Titulación de la relatoría 23.679 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / UNIVERSIDAD PÚBLICA DE ORDEN NACIONAL / UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los procesos de repetición adelantados contra representantes legales de entidades del orden nacional, como es el caso del rector de la Universidad Popular del Cesar?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, el Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos de repetición que el Estado ejerza, entre otros, contra el presidente de la República, ministros del despacho, directores de departamento administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Auditor General de la República y, en general, contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional. Como la demanda se dirigió en contra del señor (...), quien para la época de los hechos se desempeñaba como rector de la Universidad Popular del Cesar, esta Subsección es competente para conocer del presente asunto.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 149 NUMERAL 13, LEY 30 DE 1996, LEY 34 DE 1976 - ARTÍCULO 1
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó oportunamente la demanda de repetición frente a las 23 pretensiones instauradas contra el rector de la la Universidad Popular del Cesar?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según lo dispuesto en el literal l) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, las demandas de repetición deben instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente de la fecha de pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la administración para pagar las condenas, el cual para todos los casos aquí analizados era de 18 meses. La Sala observa que, aunque en algunos casos los dos años del término de caducidad comenzaron a correr desde el día siguiente al del pago de las condenas y, en otros, desde el vencimiento de los 18 meses que la UPC tenía para pagar, lo cierto es que en todos ellos el referido término se cumplió en 2017 y, en tanto la demanda se presentó el 31 de octubre de 2016, se impone concluir que el derecho de acción frente a las 23 pretensiones se ejerció de forma oportuna.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD / PRESUNCIÓN DE CULPA / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE DOLO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / LEY 678 DE 2001 / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / PRESUNCIÓN LEGAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Las hipótesis sobre la conducta del agente del Estado contenidas en los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, constituyen presunciones legales que admiten prueba en contrario?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Subsección, mediante sentencia del 6 de julio de 2017, precisó que las presunciones de dolo y culpa grave contempladas en la Ley 678 de 2001 son legales -que admiten prueba en contrario-, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa del demandado, pues, de haber sido calificadas como presunciones de derecho, se le habría quitado la posibilidad de demostrar que su conducta no fue premeditada o negligente. A su vez, en dicho pronunciamiento se indicó que cuando la pretensión de regreso se fundamenta en una de las presunciones establecidas en los artículos 5 y 6 ibidem, la entidad tiene que demostrar el supuesto de hecho que le sirve de sustento para que pueda operar frente al demandado. Así también lo dejó claro la Corte Constitucional en las sentencias C-374 de 2002 y SU-354 de 2020, al señalar que para la correcta utilización de las presunciones es indispensable que la administración acredite “el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega para que ésta opere”, no limitarse a extrapolar los análisis construidos para enjuiciar la responsabilidad patrimonial del Estado o la legalidad de los actos administrativos, porque los supuestos sobre los que se edifica la responsabilidad de los funcionarios o exfuncionarios son diferentes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las presunciones legales contendidas en la Ley 678 de 2001, relativas a la conducta del agente del Estado, consultar providencias de 6 de julio de 2017, Exp. 45203, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 7 de agosto de 2017, Exp. 42777, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 19 de marzo de 2019, Exp. 52945, C.P. María Adriana Marín; y de la Corte Constitucional, C-374 de 2002 y SU-354 de 2020.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD / INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA / LÍNEA JURISPRUDENCIAL / RECTIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / INFRACCIÓN MANIFIESTA / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Debe condenarse patrimonialmente al rector de la Universidad Popular del Cesar por declarar insubsistentes, mediante actos administrativos no motivados, los nombramientos de varios funcionarios que se desempeñaban en cargos de provisionalidad, considerando que, para la época de los hechos, no era claro si los actos administrativos en
los que se disponía su retiro del servicio debían motivarse o no?
