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Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre agencias en derecho2025-11-11Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020200013100LEY 1437 REPETICION
¿Las agencias en derecho deben ser fijadas conforme al Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, dado que la parte demandada ejerció su defensa en el proceso de repetición al alegar de conclusión? Sí
El contratista debe fijar las agencias en derecho conforme al Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y al artículo 188 del Código Procesal Administrativo, cuando la entidad estatal ejerce su defensa en el proceso de repetición al alegar de conclusión, lo que implica que la parte demandada será condenada a pagar la tarifa de agencias en derecho por la suma de 6 salarios mínimos legales vigentes. La entidad administrativa no puede expedir copias auténticas de providencias y constancias de ejecutoria antes de que estas sean debidamente proferidas y ejecutoriadas, por lo que la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado emitirá dichos documentos una vez que las providencias estén en pleno vigor. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la normativa vigente para garantizar el derecho de defensa y la correcta liquidación de costas en procesos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede la Secretaría del Consejo de Estado expedir copias auténticas de providencias y constancias de ejecutoria antes de que estas se encuentren debidamente proferidas y ejecutoriadas?
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas2025-07-01Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020200001000LEY 1437 REPETICION
¿Al presente asunto le resultan aplicables el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso, por ser las disposiciones procesales vigentes a la fecha de presentación de la demanda? Sí
El contratista no puede prosperar en la excepción previa de inepta demanda en un medio de control de repetición, ya que las copias simples de documentos que dan cuenta del proceso original gozan de eficacia probatoria y se presumen auténticas, salvo que la parte contraria las tache de falsas. Además, los documentos elaborados por las entidades públicas son válidos y tienen capacidad probatoria para acreditar el pago de la condena, lo que permite subsanar la irregularidad procesal sin necesidad de declarar la demanda inepta. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la valoración de documentos públicos y la libertad probatoria en la acreditación del pago, lo que implica que las entidades estatales deben aceptar la validez de los documentos elaborados por ellas mismas para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar configurada la excepción de inepta demanda del medio de control de repetición, a pesar de haberse acreditado: i) una debida acumulación de pretensiones; y…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-10-23Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 20001233900020160024402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe revocarse el numeral segundo del auto del 10 de junio de 2022 en el que se ordenó certificar constancia de ejecutoria de la misma providencia, dado que resulta improcedente al observarse que no se encuentra ejecutoriada, habida cuenta que el asunto objeto de estudio está al Despacho para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra la mencionada decisión? Sí
Una providencia dictada por fuera de audiencia queda ejecutoriada una vez notificada, cuando carezca de recursos, cuando no se interpongan los procedentes, o cuando quede ejecutoriada la providencia que resuelve esas impugnaciones, según el artículo 302 del Código General del Proceso. Por lo tanto, no puede certificarse la ejecutoria de una sentencia de primera instancia mientras el asunto se encuentre al despacho para resolver la apelación interpuesta contra ella. En este caso, el despacho había accedido a expedir copia auténtica de la sentencia y a certificar su constancia de ejecutoria. Frente al recurso de reposición de la parte demandante, la providencia reconoció que el fallo no estaba ejecutoriado porque la apelación seguía pendiente, y revocó el segundo inciso del auto. En su lugar, mantuvo únicamente la orden de expedir la copia de la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que la constancia de ejecutoria solo puede expedirse cuando el fallo ha quedado en firme.síntesis automática
Esta Corporación como máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer del presente recurso, comoquiera que el Instituto de Desarrollo Urbano-I.D.U es un establecimiento público con personería jurídica propia, del orden descentralizado adscrito a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C., de acuerdo a lo ordenado en el artículo 104 del C.P.A.C.A. Adicionalmente, la demanda ejecutiva supera la cuantía exigida por el artículo 152, numeral 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para tener vocación de doble instancia.
También resuelve:Ejecutivo contractual: elementosTítulo ejecutivo: documento, ejecución título ejecutivo, título ejecutivo, requisitosDocumentos que constituyen título ejecutivo: aportados en original o copia
¿Se encontró demostrada la excepción de inexistencia del título de recaudo por haberse desvirtuado la autenticidad del acta de liquidación ? Sí
El contratista no puede demandar ejecutivamente un título de recaudo cuando se desvirtúa la autenticidad del documento que lo sustenta, como en este caso la acta de liquidación, ya que la autenticidad es un requisito esencial para que el título sea considerado válido y confiable, junto con la obligación clara, expresa y exigible que debe constar en él. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y declara probada la excepción de inexistencia del título ejecutivo, terminando así el proceso ejecutivo y ordenando el levantamiento de las medidas cautelares. Además, se condena al ejecutante en costas, incluyendo agencias en derecho equivalentes al uno por ciento del valor revocado en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas en el proceso ejecutivo?
