional. Sentencia SU-259 de 2021; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2021, Exp. 53008; En similar sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2020, Exp. 47251; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2021, Exp. 52710; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 5 de mayo de 2020, Exp. 45417; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de agosto de 2020, Exp. 52710; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 1 de marzo de 2023, Exp. 67.682; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2021, Exp. 53700 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2020, Exp. 47251.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 68, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2343