Respuesta al problema jurídico: No
Se demandó en repetición al señor (...) para que se le ordene reintegrar las sumas de dinero que dicha entidad tuvo que pagar en cumplimiento de las sentencias condenatorias dictadas en 23 procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en los que se anularon las resoluciones por medio de las cuales el aquí demandado, en su condición de rector de la Universidad Popular del Cesar, declaró insubsistentes los nombramientos de 23 funcionarios, quienes se desempeñaban en cargos de provisionalidad, (...) tal y como lo dispone el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, reglamentado por el artículo 10 Decreto 1227 de 2005. En su criterio, dicho comportamiento se adecúa a la presunción de culpa grave establecida en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. (...) Según lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 41 de Ley 909 de 2004, reglamentado por el artículo 10 del Decreto 1227 de 2005, el retiro del servicio de los empleos de carrera, incluso los ocupados en provisionalidad, requiere de un acto administrativo motivado. Lo anterior no ofrecía motivo de duda mientras el nombramiento y el acto de retiro del servicio se expidieran en vigencia de la Ley 909 de 2004; sin embargo, como lo advirtió la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del 23 de septiembre de 2010, el alcance de la referida disposición normativa no era claro frente a otros eventos, como, por ejemplo, aquellos en los cuales el nombramiento en provisionalidad hubiese ocurrido en vigencia de la Ley 443 de 1998 y la desvinculación se produjera luego de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario, razón por la cual tuvo que ser precisado (...). A partir de la referida providencia fue claro, entonces, que, aunque el nombramiento en un empleo de carrera en provisionalidad se hubiese efectuado antes de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004, el retiro del servicio del funcionario debía disponerse mediante un administrativo motivado, por lo que, como lo explicó la Sección Segunda de esta Corporación, “la Administración no debe considerar la fecha en la que se produjo la vinculación a través del nombramiento en provisionalidad, esto es, si fue o no con anterioridad a la vigencia de la nueva normatividad de carrera administrativa, pues ello implicaría un tratamiento desigual en detrimento incluso del derecho al debido proceso (en el aspecto del derecho a la defensa) respecto de aquellos cuyos nombramientos de produjeron en vigencia de la Ley 443 de 1998”. En el presente asunto se evidencia que, de los 23 funcionarios que se vieron afectados con las declaratorias de insubsistencia, 16 fueron nombrados en vigencia de la Ley 443 de 1998 y desvinculados cuando ya estaba vigente la Ley 909 de 2004 y su decreto reglamentario. (...) Como se desprende de los hechos probados, ninguno de los actos de retiro del servicio de esos funcionarios se motivó; sin embargo, al revisar la fecha de expedición de cada uno de ellos, se observa que 11 son anteriores a la sentencia en la que la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado fijó el alcance del deber de motivación, razón por la cual en esos casos la violación del parágrafo segundo del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 no puede catalogarse como manifiesta. (...) En ese sentido, dado que en los 11 casos a los que se ha hecho referencia la UPC no demostró la infracción manifiesta de la norma de derecho en que se apoyó para hacer operar la presunción de culpa grave, las pretensiones formuladas en contra del señor (...), por las condenas impuestas a la UPC en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos por los [once] señores (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la motivación del acto administrativo para retiros del servicio de empleados nombrados en provisionalidad durante la vigencia de la Ley 443 de 1998, consultar providencias de 23 de septiembre de 2010, Exp. 0883-08, C.P. Gerardo Arenas Monsalve; de 17 de febrero de 2011, Exp. 0387-08, C.P. Gerardo Arenas Monsalve; de 2 de junio de 2011, Exp. 11001-03-15-000-2011-00558-00, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Acerca de la presunción de culpa grave establecida en el numeral 1 de la Ley 678 de 2001, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-455 de 2002
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1227 DE 2005 - ARTÍCULO 10, LEY 443 DE 1998, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 41
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR / ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / INSUBSISTENCIA DEL NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD / MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO DE INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / RECTIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / INTERPRETACIÓN DE LA LEY / INTERPRETACIÓN JUDICIAL / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / INFRACCIÓN MANIFIESTA / MEDIOS DE PRUEBA / SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA / SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / AUTONOMÍA DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ / PRINCIPIO DE LA LIBRE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / FALLO DE ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SENTENCIA DE EN LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / EFECTOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PRINCIPIO DE CONFIANZA / JEFE DE LA ENTIDAD PÚBLICA / CONFESIÓN JUDICIAL / ARGUMENTO EN LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Debe condenarse patrimonialmente al rector de la Universidad Popular del Cesar por declarar insubsistentes, mediante actos administrativos no motivados, los nombramientos de otros funcionarios que se desempeñaban en cargos de provisionalidad, considerando que, para la época de los hechos, ya se había precisado que los actos en los que se disponía su retiro del servicio, debían motivarse?
