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Consejo de Estado Providencia

Sentencia de segunda instancia: Sentencia

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Fecha
2025-07-17
Radicado
76001233100020130000401
Ponente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Sección / Sala
Sección Primera
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Actor
PUBLICIDAD LOZANO & CIA LTDA
Demandado
CONCEJO MUNICIPAL - MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

Síntesis de la providencia

Sentencia de segunda instancia: Sentencia

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Al examinar el contenido del acto acusado, esto es, el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006, se evidencia que su artículo 4° determinó la ubicación, distancia y número de vallas, permitiendo la destinación de una valla por estructura con una distancia mínima de 160 metros con la valla más próxima; es decir que, en aplicación del principio de rigor subsidiario, el Concejo Municipal de Santiago de Cali efectuó una regulación más rigurosa en pro de la preservación del medio ambiente y el paisaje dentro del ámbito de su jurisdicción. En ese sentido, es claro que con la implementación de las nuevas medidas las condiciones en las que se venía desarrollando la actividad publicitaria en el municipio de Santiago de Cali, sufrirían unas modificaciones en la expedición de los registros y la autorización de los permisos para la instalación de publicidad exterior.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Concejo Municipal de Santiago de Cali tiene competencia para regular la publicidad exterior visual en su jurisdicción, aplicando el principio de rigor subsidiario para proteger el patrimonio ecológico, sin vulnerar el derecho a la igualdad ni limitar el ejercicio del trabajo, siempre y cuando no se demuestre un trato diferenciado injustificado o que afecte la confianza legítima de los actores económicos. La Sala confirma que el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006, al establecer requisitos más rigurosos para la instalación de vallas publicitarias, no viola la Constitución ni la Ley 140 de 1994, y reitera jurisprudencia sobre la autonomía municipal y el principio de rigor subsidiario en materia ambiental.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

[E]stablecer si el acto acusado está viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política; y la Ley 140 de 1994.