¿La acción de repetición fue incoada oportunamente, esto es, dentro del término ce caducidad de dos (2) años señalados en la norma? Sí
La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años que se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, cuando la nulidad del acto administrativo se declara bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001, el plazo corre conforme a esa ley, según su artículo 11. Segunda, la norma del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fija el plazo de dieciocho meses para cumplir la sentencia, contado desde su ejecutoria. Tercera, en el caso el pago se realizó el 20 de diciembre de 2007, antes del vencimiento de ese plazo, de modo que el término de dos años se extendía hasta el 21 de diciembre de 2009. Como la demanda se radicó el 17 de junio de 2008, fue incoada oportunamente. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la jurisprudencia sobre el cómputo de este término.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en el caso concreto, considerando que los hechos que sustentaron la condena en contra de la Universidad de la Amazonia ocurrieron con anterioridad a la vigencia de…¿Puede otorgarse valor probatorio a las copias simples que se alleguen al proceso, siempre que se garanticen los principios de contradicción y defensa de los sujetos procesales…¿Debe otorgarse valor probatorio a los documentos públicos que se allegaron al proceso, los cuales acreditan el cumplimiento del presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición…
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la vocación de doble instancia del proceso y la cuantía de la demanda que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La caducidad del medio de control de controversias contractuales es un mecanismo irrenunciable que limita el ejercicio del derecho de acción, operando como sanción por falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, y no admite suspensión salvo en casos de solicitud de conciliación extrajudicial. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, garantizando así el derecho de impugnación contra una decisión judicial. Esta sentencia reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y establece límites claros para el ejercicio del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?¿Lo que se está cuestionando es el acto de liquidación del contrato y no propiamente el cumplimiento obligacional de parte del contratista?
¿Es procedente la orden de seguir adelante con la ejecución, al acreditarse la debida integración del título ejecutivo complejo con el que se persigue el pago de la cláusula penal por incumplimiento del contrato? Sí
El título ejecutivo complejo se integra con los documentos que lo componen aportados en original o en copia auténtica, y el acta de liquidación del contrato no es exigible cuando se persigue el pago de la cláusula penal por incumplimiento. Esta regla se apoya en el numeral 4 del artículo 297 del CPACA, que exige los documentos del título, y en que la cláusula penal no está ligada a la liquidación del contrato. La liquidación es un cruce final de cuentas que no tiene por objeto suspender la exigibilidad de obligaciones previas. Por ello, la entidad estatal puede exigir por vía ejecutiva el cumplimiento de la cláusula penal sin esperar la liquidación. En el caso concreto el título se encontraba debidamente integrado, por lo que se ordenó seguir adelante con la ejecución, con una modificación en la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta del acta de liquidación no impide ejecutar la cláusula penal pactada para el incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen normativo aplicable al presente proceso ejecutivo es el Código General del Proceso?¿Las excepciones previas alegadas podrán ser objeto de pronunciamiento en esta instancia en aras de verificar la exigibilidad y los requisitos de forma del título?¿Los documentos que integran el título base de recaudo, deberán aportarse en original o en copia auténtica?
¿La actuación desplegada por la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional y, en particular, por las empresas que la componen, dentro del proceso penal por el supuesto delito de acceso o prestación ilegal del servicio de telecomunicaciones, en contra del actor, le ocasionó un daño a la parte actora que pueda catalogarse como antijurídico? No
El contratista no puede obtener reparación directa por daños antijurídicos derivados de la actuación de la Alianza contra el fraude de Telecomunicaciones de Larga Distancia Nacional e Internacional en un proceso penal, ya que no acredita el daño cierto, presente o futuro, ni su relación causal con la acción de la entidad, además de no probar adecuadamente la afectación de garantías procesales o la pérdida de oportunidades comerciales. La Sala confirma la sentencia que rechaza la demanda por falta de pruebas, lo que implica que el contratista debe demostrar con claridad y certeza el daño y su origen para obtener indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia para conocer las controversias suscitadas por error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad le corresponden en…¿El término para formular pretensiones en sede de reparación directa es de 2 años?¿Los documentos aportados en copia auténtica serán tratados como medios hábiles y su eficacia probatoria será valorada conforme a las reglas de la sana crítica?