Respuesta al problema jurídico: No
En cuanto a los actos de retiro del servicio de los señores (...), la Sala advierte que, aunque se trata de nombramientos efectuados antes de la entrada en vigor de la Ley 909 de 2004, las resoluciones en las que se dispuso su retiro del servicio se expidieron cuando alcance del parágrafo segundo del artículo 41 ibidem ya había sido precisado por esta Corporación, por lo que era claro que los actos administrativos debían contener las razones de la desvinculación y, como quedó visto, ninguno de ellos se motivó. Idéntica conclusión se predica respecto de los actos de desvinculación de los señores (...), pues, al tratarse de nombramientos realizados en vigencia de la Ley 909 de 2004, la aplicación de lo dispuesto en la referida disposición para retirar del servicio a dichos funcionarios no ofrecía discusión. Así las cosas, dado que en esos casos la vulneración del parágrafo segundo del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 sí se advierte como manifiesta, la Sala procede a determinar si se acreditó la inexcusabilidad de la conducta del demandado, siguiente requisito establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. (...) Para la entidad demandante, el desconocimiento de la norma en que incurrió el señor (...) es inexcusable, porque, como rector de la UPC, “conocía los antecedentes de la universidad en ese sentido” y, aun así, declaró insubsistentes los nombramientos de los 23 funcionarios sin ofrecer alguna motivación, prueba de ello eran las sentencias dictadas en los respectivos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho. De entrada, se advierte que la afirmación realizada por la entidad demandante no está llamada a prosperar, por lo siguiente: La jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha sido pacifica en señalar que la condena de una entidad estatal, a través de un juicio previo y totalmente ajeno al de la referencia -por razón de su objeto, de las partes que intervienen, de las pretensiones que se examinan e incluso de los medios de prueba que se allegan y se valoran para la expedición del respectivo fallo- no implica automáticamente la responsabilidad de la persona que eventualmente hubiere ocasionado el daño que conllevó a la condena del Estado, por cuanto el error en la conducta que se le endilga debe quedar establecido en el respectivo proceso de repetición. En otras palabras, dado el carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al referido medio de control, el juez de este tipo de procesos no puede limitarse a reproducir, de manera mecánica, las consideraciones de la sentencia por medio de la cual se condenó a una entidad pública, sino que debe evaluar la conducta personal y subjetiva del sujeto pasivo de la litis, con apoyo en los medios de prueba oportuna, regular y debidamente allegados a este nuevo juicio. (...) Así las cosas, dado que las sentencias dictadas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos por los señores (...) no constituyen prueba de la irregularidad de la conducta del demandado, en tanto que lo único que se desprende de esas providencias es que en un juicio previo y totalmente diferente se anularon las 11 resoluciones por medio de las cuales se declararon insubsistentes sus nombramientos en cargos que ocupaban en provisionalidad y, como consecuencia se condenó a la UPC, el argumento propuesto por la demandante no está llamado a prosperar. De las demás pruebas aportadas a este proceso tampoco se desprende que el señor (...) tenía conocimiento de que la UPC había sido condenada por hechos similares y aun así optó por expedir las resoluciones de insubsistencia sin motivación y, menos aún, que dicho comportamiento se pueda calificar como “negligente o manifiestamente imprudente”, en tanto que lo único que dan cuenta es que la elaboración de esos actos administrativos estuvo a cargo del departamento de recursos humanos y que el aquí demandado como rector de la UPC los suscribió. Es cierto que el señor (...) era el rector de la UPC para la época de los hechos; sin embargo, como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia SU254 de 2020, dicha circunstancia no le imponía estar al tanto de las condenas que se dictaban en contra de la institución o de los precedentes fijados por las altas cortes en relación con el ejercicio de su función como nominador, dado que el cometido misional de los jefes de las entidades es otro y para el desarrollo de las actividades administrativas cuentan con el apoyo de las dependencias y/o oficinas respectivas. (...) Como se indicó, en el presente asunto se desconocen las circunstancias que rodearon la expedición de los actos administrativos, si el demandado -cuya formación y experiencia en asuntos de función