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Sentencia — Sentencia2025-07-17Sección PrimeraNUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓNRad. 76001233100020130000401ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
[E]stablecer si el acto acusado está viciado de nulidad por haber sido expedido, presuntamente, transgrediendo lo previsto en los artículos 13 y 25 de la Constitución Política; y la Ley 140 de 1994. No
El Concejo Municipal de Santiago de Cali tiene competencia para regular la publicidad exterior visual en su jurisdicción, aplicando el principio de rigor subsidiario para proteger el patrimonio ecológico, sin vulnerar el derecho a la igualdad ni limitar el ejercicio del trabajo, siempre y cuando no se demuestre un trato diferenciado injustificado o que afecte la confianza legítima de los actores económicos. La Sala confirma que el Acuerdo Municipal núm. 0179 de 2006, al establecer requisitos más rigurosos para la instalación de vallas publicitarias, no viola la Constitución ni la Ley 140 de 1994, y reitera jurisprudencia sobre la autonomía municipal y el principio de rigor subsidiario en materia ambiental.síntesis automática
Sentencia — Sentencia2026-10-08Sección PrimeraCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRORad. 85001233300020240006301LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
¿Debe declararse no probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por la activa” propuesta por Ecocucuana S.A. y el Municipio de Roncesvalles? Sí
La legitimación en la causa por activa se acredita cuando la entidad sin ánimo de lucro demandante tiene un interés directo en la nulidad del negocio, como ocurre cuando es accionista de una de las sociedades que celebraron el acuerdo, de modo que su condición de accionista basta para legitimarla frente a la declaratoria de nulidad absoluta del acuerdo de cooperación. La regla se sostiene en tres razones: el interés directo se radica en la entidad por su participación accionaria en la sociedad contratante, sin que el tribunal pueda exigir un interés adicional; la nulidad absoluta del negocio puede ser pedida por quien acredite ese interés, y la legitimación no depende de la calidad de parte formal en el acuerdo; y la excepción de falta de legitimación por activa debe declararse no probada cuando el interés directo está demostrado. Por ello, la sentencia que negó la legitimación se revoca. La decisión sobre la excepción relativa a la legalidad del acuerdo se resuelve en el mismo sentido, con fundamento en la prueba de la accionaria.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar probadas las excepciones denominadas “legalidad del acuerdo de cooperación celebrado entre el Municipio de Roncesvalles (Tolima)…
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato?¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato?¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
¿Se requiere la autorización del concejo municipal para la celebración de un contrato de comodato por parte de la alcaldía municipal?
La alcaldía no requiere, como regla general, autorización del concejo municipal para celebrar un contrato de comodato, porque esa autorización tiene carácter excepcional. Según el concepto, el concejo solo debe autorizar al alcalde en los casos señalados en el parágrafo 4 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 1551 de 2012, o en los adicionales que el propio concejo haya establecido en ejercicio de la competencia del numeral 3 del artículo 313 de la Constitución. Dos razones sostienen esta postura. Primera, la autorización previa únicamente aplica en los supuestos señalados expresamente. Segunda, el régimen del comodato depende del bien y del comodatario: las entidades públicas solo pueden dar en comodato inmuebles a otras entidades públicas y a entidades sin ánimo de lucro, según el artículo 38 de la Ley 9 de 1989, mientras que pueden entregar bienes muebles a entidades privadas sin ánimo de lucro conforme al artículo 355 de la Constitución. La consecuencia práctica es que la alcaldía debe verificar primero si el caso está en la lista del parágrafo 4 o en la reglamentación del concejo, y solo entonces requerir su autorización previa.síntesis automática
También resuelve:Contrato de comodato: régimen jurídico aplicableAutorización concejo municipal: procedencia, regulación
¿Se requiere la autorización del concejo municipal para la celebración de un contrato de comodato por parte de la alcaldía municipal?
Conforme la normativa y jurisprudencia expuesta en este concepto, se concluye que son dos los supuestos que obligan a los alcaldes a contar con una autorización de sus respectivos concejos municipales, a saber: i) cuando así lo disponga el acuerdo que expida el consejo municipal, en virtud de lo previsto en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y ii) en los eventos en que la ley lo imponga, como en los casos señalados en el parágrafo del citado artículo, que comprende la contratación de empréstitos, la enajenación y compraventa de inmuebles, etc.