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2025-10-28Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 11001032600020180004500LEY 1437 REPETICION
¿Procede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 al proceso judicial iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, cuando la decisión a adoptar no se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021? Sí
El juez puede aplicar las disposiciones procesales de la Ley 2080 de 2021 a un proceso iniciado bajo la vigencia de la Ley 1437 de 2011, siempre que la decisión no se encuentre dentro de las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080, y que las disposiciones del Código General del Proceso sean aplicables en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo. Además, el juez puede dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial si se configuran las causales establecidas en el artículo 182A del CPACA, lo que incluye asuntos de puro derecho, ausencia de necesidad de practicar pruebas y solicitud de pruebas documentales sin tacha o desconocimiento, siempre que las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Esta regla facilita la aplicación de principios de economía y celeridad procesal, pero garantiza el debido proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Procede prescindir de las etapas procesales ordinarias y dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial, en virtud del artículo 182A del CPACA…¿Procede dictar sentencia anticipada cuando las pruebas solicitadas por las partes, distintas de las documentales, no cumplen con los requisitos legales para su decreto por ser impertinentes…¿El objeto del proceso se circunscribe a determinar si el Director General del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS–…
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en los aspectos sustanciales de este asunto, considerando que, los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron el 8 de junio de 1998, cuando fue suscrito el oficio 056447 con el que se ordenó la entrega del vehículo automotor? No
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior.
También resuelve:¿La existencia de una condena judicial en firme, que impuso una sentencia condenatoria en contra del ente demandante, presta mérito como presupuesto de la responsabilidad del funcionario…¿El actuar gravemente culposo del inspector de tránsito demandado no se configuró, debido a que la Ley 678 de 2001 no estaba en vigor cuando sucedieron los hechos que dieron lugar a la condena del…¿Aunque los testimonios provienen de exfuncionarios de la entidad demandada en el proceso de reparación directa y resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez…
¿Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales? Sí
Cuando el daño que se reclama en una demanda de controversias contractuales tiene origen en actos administrativos expedidos por el agente liquidador de una entidad en liquidación que rechazaron una reclamación, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones: los actos del agente liquidador que deciden sobre acreencias son actos administrativos que exteriorizan la voluntad de la administración de manera particular y concreta; esos actos gozan de presunción de legalidad, que debe desvirtuarse a través del medio de control correspondiente; y el daño reclamado proviene de la decisión que rechazó la reclamación y no del incumplimiento del contrato. En el caso, la demanda no cuestionó esos actos, por lo que se configuró la ineptitud de la demanda y se confirmó la decisión que la declaró. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación contra el rechazo de una acreencia en un proceso liquidatorio debe demandarse mediante nulidad y restablecimiento dentro de su término.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de controversias que giran en torno a la actividad de una entidad pública?¿Cuando lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto que se considera ilegal…¿Procede la valoración de los documentos aportados en copia simple que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente?
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine?¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer, en segunda instancia, de un proceso de repetición cuando la apelación se interpone contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista es competente para interponer un proceso de repetición ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en primera instancia, ya que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos casos, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y las modificaciones introducidas por las leyes 446 de 1998 y 678 de 2001. La entidad pública que resulta condenada en un proceso de reparación directa puede ejercer la acción de repetición contra el servidor público responsable del daño, siempre que el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición se inicie desde el pago de la conciliación judicial o la condena, según lo establecido en el artículo 11 de la Ley 678 de 2001. La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva sobre el agente que dio lugar al daño, y la acción de repetición se rige por el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo, independientemente de la fecha en que ocurrieron los hechos, siempre y cuando la Ley 678 de 2001 esté vigente al momento del ejercicio de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición inició con el pago de la conciliación judicial celebrada dentro del proceso de reparación directa?¿La legitimación en la causa por activa en el medio de control de repetición recae sobre la entidad obligada al pago de la indemnización y la legitimación en la causa por pasiva recae sobre el agente…¿Es aplicable el régimen de responsabilidad estatal previsto en los artículos 90 de la Constitución y 77 y 78 del C.C.A. para la acción de repetición cuando los hechos ocurrieron antes de la entrada…
¿La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo? Sí
La acción de repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo vinculado al proceso respectivo… .