pública se desconoce- dio instrucciones sobre la forma cómo debían proyectarse esas decisiones, si fue asesorado o se rehusó a recibir alguna orientación, de ahí que la irregularidad de la conducta que se le endilgó no esté demostrada en el presente proceso de repetición. Bajo ese contexto, para la Sala resulta evidente que la UPC no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, pues se limitó a pedir la declaratoria de responsabilidad del señor (...), con fundamento en las sentencias dictadas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho (...). No deja de llamar la atención de la Sala el hecho de que en la demanda se sostenga que la UPC ya había sido condenada por casos similares y que la política de la institución en materia de retiro de funcionarios siguiera siendo la misma para la época en la que el aquí demandado fungió como rector, por cuanto lo que refleja esa situación es que el medio de control se ejerció con el propósito de que se declare la responsabilidad del demandado por una situación que, al parecer, de tiempo atrás se presentaba en la institución. (...) Así las cosas, dado que la UPC no realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la inexcusabilidad de la conducta del demandado, para la Sala es claro que no se demostró el supuesto de hecho que le da sustento a la presunción de culpa grave establecida en el numeral primero del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por lo que las pretensiones formuladas en contra del señor (...) por las condenas impuestas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho promovidos por los señores (...), tampoco están llamadas a prosperar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la obligatoriedad de la interpretación que de las normas aplicables al caso hacen los órganos de cierre
de cada jurisdicción, consultar concepto de 10 de diciembre de 2010, Rad. 2177, C.P. William Zambrano Cetina. Acerca de la inexcusabilidad como elemento fundamental de la culpa grave, consultar providencias de 31 de julio de
1997, Exp. 9894, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 28 de enero de 2015, Exp. 38094, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 18 de febrero de 2022, Exp. 48022, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y de la Corte Constitucional, C-455 de 2002. Sobre el valor probatorio de las sentencias que imponen condenas al Estado, como medios para acreditar la conducta del agente en procesos de repetición, consultar providencias de 22 de julio de 2009, Exp. 27779, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 11 de febrero de 2009, Exp. 33450, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de la Corte Constitucional, SU-354 de 2020. Acerca del alcance de las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho en procesos de repetición, consultar providencias de 22 de octubre de 2021, Exp. 62571, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 8 de junio de 2022, Exp. 61777, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En relación con el alcance del principio de confianza y la responsabilidad de los jefes de las entidades, consultar providencias de la Corte Constitucional, SU-254 de 2020; y SU-259 de 2021. Acerca de la confesión judicial, consultar providencia de 9 de julio de 2020, Exp. 58957, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre un caso similar al decidido en esta sentencia, consultar providencia de 27 de septiembre de 2018, Exp. 45806, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1, LEY 909 DE 2004 - ARTÍCULO 41
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la entidad demandante vencida en el proceso de repetición, considerando que con éste se persigue un interés público?
Respuesta al problema jurídico: No
El artículo 188 del CPACA dispone que, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Esta Subsección, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-832 de 2001, ha considerado que el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues se busca la protección del patrimonio público. Así las cosas, dado que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la Universidad Popular del Cesar.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la procedencia de la condena costas en procesos de repetición, consultar providencias de 11 de abril de 2019, Exp. 59139, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 12 de agosto de 2019, Exp. 63519, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 20 de febrero de 2020, Exp. 51949, C.P. María Adriana Marín; y de 7 de mayo de 2021, Exp. 58503, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de la Corte Constitucional, de 8 de agosto de 2001, C-832, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188