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 140 de 1994, art. 4 lit. A
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Multas y cláusula penal Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 10.447 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONCEJO MUNICIPAL / MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL / FACULTADES DEL CONCEJO MUNICIPAL / EJERCICIO DE FUNCIÓN CONSTITUCIONAL / REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL / REQUISITOS DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO / COMPETENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL / PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO / INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: [E]stablecer si el acto acusado está viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política; y la Ley 140 de 1994. Respuesta al problema jurídico: No Al examinar el contenido del acto acusado, esto es, el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006, se evidencia que su artículo 4° determinó la ubicación, distancia y número de vallas, permitiendo la destinación de una valla por estructura con una distancia mínima de 160 metros con la valla más próxima; es decir que, en aplicación del principio de rigor subsidiario, el Concejo Municipal de Santiago de Cali efectuó una regulación más rigurosa en pro de la preservación del medio ambiente y el paisaje dentro del ámbito de su jurisdicción. En ese sentido, es claro que con la implementación de las nuevas medidas las condiciones en las que se venía desarrollando la actividad publicitaria en el municipio de Santiago de Cali, sufrirían unas modificaciones en la expedición de los registros y la autorización de los permisos para la instalación de publicidad exterior. Para la Sala no son de recibo las consideraciones efectuadas por el recurrente, por cuanto las regulaciones adoptadas en el acto acusado fueron expedidas en cumplimiento de las facultades constitucionales y en uso de las competencias territoriales en materia ecológica, que, como quedó visto, pueden ser más rigurosas que las señaladas en la ley en virtud del principio de rigor subsidiario, principio este resaltado en numerosas providencias de la Sección Primera de esta Corporación, entre otras, en sentencia de 8 de mayo de 2014. [...] En este orden de ideas y comoquiera que la parte recurrente no desvirtuó la legalidad del acto administrativo cuestionado, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 8 de mayo de 2014, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 76-001-23-31000- 2005-02639-02; de 26 de abril de 2018, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación 25000-23-24-000- 2010-00387-01; y de la Corte Constitucional, C-535 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, 311, 313, LEY 140 DE 1994 - ARTÍCULO 4 LITERAL A CONCEJO MUNICIPAL / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL / REQUISITOS DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: Si le asiste razón al recurrente cuando insiste en que, con ocasión de la reglamentación implementada en el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006 no logró cumplir las obligaciones contractuales dada la falta de espacio físico para instalar sus vallas publicitarias, vulnerando las condiciones de igualdad frente a otras empresas de publicidad. Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala encuentra que tal afirmación es un argumento que no goza de sustento probatorio, en tanto no obra en el plenario evidencia que permita inferir: i) el presunto trato favorable a la empresa EUCOL S.A. en la regulación normativa acusada, toda vez que no se encontró evidencia suficiente para concluir que con el acuerdo acusado se ha vulnerado el derecho fundamental a la igualdad. La demostración de la vulneración del derecho a la igualdad requiere, según la jurisprudencia, establecer una situación fáctica similar entre quienes reclaman la desigualdad y quienes son considerados referentes, y luego demostrar un trato diferenciado injustificado, o un tratamiento similar a situaciones de hecho diversas, sin perder de vista que la carga de la prueba para demostrar la vulneración del referido derecho recae sobre quien la alega. Y ii) la negación del registro publicitario a la sociedad demandante por parte de la autoridad municipal. Por lo tanto, la sociedad demandante debió acudir a la autoridad municipal con el fin de tramitar la solicitud y/o prórroga de registro para la instalación de las vallas publicitarias, de conformidad con los artículos 5º, 6º y 7º del Acuerdo núm. 0179 de 2006 acusado (sobre la solicitud de registro, requerimientos para el registro, y su prórroga) a fin de evitar el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas del cual pretende resarcimiento. En ese sentido, para la Sala este cargo no tiene vocación de prosperidad. NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia de la Corte Constitucional, C-117 de 14 de noviembre de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. CONCEJO MUNICIPAL / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL / REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL / REQUISITOS DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL / PERMISO / VALLA PUBLICITARIA / ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL / PLAZO / AUTONOMÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL / PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO / PRINCIPIO DE RIGOR SUBSIDIARIO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: Si es de recibo el argumento de la parte recurrente respecto a que el acto acusado limitó el ejercicio de su derecho al trabajo, al considerar que las condiciones existentes fueron modificadas de manera abrupta generándole perjuicios económicos. Respuesta al problema jurídico: No [C]onforme lo precisó la sentencia apelada, el Acuerdo municipal núm. 0179 de 2006 no limitó la actividad publicitaria, contrario a lo señalado por la recurrente, sino que reguló la actividad publicitaria con el propósito de proteger y preservar el patrimonio ecológico del municipio de Santiago de Cali; y según lo previsto en los artículos 18 y 59 del acto acusado, otorgó unos plazos para la regularización de las vallas o elementos publicitarios que no cumplieran con las nuevas disposiciones. Luego, no es cierto que con la nueva normatividad se le hubiere cercenado el derecho al trabajo, pues dentro de la literalidad del acto acusado no se limitó el ejercicio de la actividad publicitaria y mucho menos se dispuso el cierre de los establecimientos de comercio o el cese de actividades. Tampoco le asiste razón al apelante al aducir que le fueron modificadas las condiciones de manera abrupta o que se le trasgredió la confianza legitima y el principio de la buena fe, pues, se reitera, el acuerdo demandado otorgó unos plazos para la regularización de las vallas o elementos publicitarios que no cumplieran con las nuevas disposiciones, aunado a que dicho acto fue expedido en aplicación del principio de rigor subsidiario y en virtud de esa autonomía administrativa reconocida por el constituyente a los concejos municipales, como autoridades locales que deben ocuparse de regular la materia ambiental en sus ámbitos competenciales e introducir los cambios requeridos, ya que son las que conocen las demandas y necesidades de los habitantes de la comunidad, en lo que respecta a privilegiar y garantizar el entorno y la diversidad ambiental de tales territorios. Bajo estas consideraciones, tampoco prospera el recurso de apelación frente a este cargo. PARTE DEMANDANTE / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / APORTE DE LA PRUEBA / CONTRATO DE ARRENDAMIENTO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: Si le asiste razón a la parte recurrente cuando expresa su oposición a los argumentos del a quo, indicando que las nuevas exigencias en materia publicitaria le causaron un daño antijurídico equivalente al incumplimiento de los contratos y el pago de las cláusulas penales. Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala considera que al no estar demostrada la violación de las disposiciones de orden superior señaladas en la demanda como trasgredidas, no hay lugar a hacer pronunciamiento alguno en relación con los perjuicios económicos reclamados por la actora, pues ello sólo es posible a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, frente a la cual en este caso no se está accediendo conforme a lo reseñado en párrafos precedentes. Máxime cuando la parte actora no acreditó el pago de las cláusulas penales determinadas en los contratos de arrendamiento aportados con la demanda, ni quedó probado, de ninguna manera, el perjuicio alegado. En este orden de ideas y comoquiera que la parte recurrente no desvirtuó la legalidad del acto administrativo cuestionado, la Sala procederá a confirmar la sentencia apelada y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. COSTAS PROCESALES / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: Si es procedente condenar en costas. Respuesta al problema jurídico: No [E]n cuanto a la condena en costas, la Sala considera que de conformidad con el artículo 171 del CCA, en concordancia con los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables al caso por la remisión del artículo 267 del CCA, y atendiendo la conducta asumida por las partes, no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que se abstendrá de condenar en costas. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, 267, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000201300004011100103