También resuelve:¿Tiene legitimación en la causa por activa el demandante en cuanto fue la entidad que pagó la condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa…¿Debe otorgarse valor probatorio a las copias simples allegadas al proceso?¿Las providencias judiciales sirven para probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias contractuales originadas en la actividad de las entidades públicas con empresas industriales y comerciales del Estado? Sí
El contratista puede presentar copias simples de documentos como prueba en el proceso contencioso administrativo siempre que dichos documentos no hayan sido tachados de falsos o desvirtuados por las partes durante el curso del mismo, conforme a la jurisprudencia unificada por la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 28 de agosto de 2013. Además, el interventor o auditor que preste testimonio en el proceso, siempre que su declaración sea creíble, imparcial, clara y cierta, y no sea tachada de falsa por las partes, es susceptible de valoración probatoria. Estas reglas permiten un mayor acceso a la justicia y flexibilizan las exigencias de prueba en la jurisdicción contenciosa administrativa, facilitando la resolución de controversias contractuales entre entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿En las controversias sobre contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto…¿Es procedente el valor probatorio de las copias simples, cuando los documentos aportados han militado en el proceso sin ser tachados por las partes?¿Las pruebas testimoniales aportadas al proceso son susceptibles de valor probatorio al estar dotadas de credibilidad, imparcialidad, claridad y certeza y al no ser tachadas de falsas por las partes?
¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un medio de control de controversias contractuales, dado que la controversia involucra a un establecimiento público y la cuantía de las demandas acumuladas supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, el medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato, y las demandas fueron presentadas oportunamente dentro del plazo de dos años desde la ejecutoria de los actos cuestionados. La Sala también admite la valoración de documentos en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsedad por las partes y no existan disposiciones legales que exijan copias auténticas. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y confirma la procedencia del medio de control de controversias contractuales para resolver disputas relacionadas con contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente para demandar la nulidad de los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato?¿Las demandas en los procesos acumulados fueron presentadas oportunamente?¿Procede la valoración de documentos en copia simple?
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede interponer una acción de reparación directa cuando el daño proviene de un hecho imputable a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, que establece esta como el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. La caducidad de la acción de reparación directa es un límite al derecho de acción y una garantía del principio de seguridad jurídica, operando por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, consolidando los derechos de los actores jurídicos y limitando el ejercicio del derecho de acción. En casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la acción debe ejercerse en tiempo, dentro del término de dos años, de lo contrario, el juez puede declarar de oficio la caducidad de la acción.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad es un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?¿Debe declararse de oficio la caducidad de la acción de reparación directa por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso sub examine…¿Debe declararse la caducidad de la acción de reparación directa por error jurisdiccional en el caso sub examine, teniendo en cuenta que, la demanda se presentó de forma oportuna?
¿La Fundación incumplió las obligaciones del convenio de asociación, en los términos alegados por la entidad pública demandante? No
Cuando una entidad pública demanda el incumplimiento de un convenio de asociación, la carga de demostrar el incumplimiento recae en ella, y no basta con requerimientos que no precisan los bienes, servicios y circunstancias de modo, tiempo y lugar del aporte que la entidad alega incumplido. La regla se sostiene en tres razones: la carga de la prueba corresponde a quien alega el incumplimiento, conforme al principio de autorresponsabilidad probatoria; los oficios de requerimiento del supervisor no identifican el objeto del aporte pactado, de modo que no pueden servir de sustento del incumplimiento; y el convenio asigna a la entidad sin ánimo de lucro un aporte de bienes y servicios cuyo contenido debía precisarse en el convenio para ser exigible. En el caso, no hubo prueba del incumplimiento de las obligaciones de aporte, de seguridad social ni de pago de salarios, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el supervisor debe precisar en sus requerimientos los bienes y servicios concretos que la entidad asociada debe acreditar.síntesis automática
También resuelve:¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al convenio de asociación que fue suscrito por una…¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento del contrato?¿Cualquier entidad estatal puede celebrar el convenio de asociación con personas jurídicas particulares, con observancia de los principios de la función administrativa?