También resuelve:Contrato de comodato: régimen jurídico aplicableAutorización concejo municipal: procedencia, regulación
2016_66001-23-31-000-2011-00050-02_AP2016-04-14Sección Primera
Programas de bienestar social y de incentivos para estimular a sus empleados,Indebida destinación de Dineros públicos,No se configura al haberse modificado el contrato para la celebración de la navidad del personal del Concejo,Pérdida de invest – Mes: abril – Año: 2016…
También resuelve:Concejo municipal: programas de bienestar social y de incentivos para estimular a sus empleados, indebida destinación de dineros públicos, no se configura al haberse modificado el contrato para la celebración de la navidad del personal del concejoPérdida de investidura concejal: pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, celebración indebida de contratos, alcance, contratar la impresión de documentosConsejo de estado
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL,TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO,CONCEJO MUNICIPAL,REGISTRO PRESUPUESTAL,VIGENCIAS FUTURAS,CONTRATO ESTATAL – Registro presupuestal,Artículo 44 de la Ley 80 de 1993 – Mes: mayo – Año: 2015…
¿Debe negarse la solicitud de nulidad absoluta del contrato, toda vez que el desconocimiento de las normas presupuestales que disciplinan el pago de las obligaciones dinerarias que surgen del contrato estatal no constituye una de dichas causales de nulidad? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad absoluta del contrato por el desconocimiento de las normas presupuestales que regulan el pago de las obligaciones dinerarias, ya que la Ley 80 de 1993 y las normas orgánicas del presupuesto no establecen esta causal de nulidad, aunque la transgresión de estas normas pueda implicar reproches disciplinarios para los responsables y efectos presupuestales adversos para el ente territorial. La entidad estatal no delegó al contratista funciones administrativas tributarias ni obran en el expediente pruebas que acrediten el registro presupuestal necesario para iniciar la ejecución del contrato, ni autorizaciones del concejo municipal para comprometer vigencias futuras ordinarias, lo que implica que la solicitud de nulidad absoluta es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio, a través del concejo, puede determinar los sujetos pasivos y las tarifas de la obligación tributaria sustancial…¿El municipio, en ejercicio de sus funciones administrativas, está facultado para ejecutar la liquidación y cobro del impuesto predial?¿Se acreditó la delegación de las funciones administrativas de liquidación, cobro y recaudación del impuesto predial, en la ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito para fortalecer…
¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico? Sí
La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación?¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal?¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal sin acreditar un interés directo, siempre y cuando la demanda se presente durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998, momento en que la titularidad de la acción contractual se amplió a cualquier persona. Esta regla se sostiene en la interpretación de que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la exigencia de interés directo para demandar la nulidad absoluta del contrato, permitiendo que cualquier interesado pueda hacerlo sin necesidad de acreditar un interés jurídico directo. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las demandas interpuestas en ese período específico sean consideradas válidas sin la necesidad de demostrar un interés directo, lo que facilita el acceso a la justicia en casos de nulidad absoluta de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La acción procedente para controvertir la validez del contrato de concesión es la acción contractual, aun cuando la demanda se interponga como acción de nulidad simple?¿Las demandas interpuestas para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal podían presentarse sin acreditar un interés directo…¿Las partes del contrato cuya nulidad se pretende se encuentran legitimados en la causa por pasiva?
¿En este caso el juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para señalar la delimitación de la causapetendi, referida a la nulidad del contrato sin necesidad de estudiar los actos precontractuales y contractuales frente a los que no se formuló cargo alguno? Sí
El juez de lo contencioso administrativo puede interpretar la demanda para delimitar la causa petendi, siempre que no se afecte el derecho de defensa, no se varíen la causa ni las pretensiones y la acción no haya caducado, de modo que el litigio puede limitarse a la validez del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en la demanda se pidió la nulidad del contrato y de los actos relacionados, pero los fundamentos de hecho y de derecho se dirigían a cuestionar la validez del contrato. Segunda, la fijación del litigio en la audiencia inicial se centró en esa temática, sin cargos contra los actos precontractuales o contractuales. Tercera, el régimen de contratación de la empresa de servicios públicos constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal es el previsto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por la Ley 689 de 2001, y se rige de modo preferente por el derecho privado. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que el juez puede delimitar el objeto del proceso a la validez del contrato sin ampliarlo a otros actos.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen de los contratos de las empresa prestadora de servicios públicos que fue constituida como empresa industrial y comercial del orden municipal en el municipio de El Banco…¿La sala debe resolver el asunto teniendo en cuenta el principio de congruencia y los reparos expuestos por la recurrente en apelación…¿Para crear una nueva empresa prestadora de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de El Banco, se requería la autorización del Concejo Municipal, aunque…
¿Teniendo en cuenta que el régimen jurídico se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena, en este caso debe darse aplicación al Código Civil bajo un análisis subjetivo de la culpa grave, en cuanto no hay lugar a emplear las presunciones que establece la Ley 678 de 2001? Sí
Respecto del régimen jurídico aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena. En este caso, dado que los hechos ocurrieron en diciembre de 1995 y enero de 1996, no hay lugar a aplicar las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001. En ese orden, le asiste la razón a la parte demandada cuando reclama que el estudio del elemento subjetivo se haga por fuera de las presunciones; no podía, el juez de primera instancia, presumir que si existió violación manifiesta e inexcusable de disposiciones (presunción prevista en la Ley 678, artículo 6, numeral 1) entonces el demandado había obrado con culpa grave, comoquiera que la ley que introdujo las presunciones no estaba vigente al momento en que sucedieron los hechos…
También resuelve:¿Deben negarse las pretensiones de la demanda en cuanto la parte demandante no acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa, puesto que existe una absoluta falta de argumentación…
¿Se presentó de forma oportuna la presente acción de repetición, cuando se observa que el pago de la condena se realizó antes del vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del CCA? Sí
La demanda de repetición debe presentarse dentro de los dos años siguientes al día en que se realice el pago o, a más tardar, al vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del CCA, según el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, de modo que, si el pago se hace antes de vencerse ese plazo, la caducidad se cuenta desde la fecha del pago. Una razón es que la sentencia quedó ejecutoriada en febrero de 2010 y el pago se efectuó en agosto, septiembre y octubre de 2010, es decir, antes del vencimiento de los dieciocho meses. Otra razón es que con esas fechas la demanda presentada en septiembre de 2011 se radicó dentro de los dos años siguientes al último pago. En el caso, la Sala confirmó la negación de la acción de repetición, porque aunque la demanda fue oportuna no se demostró la culpa grave de la agente que declaró la insubsistencia de una funcionaria en estado de embarazo. Su consecuencia práctica es que, si el pago es anterior al vencimiento del plazo legal, la caducidad corre desde el pago y no desde ese vencimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial de la agente estatal demandada en repetición, por obrar con culpa grave al declarar insubsistente a una funcionaria de libre nombramiento y remoción…
¿Se configuró la culpa grave en la actuación del servidor público, para acceder a las pretensiones de la acción de repetición? No
El contratista no puede acceder a las pretensiones de la acción de repetición contra el servidor público debido a la falta de demostración de culpa grave en su actuación. La entidad demandante no especificó en qué consistía la culpa grave del ex alcalde, y los actos administrativos que se anularon lo hicieron por la inaplicación del Acuerdo del Concejo Municipal, no por una ilegalidad en sí mismos. Además, la entidad no invocó las presunciones de dolo o culpa grave de la Ley 678 de 2001, por lo que no puede beneficiarse de su tratamiento probatorio. La Sala reitera que la sucesión procesal a los herederos del demandado es consecuente cuando este ejerció su derecho de defensa antes de fallecer, lo que garantiza la efectiva protección del derecho de defensa.síntesis automática
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
No sería correcto asumir que el ex Director Operativo de C.A.L.I, fue declarado insubsistente por sostener una simple amistad con los presuntos adversarios políticos del nominador, cuando es claro que tal funcionario no hacía parte de la estructura política de aquellos y si bien era amigo de uno de los concejales que votó en contra del proyecto promovido por el alcalde, lo cierto es que también sostenía relaciones amistosas en común con quien declaró su insubsistencia. A la luz de tal situación, el hecho de sostener una relación personal de amistad con los adversarios o aliados del actual gobernante, no puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
También resuelve:¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder?¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali?¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito?¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio?¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?